La representación en el ámbito de la empresa

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    MATERIAS NO ESPECIFICADAS

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil

La representación es muy importante en el ámbito empresarial. Son necesarios representantes para el desarrollo de la actividad de la empresa en el mercado. Se hace necesario empezar distinguiendo entre representación legal (es la Ley la que impone esa representación para suplir la falta o limitación de capacidad de obrar de un sujeto, no tiene su origen en la voluntad del representado) y representación voluntaria (es el propio interesado quien designa a una persona para que actúe por él, en el ejercicio de su plena capacidad de obrar, por medio de un contrato).

 

El empresario puede atribuir poderes especiales a determinadas personas físicas o jurídicas para ampliar su actuación en el mercado. Es el empresario quien decide las funciones que cada auxiliar va a desarrollar. Esta representación se puede inscribir en el Registro Mercantil, aunque en algunos casos la inscripción será obligatoria. Si la posición del auxiliar implica la actividad frente a terceros, la Ley considera que el auxiliar está dotado de las facultades necesarias para realizar dichas actividades sin necesidad de apoderamiento expreso. Se trata de la representación aparente.

El Código de Comercio considera a los auxiliares como una subespecie de mandatarios. La relación entre el empresario y el auxiliar se encuadra dentro del contrato laboral. Se aplica el contrato laboral con independencia de su remuneración y el nivel del cargo. Con la finalidad de lograr la seguridad jurídica que rige el ordenamiento mercantil, y debido a la celeridad  y protección de la apariencia del comercio, el Código de Comercio ha prestado especial importancia a la protección de la confianza de los terceros en la representación de los auxiliares.

Como vimos, los apoderados generales podrán realizar todos aquellos negocios jurídicos propios del tráfico de la empresa y, si actúa fuera de dicho ámbito, necesita ratificación del empresario o, al menos, autorización tácita. Se pueden limitar, además, las facultades de los auxiliares debiendo romperse, para ello, la apariencia registral, que deberá realizarse por medios registrales o cualquier tipo de publicidad privada o pública. Pero esta limitación de facultades de un auxiliar no puede llevar a su desnaturalización y convertirlo en una figura jurídica diferente.

Un mismo empresario puede tener varios factores. En este caso, cada uno de ellos puede ser autónomo respecto de los demás o depender de otro apoderado general, según lo decida el empresario. El factor necesita capacidad para obligarse y poder de la persona por cuya cuenta actúa. Y esta representación puede incluso continuar en caso de la muerte del empresario, cuando el heredero es menor o incapaz y necesita que la actividad empresarial que realizaban los causantes del menor se complemente con la actuación del representante general, nombrado por sus guardadores, si estos no pudieran comerciar por incompatibilidades o incapacidades.

El principal deber del factores realizar las funciones que el empresario le hubiese encomendado, actuando con la diligencia de un buen empresario. Si incumple o realiza con negligencia sus funciones, el factor responderá frente al principal, entendido como aquel en nombre y por cuenta de quien se actúa el factor, de todos los prejuicios causados. Además, el factor no puede delegar en otro el encargo, salvo permiso del empresario, pues de lo contrario, también rendirá cuentas frente a éste.  El factor debe expresar, en sus relaciones con terceros, que actúa en nombre del empresario individual o de la sociedad mercantil que representan.

Además, el factor no puede realizar, por cuenta propia, operaciones del mismo género que las que constituyen el objeto del tráfico del establecimiento, salvo expresa autorización del empresario. En caso de incumplir dicha prohibición se le otorgan los beneficios, que el factor obtuviese del negocio, al empresario. El factor debe  expresar en todo contrato que hacen con poder o en nombre de la sociedad que representan (Art. 284 ,Código de Comercio). Cuando el factor realice esto los actos tendrán eficacia directa, es decir, todas las obligaciones recaerán sobre el principal. El empresario queda obligado con el tercero con el que el factor hubiese contratado, de forma inmediata, como si lo hubiera hecho el propio empresario. Sólo podrá dirigirse el contratante contra el factor cuando los bienes de éste y del empresario se confundan. Sin embargo, si el factor contrata en nombre propio y no en nombre del principal, se produce efecto indirecto, es decir, obliga directamente al factor. La ley impone la responsabilidad patrimonial al factor que actúa en nombre propio como si el negocio fuera suyo. Los beneficios que del negocio realizado por el factor en nombre propio irán a parar al patrimonio del principal, pero no las deudas, que las asume el factor. Esto encuentra su excepción en el factor notorio que, por razón de la seguridad jurídica, el tercero puede elegir dirigirse contra el principal  o contra el factor.

