Regulación de los documentos de viaje y los pasaportes

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El extranjero que pretenda entrar en España deberá hallarse provisto, para acreditar su identidad, de:Pasaporte,Título de viaje y Documento nacional de identidad, cédula de identificación o cualquier otro documento en vigor que acredite su identidad..

Documentos de viaje y pasaportes

El extranjero que pretenda entrar en España deberá hallarse provisto, para acreditar su identidad, de uno de los siguientes documentos:

  • Pasaporte, individual o colectivo, válidamente expedido y en vigor. Los menores de dieciséis años podrán figurar incluidos en el pasaporte de su padre, madre o tutor, cuando tengan la misma nacionalidad del titular del pasaporte y viajen con éste.
  • Título de viaje, válidamente expedido y en vigor.
  • Documento nacional de identidad, cédula de identificación o cualquier otro documento en vigor que acredite su identidad y que se considere válido para la entrada en territorio español, en virtud de compromisos internacionales asumidos por España.

Todos los documentos deberán estar expedidos por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia de sus titulares o por las Organizaciones Internacionales habilitadas para ello por el Derecho Internacional y contener, en todo caso, datos suficientes para la determinación de la identidad y nacionalidad de los titulares. Los pasaportes deberán permitir el retorno al país que los haya expedido.

Las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares españolas, previa autorización expresa del Ministerio de Asuntos Exteriores, podrán expedir documentos de viaje y salvoconductos a extranjeros cuya protección internacional haya sido determinada por España en aplicación de la legislación española sobre protección internacional o para proceder a su evacuación hacia países con los que exista acuerdos de cooperación a tal efecto.

El extranjero que se encuentre en territorio español tiene el derecho y la obligación de conservar la documentación en vigor que acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación en España.

Expedición del pasaporte

La expedición del pasaporte ordinario viene regulada por el Real Decreto 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario y se determinan sus características, norma surgida de la situación de dispersión normativa existente por entonces y de la necesidad de incorporar nuevos elementos de seguridad al mismo, así como de la exigencia de adaptación a las distintas resoluciones sobre la materia emanadas de los organismos internacionales de los que España forma parte y modificada por el Real Decreto 411/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario y se determinan sus características.

Procedimiento de expedición.

1. El pasaporte ordinario será expedido a los españoles que lo soliciten ante los órganos o unidades al efecto (1), aportando los siguientes documentos:

  • a) Solicitud debidamente cumplimentada y firmada.
  • b) Documento Nacional de Identidad del solicitante en vigor, o el caducado, acompañado del resguardo acreditativo de haber solicitado su renovación, que será devuelto en el acto de su presentación, una vez comprobados los datos de este documento con los reflejados en la solicitud.
  • c) Una fotografía del rostro del solicitante tamaño carné, en color y con fondo claro, liso y uniforme, tomada de frente, y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que impida la identificación de la persona.
  • d) Resguardo acreditativo del abono de la tasa de expedición de pasaporte legalmente establecida, por el importe en cada momento vigente.

2. Cuando la persona que solicite la expedición del pasaporte fuera menor de edad y no estuviera en posesión del documento nacional de identidad, por no estar obligado a su obtención, deberá aportar certificación literal de nacimiento expedida por el Registro Civil y el documento nacional de identidad de la persona que ejerza la patria potestad o tutela, salvo en el supuesto, en este último caso que la misma hubiere sido asumida por ministerio de la ley.

Siendo extranjera la persona que ejerza la patria potestad deberá aportar además de la certificación literal de nacimiento del menor, el número de identificación de extranjeros o cualquier otro documento identificativo expedido por autoridad oficial.

Asimismo, en las solicitudes de expedición de pasaporte para menores de edad y para personas incapacitadas deberá de constar el consentimiento expreso de quien ejerza la patria potestad o tutela con la indicación de que su ejercicio no se encuentra limitado para prestarlo, debiendo en caso contrario suplir su falta con autorización judicial.

