La representación y defensa de las partes en el procedimiento contencioso-administrativo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 03/02/2022

La representación y defensa de las partes en el procedimiento contencioso-administrativo encuentra su regulación en los artículos 23-24 de la LJCA. Tales preceptos deben ser completados, en el caso de las Administraciones públicas, con lo dispuesto en el artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante, LOPJ). 

Representación y defensa de las partes en la LJCA

Los artículos 23-24 de la LJCA constituyen el capítulo III «Representación y defensa de las partes».

Representación y defensa (art. 23 de la LJCA)

En cuanto a la representación y defensa de las partes, el cual regula el artículo 23 de la LJCA, es importante diferenciar ante qué tipo de órgano van a llevarse a cabo las actuaciones.

1. Órganos unipersonales

Si se llevan a cabo ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un procurador y serán asistidas, en todo caso, por abogado. Los órganos unipersonales en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo son los juzgados de lo contencioso-administrativo y los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo.

En el caso de que las partes confieran su representación al abogado, será a este a quien se notifiquen las actuaciones. Por lo tanto, cuando no intervenga procurador, el abogado ostentará la defensa y también la representación, lo que debe ser así manifestado, tal y como ha venido indicando reiterada jurisprudencia, sirviéndonos de ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo n.º 1424/2020 de 29 de octubre (ECLI: ES:TS:2020:3709), que indica lo siguiente al respecto:

«[...] la designación de letrado de oficio se efectúa para que asuma la defensa, de forma que si el interesado quiere hacer uso de la facultad que le ofrece el art. 23.1 LJCA y atribuir su representación al letrado que ha sido designado para su defensa, debe manifestarlo así y atribuirle tal representación en la forma establecida en las leyes procesales. La propia designación colegial que obra aportada a los autos refleja que tiene por objeto "la defensa", que no la representación procesal del interesado (...). Así pues, no habiéndose atribuido tal representación al letrado firmante de la demanda, no consta la voluntad de interponer el recurso por parte del verdadero legitimado para su interposición. Y esta ausencia de voluntad no puede ser suplida por el Juzgado e impide, asimismo, que pueda activarse el mecanismo de designación colegial de procurador de oficio previsto en el art. 21 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, además de no ser imprescindible la intervención de procurador ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo (art. 23.1 LJCA).

Por todo ello, la falta de acreditación por el letrado de oficio de la representación que afirmaba ostentar no puede considerarse el incumplimiento de una mera formalidad procesal, sino la ausencia de un verdadero presupuesto del proceso atinente a la postulación procesal que debe cumplirse en la forma prevista por las leyes procesales, esto es, mediante un acto de atribución expresa de la representación, bien mediante poder notarial, bien mediante comparecencia apud acta (art. 24 LEC), requisitos estos que rigen, tanto cuando asume la representación un letrado de libre designación como cuando la asume uno designado de oficio».

JURISPRUDENCIA

  • Apoderamiento de extranjero inválido procesalmente. El juzgado no tiene obligación alguna de requerir, ni a través de la abogada que asiste al extranjero, ni de oficio al Colegio de Procuradores, la designación de procurador de oficio. Ante los juzgados no es preceptiva la intervención de procurador y el recurrente estuvo asistido de abogada.

Tribunal Supremo (Sala 3.ª, sección 5.ª). Sentencia de 3 de diciembre de 2020, rec. 6986/2019 (ECLI:ES:TS:2020:4020).

«Quinto. Con carácter subsidiario se sostiene por el recurrente que, el juzgado, al entender que dicho apoderamiento no era válido procesalmente, bien debió requerir a la letrada para que pidiera en su nombre procurador de oficio a que tenía derecho, bien pedirlo directamente el mismo juzgado al Colegio de Procuradores, ello en aplicación del artículo 6.3 de la LAJG y 18 del Reglamento aprobado por Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, dado que había manifestado la intención de recurrir en vía contencioso-administrativa estando privado de libertad ante el director del CIE en que estaba ingresado, apoderando a la letrada que lo asiste, para realizar la actuaciones que para ello fuera preciso.

