Regulación del régimen económico matrimonial en la Comunidad Valenciana

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Civil

La Ley 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, preveía su aplicación a los matrimonios cuyos efectos debían regirse por la Ley valenciana, conforme a lo establecido en el Art. 3 ,Ley Organica 5/1982, de 1 de julio, y a las normas para resolver conflictos de leyes aprobadas por el Estado, en ejercicio de la competencia exclusiva que le reconoce la Constitución.

 

Novedad: Es preciso tener en cuenta la Tribunal Constitucional, nº 82/2016, de 28/04/2016, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 9888/2007, que DECLARA INCONSTITUCIONAL la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial, al considerar que invade comeptencias estatales

 

A pesar de anulación de la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano por la Tribunal Constitucional, nº 82/2016, de 28/04/2016, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 9888/2007, se hace conveniente describir el contenido de la citada ley, en lo concerniente a la regulación del régimen económico matrimonial en la Comunidad de Valencia, pues el TC establece que el pronunciamiento de inconstitucionalidad no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas.

Tal y como recogen losArt. 1-7 ,Ley 10/2007, de 20 de marzo, el régimen económico matrimonial valenciano, tenía como fundamento la plena igualdad jurídica de los cónyuges y se definía por la libertad civil entre los mismos. Ello se traducía en la posibilidad de establecer en la carta de nupcias todo aquello que considerasen conveniente, sin otras limitaciones que las establecidas en la ley.

La misma libertad se preveía para los casos de modificación de lo establecido, con la precisión de que de dicha variación en el régimen económico matrimonial valenciano no perjudicase los derechos ya adquiridos por terceros antes de su efectivo conocimiento o, en todo caso, de la publicación oficial en el registro público competente.

A falta de carta de nupcias o capitulaciones matrimoniales, el régimen económico aplicable sería el de separación de bienes, sin que la celebración del matrimonio tuviese otra trascendencia económica para los consortes que la de afectar sus respectivas rentas y patrimonios al levantamiento de las cargas del matrimonio.

La ley establecía que se entenderían por cargas del matrimonio (Art. 9 ,Ley 10/2007, de 20 de marzo), los gastos necesarios para el mantenimiento de la familia, con la adecuación a los usos y el nivel de la vida familiar. Englobaban, principalmente, los gastos para cumplir el deber alimenticio, las atenciones de previsión adecuadas a los usos y circunstancias de la familia y los gastos de adquisición, conservación y mejora de los bienes y derechos de titularidad conjunta y los mismos gastos en relación con los bienes de titularidad privativa de alguno de los miembros de la familia, pero sólo en proporción al valor de su uso, cuando este correspondiese a la familia y se ejercitase efectivamente por ella. Lo concerniente a la regulación de estos aspectos se encontraba englobado en los Art. 8-11 ,Ley 10/2007, de 20 de marzo.

De los actos de un cónyuge dirigidos a satisfacer las necesidades ordinarias de la familia, según los usos del lugar y las circunstancias de esta, respondían frente a terceros, en primer lugar y solidariamente, los bienes del cónyuge que hubiese contraído la deuda, los bienes agermanados y, en su caso, las donaciones por razón del matrimonio, y subsidiariamente, los del otro cónyuge.

En las relaciones internas entre los cónyuges, el que hubiese satisfecho más cantidad de la que le correspondía en atención al levantamiento de las cargas del matrimonio, tendría derecho a ser reembolsado por el otro cónyuge.

Por su parte, los Art. 12-15 ,Ley 10/2007, de 20 de marzo regulaban el trabajo para la casa, entendido como la contribución al levantamiento de las cargas del matrimonio, la atención especial a los hijos, discapacitados y ascendientes, que viviesen en régimen de dependencia económica y asistencial del matrimonio, y la colaboración no retribuida o insuficientemente retribuida que uno de los cónyuges prestase al otro en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional.

Para proceder a la valoración del trabajo para la casa, se debía de tener en cuenta el costo de tales servicios en el mercado laboral, los ingresos que el cónyuge que prestase tales servicios hubiese podido dejar de obtener en el ejercicio de su profesión u oficio como consecuencia de la dedicación al trabajo doméstico, o los ingresos obtenidos por el cónyuge beneficiario de tales servicios en la medida en que su prestación por el otro cónyuge le hubiese permitido obtenerlos.

En este sentido, se establecía la obligación de compensar dichos servicios al tiempo de la disolución del régimen económico matrimonial. No obstante, entendía la ley que no daba lugar a compensación, cuando el cónyuge con derecho a ella hubiese obtenido ventajas patrimoniales equiparables a la compensación, como consecuencia precisamente del régimen económico que ordenó su matrimonio.

