Regulación de los Contratos del Sector Público

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 01/03/2018

Desde el 9 de marzo de 2018 se encuentra en vigor el grueso de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, norma esencial en la materia que sustituye al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Contratos del Sector Público. 

En la actualidad, el texto básico que regula la contratación del Sector Público es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuyos objetivos inspiradores, según manifiesta su propio Preámbulo son lograr una mayor transparencia en la contratación pública y una mejor relación calidad-precio, estableciéndose a este último respecto la obligación de los órganos de contratación "de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato".

Mediante la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión y la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública (la transposición de la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios cuenta con una trasposición específica)

Como reconoce el propio texto, el sistema legal de contratación pública que se establece en la Ley persigue "aclarar las normas vigentes, en aras de una mayor seguridad jurídica y trata de conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES, y de defensa de la competencia". 

El sistema sigue el esquema creado por la legilsación de 2007, que establece como uno de los ejes de la aplicación de la Ley el concepto de poder adjudicador, que se impone como consecuencia de la incorporación al derecho español de la anterior Directiva comunitaria de 2004. "Así, tradicionalmente, la normativa de contratos públicos se hizo pivotar sobre el concepto de contrato de la Administración Pública. Sin embargo, la incorporación de las anteriores Directivas comunitarias, dio lugar a un cambio de planteamiento, que ahora se mantiene en la nueva Ley, salvo lo referente a las instrucciones internas de contratación, y que permitía distinguir los regímenes jurídicos de los contratos públicos según la entidad contratante fuera o no un poder adjudicador. No obstante, este cambio de planteamiento no impide que la regulación de los contratos de las Administraciones Públicas, tanto en sus disposiciones generales, como respecto de cada tipo de contrato, siga siendo la parte troncal de esta Ley y la referencia de cualquier contrato que se haga por una entidad del sector público".

Finalmente, cabe decir que el otro eje fundamental en el que se apoya el sistema de la regulación de los contratos públicos, como señala la propia Ley (y como ya se hacía en la regulación anterior) es el relativo a la distinción entre los contratos sujetos a regulación armonizada y aquellos que no lo están, basada en la superación de ciertas cuantías económicas, o umbrales comunitarios, lo que permite, a su vez, "diferenciar el régimen jurídico que se aplica a cada uno de ellos, proveniente de la anterior regulación de 2007 y que se mantiene en la actualidad".

Todo lo anterior cuenta con su expresión positiva en el Art. 1 de la Ley 9/2017 de 8 de Nov (Contratos del Sector Público) que dispone lo siguiente en relación a su objeto:

  • La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

  • Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar.

  • En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social.

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Contratos administrativos
Objeto del contrato
Energía
Seguridad jurídica
Pyme
Defensa de la competencia
Concurso público
Libre competencia
Realización de obras
Extinción del contrato administrativo

Ley 9/2017 de 8 de Nov (Contratos del Sector Público) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 272 Fecha de Publicación: 09/11/2017 Fecha de entrada en vigor: 09/03/2018 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Directiva 2014/25/UE de 26 de Feb DOUE (Contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales) VIGENTE

Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número: 93 Fecha de Publicación: 28/03/2014 Fecha de entrada en vigor: 17/04/2014 Órgano Emisor: Parlamento Europeo Y Consejo

Directiva 2014/24/UE de 26 de Feb DOUE (Contratación Pública) VIGENTE

Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número: 93 Fecha de Publicación: 28/03/2014 Fecha de entrada en vigor: 17/04/2014 Órgano Emisor: Parlamento Europeo Y Consejo

RDLeg. 3/2011 de 14 de Nov (TR. de la Ley de Contratos del Sector Público) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 276 Fecha de Publicación: 16/11/2011 Fecha de entrada en vigor: 16/12/2011 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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