Regulación, clasificación y régimen jurídico de los bienes de la Administración Pública

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    DOMINIO PUBLICO Y BIENES PATRIMONIALES

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El patrimonio de la Administración Pública encuentra su regulación esencial en el Art. 132 ,Constitución española, así como en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Esta Ley define el patrimonio de los entes públicos como el conjunto de sus bienes o derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición. Asimismo, la Ley del patrimonio de las Administraciones Públicas excluye del mencionado concepto el dinero, los valores, los créditos, los demás recursos financieros de su hacienda y los que constituyen su tesorería.

Los bienes de la Administración Pública pueden clasificarse, de conformidad con el Art. 4 ,Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en bienes de dominio público (o demaniales) y bienes de dominio privado (o patrimoniales):

 

1. Bienes de dominio público.- Los bienes de dominio público son aquellos que, a pesar de ser propiedad de un Ente Público, están destinados a un uso público, a un servicio público o al fomento de la riqueza nacional tal y como se desprende del Art. 339 ,Código Civil. El Art. 5 ,Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas ofrece un concepto de bienes de dominio público al calificarlos de bienes que, a pesar de ser de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.

Asimismo, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas viene a establecer una serie de principios que deben inspirar las gestión y la administración de los bienes de dominio público, los cuales se relacionan a continuación:

 

  • Principio de inalienabilidad: Los bienes que integran el dominio público no pueden ser enajenados, sin embargo, no quiere decir que sobre estos bienes no puedan llevarse a cabo operaciones jurídicas siendo objeto de tráfico jurídico.
  • Principio de inembargabilidad: Este principio protege a los bienes de dominio público frente al poder judicial, que no podrá adoptar mandamientos de embargo sobre bienes que se encuentren calificados de dominio público.
  • Principio de imprescriptibilidad: Este principio mantiene los bienes de dominio público al margen de la propiedad privada y del tráfico jurídico privado de modo que no puede adquirirse la propiedad sobre bienes de dominio público por prescripción.

2. Bienes patrimoniales.- Son aquellos en los que no concurre la circunstancia de su afectación a un uso o a un servicio público o la riqueza nacional (Art. 340 ,Código Civil) o, tal y como dice la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, son los que, siendo titularidad  de éstas, no tengan el carácter de demaniales.

Según las disposiciones del Art. 5 ,Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, tienen carácter patrimonial los siguientes bienes y derechos:

 

  • Derechos de arrendamiento
  • Valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas
  • Contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente esté constituido por acciones o participaciones en entidades mercantiles
  • Derechos de propiedad incorporal
  • Derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales

 

Al igual que ocurre con otras disciplinas, en lo que a los bienes de las Administraciones Públicas se refiere, existe un conjunto de reglas de Derecho Administrativo aplicable a todos los bienes de a Administración, siempre que sean compatibles con su naturaleza, con independencia de la caracterización de estos bienes como bienes patrimoniales o de dominio público. A este conjunto de reglas se les denomina régimen básico, el cual comprende fundamentalmente la regulación de los órganos competentes para la gestión de los bienes, el régimen de inventarios, investigación, reivindicación y deslinde, y normas sobre adquisición, gravamen y transmisión.

El 7.3 ,Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece que el régimen de adquisición, administración, defensa y enajenación de los bienes y derechos patrimoniales será el previsto en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen o complementen.

El hecho de que exista un régimen básico de Derecho administrativo para los bienes públicos patrimoniales diferencia de forma notable su régimen jurídico del civil común de la propiedad privada, configurando un régimen peculiar y exorbitante con dos vertientes:

 

  1. Limitaciones y servidumbres, de fondo y procedimentales.- Se le impone a la Administración para el manejo de sus bienes, del cual están libres las personas privadas para la gestión y disposición de sus propiedades.
  2. Otorgamiento de poderes privilegiados.- Estos tienen naturaleza cuasi-judicial y sirven para su protección o defensa.

Además del referido régimen básico, los llamados bienes de dominio público disfrutan de un plus de exorbitancias en su protección a través de las reglas de la imprescriptibilidad, inalienabilidad e inembargabilidad, a las que se une la denominada acción reivindicatoria directa y el reconocimiento a la Administración titular de los bienes de una potestad sancionadora frente a los que los usurpan o dañan.

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