El consentimiento de la persona o entidad que ejerza la patria potestad o tutela se prestará ante el funcionario del órgano competente para la expedición del pasaporte. También podrá prestarse ante fedatario público, en cuyo caso, deberá acompañarse a la solicitud, copia auténtica del documento del que resulte el citado consentimiento.

3. En los supuestos de residentes en el extranjero que soliciten el pasaporte en las Representaciones Diplomáticas o Consulares, el requisito de aportar el documento nacional de identidad podrá ser sustituido por la presentación del pasaporte en vigor o pendiente de renovar o la certificación literal de nacimiento del Registro Civil o Consulado en que se halle inscrito el nacimiento.

Plazo de expedición

El pasaporte será expedido en el plazo máximo de dos días hábiles, a partir del momento de la presentación en forma de los documentos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, salvo que circunstancias técnicas o excepcionales lo impidan, debiendo ser retirado, en el órgano en que se hubiera solicitado, por el propio solicitante o persona autorizada.

Denegación de la expedición del pasaporte

Únicamente podrá ser denegada la expedición del pasaporte cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

  • a) Haber sido condenado a penas o medidas de seguridad que conlleven la privación o limitación de su libertad de residencia o de movimientos, mientras no se hayan extinguido, salvo que obtengan autorización del órgano judicial competente. 
  • b) Cuando la autoridad judicial haya prohibido su expedición o la salida de España respecto al interesado que se halle inculpado en un proceso penal. Lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1992 se enmarca en la atribución de competencias al Gobierno a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de seguridad ciudadana, de manera que tan sólo prevé la consecuencia -no expedición del pasaporte o documento que lo supla- cuando una decisión judicial resuelva impedir la salida del territorio español a un inculpado en un proceso penal (STC 169/2001, de 16 de julio de 2001 - Tribunal Constitucional, nº 169/2001, de 16/07/2001, Rec. Recurso de amparo 3824/1999 -). 
  • c) Que motivadamente le sea limitado este derecho por el Ministerio del Interior en el ámbito de las medidas que deban adoptarse en los supuestos recogidos en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio.
  • d) Por la falta de presentación de alguno de los documentos que se reseñan en el presente apartado.

La denegación se llevará a cabo mediante Resolución motivada, que se tramitará de acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (la referencia debe entenderse realizada a la Ley 39/2015, de 1 de octubre). (2)

Validez del pasaporte.

1. Con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes apartados, el pasaporte tendrá una validez improrrogable de cinco años, si el titular tiene menos de treinta en la fecha de su expedición, y de diez años, cuando haya cumplido esa edad. Para los menores de cinco años la validez del pasaporte se limitará a dos años.

2. Los pasaportes expedidos a los menores de catorce años residentes en España que carezcan de documento nacional de identidad, tendrán validez máxima hasta que el menor alcance dicha edad, sin que, en ningún caso, la vigencia sea superior a cinco años.

3. Cuando los pasaportes se expidan a menores o incapacitados, la validez señalada en los dos apartados anteriores de este artículo podrá ser limitada a petición motivada de las personas o instituciones que tuvieran asignada su patria potestad o tutela.

4. Si concurriera en el solicitante alguna de las circunstancias señaladas en el apartado anterior para su no concesión, como son (aprt a) o b) Art. 2 ,Real Decreto 896/2003, de 11 de julio):

  • a) Haber sido condenado a penas o medidas de seguridad que conlleven la privación o limitación de su libertad de residencia o de movimientos, mientras no se hayan extinguido, salvo que obtengan autorización del órgano judicial competente.
  • b) Cuando la autoridad judicial haya prohibido su expedición o la salida de España respecto al interesado que se halle inculpado en un proceso penal.

Se autorizara por el juez o tribunal competente la expedición del pasaporte, la validez de éste se limitará, en su caso, al tiempo que se fije por las indicadas autoridades.

5. En los casos de extravío o sustracción del pasaporte en vigor, la validez del primer duplicado que se expida en su sustitución estará limitada a la fecha de vigencia que tuviera el extraviado. En los supuestos de posteriores extravíos o sustracciones la validez de los duplicados podrá limitarse a tres meses.

