Regulación de los delitos cometidos por funcionarios públicos contra garantías constitucionales

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

El Capítulo V "De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales" del Título XXI está dividido en 3 secciones:

Sección 1.ª "De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual" (Art. 529 ,Código penalArt. 533 ,Código penal)

Sección 2.ª "De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad" (Art. 534 ,Código penalArt. 536 ,Código penal)

Sección 3.ª "De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales" (Art. 537 ,Código penalArt. 542 ,Código penal)

Sección 1.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual (Art. 529 ,Código penalArt. 533 ,Código penal)

El Código penal de 1995 protege la garantía de los derechos fundamentales de la persona al tipificar en su Título XXI los delitos cometidos contra la Constitución. Cuando el ataque a las garantías constitucionales proviene de un funcionario público en el ejercicio de su cargo nos encontramos además ante una conducta arbitraria y abusiva del poder estatal. Así, tras explicar los rasgos comunes a estos delitos, se analiza cada figura en particular de las recogidas en los Art. 529,Art. 542 ,Código penal

Nos hallamos ante un conjunto de delitos caracterizados por la lesión de derechos constitucionales de la persona por parte de un funcionario público en el ejercicio de su cargo (y, en ocasiones, además, mediando causa por delito). Se trata de autoridades o funcionarios que actúan en representación del poder del Estado y se exceden en el ejercicio de las facultades que se les ha concedido en relación con esos derechos.

Son delitos especiales, en cuanto sólo puede cometerlos quien tenga la cualidad especial requerida por el tipo penal, en este caso la de funcionario público. Algunos se refieren además específicamente a determinadas categorías de funcionarios, como jueces o magistrados (por ej., la figura del Art. 529 ,CP) o funcionarios de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores (por ej., la figura del Art. 533 ,CP).

Es además preciso que el funcionario realice su actuación en ejercicio de su cargo, no como particular. De concurrir esta última circunstancia se aprecia, de haberlo, el correspondiente delito común; nos hallamos ante lo que se denomina delitos especiales “impropios”.

Entrega ilegal de causas criminales

Se castiga en el 529.1 ,CP al “Juez o Magistrado que entregare una causa criminal a otra autoridad o funcionario, militar o administrativo, que ilegalmente se la reclame”. Conlleva pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Si además entregara la persona de un detenido, se le impondrá la pena superior en grado.

Se trata de un delito especial propio que solamente pueden cometer los Jueces y Magistrados, por lo que estos son los sujetos activos del delito.

Se protege el buen funcionamiento de la Administración de Justicia.

Solamente cabe la comisión dolosa, ya que el sujeto activo ha de tener conciencia de la ilegalidad de la petición. Cabe la existencia de dolo eventual. Es necesario que medie causa criminal, esto es, que se haya iniciado un procedimiento penal, a través de las correspondientes diligencias previas o sumario, y todavía no se hubiese dictado sentencia.

Privación ilegal de la libertad y prolongación de la misma

Dispone el Art. 530 ,CP que “La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años”.

Se tutela en este caso la garantía prevista en el 17.1 ,Constitución Española frente a los abusos que puedan cometer las autoridades o funcionarios públicos respecto de cualquier detención o privación de libertad, en aquellos casos en los que se lleven a cabo fuera de los supuestos previstos en la ley.

Las garantías legales se recogen en la LECRIM, donde se contempla las condiciones que han de concurrir para la detención de una persona.

En lo relativo a la prisión provisional ha de estarse a lo dispuesto por el Art. 503 ,LECRIM.

La Constitución establece el plazo máximo de 72 horas para que toda persona detenida sea puesta a disposición de la autoridad judicial.

Asimismo, la Constitución se pronuncia en relación con la detención preventiva, diciendo que se limitará “al tiempo estrictamente necesario”, pronunciándose en el mismo sentido la LECRIM.

La incomunicación ilegal se castiga en el Art. 531 ,CP: “La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, decretare, practicare o prolongare la incomunicación de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años”.

Si los delitos cometidos en los dos artículos anteriores fueran cometidos por imprudencia grave, dispone el Art. 532 ,CP que se castigarán con la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

En relación con la imposición de sanciones o privaciones indebidas,  se castiga en el Art. 533 ,CP al “funcionario penitenciario o de centros de protección o corrección de menores que impusiere a los reclusos o internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario”. Se establece una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

Es preciso considerar en este sentido lo dispuesto por la Ley General Penitenciaria y su Reglamento. En los dos textos se recogen las sanciones o privaciones legales que se pueden imponer, por lo que la no observancia de las normas puede llevar a la comisión del delito previsto en este Art. 533 ,CP.

