Regulación del régimen económico conyugal en Aragón: el consorcio conyugal

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  • Orden: Civil

El Art. 193 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón establece que, en defecto de pactos en capitulaciones sobre el régimen económico del matrimonio o para completarlos en tanto lo permita su respectiva naturaleza, regirán las normas del consorcio conyugal (Art. 210-270 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo)

 

 

 El Art. 193 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón y establece que:

  • El régimen económico del matrimonio se ordenará por las capitulaciones que otorguen los cónyuges.
  • En defecto de pactos en capitulaciones sobre el régimen económico del matrimonio o para completarlos en tanto lo permita su respectiva naturaleza, regirán las normas del consorcio conyugal regulado en el Título IV de este Libro.
  • Quienes, por razón de su cargo o profesión, intervengan en todo expediente matrimonial procurarán que se consigne en el Registro Civil el régimen económico de los contrayentes y les informarán sobre las posibilidades y consecuencias en orden al régimen económico matrimonial de acuerdo con la legislación aplicable.

Los Art. 210-212 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón enumeran los bienes que, al iniciarse el consorcio, deben considerarse comunes y aquellos que deben entenderse privativos (incluidos los patrimoniales de carácter personal), existiendo con posterioridad una presunción de comunidad recogida en los siguientes términos: "la adquisición de bienes de cualquier clase a título oneroso, durante el consorcio, se considerará hecha a costa del caudal común" (Art. 217 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón).

A partir de aquí, se diseña un esquema legal con los siguientes puntos de interés: 

  • Para conocer el alcance de las deudas comunes y las deudas privativas del matrimonio, habrá de acudirse a los Art. 218-226 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón.
  • Las decisiones sobre la economía familiar corresponden a ambos cónyuges; en  caso de graves o reiterados desacuerdos sobre la gestión de la economía familiar, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar del Juez la disolución y división del consorcio, rigiendo en su caso, y para lo sucesivo, la separación de bienes (Art. 228 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón).
  • De la gestión sobre los bienes comunes se ocupan los Art. 229-242 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón y lo hacen del siguiente modo: 
    • Se permite la actuación indistinta de cualquiera de los cónyuges en los siguientes casos: actos de administración ordinaria; actos de modificación inmobiliaria de fincas inscritas expresamente para el consorcio conyugal, como agrupaciones, segregaciones, divisiones, declaraciones de obra nueva o constitución de edificios en régimen de propiedad horizontal (si estuvieran inscritas con carácter presuntivamente consorcial, para su inscripción dichos actos deberán ser otorgados por el cónyuge que las hubiera adquirido); actos de defensa, judicial o extrajudicial; actos de disposición necesarios para satisfacer las atenciones señaladas en la letra a) del apartado 1 del Art. 218 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón. (Para justificar la necesidad del acto, será suficiente la declaración, en ese sentido, de la Junta de Parientes del otro cónyuge).
    • En caso de que un cónyuge pretenda realizar o haya realizado actos de administración o disposición a título oneroso que requieran el consentimiento del otro cónyuge y éste se halle impedido para prestarlo o se niegue injustificadamente a ello, resolverá el Juez. En este sentido, también se considera que ante la venta de cosa común por uno solo de los cónyuges cuando es necesario el consentimiento de ambos, es válida y produce sus efectos obligacionales exclusivamente entre las partes contratantes y sus herederos, pero la entrega de la cosa, en cualquier forma que se realice, no transmite la propiedad al comprador.
    • El cónyuge cuyo consentimiento se omitió puede prestarlo expresa o tácitamente con posterioridad, pero no se presume en ningún caso. Mientras no consienta, puede interponer demanda contra el comprador en petición de que se declare que la compraventa en que no ha sido parte le es inoponible, así como exigir la restitución al patrimonio común de la cosa vendida y entregada, salvo que el comprador haya adquirido la propiedad por usucapión o, si es el caso, en virtud de las reglas de protección de terceros de buena fe.
    • Igualmente, cuando un bien haya sido adquirido por uno solo de los cónyuges a costa del patrimonio común contra la voluntad del otro cónyuge, por solicitud de este último al liquidarse el consorcio, el bien adquirido se integrará en el patrimonio privativo del adquirente, reembolsando al patrimonio común el valor actualizado del precio y demás gastos de la adquisición.
  • En lo concerniente a la gestión de los bienes privativos ( Art. 243 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo) es preciso tener en cuenta lo siguiente:
    • Corresponde a cada cónyuge la administración y disposición de sus propios bienes.
    • El cónyuge que administra bienes privativos de su consorte con su consentimiento o sin su oposición, tiene las obligaciones y responsabilidades de un mandatario, pero no está obligado a rendir cuentas del destino de los frutos percibidos, salvo que se demuestre que los ha empleado en su propio beneficio. Nada impide que el propietario de los bienes pueda recuperar la administración de los mismos.
    • En contraposición, cuando el cónyuge administre bienes privativos del otro en contra su voluntad, responderá de los daños y perjuicios que ocasione, descontados los lucros que el propietario haya obtenido por la gestión. 