6. También podrá limitarse la validez del pasaporte a determinados países o territorios, cuando así se disponga por la autoridad judicial en relación con las personas en que concurra alguna de las circunstancias contempladas en el apartado 5 anterior o se solicite motivadamente por las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela, respecto a sus hijos o a las personas que estén bajo su guarda.

7. Cuando se trate de un solicitante de pasaporte que, no estando inscrito como residente en el Registro de Matrícula Consular, se encuentre en el extranjero y carezca del pasaporte que se le hubiera expedido, bien por pérdida o sustracción, o por hallarse en país al que puede viajarse sin pasaporte, la validez del pasaporte que le expida la Representación Diplomática o Consular podrá limitarse a tres meses.

Retirada del pasaporte.

El pasaporte ordinario podrá ser retirado o retenido a aquellos ciudadanos que se hallen en alguna de las circunstancias citadas anteriormente como son haber sido condenado a penas o medidas de seguridad que conlleven la privación o limitación de su libertad de residencia o de movimientos, mientras no se hayan extinguido, salvo que obtengan autorización del órgano judicial competente o cuando la autoridad judicial haya prohibido su expedición o la salida de España respecto al interesado que se halle inculpado en un proceso penal. 

Igualmente podrá procederse a la retirada o retención cuando así se acuerde por el Ministerio del Interior, si motivadamente le es limitado este derecho por el citado organismo en el ámbito de las medidas que deban adoptarse en los supuestos recogidos en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio.  

El pasaporte retirado o retenido de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, será reintegrado a su titular, si no hubiera perdido la vigencia, tan pronto desaparezcan las circunstancias que motivaron su retirada o retención.

Retirada Cautelar del pasaporte

La medida cautelar de retirada del pasaporte no es un supuesto de agravamiento de la conducta que justificaría la imposición de la sanción de expulsión.

Devolución del pasaporte efectuada por la letrada que ostenta la representación del extranjero al que se le ha retirado

El Art. 1 ,Real Decreto 896/2003, de 11 julio, por el que se regula, como se ha dicho, la expedición del pasaporte ordinario y se determinan sus características, establece que el pasaporte ordinario español es un documento público, personal, individual e intransferible, lo que asimismo reitera el apdo. 2,  Art. 9 ,Ley Orgánica 1/1992, de 21 febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana lo que obliga a la entrega del pasaporte por la policía únicamente a su titular, sin que el apdo. 1, Art. 32 ,LRJAP autorice su devolución al representante legal, puesto que no tiene encaje en las actuaciones administrativas en las que ostenta la representación, razón por la cual el extranjero que quiera recuperar el pasaporte deberá comparecer personalmente en las dependencias policiales, procediendo en su caso su remisión a su domicilio e incluso al puesto fronterizo en que se encuentre.  STSJ Pais vasco 10/12/2013 (R. 656/2013 - TSJ Pais Vasco, Sala de lo Contencioso, nº 678/2013, de 11/12/2013, Rec. 656/2013 -).

 

(1) La competencia para su expedición corresponderá:
a) En el territorio nacional a los órganos de la Dirección General de la Policía que depende del Ministerio del Interior.
b) En el extranjero, la expedición se llevará a cabo por las Representaciones Diplomáticas y Consulares de España.

(2) SSTC 21/11/2011 (Recurso de amparo 9204-2006 - Tribunal Constitucional, nº 179/2011, de 21/11/2011, Rec. Recurso de amparo 9204-2006 - y 169/2001, de 16 de junio, FJ 4 - Tribunal Constitucional, nº 169/2001, de 16/07/2001, Rec. Recurso de amparo 3824/1999 -). El deber de motivación se ha hecho extensivo a las decisiones de prohibición de salida el territorio nacional y la retirada de pasaporte, en tanto que puedan considerarse garantías que integran una medida cautelar sustitutiva de la prisión provisional.

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