Regulación de las jubilaciones anticipadas por expediente de regulación de empleo

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La DT4 ,Ley General de la Seguridad Social, en su apartado segundo, regula el acceso a la jubilación anticipada, a partir de los sesenta años, para quienes tuvieran la condición de mutualista el 1 de enero de 1967; viendo reducida la cuantía de la pensión en un 8 % por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad fijada reglamentariamente.

En los supuestos de trabajadores que, cumpliendo los requisitos señalados en el apartado anterior, y acreditando treinta o más años de cotización, soliciten la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, en virtud de causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, el porcentaje de reducción de la cuantía de la pensión a que se refiere el párrafo anterior será, en función de los años de cotización acreditados, el siguiente:

  1. Entre treinta y treinta y cuatro años acreditados de cotización: 7,5 por ciento.
  2. Entre treinta y cinco y treinta y siete años acreditados de cotización: 7 por ciento.
  3. Entre treinta y ocho y treinta y nueve años acreditados de cotización: 6,5 por ciento.
  4. Con cuarenta o más años acreditados de cotización: 6 por ciento.

NOVEDADSegún el apdo. 5, DT4 ,Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, a las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2019, en los siguientes supuestos:

  • a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
  • b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de 2019.
  • c) Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 de abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013.

A tales efectos, la LGSS entiende por "libre voluntad del trabajador": "la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que la impida, decida poner fin a la misma". Se considerará, en todo caso, que el cese en la relación laboral se produjo de forma involuntaria cuando la extinción se haya producido por alguna de las causas como (aprt. 1.1 Art. 267 ,LGSSe):

  • a) En virtud de despido colectivo, adoptado por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el Art. 51 ,Estatuto de los Trabajadores, o de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal.
  • b) Por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, cuando determinen la extinción del contrato de trabajo.
  • c) Por despido.
  • d) Por despido basado en causas objetivas.
  • e) Por resolución voluntaria por parte del trabajador, en los supuestos previstos en los aprts. Art. 40-41-Art. 50 ,Estatuto de los Trabajadores aprt. 1.m) Art. 49 ,ET.
  • f) Por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, siempre que dichas causas no hayan actuado por denuncia del trabajador.
  • g) Por resolución de la relación laboral, durante el período de prueba, a instancia del empresario, siempre que la extinción de la relación laboral anterior se hubiera debido a alguno de los supuestos contemplados en este apartado, o haya transcurrido un plazo de tres meses desde dicha extinción. Ver sentencia nº TS, de 21/06/2007, Rec. 119/2006

El problema que se ha planteado en numerosas ocasiones ha consistido en determina si la extinción de un contrato de trabajo que se deriva de un Expediente de Regulación de Empleo, obedece a la voluntariedad del trabajador (1) y, por lo tanto en su pensión de jubilación se debe descontar un 8 por 100 por cada año que le falta para cumplir los 65 años o, por el contrario, ese cese en el trabajo atiende a una decisión unilateral de la empresa y el trabajador afectado se puede beneficiar de los porcentajes reductores que oscilan entre el 6 por 100 y el 7,5 por 100, en función del número de años de cotización acreditados.  (Ver: "Regulación de la modalidad de jubilación anticipada")

En este sentido la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2.006 (en consonancia con la STS de 25 de octubre de 2006 y la STS de 28 de noviembre de 2006) ha establecido que debe considerarse, a efectos del reconocimiento del derecho a pensión por jubilación anticipada, como involuntario el cese en el trabajo consecuencia de un expediente de regulación de empleo (2) autorizado por la Administración porque el contrato no se ha extinguido por la libre voluntad del trabajador que decide poner fin a la relación, sino que el contrato se ha extinguido por una causa por completo independiente de la voluntad del trabajador, por una causa económica, técnica, organizativa o productiva, que ha sido constatada por la Administración y que ha determinado un despido colectivo autorizado, habiéndose producido la opción del trabajador por la prejubilación, pero en el marco de la extinción de los contratos autorizada en el expediente de regulación de empleo y no por mutuo acuerdo (como sucedía en los supuestos de la suscripción de un contrato de prejubilación en convenio colectivo).

El Tribunal Supremo modifica su doctrina anterior, y ahora considera que no puede calificarse como cese imputable a la libre voluntad del trabajador el de quienes voluntariamente se incluyen en un expediente de regulación de empleo acogiéndose al sistema de prejubilaciones contemplado en el mismo. Indica que el contrato se extingue por una causa económica, técnica, organizativa o productiva ajena a la voluntad del trabajador, que ha sido constatada por la Administración que ha autorizado las extinciones de las relaciones laborales. La opción por la prejubilación únicamente supone la voluntariedad en la concreción de los trabajadores afectados por la causa del cese.