 

Sección 2.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad (Art. 534 ,Código penalArt. 536 ,Código penal)

Los delitos contemplados en la Sección 2ª se dirigen a la tutela del derecho constitucional a la intimidad. En el 18.1 ,Constitución Española se establece que “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. Este derecho no es protegido aquí de modo general, sino que la protección se dirige únicamente a aspectos particulares del mismo a que el propio Art. 18 ,Constitución Española hace referencia: derecho a la propia imagen; derecho a la inviolabilidad del domicilio; derecho al secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas.

La intimidad es uno de los bienes jurídicos personales de más difícil definición. Puede caracterizarse, como el derecho a la exclusión de los demás de determinados aspectos de la vida privada que pueden calificarse de secretos; también incluye el derecho de control sobre la información y los datos de la propia persona, incluso sobre los ya conocidos, para que sólo puedan utilizarse conforme a la voluntad del titular.

Delitos contra la inviolabilidad del domicilio

Mediante las tres figuras del Art. 534 ,CP se otorga protección al derecho a la inviolabilidad del domicilio, proclamado en el 18.2 ,Constitución Española : “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento de titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. Se tutela aquí en el seno de las diligencias de investigación de un delito. Se sancionan en particular los comportamientos de entrada ilegal, registro ilegal y vejación injusta con motivo de registro legal. Todos ellos son delitos dolosos.

En relación con la entrada ilegal en domicilio (534.1 ,CP), se señala una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 6 años y multa de 6 a 12 meses a la Autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, y sin mediar las garantías constitucionales o legales: “1º Entre en un domicilio sin el consentimiento del morador". Las figuras comunes correspondientes son las previstas en los Art. 202 ,CP y siguientes.

El Art. 204 ,CP contempla este comportamiento cuando es cometido por funcionario público sin que medie causa por delito. La conducta delictiva consiste en la “entrada en un domicilio”.

La doctrina se inclina por interpretarlo aquí, como equivalente a “morada”, en atención a la referencia expresa al morador como sujeto pasivo del delito. Esto es, el término domicilio, cuando hablamos del derecho a la inviolabilidad del domicilio, ha de interpretarse como morada. Hablamos de un espacio separado del mundo exterior, luego no es preciso que tenga la forma de una vivienda: puede serlo, si concurren los requisitos que a continuación indicamos, un coche (que se utilice como vivienda), una tienda de campaña, una cueva o una caravana. Imprescindible es que se destine al desarrollo de la vida privada, lo que no significa vida familiar.

El consentimiento del titular excluye la tipicidad del hecho, en cuanto hace desaparecer el elemento relativo a la voluntad contraria del morador, pero también por tratarse de un supuesto en que se autoriza legalmente la entrada del funcionario de acuerdo con el 18.2 ,Constitución Española y los Art. 545 ,LECRIM y Art. 550 ,LECRIM..

En relación con el registro ilegal, se castiga en el 534.1 ,CP segundo párrafo, a la autoridad o funcionario que mediando causa por delito “Registre los papeles o documentos de una persona o los efectos que se hallen en su domicilio, a no ser que el dueño haya prestado libremente su consentimiento”. Se establece pena de multa de de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.

Si no devolviera al dueño, inmediatamente después del registro, los papeles, documentos y efectos registrados, las penas serán las de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a doce años y multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderle por la apropiación.

Se castiga en el 534.2 ,CP a “la autoridad o funcionario público que, con ocasión de lícito registro de papeles, documentos o efectos de una persona, cometa cualquier vejación injusta o daño innecesario en sus bienes, será castigado con las penas previstas para estos hechos, impuestas en su mitad superior, y, además, con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años”.

Sobre la interceptación de correspondencia, dispone el Art. 535 ,CP: “la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, interceptare cualquier clase de correspondencia privada, postal o telegráfica, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.

Si divulgara o revelara la información obtenida, se impondrá la pena de inhabilitación especial, en su mitad superior, y, además, la de multa de seis a dieciocho meses”.

La figura del Art. 536 ,CP conecta con otros dos aspectos del derecho a la intimidad, como son el derecho al secreto de las comunicaciones orales y el derecho a la propia imagen, constitucionalmente reconocidos en el Art. 18 ,Constitución Española (18.3 ,Constitución Española “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”; y 18.1 ,Constitución Española derecho a la propia imagen).

Dispone el Art. 536 ,CP que “la autoridad, funcionario público o agente de éstos que, mediando causa por delito, interceptare las telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años. Si divulgare o revelare la información obtenida, se impondrán las penas de inhabilitación especial, en su mitad superior y, además, la de multa de seis a dieciocho meses”.

La acción de este delito consiste en interceptar las comunicaciones de modo directo o a través de mecanismos técnicos. Se entiende por interceptar la intervención de una telecomunicación para conocer el contenido de la misma.

Solamente cabe la comisión dolosa. Siendo posible el error de prohibición, bien sea vencible o invencible.

