Características específicas contrato interinidad: interinaje por sustitución en la administración pública y contratos de interinidad para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva

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Entre las características específicas del contrato por interinidad destacan las peculiaridades del interinaje por sustitución en la administración pública y las de loscontratos de interinidad para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva 

 

Interinaje por sustitución

Notas distintivas y delimitación entre la figura contractual de eventualidad y la figura contractual del interinaje por sustitución.

Las notas distintivas y la delimitación entre la figura contractual de la eventualidad y la figura contractual del interinaje por sustitución son principalmente las siguientes:

La contratación eventual reviste naturaleza causal, es decir, necesita de una motivación que fundamente la eventualidad, de manera que las partes no pueden, ni aún de forma bilateral, establecer validamente un contrato de duración determinada de esta clase, debiendo consignarse la causa o motivo que explique o justifique la eventualidad, pues esta ha de basarse en situaciones excepcionalmente temporales y tasadas que afectan a la producción, cuales son las exigencias circunstanciales de mercado, acumulación de tareas o excesos de pedidos, aún tratándose de la actividad normal de la empresa, con una duración general de seis meses dentro de un periodo de doce meses, salvo que por Convenio Colectivo se modifique tal duración máxima del contrato. La modalidad contractual de carácter eventual encuentra su cobertura legal en el letra b) 15.1 ,Estatuto de los Trabajadores.

Por otro lado, el contrato de interinidad en su modalidad de sustitución durante el tiempo que dure la ausencia de un compañero, con derecho de reserva de puesto de trabajo, responde a la necesidad de suplir al titular del puesto de trabajo, debiendo mantenerse el trabajador sustituto en tanto permanezca la plaza sin ser ocupado por el correspondiente propietario, pues una de las características de la interinidad por sustitución reside en vincular su duración a la cobertura de la plaza por la reincorporación del trabajador sustituido en el término legal o reglamentariamente previsto, por ende, ostenta la condición de personal interino por sustitución el designado para desempeñar plaza vacante por estar asignada a trabajador con reserva de la misma, sin que la interinidad implique derecho alguno a la plaza que se ocupa, cualquiera que fuera el tiempo que dure tal situación. En síntesis, los tres requisitos fundamentales de este tipo de interinidad son: La sustitución de un trabajador con derecho de reserva del puesto de trabajo, identificación del sustituido y la causa de la sustitución. En el ordenamiento legal viene regulado en el letra b) apdo. 1,  Art. 15 ,Estatuto de los Trabajadores.

Es decir, el contrato de interinidad en su modalidad de sustitución durante el tiempo que dure la ausencia de un compañero, con derecho de reserva de puesto de trabajo, responde a la necesidad de suplir al titular del puesto de trabajo, debiendo mantenerse el trabajador sustituto en tanto permanezca la plaza sin ser ocupado por el correspondiente propietario. Ver sentencias nº TSJ Andalucia, de 02/11/2001 y TS, de 22/01/2008, Rec. 758/2007

Plazo de duración del contrato de interinaje por las administraciones públicas

La problemática de la contratación laboral en las Administraciones Públicas, la posición de éstas como empleadoras y los efectos que las posibles irregularidades en la misma puedan generar, ha experimentado una evolución significativa en la jurisprudencia de los últimos años, que puede sintetizarse en los siguientes términos:

