Regulación de los contratos administrativos

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    Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 07/06/2001

  • Núm. Resolución: 980023
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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 24/04/2016

Contratos administrativos

Bajo el título de Disposiciones generales sobre la contratación del sector público, la Ley de Contratos del Sector Público regula los aspectos estructurales, lo que podríamos considerar como la parte general de la contratación pública, y por ello relativos a la legitimación de la actividad contractual, al objeto de los contratos, su perfeccionamiento y la forma de manifestación y documentación.

Aunque la Ley no lo diga expresamente, los Entes públicos no pueden celebrar contratos más que cuando son necesarios para el cumplimiento de sus fines institucionales. Por esa misma razón, la duración de los contratos, cuando no se encuentre determinada por normas previas, debe fijarse atendiendo a la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someterlas periódicamente a procesos de concurrencia. En definitiva, principios de honesta y buena administración en materia contractual.

Siguiendo una tradición que se remonta a la primera regulación de las formas de contratación administrativa, la ley regula los supuestos en los que la Administración podrá proceder por sí misma sin acudir a los contratos, a la ejecución de obras, a la fabricación de bienes inmuebles y a la ejecución de servicios. Es una de las circunstancias que contempla el 24.1 ,LCSP: La ejecución de obras podrá realizarse por los servicios de la Administración, ya sea empleando exclusivamente medios propios o con la colaboración de empresarios particulares siempre que el importe de la parte de obra a cargo de éstos sea inferior a 4.845.000 euros, cuando concurra alguna de estas circunstancias, como la de que la Administración tenga montadas fábricas, arsenales, maestranzas o servicios técnicos o industriales suficientemente aptos para la realización de la prestación, en cuyo caso deberá normalmente utilizarse este sistema de ejecución.

La infracción de las normas que limitan o condicionan esa ejecución administrativa material, no podría ser judicialmente invocada por quienes aspiren a realizar estas mismas actividades por medio de contratos. Los ciudadanos no tienen un derecho al otorgamiento de un contrato de sector público, solamente tienen derecho a participar en los procedimientos que se articulen para la selección de los contratistas.

Son partes de los contratos del sector público los entes, organismos y entidades de ellos y, por la otra parte, los contratistas. Las normas de contratación pública pueden afectar a las relaciones contractuales entre particulares, como ocurre en los contratos subvencionados o en las previsiones legales relativas a la subcontratación o cesión de derechos derivados de los contratos públicos.

Los contratos públicos pueden tener por objeto cualquier pacto, cláusula o condición, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración, lo que viene a coincidir con lo que establece el Art. 1255 ,Código Civil para los contratos privados. La ley pretende que los contratos se ajusten en lo posible a los módulos o tipos contractuales establecidos, como son los contratos de obra, contratos de obra pública o suministro. Solo podrán fusionarse en un contrato mixto las prestaciones correspondientes a diferentes contratos típicos cuando esas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin institucional propio del ente, organismo o entidad contratante.

En los contratos del sector público, la retribución del contratista consistirá, de ordinario, en un precio cierto que deberá expresarse en euros, o bien en los casos legalmente permitidos, la entrega de otras contraprestaciones, como ocurre en los contratos de concesión de servicios o de obra pública en los que no hay una contraprestación dineraria por parte de la administración. Los órganos de contratación no están obligados a buscar un precio de oportunidad o de fortuna, sino que bastará con que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto de licitación y tratarán de evitar las ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Por último, en lo referente a las garantías de los contratos públicos, decir que su regulación es distinta según los contratos sean celebrados por entes, organismos y entidades del sector público que tengan o no tengan la consideración de Administraciones públicas. En los que no tiene la consideración de administraciones públicas, el órgano de contratación dispone de la más amplia discrecionalidad para exigir la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación provisional y definitiva del contrato. En el caso de los contratos que hayan sido celebrados por entes que no tienen la consideración de Administraciones públicas, la ley regula dos formas de garantía, la garantía provisional y la garantía definitiva, que ser verán en el (Garantías de los contratos administrativos)

 

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