Regulación del dominio público hidráulico

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El dominio público hidráulico se encuentra regulado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

El principal objetivo de la Administración hidráulica es asegurar la disponibilidad de agua no solo en la cantidad necesaria, sino también con la calidad requerida en función de los usos, así como prevenir todo deterioro adicional y proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos y terrestres, y de los humedales directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos.

De conformidad con el Art. 3 ,Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (Art. 2 ,Real Decreto 849/1986, de 11 de abril), el dominio público hidráulico, está constituido por:

 

  • Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas con independencia del tiempo de renovación.
  • Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.
  • Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.
  • Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos
  • Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar

 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio distingue entre usos comunes generales y usos comunes especiales de las aguas superficiales. El Art. 50 ,Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (Art. 50 ,Real Decreto 849/1986, de 11 de abril) establece que, todos pueden, sin necesidad de autorización administrativa y de conformidad con lo que dispongan las Leyes y Reglamentos, usar las aguas superficiales, mientras discurren por sus cauces naturales, para beber, bañarse y otros usos domésticos, así como para abrevar el ganado. No obstante, deberá respetarse el límite de no alterar calidad ni el caudal de las aguas.

Por su parte, el Art. 51 ,Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (Art. 51 ,Real Decreto 849/1986, de 11 de abril), viene a calificar los denominados usos especiales sometiéndolos a la obtención de autorización administrativa (navegación y flotación, establecimiento de barcas de paseo y cualquier otro uso que no esté comprendido entre los usos generales y que no excluya a terceros en lo que respecta a la utilización del recurso).

Los usos privativos, ya sean o no constitutivos de dominio público hidráulico (es constitutivo de dominio hidráulico el aprovechamiento, sin embargo, no lo es el propio caudal o el recurso en su conjunto), requieren de una disposición legal o concesión administrativa para su utilización. La Ley se encarga de regular las concesiones de uso privativo sometiéndolas a un orden de preferencia que ha de establecer el denominado Plan de Cuenca o, subsidiariamente, a los establecidos en el Art. 60 ,Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (Art. 98 ,Real Decreto 849/1986, de 11 de abril), en síntesis:

 

  • Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal.
  • Regadíos y usos agrarios.
  • Usos industriales para producción de energía eléctrica.
  • Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores.
  • Acuicultura.
  • Usos recreativos.
  • Navegación y transporte acuático.
  • Otros aprovechamientos.

 

Las concesiones deberán ser otorgadas sin perjuicio de tercero y, teniendo en cuenta la utilización racional del recurso, las mismas tendrán carácter temporal (plazo inferior a 75 años, sin perjuicio de prórroga por 10 años más) y serán transmisibles, parcial o totalmente, siempre que medie autorización de la Administración concedente.

La Ley también regula el aprovechamiento directo por la Administración Pública, mediante un acto de reserva demanial de caudales por necesidades de servicio público. Asimismo, contempla el aprovechamiento legal del propietario del suelo que puede aprovechar los caudales procedentes de manantiales situados en el interior del predio hasta 7000 m3 anuales, así como el aprovechamiento directo por parte de los titulares de aguas privadas que no hayan convertido su derecho en una concesión administrativa, en los términos de la DT4 ,Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

La organización administrativa de la gestión de los recursos hidráulicos combina la existencia de órganos consultivos y de coordinación de ámbito nacional (Consejo Nacional del Agua), con la existencia de organismos de gestión de ámbito de cuenca (Confederaciones Hidrográficas, que son organismos autónomos con personalidad jurídica propia). Y admite la participación de instituciones de auto-administración como son las Comunidades de usuarios, que tienen carácter de Corporaciones de Derecho público y personalidad jurídica propia. Dada la naturaleza limitada del recurso, la Ley regula como instrumento básico de la regulación y protección de los aprovechamientos la técnica de la planificación hidrológica. Los planes hidrológicos son los que delimitan los derechos de los beneficiarios y las potestades de la Administración. Son de dos tipos: el Plan Hidrológico de Cuenca, cuyo ámbito es el de la cuenca o demarcación hidrológica que aprueba el Gobierno, tomando en cuenta las determinaciones del Plan Nacional y, en su caso, de los Planes de de ámbito autonómico (en cuya elaboración intervienen las Comunidades Autónomas, pero que aprueba, en su caso, el Gobierno del Estado) y el Plan Hidrológico Nacional, aprobado por la Ley 10/2001, de 5 de julio, modificada por la Ley 11/2005, de 22 de junio.

El criterio de distribución de competencias de gestión entre el Estado y las Comunidades Autónomas toma también en cuenta el criterio de la cuenca y demarcación hidrográfica, correspondiendo al Estado las que exceden del ámbito de una Comunidad Autónoma.

Finalmente, el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, contempla la protección del dominio público hidráulico, desde una perspectiva prioritariamente medioambiental, prestando menor atención a la tutela del recurso frente a usurpaciones de particulares. Lo fundamental es proteger la calidad de las aguas, mediante la regulación de medidas preventivas, la regulación de los vertidos prohibidos y permitidos, previa obtención de la correspondiente autorización, la declaración de sobrexplotación y salinización de acuíferos subterráneos y la elaboración de registros de zonas protegidas.

Además, se utilizan técnicas clásicas de protección, como el establecimiento de una zona de policía de 100 metros alrededor de las márgenes de los ríos, lagos, lagunas y embalses, en la que las actuaciones que realizan los particulares están sujetas a una estricta intervención administrativa (6.1,Art. 96 ,Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y 6.1,Art. 235 ,Real Decreto 849/1986, de 11 de abril).

 

 

 

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Usos privativos
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Confederación hidrográfica
Confederaciones hidrográficas
Corporaciones de derecho público
Planificación hidrológica
Demarcación hidrográfica
Vertidos
Tutela
Calidad del agua
Medidas de seguridad en el trabajo
Protección del dominio publico hidráulico
Intervención administrativa