Regulación de las costas procesales en el orden penal

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    PRIMERO.- SE ACEPTAN los razonamientos jurídicos de la sentencia apelada. SEGUNDO.- Se recurre la sentencia de instancia por D. Victorio , acusado que finalmente ha sido absuelto en el presente procedimiento, al estimar que ha sido infringido el art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al no haber sido impuestas las costas procesales ocasionadas en la primera instancia a la denunciante Sra. Candida . Varios son los razonamientos que deben llevar a la desestimación de la pre...

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    PRIMERO.-SE ACEPTAN los razonamientos jurídicos de la sentencia apelada. SEGUNDO.-Se recurre la sentencia de instancia por D. Bernabe , acusado que finalmente ha sido absuelto en el presente procedimiento, al estimar que ha sido infringido el art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al no haber sido impuestas las costas procesales ocasionadas en la primera instancia a la acusación particular. Varios son los razonamientos que deben llevar a la desestimación de la pretensión deducid...

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

Las costas procesales

Las costas procesales según el Art. 124 ,CP la forman los gastos de asistencia extrajudicial; los honorarios de la asistencia del abogado al detenido o preso; los honorarios del Abogado para el proceso penal y los de la acusación particular; los aranceles del Procurador; los honorarios del perito oficial o privado; los gastos por inserción de anuncios o edictos, en el curso del proceso que preceptivamente deban publicarse en períodos oficiales; gastos por pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos; gastos por obtención de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales en caso de que sean necesarios en el proceso penal; gastos por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales no contemplados en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita; gastos por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los registros de la Propiedad y Mercantil.

Para la imposición de las costas se tiene en cuenta el criterio objetivo o del vencimiento y el subjetivo de la temeridad o mala fe ateniéndose al caso concreto, en el derecho penal se considera la imposición de oficio. Los autos y sentencias que pongan fin a una causa deberán resolver sobre el pago de las costas procesales, esta resolución podrá consistir:

  1. En declarar las costas de oficio.
  2. En condenar a su pago a los procesados, señalando la parte proporcional de que cada uno de ellos deba responder, si fuesen varios.
  3. No se impondrán nunca las costas a los procesados que fueren absueltos.
  4. En condenar a su pago al querellante particular o actor civil.

Serán éstos condenados al pago de las costas cuando resultare de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe.

Las costas consistirán:

  • En el reintegro del papel sellado empleado en la causa.
  • En el pago de los derechos de arancel.
  • En el de los honorarios devengados por los Abogados y Peritos.
  • En el de las indemnizaciones correspondientes a los testigos que las hubiesen reclamado, si fueren de abono, y en los demás gastos que se hubiesen ocasionado en la instrucción de la causa.

En cuanto a la imposición de oficio corre a cargo del Estado auque las partes deben pagar en este caso, a pesar de ello y salvo que gocen del beneficio de justicia gratuita, a los abogados y procuradores que les hayan defendido y representado, y a los testigos y peritos que hayan declarado a su instancia, los cuales tienen derecho a su exacción por vía de apremio en caso de impago voluntario. Al respecto el Art. 242 ,LECrim dice Cuando se declaren de oficio las costas no habrá lugar al pago de las cantidades a que se refiere los números 1 y 2 del Art. 241 ,LECrim.

Los Procuradores y Abogados que hubiesen representado y defendido a cualquiera de las partes, y los Peritos y testigos que hubiesen declarado a su instancia, podrán exigir de aquélla, si no se le hubiere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, el abono de los derechos, honorarios e indemnizaciones que les correspondieren, reclamándolos del Juez o Tribunal que conociese de la causa.

Se procederá a su exacción por la vía de apremio si, presentadas las respectivas reclamaciones y hechas saber a las partes, no pagasen éstas en el término prudencial que el Secretario judicial señale, ni tacharen aquéllas de indebidas o excesivas. En este último caso se procederá con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El Secretario judicial que interviniere en la ejecución de la sentencia hará la tasación de las costas de que habla el número 1 y 2 del Art. 241 ,LECrim. Los honorarios de los Abogados y Peritos se acreditarán por minutas firmadas por los que los hubiesen devengado. Las indemnizaciones de los testigos se computarán por la cantidad que oportunamente se hubiese fijado en la causa. Los demás gastos serán regulados por el Secretario judicial, con vista de los justificantes.

El absuelto salvo que haya obtenido el beneficio de justicia gratuita tendrá que pagar a su abogado y procurador, a los peritos que hubiesen dictaminado o declarado a su instancia y los demás gastos.

El acusado que sea condenado en la causa tiene que pagar las costas y si son varios acusados que resultan condenados la parte proporcional. Impera el principio de vencimiento puro establecido en el Código penal en el Art. 123 ,CP que dice que las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta.

El acusador particular y el acusador privado pueden ser condenados también al pago de las costas y también el actor civil fundamentándose en el sistema subjetivo de la temeridad o mala fe.

Existen varios supuestos particulares como el caso de los incidentes, en el que las costas causadas en ellos pueden promoverse durante la sustanciación de un proceso penal debe imponerse a aquél que los haya iniciado, siempre que se deniegue lo pedido, es decir, en la recusación, cabe la no imposición si se aprecian circunstancias excepcionales que justifiquen otro pronunciamiento, también se imponen las costas a quien pierda el recurso de apelación en esta materia, en el caso previsto en el Art. 82 ,LECrim, así como la recusación del personal auxiliar. En las cuestiones de competencia sólo se va a condenar al que haya promovido cuando proponga la declinatoria habiendo utilizado antes la inhibitoria, los demás supuestos vienen contemplados en el Art. 44 ,LECrim que dice el Tribunal que resuelva la competencia podrá condenar al pago de las costas causadas en la inhibitoria a las partes que la hubieren sostenido o impugnado con notoria temeridad, determinando en su caso la proporción en que deban pagarlas.

Cuando no hiciere especial condenación de costas, se entenderán de oficio las causadas en la competencia.

En el caso de que un Tribunal, sin causa legítima debidamente justificada, se hubiese extralimitado de los términos establecidos en el presente título para la sustanciación y decisión de las competencias, será corregido prudencial y disciplinariamente según la gravedad del caso.

En el recurso de casación se imponen las costas al recurrente cuando la Sala de lo penal declare no haber lugar al recurso, suponiendo la imposición de oficio de las mismas.

La orden de prelación de pago del condenado en costas viene regulado en el Art. 126 ,CP que manifiesta que los pagos que se efectúen por el penado o el responsable civil subsidiario se imputarán por el orden siguiente:

  • A la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios.
  • A la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubieran hecho por su cuenta en la causa.
  • A las costas del acusador particular o privado cuando se impusiere en la sentencia su pago.
  • A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados.
  • A la multa.

Cuando el delito hubiere sido de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia a la indemnización del Estado.

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Mala fe
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Beneficio de justicia gratuita
Escritura pública
Asistencia jurídica gratuita
Registro de la Propiedad
Derecho a la asistencia jurídica gratuita
Recusación
Ejecución de la sentencia
Minuta
Inhibitoria
Acusación privada
Responsabilidad
Cuestiones de competencia
Cuestión de competencia
Declinatoria
Responsable civil subsidiario
Reparación del daño