En consonancia con lo anterior, cuando el trabajador acredite 30 o más años de cotización y el contrato de trabajo se haya extinguido por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador. Se debe considerar cese involuntario el que se produce como consecuencia de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) autorizado por la Administración, aunque los trabajadores afectados se hayan determinado mediante aceptación voluntaria de su inclusión en el ámbito del ERE. De este modo todas las jubilaciones anticipadas causadas desde el 1 de enero de 2004, ya sean las anticipadas con 61 años como las anticipadas con condición de mutualista, motivadas por ceses en la relación laboral producidos en virtud de ERE, tienen carácter involuntario. Por ello, las resoluciones denegatorias de las pensiones de jubilación anticipada, así como las cuantías de las pensiones ya reconocidas serán revisadas a instancia de los interesados.  En consonancia con el 207 ,LGSS y los apdos. 3 y 4 Art. 210 ,LGSS, el acceso y la cuantía de la jubilación anticipada por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador seguirá los siguientes extremos:

  1. EDAD: Se modifica la edad que ha de tenerse cumplida, que ahora ha de ser inferior en 4 años (como máximo) a la legal exigida (67 años o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización (3))
  2. ACCESO A LA PRESTACIÓN: Actualmente se especifica que el cese en el trabajo ha de producirse como consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral (antes “objetivamente”), se incluye expresamente la referencia, al lado de las causas económicas, de las técnicas, organizativas o de producción, y  se consigna la exigencia, para los supuestos de despido colectivo o despido objetivo de la letra c) del Art. 52 ,ET, de acreditar (mediante documento de transferencia bancaria o equivalente) haber percibido la indemnización correspondiente derivada de la extinción del contrato de trabajo o haber interpuesto demanda judicial en reclamación de la misma o de impugnación de la decisión extintiva para poder acceder a la jubilación anticipada.
  3. COEFICIENTES REDUCTORES: Se modifican los coeficientes reductores que, en función del periodo de cotización acreditado, resultan aplicables a la pensión por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de aplicación. A este respecto se establece una nueva escala:

PERIODO DE COTIZACIÓN

COEFICIENTE POR TRIMESTRE

Inferior a 38 años y 6 meses

1,875 %

Igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses

1,750 %

Igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses

1,625 %

Igual o superior a 44 años y 6 meses

1,500 %

(1) Existen pronunciamientos judicialeses, en consonancia con los criterios adoptados por el INSS, donde se denegaban prestaciones por desempleo, jubilación o, en su caso, la aplicación de coeficientes reductores inferiores al 8 por 100, al entender que esos pactos constituían una extinción de mutuo acuerdo. tras la aclaración de la involuntariedad las resoluciones denegatorias de las pensiones de jubilación anticipada, así como las cuantías de las pensiones ya reconocidas fueron revisadas a instancia de los interesados.

(2) Según la STSJ Aragón de 14/11/2011 (R. 749/2011), se establece de forma general que"Podrán acceder a la jubilación anticipada, los trabajadores que reúnan los siguientes requisitos...", comienza el reformado artículo 161 bis.2 , d)--, por lo que supeditar su vigencia a la fórmula de acceso a la prejubilación (en función de convenio colectivo o de contrato individual), cual pretende la Gestora en su recurso, se traduce en una interpretación que, además de ser contradictoria con la propia finalidad del precepto a la que se hará inmediata mención, debe ser rechazada por restrictiva.
La reforma legislativa operada por la Ley 40/2007 supone que el legislador ha aceptado los llamados contratos de prejubilación como vía para acceder a la jubilación anticipada, puesto que ha añadido el contrato individual de prejubilación como supuesto concreto que exime de los requisitos de las letras b) y d) del ex art. 161.bis. 2º del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de juni ....
Como en el supuesto enjuiciado, la entidad bancaria en que prestaba servicios el actor, en virtud de la obligación adquirida mediante contrato individual de prejubilación, ha abonado al actor tras la extinción del contrato de trabajo una cantidad que, en cómputo global, representa un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiera correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su caso la cuota de mayor cuantía que hubiera podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social, forzoso es concluir que el demandante cumple los requisitos exigidos por el ex bis.2 1, LGSS, en la redacción dada por la Ley 40/2007. Conforme al tenor literal de esta norma, no cabe sino concluir que el legislador no ha condicionado su aplicación a desarrollo reglamentario de ninguna clase. Y esta interpretación literal coincide con una interpretación sistemática de la Ley 40/2007, pues esta prolija norma legal contiene en sus disposiciones adicionales numerosas remisiones al desarrollo reglamentario, lo que no sucede con la jubilación anticipada ». Ver sentencia TSJ Aragon, Sala de lo Social, nº 780/2011, de 14/11/2011, Rec. 749/2011

(3) Apdo. 1.a) 205 ,Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, teniéndose en cuenta la aplicación a estos efectos del período transitorio -DT7 ,Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

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Jubilación anticipada
Expediente de regulación de empleo
Voluntad
Prestación de jubilación
Extinción del contrato de trabajo
Cuantía de las prestaciones
Jubilación parcial
Prejubilación
Procedimiento concursal
Despido colectivo
Contrato de Trabajo
Suspensión del contrato de trabajo
Empresario individual
Objeto del contrato
Coeficiente reductor
Incapacidad del empresario
Período de prueba
Convenio colectivo de trabajo
Extinción del contrato
Reestructuración empresarial
Prestación por desempleo
Despido por causas objetivas
Edad legal de jubilación
Transferencia bancaria
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Convenio especial con la Seguridad Social