Regulación aplicable a los despidos por causas objetivas en el Sector Público

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 02/06/2015

El sector público puede realizar despidos colectivos alegando causas económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondiente

NOVEDAD: La TS, Sala de lo Contencioso, de 19/05/2015, Rec. 836/2012, ha anulado parte del art. 35.3 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, que contenía los criterios para determinar la existencia de insuficiencia presupuestaria que justifique un despido colectivo en el sector público. Se reafirma que dicha insuficiencia presupuestaria ha de ser sobrevenida y persistente.

 

En principio, incluso con anterioridad a la Reforma Laboral 2012, nada se oponía a la aplicación de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción como método de extinción de la relación laboral en la Administración Pública. Los Tribunales habían reiterado el sometimiento general de las Administraciones Públicas a la Ley y al Derecho Laboral.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, reguló el asunto de forma favorable para las Administraciones, añadiendo una DA20 al derogado Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente contenido, y que ha permanecido con  idéntico contenido en la actual DA16 ,Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:

“D.A. 16ª. Aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público.

El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) de la presente ley y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.

A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas, entendiendo como tales, a los entes, organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.

Tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, cuando así lo establezcan los entes, organismos y entidades a que se refiere el párrafo anterior"

Los tribunales han empezado a ratificar despidos en ayuntamientos por causas objetivas.

Por un lado, se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa de desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o su capacidad de mantener el volumen de empleo. A estos efectos, la empresa deberá de acreditar los resultados alegados y justificar que los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva del mercado.

Y, por otro lado, se entiende que concurren causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal. Para ello, la empresa deberá acreditar la concurrencia y justificar la razonabilidad de la decisión extintiva para contribuir a prevenir una evolución negativa o a mejorar la situación a través de una más adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado una mejor respuesta a las exigencias de la demanda.

Procedimiento de aplicación

El procedimiento de aplicación viene regulado en el Título III del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

Sobre la concurrencia de las causas económicas el Art. 35 ,Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, establece que se entenderán concurrentes cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes, añadiendo que se entenderá persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.

La aplicación de la regulación del despido objetivo, especialmente el que se ampara en la causa de la letra c) del Art. 52 ,ET, es aplicable a las Administraciones Públicas pero con matices importantes: la mayor exigencia de intensidad en la causa, el mayor rigor para apreciar si concurre o no la causa y, especialmente, la no asimilación automática entre una situación de déficit presupuestario y una situación de pérdidas.

 

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