Una primera línea doctrina valoró la especial posición de las Administraciones Públicas en la contratación laboral de carácter temporal para concluir que como regla general y salvo supuestos especialmente cualificados "lasirregularidades que puedan cometer las Administraciones Públicas en la contratación temporal de personal a su servicio no pueden determinar, por la simple inobservancia de alguna de las formalidades del contrato, del término o de los requisitos aplicables a las prórrogas, la atribución con carácter indefinido", que debe proveerse de acuerdo con los principios de publicidad y mérito (Sentencia de 27 de noviembre de 1989 y las que en ella se citan). Este criterio se aclara posteriormente por las Sentencias de 7 de febrero, 24 de abril y 18 de julio de 1.990, en las que se precisa que la irregularidad en la modalidad contractual temporal aplicada no debe determinar la transformación del contrato en indefinido, pero que esa contratación irregular pone normalmente de relieve que existe un puesto de trabajo laboral cuya provisión no ha sido objeto de cobertura reglamentaria y, en consecuencia, el contrato temporal cuenta en realidad a la finalidad de permitir, también con carácter temporal, el desempeño de esa plaza hasta que pueda cubrirse de forma definitiva, en lo que puede calificarse como interinidad de hecho. Sin embargo, a partir de la Sentencia de 18 de marzo de 1991 ( ... ) la doctrina de la Sala se orienta a considerar que las Administraciones Públicas están plenamente sometidas a los limites que la legislación laboral establece sobre la contratación temporal y que las infracciones de esta legislación pueden determinar la adquisición de la fijeza. Pero el alcance de esta posición ha sido de nuevo matizado a partir de la Sentencia de 7 de octubre de 1.996, en la que se establece que "la contratación en la Administración Pública al margen de un sistema adecuado de ponderación de mérito y capacidad impide equiparar a los demandantes a trabajadores fijos de plantilla, condición ligada a la contratación por el procedimiento reglamentario, sin perjuicio de su contratación, en su caso, como trabajadores vinculados por un contrato de trabajo por tiempo indefinido" .

Sin embargo, el alcance de esa doctrina, así evolucionada, que "ha sido posteriormente reiterada por las STSs de 10 y 30 de diciembre de 1.996 ( ... ) y 14 y 24 de abril de 1997 ...) "es precisado por la propia STS de 20 de enero de 1.998, partiendo del art 19 de la  Ley 30/1984 -en relación con las previsiones constitucionales sobre la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la función pública (arts 14 y 23 de la Constitución) y la aplicación para dicho acceso de los principios de mérito y capacidad (art.103.3, CE)-, y de los arts 15.1.c) y 19 de la citada  Ley 30/1984, desarrollado este último por el Reglamento General de Provisión de Puestos de trabajo, aprobado por  RD 2223/1984, que dedica su Título III a la selección del personal laboral fijo y que en su artº 32 autoriza la contratación temporal en determinados supuestos. Concluye que "Estas disposiciones sitúan a las Administraciones Públicas en una posición especial en materia de contratación laboral, en la medida en que las irregularidades de los contratos temporales, no pueden dar lugar a la adquisición de la fijeza, pues con ello se vulnerarían las normas de derecho necesario sobre la limitación de los puestos de trabajo en régimen laboral y la reserva general a favor de la cobertura funcionarial, así como las reglas imperativas que garantizan que la selección debe someterse a los principios de igualdad, mérito y publicidad en el acceso al empleo público. En este sentido la Sentencia de 24 de abril de 1.990 ya señaló que en esta materia juegan normas de distintos ordenamientos -el laboral y el administrativo- que han de ser objeto de una interpretación integradora en ocasiones difícil, ya que las disposiciones en concurrencia obedecen a objetivos y principios inspiradores distintos e incluso contradictorios. El ordenamiento laboral parte en este punto de la defensa de la estabilidad del empleo frente a las actuaciones que, prevaliéndose de una posición de debilidad contractual del trabajador, tratan de imponer una temporalidad no justificada. El ordenamiento administrativo consagra unos procedimientos de selección que garantizan la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los puestos de trabajo del sector público y que, al objetivar, el reclutamiento a través de la aplicación de criterios de mérito y capacidad, son también una garantía para la eficacia de la actuación de la Administración Pública al servicio de los intereses generales. Mientras que en el primer caso se protege fundamentalmente un interés privado, aunque de carácter laboral, en un ámbito en el que rige el principio de libertad de contratación del empresario, en el segundo estamos ante un interés público de indudable resonancia constitucional y de ahí que las normas sobre acceso al empleo público tengan carácter imperativo debiendo sancionarse adecuadamente su inobservancia, pues el efecto que la ley impone cuando se contraviene una prohibición de contratar o se contrata vulnerando una norma esencial de procedimiento no puede ser la adquisición de la fijeza y esta consecuencia no querida por la Ley no puede producirse, porque también se haya infringido una norma laboral. Ante la existencia de una concurrencia conflictiva debe prevalecer la norma especial en atención a la propia especialidad de la contratación de las Administraciones Públicas y a los intereses que con aquélla se tutelan.

