Regulación de las cuestiones incidentales y prejudiciales en el orden civil

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Civil

 

Las cuestiones incidentales son los elementos de hecho integrantes de la causa de pedir. Estas cuestiones prejudiciales requieren de una valoración jurídica y su derivada declaración por el Tribunal del orden jurisdiccional competente, previa e independiente, pero exigida para la integración de la pretensión principal.

Los requisitos de las cuestiones prejudiciales son los siguientes:

- Exigen una valoración jurídica previa e independiente del objeto principal del proceso.

- Las cuestiones prejudiciales tienen que ser relevantes para el enjuiciamiento del objeto procesal, es decir, de la pretensión principal, con respecto a la cual guardan una conexión o dependencia. El Tribunal civil suspenderá el proceso y deferirá el conocimiento de la cuestión al Tribunal penal cuando la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil. Cuando la cuestión prejudicial se someta a consideración de un tribunal de otro orden jurisdiccional o del propio tribunal civil, su valoración será imprescindible y necesaria para la correcta integración del objeto procesal, sin la cual no se podría satisfacer jurídicamente la pretensión.

- Los hechos que integran una causa de pedir o fundamentan una pretensión, precisan de una valoración jurídica y su consiguiente declaración jurisdiccional, previa e independiente de la pretensión principal. Las cuestiones prejudiciales son hechos con significación jurídica material, así, en un proceso penal instaurado por delito contra la propiedad hay que determinar, para la integración de la conducta penal, la amenidad de la cosa, la cual ha de efectuarse con arreglo a las normas del Derecho civil.

- La competencia para valorar con arreglo a las normas del correspondiente Derecho material ha de corresponder, como regla general, al Tribunal del orden jurisdiccional competente.

La base de las cuestiones prejudiciales se encuentra en el principio constitucional de seguridad jurídica, del 9.3 ,Constitución Española. Esto significa que la prejudicialidad radica en la prevención de los efectos prejudiciales de la cosa juzgada, si debido a la conexidad instrumental de pretensiones o de causas de pedir, los Tribunales decidieran las cuestiones prejudciales a su antojo, sin respeto a las normas de jurisdicción y de competencia, se vulneraría lo dispuesto en el 222.4 ,LEC, que dispone que lo resuelto con fuerza de cosa juzgada, vinculará a un Tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal.

Las cuestiones prejudiciales pueden ser sistematizadas atendiendo a su naturaleza y efectos del siguiente modo.

A. Heterogéneas y homogéneas.

Son heterogéneas las cuestiones prejudiciales que se han que dictar de acuerdo con normas que no son de Derecho civil. La existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de ésta, determinará la suspensión del procedimiento, mientras aquella no sea resuelta por los órganos penales a quienes corresponda, salvo las excepciones que la ley establezca (10.2 ,LOPJ), aunque dicha regla mantiene ciertas excepciones.

Son homogéneas las cuestiones prejudiciales que han de ser valoradas con arreglo a las normas de Derecho civil. A las cuestiones prejudiciales homogéneas se refiere el Art. 43 ,LEC, que dispone que si no fuere procedente la acumulación de autos, el tribunal, previa audiencia de las partes, suspenderá el proceso hasta que recaiga declaración firme sobre la cuestión prejudicial. Ante la existencia de pretensiones conexas, lo que el legislador desea es que se promueva la acumulación de autos y, a tal efecto, ha incluido un nuevo motivo de acumulación, que es el contenido en el 76.1 ,LEC.

B. Devolutivas e incidentales

Las cuestiones prejudiciales devolutivas son las que, suspendiendo el proceso civil, han de ser remitidas o planteadas, para su decisión definitiva, ante el tribunal del orden jurisdiccional competente.

Las cuestiones prejudiciales penales están referidas en el Art. 40 ,LEC que dispone que de acuerdo con el principio de preferencia de la jurisdicción penal se suspenderá automáticamente el proceso civil. Para que esta suspensión opera, será necesario que la incoación de un proceso penal y que se cumpla el juicio de relevancia que la decisión del Tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil. Aunque, hay que matizar que no siempre lo penal tiene a lo civil en suspenso, sino que existen supuestos en los que, bien por versar sobre una cuestión de estado civil (Art. 5 ,LECrim), bien por ser determinantes de la culpabilidad o inocencia del acusado (Art. 4 ,LECrim) se produce la excepción inversa, es decir, debe el Tribunal penal deferir el conocimiento de la cuestión al Tribunal civil con suspensión del proceso penal.

De las cuestiones prejudiciales que no son penales, esto es, que son administrativas o laborales, se ocupa el 42.3 ,LEC, en cuya virtud, salvo que una norma expresamente obligue a deferir la competencia del juez civil y a suspender el proceso, habrán ambas partes de manifestar su conformidad con el planteamiento de la cuestión devolutiva, en cuyo caso se producirá la suspensión del procedimiento y quedará el Tribunal civil vinculado por la declaración efectuada por el Tribunal administrativo, social o de Cuentas.

C. No suspensivas

Estas cuestiones son las que puede conocer el tribunal civil competente para el enjuiciamiento de la pretensión principal, sin que haya de deferirse su conocimiento a otro tribunal. A ellas se refieren los apartados 1 y 2 del Art. 42 ,LEC. A los solos efectos prejudiciales , los Tribunales civiles podrán conocer de asuntos que estén atribuidos a los tribunales de los órdenes contencioso-administrativo y social.

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Cuestiones prejudiciales
Cuestiones incidentales
Causa petendi
Acto constitutivo de delito
Prejudicialidad
Seguridad jurídica
Prejudicialidad penal
Estado civil

Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 17/09/1882 Fecha de entrada en vigor: 15/10/1882 Órgano Emisor: Ministerio De Gracia Y Justicia

Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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