Nada imposibilitaba que la compensación fuese compatible con otros derechos de carácter patrimonial a los que tuviese derecho el cónyuge que pudiese exigir aquella y que tuviese causa jurídica diferente de la del derecho a obtener la compensación, como es el caso de la pensión compensatoria.

En cuanto a los actos dispositivos sobre la vivienda habitual de la familia, (Art. 16-21 ,Ley 10/2007, de 20 de marzo), los requisitos se encontraban recogidos concretamente en el Art. 16 ,Ley 10/2007, de 20 de marzo.

El acto de disposición sobre la vivienda habitual de la familia efectuado por el cónyuge titular sin el consentimiento del otro o sin la correspondiente autorización judicial, podía ser anulado a instancia del otro cónyuge. 

Lo referente a la carta de nupcias o capitulaciones matrimoniales se contenía en losArt. 22-30 ,Ley 10/2007, de 20 de marzo, pudiendo ser otorgado por quienes pudiesen válidamente contraer matrimonio. En caso de que su estipulación se llevase a cabo antes de celebrar el matrimonio, sólo producía efectos una vez que este se contrajese.

Los Art. 31-37 ,Ley 10/2007, de 20 de marzo, abordaban la regulación relativa a las donaciones por razón del matrimonio, consideradas como las hechas por uno de los contrayentes o de los cónyuges a favor del otro en consideración al matrimonio que se fuese a celebrar o que se hubiese celebrado y aquellas que otorgasen otras personas con la misma consideración, o para ayudar al levantamiento de las cargas del matrimonio. Igualmente, los cónyuges podrían realizar donaciones entre sí por razón del vínculo que existía entre ellos hasta ese momento, después de la separación o disolución del matrimonio.

En cuanto a los derechos constituidos por terceros a favor de los cónyuges en la carta de nupcias o capitulaciones matrimoniales, se entendían atribuidos por razón de su matrimonio y, en principio, quedaban extinguidos por la disolución o separación matrimonial de los consortes, salvo que, a pesar de constituirse en los capítulos, tuviesen una causa jurídica distinta que no hiciese incompatible su mantenimiento con la nueva situación de los beneficiarios o titulares de los mismos.

Respecto a los derechos que los terceros constituían a favor de los hijos de los cónyuges, no se extinguían por la disolución o la separación del matrimonio de sus padres, a menos que el mantenimiento de tales derechos fuese radicalmente incompatible con esta nueva situación.

Una figura específica de Valencia es la germanía, que se encontraba regulada en los Art. 38-43 ,Ley 10/2007, de 20 de marzo. Esta era definida por la ley como una comunidad en mano común de bienes, pactada entre los esposos en carta de nupcias o capitulaciones matrimoniales antes de contraer matrimonio, con ocasión de este, o bien en cualquier momento con posterioridad, que modifique la carta de nupcias o capitulaciones.

Como el resto de los bienes del matrimonio, los bienes agermanados estaban principalmente afectos al levantamiento de las cargas del matrimonio.

La germanía comprendía todos, alguno o algunos de los bienes de los esposos. Su composición podía modificarse durante su vigencia, tanto en el sentido de aportar bienes a la misma, como en el de excluir bienes de ella. En todo caso, el cambio de régimen jurídico de un bien no perjudicaba los derechos adquiridos por terceros antes de la publicidad registral de aquel o antes de que tuviese el tercero conocimiento del mismo.

Finalmente, conviene considerar que en defecto de pacto entre los cónyuges respecto del régimen económico al que debían sujetar su matrimonio o si tal pacto fuese o deviniese ineficaz, el régimen económico matrimonial era el de separación de bienes (Art. 44-48 ,Ley 10/2007, de 20 de marzo), de manera que la celebración de las nupcias, excepto lo que resultase de las normas imperativas y de lo que se hubiese convenido por los contrayentes, no afectaba, por sí sola, ni a la composición de sus patrimonios respectivos ni a los derechos ni facultades que ostentasen sobre los mismos, que quedaban, sin perjuicio del principio de responsabilidad patrimonial universal, afectos especialmente al levantamiento de las cargas del matrimonio en la proporción que los cónyuges conviniesen y, a falta de acuerdo, en proporción a la cuantía de sus patrimonios y rentas que los formasen.

En este caso, de las obligaciones y responsabilidades que hubiese contraído cada cónyuge en el ejercicio de su libertad civil patrimonial y sin relación con el deber de contribuir al levantamiento de las cargas del matrimonio, respondía él mismo exclusivamente con todos sus bienes presentes y futuros.

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