No comete este delito la autoridad o sus agentes cuando intervienen con autorización judicial. El sujeto actúa de forma justificada amparado en el ejercicio legítimo del cargo. Si se produce extralimitación o desviación del contenido de la autorización judicial puede dar lugar a la comisión del delito por parte de la persona autorizada, como ocurriría en el caso de que la autorización fuese para un tiempo concreto y se sobrepase el mismo, interceptar otros teléfonos no autorizados, etc.

La Constitución prevé la supresión del derecho al secreto de las comunicaciones respecto a investigaciones relacionadas con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

Para que el delito se perfeccione es necesario que la persona que revele o divulgue los secretos sea la misma que interceptó de manera ilegal las comunicaciones o utilizó cualquiera de los otros medios previstos en el Art. 192 ,CP bis.

 

Sección 3.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales (Art. 537 ,Código penalArt. 542 ,Código penal)

La Sección 3ª comprende, como indicamos, figuras orientadas a la protección de derechos individuales distintos de la libertad y la intimidad, tutelados en las secciones anteriores, en particular, la obstrucción a la asistencia de abogado y otros derechos del detenido (Art. 537 ,CP), la libertad de expresión (Art. 538 ,CP), la libertad de asociación (Art. 539 ,CP), la libertad de reunión (Art. 540 ,CP) y el derecho de propiedad frente a conductas de expropiación (Art. 541 ,CP). La Sección termina con una figura residual que acoge violaciones de otros derechos cívicos constitucional o legalmente reconocidos (Art. 542 ,CP).

Se castiga en el Art. 537 ,CP a “la autoridad o funcionario público que impida u obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al detenido o preso, procure o favorezca la renuncia del mismo a dicha asistencia o no le informe de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención”. Se establece pena de multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años.

La figura del Art. 538 ,CP conecta con el derecho fundamental de libertad de expresión reconocido en el Art. 20 ,Constitución Española, cuando sanciona a “La autoridad o funcionario público que establezca la censura previa o, fuera de los casos permitidos por la Constitución y las leyes, recoja ediciones de libros o periódicos o suspenda su publicación o la difusión de cualquier emisión radiotelevisiva” con pena de inhabilitación absoluta de 6 a 10 años.

El derecho fundamental de asociación reconocido en el Art. 22 ,Constitución Española encuentra protección penal en la figura del Art. 539 ,CP, conforme al cual se castiga a “La autoridad o funcionario público que disuelva o suspenda en sus actividades a una asociación legalmente constituida, sin previa resolución judicial, o sin causa legítima le impida la celebración de sus sesiones” con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 8 a 12 años y multa de 6 a 12 meses.

La conducta típica puede revestir dos modalidades. En primer término, la disolución o suspensión de sus actividades a una asociación legalmente constituida sin previa resolución judicial. La segunda forma de comisión del delito consiste en impedir la celebración de las sesiones de la asociación sin causa legítima.

En relación con la prohibición o disolución de reuniones pacíficas, dispone el Art. 540 ,CPLa autoridad o funcionario público que prohíba una reunión pacífica o la disuelva fuera de los casos expresamente permitidos por las Leyes, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de cuatro a ocho años y multa de seis a nueve meses”.

El derecho de reunión aparece reconocido en la Constitución, que solamente podrá prohibirse por razones de alteración del orden público.

Encontramos finalmente una figura dirigida a la tutela del derecho de propiedad privada (Art. 33 ,Constitución Española) frente al intervencionismo estatal, el Art. 541 ,CP, que sanciona penalmente a “La autoridad o funcionario público que expropie a una persona de sus bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales” (pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses).

Es consecuencia de lo dispuesto en el 33.3 ,Constitución Española: “Nadie podrá ser privado de sus bienes o derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes”. Los supuestos legales en que la expropiación forzosa procede, así como los requisitos con que debe procederse a ella se encuentran regulados en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, y su Reglamento de 26 de abril de 1957, entre otras normas.

El Capítulo se cierra, como ya anunciamos, con una figura de carácter subsidiario o residual respecto de las demás, el Art. 542 ,CP, que dispone “Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes”.

El delito gira en torno al concepto de derecho cívico, de problemática definición. Doctrina y jurisprudencia vienen a coincidir en calificar de derechos cívicos a aquellos derechos constitucionales que permiten participar al ciudadano en la vida pública no protegidos expresamente en otras normas penales, siempre que sean ejercitados ante poderes públicos y éstos tengan la obligación de no impedirlos.

Por ejemplo, el derecho a acceder a los archivos y registros administrativos, el derecho a hablar una de las lenguas oficiales del Estado español, a la objeción de conciencia, a elegir libremente la residencia, a contraer matrimonio, a la libre elección de trabajo etc.

Estamos ante un precepto tan extenso y ambiguo que conlleva bastante inseguridad jurídica, por tanto es preciso interpretarlo de forma restrictiva.

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Delitos de funcionarios públicos contra libertad individual
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