Por su parte, en lo que respecta a la disolución de este régimen consorcial, es preciso acudir a la regulación contenida en los Art. 244-270 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón.  Así, se establece que, entre las causas de disolución del consorcio, hay que diferenciar las causas de disolución de pleno derecho y las causas de disolución por decisión judicial.

El consorcio conyugal concluirá de pleno derecho:

  • Por voluntad de ambos cónyuges expresada en capítulos matrimoniales.
  • Cuando se disuelva el matrimonio.
  • Cuando sea declarado nulo.
  • Cuando judicialmente se conceda la separación de los cónyuges.

El consorcio conyugal concluirá por decisión judicial, a petición de uno de los cónyuges, en los casos siguientes:

  • Haber sido un cónyuge judicialmente incapacitado o declarado ausente, cuando lo pida el otro; también cuando lo pida la persona que represente al incapacitado o ausente, y, en el caso de incapacitado sujeto a curatela, cuando lo pida éste con asistencia del curador.
  • Haber sido el otro cónyuge condenado por abandono de familia.
  • Llevar separados de hecho más de un año.
  • Concurrir alguna de las causas a que se refiere el Art. 228 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón.
  • Haber optado por la disolución del consorcio en caso de ejecución sobre bienes comunes por deudas privativas del otro cónyuge, conforme a lo especialmente dispuesto en el apartado 2 del Art. 225 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón.
  • Haber optado por la disolución del consorcio en caso de concurso de acreedores del otro cónyuge con inclusión de los bienes comunes en la masa activa.

La disolución, si es de pleno derecho, se produce desde que concurre su causa y, en los casos que requieren decisión judicial, desde la fecha que en ella se fije o, en su defecto, desde la fecha de la resolución en que se acuerde. En los casos de nulidad, separación o divorcio y en los de disolución de la comunidad conyugal por decisión judicial, el Juez podrá retrotraer los efectos de la disolución hasta el momento de admisión a trámite de la demanda, pero quedarán a salvo los derechos adquiridos por terceros.

Disuelto el consorcio, cualquiera de los cónyuges tiene derecho a promover en cualquier tiempo la liquidación (Art. 258-265 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón) y división del patrimonio consorcial (también se hallan legitimados para ello el fiduciario y el contador partidor de la herencia del cónyuge premuerto o de cualquier partícipe). Del régimen de liquidación y división pueden destacarse las siguientes notas:

  • A petición de cualquiera de los cónyuges o partícipes, la liquidación de la comunidad conyugal disuelta comenzará por un inventario del activo y pasivo del patrimonio consorcial. 
  • El activo estará conformado por todos los bienes y derechos que se hallen en poder de los cónyuges o partícipes al tiempo de formalizarlo y que, real o presuntivamente, sean comunes, así como aquéllos de igual naturaleza que se pruebe existían al cesar la comunidad matrimonial; por los créditos de la comunidad contra terceros y los derechos de reembolso de la comunidad contra los patrimonios privativos de los cónyuges.
  • Por su parte, el pasivo incluirá como partidas, las deudas pendientes de cargo o responsabilidad de la comunidad y los reintegros debidos por la comunidad a los patrimonios privativos de los cónyuges.
  • Una vez liquidado el patrimonio,y detraídas las "aventajas" (Art. 266 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón), el caudal remanente se dividirá y adjudicará entre los cónyuges o sus respectivos herederos por mitad o en la proporción y forma pactadas. 
  • Conforme a lo establecido en el Art. 267 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, cada cónyuge tiene derecho a que se incluyan con preferencia en su lote, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, los siguientes bienes:
    • Los bienes comunes que hubieran pertenecido a su familia durante las dos generaciones inmediatamente anteriores a la suya.
    • Los bienes de uso personal o profesional que no constituyan aventajas.
    • La empresa o explotación económica que dirigiera.
    • Las acciones, participaciones o partes de sociedades adquiridas exclusivamente a su nombre, si existen limitaciones, legales o pactadas, para su transmisión al otro cónyuge o sus herederos, o cuando el adquirente forme parte del órgano de administración de la sociedad.
    • El local donde hubiese venido ejerciendo su profesión.
    • Los bienes que hubiera aportado al consorcio.
    • En caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde al tiempo del fallecimiento el matrimonio tuviera su residencia habitual.

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Régimen económico del matrimonio
Capitulaciones matrimoniales
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