Según todo lo anterior, las Administraciones Públicas están situadas en una posición especial en materia de contratación laboral, en la medida en que las irregularidades de los contratos temporales, no pueden dar lugar a la adquisición de fijeza, pues con ello se vulnerarían las normas de Derecho necesario sobre la limitación de los puestos de trabajo en régimen laboral y la reserva general a favor de la cobertura funcionarial, así como las reglas imperativas que garantizan que la selección debe someterse a los principios de igualdad, mérito y publicidad en el acceso al empleo público. La relación entre la Administración y los trabajadores contratados incumpliendo las exigencias básicas que la legislación sobre el ingreso en la función pública exige no puede ser la de fijo de plantilla, sin perjuicio de que pueda mantener el interesado la relación que tiene en dicha Administración pero como trabajador por tiempo indefinido, hasta que la relación se extinga o se consolide como fija mediante la utilización de cualquiera de los procedimientos legales previstos para uno u otro supuesto. Ver sentencias nº TSJ La Rioja, de 20/01/2000 y TSJ Canarias, de 25/05/1999

Bajo el paraguas de la doctrina jurisprudencial citada en el comentario anterior, admitiendo la legalidad de esta forma de contratación temporal en las Administraciones Públicas, la propia Sala V del Tribunal Supremo ha establecido también el criterio de que EN EL CASO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LA FALTA DE CONVOCATORIA DE LA VACANTE NO DETERMINABA LA CONVERSIÓN DEL CONTRATO EN INDEFINIDO(2). De acuerdo con el Tribunal Supremo, aún aceptando la hipótesis de una demora, ésta aunque pudiera implicar la infracción de normas administrativas no determinaría ni un fraude de ley en la contratación temporal laboral, ni la transformación de esa contratación en indefinida, y ello porque la función típica de la contratación temporal se mantiene, que es la de desempeñar provisionalmente un puesto de trabajo que no ha sido objeto de cobertura reglamentaria y la prolongación en el tiempo de la relación ningún perjuicio causa al trabajador que puede desistir libremente del contrato respetando el plazo de preaviso. Las normas sobre creación y dotación de plazas en las Administraciones públicas y sobre la provisión de vacantes no protegen el interés del trabajador contratado temporalmente para desempeñarlas de forma provisional, sino dos intereses distintos constitucionalmente reconocidos: 1) el interés público en el control del empleo en las Administraciones y su conformidad con las previsiones presupuestarias, así como la provisión de estas plazas de acuerdo con los principios de publicidad, mérito y capacidad, y 2) el interés de todos los ciudadanos en el acceso en términos de igualdad al empleo público. El fraude actuaría, por tanto, permitiendo que eventuales irregularidades administrativas otorgaran ese puesto a la persona que lo ocupa provisionalmente con exclusión de su provisión por los procedimientos que garantizan la aplicación de los principios de igualdad y publicidad y los criterios de mérito y capacidad en la selección. TSJ Castilla y Leon (Valladolid), de 10/07/2013, Rec. 1089/2013

Contrato de interinidad para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva

