Regulación y naturaleza jurídica del juicio rápido de delitos

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

La Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma en parte de la LECrim, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado, y la Ley Orgánica 8/2002, de 24 de octubre, complementaria de la anterior, introdujeron en nuestra normativa procesal los llamados juicios rápidos.

El enjuiciamiento rápido de determinados delitos Art. 795 ,LECrim tiene como ejes fundamentales la ampliación de las funciones de la Policía Judicial Art. 796 ,LECrim, la instrucción concentrada ante el Juzgado en funciones de guardia Art. 797 ,LECrim y la preparación del juicio oral ante aquél Art. 800 ,LECrim, siempre bajo la primacía de la oralidad y con establecimiento de brevísimos plazos.

La reforma también abordó la modificación del enjuiciamiento de faltas permitiendo que aquellas que se encuentran recogidas en el Art. 962 ,LECrim, y residualmente las restantes, puedan ser enjuiciadas ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, en un plazo no superior a veinticuatro horas, y de no ser posible, en un tiempo breve.

La conformidad beneficiosa introducida por la LO 8/2002, y el Art. 801 ,LECrim, no es un procedimiento especial, sino una forma de finalización del procedimiento de enjuiciamiento rápido de delitos. Mediante esta figura se reconocen efectos penológicos al principio de oportunidad, disminuyendo necesariamente la pena solicitada por la acusación en un tercio.

Dentro de las actuaciones previstas en el Art. 796 ,LECrim se regulan como diligencias las citaciones al denunciado, a los testigos, a los ofendidos y perjudicados, a las entidades  a que se refiere el Art. 117 ,CP, pero, en ningún caso, se alude expresamente a los Abogados. Aunque no exista disposición legal que obligue a realizar dicha citación, no puede olvidarse que el Art. 767 ,LECrim establece que «desde la detención o desde que de las actuaciones resultare la imputación de un delito contra persona determinada será necesaria la asistencia letrada»; de forma que, en su comparecencia ante el Juzgado de guardia, en el día y hora predeterminado por la Agenda Programada de Citaciones, el imputado ha de contar, en todo caso, con dicha asistencia. En cuanto tal, se hace necesario que la Policía Judicial proceda a citar también a los Abogados, como de hecho se viene realizando en ocasiones.

La nueva regulación articula estos procesos en torno a un principio esencial, que es el de concentración de actuaciones, de manera que en un corto periodo de tiempo (que varía entre veinticuatro horas en grandes y ciudades y siete días en otras localidades) las faltas se enjuician y los delitos quedan íntegramente instruidos y preparados para el juicio, que tendrá lugar dentro de un plazo máximo de quince días.

El ahorro de tiempo que la aplicación práctica de este principio conlleva es considerable, tanto en procesos por delitos como por faltas.

Por eso, la ley establece que los servicios técnicos auxiliares que intervienen en la investigación judicial (peritos, interpretes, laboratorios....) han de realizar su actuación durante el servicio de guardia, de tal manera que el Juzgado recibe los informes correspondientes dentro de los plazos máximos de un día o una semana dependiendo si es en una ciudad o en otro territorio.

De igual manera, se regula en la nueva ley que el Juez de guardia habrá de recabar inmediatamente la información relativa a antecedentes penales del Registro Central de Penados, la cual resulta necesaria en todos los procesos penales por delito, por lo que se trata de una diligencia esencial para que estos juicios rápidos tengan lugar.

También la interrelación Policía Judicial - Juzgado de Instrucción ofrece particularidades en la tramitación de los juicios rápidos, siempre con el objetivo de acortar la duración de la instrucción judicial. Así, la nueva ley contempla que la propia Policía Judicial cita directamente a denunciados, testigos o peritos ante el Juzgado en el momento de elaborar el atestado, bien para que directamente tenga lugar el juicio (si se trata de faltas) bien para realizar una instrucción o investigación judicial (si se trata de delitos). En ambos casos la ley especifica expresamente que, para evitar esperas en las dependencias judiciales, esas citaciones se deben realizar coordinadamente con el Juzgado.

En el caso de delitos, terminada la investigación o instrucción (que, haciendo referencia a lo dicho, no puede prolongarse más allá de un día en grandes ciudades o una semana en otras poblaciones), se regula un trámite de conformidad durante la guardia, que determina la finalización inmediata del proceso por sentencia cuando el acusado se muestra conforme con la pena solicitada. Esta sentencia, por tanto, se dicta en el plazo de un día o una semana desde la comisión del delito.

En los demás casos (es decir, si el acusado no se conforma con la imputación y quiere que se enjuicie el delito), el señalamiento y las citaciones para el juicio ante el Juzgado de lo Penal se practican directamente por el Juez de guardia dentro de los quince días siguientes. De esta manera, para agilizar el trámite, la nueva ley prevé que el Juez de guardia programe la actuación del Juez de lo Penal, que es el que juzga, debiendo en todo caso realizarse esa programación de juicios coordinadamente.

 

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Juicio rápido por delito
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