Regulación de los Contratos del Sector Público

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 29/04/2020

Desde el 9 de marzo de 2018 se encuentra en vigor el grueso de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, norma esencial en la materia que sustituye al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Contratos del Sector Público. 

NOVEDADES

  • Publicado el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales:

- La Ley de Contratos del Sector Público se ve modificada por la transposición de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en concreto se ven modificados los artículos 118, 331 y DF 1ª. 

Estas modificaciones entrarán en vigor el día 06/02/2020.

 

  • El Boletín Oficial del Estado del 31 de diciembre de 2019 publica la Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2020.

Con la publicación de esta Orden se incorpora a la legislación española los límites fijados, a partir del 1 de enero de 2020, por la Comisión Europea y señalar las cifras que deben de figurar en los respectivos preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público, de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, así como de la Ley de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.

1. Respecto de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre:

a) La cifra de 5.548 000 euros por la de 5.350.000 euros, en los artículos 20.1; 23.1.a) y 318 b).

b) La cifra de 221.000 euros por la de 214.000 euros, en los artículos 21.1.b); 22.1.b); 23.1.b) y 318 b).

c) La cifra de 144.000 euros por la de 139.000 euros en los artículos 21.1.a) y 22.1.a).

2. Respecto de la Ley 31/2007, de 30 de octubre:

a) La cifra de 5.548 000 euros por la de 5.350.000 euros en el artículo 16, letra b).

b) La cifra de 443.000 euros por la de 428.000 euros, en los artículos 16.a) y 95.1.

3. Respecto de la Ley 24/2011, de 1 de agosto:

a) La cifra de 5.548 000 euros por la de 5.350.000 euros en el artículo 5, letra b).

b) La cifra de 443.000 euros por la de 428.000 euros, en el artículo 5, letra a).

 

 

En la actualidad, el texto básico que regula la contratación del Sector Público es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuyos objetivos inspiradores, según manifiesta su propio Preámbulo son lograr una mayor transparencia en la contratación pública y una mejor relación calidad-precio, estableciéndose a este último respecto la obligación de los órganos de contratación "de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato".

Mediante la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión y la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública (la transposición de la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios cuenta con una trasposición específica)

 

Como reconoce el propio texto, el sistema legal de contratación pública que se establece en la Ley persigue "aclarar las normas vigentes, en aras de una mayor seguridad jurídica y trata de conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES, y de defensa de la competencia". 

El sistema sigue el esquema creado por la legilsación de 2007, que establece como uno de los ejes de la aplicación de la Ley el concepto de poder adjudicador, que se impone como consecuencia de la incorporación al derecho español de la anterior Directiva comunitaria de 2004. "Así, tradicionalmente, la normativa de contratos públicos se hizo pivotar sobre el concepto de contrato de la Administración Pública. Sin embargo, la incorporación de las anteriores Directivas comunitarias, dio lugar a un cambio de planteamiento, que ahora se mantiene en la nueva Ley, salvo lo referente a las instrucciones internas de contratación, y que permitía distinguir los regímenes jurídicos de los contratos públicos según la entidad contratante fuera o no un poder adjudicador. No obstante, este cambio de planteamiento no impide que la regulación de los contratos de las Administraciones Públicas, tanto en sus disposiciones generales, como respecto de cada tipo de contrato, siga siendo la parte troncal de esta Ley y la referencia de cualquier contrato que se haga por una entidad del sector público".

Finalmente, cabe decir que el otro eje fundamental en el que se apoya el sistema de la regulación de los contratos públicos, como señala la propia Ley (y como ya se hacía en la regulación anterior) es el relativo a la distinción entre los contratos sujetos a regulación armonizada y aquellos que no lo están, basada en la superación de ciertas cuantías económicas, o umbrales comunitarios, lo que permite, a su vez, "diferenciar el régimen jurídico que se aplica a cada uno de ellos, proveniente de la anterior regulación de 2007 y que se mantiene en la actualidad".

Todo lo anterior cuenta con su expresión positiva en el Art. 1 de la Ley 9/2017 de 8 de Nov (Contratos del Sector Público) que dispone lo siguiente en relación a su objeto:

  • La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

  • Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar.

  • En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social.

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Contratos administrativos
Energía
Fondos de pensiones
Objeto del contrato
Seguridad jurídica
Pyme
Defensa de la competencia
Libre competencia
Extinción del contrato administrativo
Concurso público
Realización de obras
Economía Social

Ley 9/2017 de 8 de Nov (Contratos del Sector Público) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 272 Fecha de Publicación: 09/11/2017 Fecha de entrada en vigor: 09/03/2018 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Directiva 2014/25/UE de 26 de Feb DOUE (Contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales) VIGENTE

Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número: 93 Fecha de Publicación: 28/03/2014 Fecha de entrada en vigor: 17/04/2014 Órgano Emisor: Parlamento Europeo Y Consejo

Directiva 2014/24/UE de 26 de Feb DOUE (Contratación Pública) VIGENTE

Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número: 93 Fecha de Publicación: 28/03/2014 Fecha de entrada en vigor: 17/04/2014 Órgano Emisor: Parlamento Europeo Y Consejo

RD-Ley 3/2020 de 4 de Feb (Medidas urgentes sobre contratación pública; seguros privados; planes y fondos de pensiones; ámbito tributario y litigios fiscales) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 31 Fecha de Publicación: 05/02/2020 Fecha de entrada en vigor: 06/02/2020 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 24/2011 de 1 de Ago (Contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 184 Fecha de Publicación: 02/08/2011 Fecha de entrada en vigor: 03/11/2011 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RD-Ley 15/2020 de 21 de Abr (Medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo -COVID-19-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 112 Fecha de Publicación: 22/04/2020 Fecha de entrada en vigor: 23/04/2020 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RD-Ley 16/2020 de 28 de Abr (Medidas procesales y organizativas por la COVID-19 en el ámbito de la Admón. de Justicia) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 119 Fecha de Publicación: 29/04/2020 Fecha de entrada en vigor: 30/04/2020 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 31/2007 de 30 de Oct (Procedimientos de contratación en sectores de agua, energía, transportes y servicios postales) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 261 Fecha de Publicación: 31/10/2007 Fecha de entrada en vigor: 30/04/2008 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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