El Art. 15 ,Estatuto de los Trabajadores, no contempla entre los supuestos que habilitan la contratación temporal de los trabajadores el supuesto de existencia de vacantes pendientes de cobertura definitiva, pero dicho supuesto de contratación temporal lícita fue creado por la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Así la sentencia de esa Sala de 27 de marzo de 1992 (R. 1401/1991) estableció que la letra c) del 15.1 ,Estatuto de los Trabajadores  y el artículo 4 del Real Decreto 2104/1984, de 21 noviembre , debían ser interpretados de forma racional, teleológica y espiritualista, superando la mera literalidad de su texto, y por ello se ha de entender que dentro de los mismos, como una modalidad del contrato de interinidad se incluye la denominada «interinidad por vacante» de las Administraciones Públicas, es decir el contrato de interinaje concertado para ocupar una vacante en tanto ésta no sea cubierta reglamentariamente por dichas Administraciones. De acuerdo con el Tribunal Supremo, la finalidad que estas normas persiguen, su «ratio legis» no es otra que la de permitir a empresarios y empleadores hacer frente a aquellas particulares situaciones en que un determinado puesto de trabajo de su empresa u organismo no va a ser efectivamente desempeñado, durante un período de tiempo limitado, por la persona a quien legalmente corresponde o pudiera corresponder la titularidad del mismo; y por ello, con el fin de evitar los perjuicios que al empleador se le irrogarían por el no desempeño de ese puesto o plaza durante ese lapso de tiempo, se faculta al mismo para concertar un contrato temporal de interinidad por virtud del cual un tercero va a desarrollar la actividad propia de ese puesto, en tanto no sea ocupado por el titular a quien corresponde realmente, de modo que, cuando esta incorporación se produzca, se extinguirá el contrato temporal concertado con el tercero. De todo ello dedujo el Tribunal Supremo que los artículos 15.1.c del Estatuto de los Trabajadores y 4.1 del Real Decreto 2104/1984 , a la sazón vigente, debían ser interpretados en el sentido de que en ellos se incluyen y comprenden los contratos de interinidad concertados por las Administraciones Públicas a fin de ocupar provisionalmente determinadas plazas o puestos vacantes de las mismas, en tanto no sean designadas oficialmente las personas que han de ostentar su titularidad por los cauces legalmente establecidos al efecto.

Dicha doctrina jurisprudencial se recogió en norma reglamentaria, siendo la vigente el Art. 4 ,RD 2720/1998, de 18 de diciembre, si bien nunca se ha recogido en el Estatuto de los Trabajadores, a pesar de las numerosas reformas sufridas desde entonces por dicho texto legal, incluido el artículo 15 del mismo, lo que podría poner en cuestión si el legislador ha querido rechazar dicha figura creada exclusivamente por la jurisprudencia (1).

Conforme a la norma reglamentaria, Art. 4 ,RD 2720/1998, de 18 de diciembre, que constituye la única regulación de este supuesto de contratación temporal, la duración del contrato de interinidad por vacante es la del tiempo que dure el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del puesto, sin que pueda ser superior a tres meses, ni celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto una vez superada dicha duración máxima, aunque en los procesos de selección llevados a cabo por las Administraciones públicas para la provisión de puestos de trabajo, nos dice que la duración de los contratos 'coincidirá' con el tiempo que duren dichos procesos conforme a lo previsto en su normativa específica. Por su parte la letra c) Art. 8.1 ,RD 2720/1998, de 18 de diciembre, nos dice que el contrato de interinidad por vacante se extingue por el transcurso del plazo de tres meses en los procesos de selección o promoción para la provisión definitiva de puestos de trabajo o del plazo que resulte de aplicación en los procesos de selección en las Administraciones públicas, si bien se puede producir la extinción anticipadamente por la cobertura del puesto. Añade el artículo 8.2, en sintonía con la letra c) del Art. 49 ,Estatuto de los Trabajadores, que 'producida la causa de extinción del contrato de interinidad, si no hubiera denuncia expresa y el trabajador continuara prestando sus servicios, el contrato se considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación'.

Ver sentencias nº TS, Sala de lo Social, de 16/05/2005, Rec. 2646/2004 y TSJ Murcia, de 18/12/1998

(1) A título de ejemplo, el citado Art. 15 ,ET ha sido modificado por el Real Decreto-Ley 8/1997, 16 de mayo, por el Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, por la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, Ley 35/2010, de 17 de septiembre, ó por la Ley 3/2012, de 7 de julio, sin que se haya introducido dicha figura contractual, lo cual, bajo los parámetros interpretativos usados en otros casos por la jurisprudencia, podría haberse llegado a entender como un rechazo de la misma. No ha sido ésta la interpretación jurisprudencial, que sigue considerando vigente su antigua doctrina sobre la existencia tácita de dicha figura contractual atípica, pese a la obstinada indiferencia del legislador a la misma.

(2) STS 24/056/1996 R. 2954/1995. Estableció que la existencia de una demora en la provisión de las plazas por parte de la Administración no determinaba la transformación del contrato en indefinido

 

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