El factor necesita un poder general pues, de lo contrario, no será factor. Se entiende que es un apoderado general cuando esta concebido en términos generales o cuando se le atribuyen una serie de facultades que, en su conjunto, permiten la dirección de la empresa o de un establecimiento mercantil. Este apoderamiento puede ser expreso (verbal o escrito) o tácito, cuando se coloca a una persona con plenas capacidades al frente de un establecimiento. Se diferencian los factores con poderes inscritos y sin poderes inscritos.

Si el empresario está inscrito en el registro mercantil, el factor debe inscribirse. Para que dicho poder pueda inscribirse es necesaria escritura pública, aunque puede hacerse a través de una sola (en la misma escritura pública se identifica al apoderado y enumeran sus facultades) o de varias (en la primera se enumeran las facultades y en la segunda se nombra al factor). Esta última es muy útil en caso empresas con amplias redes de sucursales. Así, en los ceses y posteriores nombramientos no será necesario volver a enumerar las facultades del factor, sino que se limitará a remitirse a esa primera escritura pública. Este poder puede ser modificado o eliminado. 

El apoderamiento puede extinguirse por revocación del principal o por renuncia del factor. Esta extinción debe inscribirse en el Registro Mercantil. En relación con la revocación, depende de la forma de apoderamiento. Si fue verbal, puede ser verbal o escrito, pero si fue escrito deberá ser necesariamente escritura pública. Es necesario que la revocación se ponga en conocimiento del apoderado. Los efectos de la revocación frente a terceros comenzarán cuando se inscriba y publique en el Registro Mercantil. También se puede extinguir por enajenación del establecimiento, salvo que expresamente se hubiese pactado lo contrario. En este caso se deberá comunicar al factor la transmisión del establecimiento.

Sin embargo, la muerte o la declaración de fallecimiento del empresario no extinguen el apoderamiento, obligando con sus actos al heredero del patrimonio empresarial, pudiendo ser revocado por éste. Por lo que se refiere a la renuncia del factor, éste deberá ponerlo en conocimiento del principal, debiéndole indemnizar si la renuncia le causase perjuicios al principal, salvo que el factor deba renunciar por causas de severa importancia para su persona o patrimonio. En caso de muerte o incapacidad del factor, sus herederos deberán comunicar tal hecho al principal, aunque esto no constituye aceptación tácita de la herencia.

El factor tiene derecho a una retribución, no por la representación, sino por la actividad laboral. Pero se puede interesar al factor para estimularlo en sus actos mercantiles.  Se trata de de otorgarle una participación en los resultados por el obtenido en la actividad empresarial. Dicha participación se fija por las partes. De lo contrario se aplica supletoriamente  el Art. 288 ,Código de Comercio

El poder de representación del factor se extiende al giro y tráfico del establecimiento. Tiene facultades para dirigir y contratar sobre todo lo relacionado con el establecimiento, debiendo interpretarse no como el objeto social de la empresa sino como aquellas actividades que se realizan efectivamente en el establecimiento. 

Si el factor no está al frente de un establecimiento, el poder de representación comprenderá toda la actividad que normalmente desarrolle el empresario, individual o social, sin necesidad de enumerar las facultades cuando se otorga el poder. Así, a través de la actuación del factor dentro del giro y tráfico empresarial se obliga al principal. Toda actuación fuera de ese tráfico no obligará al principal, salvo orden expresa del mismo. A pesar de estas facultades ilimitadas del factor, se pueden limitar, como se deduce del Art. 281 ,Código de Comercio y Art. 282 ,Código de Comercio, estableciendo un contenido mínimo que habrá de respetarse siempre, de lo contrario, no habrá tal representación general. Además, los administradores de las sociedades de capital  que tengan atribuido el poder de representación, lo tendrán en todos los actos comprendidos en el objeto social de la sociedad, siendo ineficaz cualquier limitación de las facultades, aunque se inscriban en el Registro mercantil.

Es necesario destacar la figura del factor notorio. Este es el factor notoriamente conocido al frente de una empresa o establecimiento mercantil, careciendo de apoderamiento expreso, es aparente. Ha de manifestar, en todas sus actuaciones, que actúa en nombre de su representado, el ámbito de su poder de representación y el nombre de su representado.

Los contratos realizados por el factor notorio se entenderán hechas por el empresario siempre que se encuentren dentro de giro de la empresa. No necesita expresar que actúa en nombre de la empresa. Esto se debe a que la notoriedad hace nacer en el tercero de buena fe la creencia de que contrata con un verdadero apoderado. En este caso, al no estar inscrito, no se puede limitar, por lo que tiene los poderes que se corresponden con el tráfico de la empresa. Esto se debe a razones de seguridad jurídica, pues mientras que en el caso de los factores inscritos los terceros pueden conocer sus facultades, no ocurre lo mismo con los notorios.

 

 

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