Tampoco este planteamiento puede acogerse, pues el artículo 6.3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, se refiere al contenido material del derecho, que comprende, entre otros, “la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o cuando, no siéndolo, se dé alguna de las siguientes circunstancias: a) su intervención sea expresamente requerida por el juzgado o tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso”. Situación que no se ha planteado en este proceso, en el que el recurrente ha dispuesto en todo momento de la asistencia letrada, que juntamente con los pronunciamientos del órgano judicial, le han permitido conocer la necesidad de otorgar el correspondiente apoderamiento o instar su otorgamiento de oficio. […].

Por las mismas razones decaen las alegaciones sobre la designación de procurador de oficio por comunicación del Colegio de Abogados o a instancia del juzgado, que la parte funda en una redacción del artículo 18 del Real Decreto 996/2003 que no responde al texto consolidado, pero que en sus previsiones se someten, respectivamente, a los supuestos en que la intervención de procurador fuera preceptiva (art. 11), que no es el caso; y que estimara preciso por el juez asegurar de forma inmediata los derechos de defensa y representación de las partes (art. 13), que tampoco es el caso, ya que el recurrente está asistido e interviene mediante letrada y es precisamente a la misma a la que se requiere para que subsane el defecto procesal de falta de representación que se advierte por el juzgado, sin que atienda tal requerimiento por alguna de las formas que el ordenamiento jurídico establece ni justifique la concurrencia de una circunstancia impeditiva al efecto, de hecho se ha producido el otorgamiento de representación procesal en este recurso de casación».

2. Órganos colegiados

Si se realizan (las actuaciones) ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un procurador y ser asistidas por abogado. Los órganos colegiados en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo son, las salas de lo contencioso-administrativo de cada Tribunal Superior de Justicia, la de la Audiencia Nacional y la del Tribunal Supremo.

Se observa la diferencia entre las actuaciones ante órganos unipersonales y órganos colegiados, ya que en el primer caso contar con procurador es facultativo y, en el segundo caso, resulta obligatorio. En cuanto al abogado, como vemos, en el orden contencioso-administrativo, es preceptivo en ambos casos.

El requisito legal de que las partes comparezcan representadas por procurador y asistidas o defendidas por abogado es definido como postulación procesal. Por tanto, su incumplimiento deberá ser observado de oficio por el juez, que podrá otorgar un plazo de subsanación. En este sentido, la citada sentencia del Tribunal Supremo n.º 1424/2020, de 29 de octubre (ECLI:ES:TS:2020:3709), añade:

«El derecho a la tutela judicial efectiva “no tiene un alcance absoluto o ilimitado, de modo que la decisión del juzgador de exigir el cumplimiento del requisito de acreditar la postulación del compareciente en juicio, impuesto por el artículo 45.2 a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con lo dispuesto en el artículo 23 de la LJCA, y sancionar su incumplimiento con la inadmisión del recurso contencioso-administrativo y el archivo de las actuaciones, no es lesiva de este derecho fundamental pues no supone negar injustificadamente el derecho de acceso a la jurisdicción [...] requiere que la parte actora, que ostenta interés legítimo para ejercer las acciones contra la actuación de la Administración en la jurisdicción contencioso-administrativa, confiera su representación, en las formas admitidas en Derecho, a un procurador o al abogado para que comparezca en juicio y actúe e intervenga en su nombre, en la medida en que constituye un presupuesto de la validez del proceso”. [...]

Así pues, quien ostenta el derecho de acceso a la jurisdicción, como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, es el propio interesado que es el legitimado para iniciar el proceso (art. 19 de la LJCA)».

Asimismo, el artículo 23.3 de la LEC establece que es incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales.

A TENER EN CUENTA. Los funcionarios públicos podrán comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios cuando se trate de cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.

3. Representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales

Por último, en lo referente a la representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales, el artículo 24 de la LJCA establece que se regirá por lo dispuesto en la LOPJ y en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, así como las normas que hayan dictado las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias.

  • Representación y defensa del Estado (art. 551.1 de la LOPJ): la representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, así como la representación y defensa de los órganos constitucionales cuyas normas internas no establezcan un régimen especial propio, corresponderá a los abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado. Los abogados del Estado podrán representar y defender a los restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y disposiciones de desarrollo.
  • Representación y defensa de la Administración de la Seguridad Social (artículo 551.1.2.º de la LOPJ): la representación y defensa de las entidades gestoras, servicios comunes y otros organismos o entidades de naturaleza pública, que conforme a la ley integran la Administración de la Seguridad Social, sin incluir, en consecuencia, la de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, corresponderá a los letrados de la Administración de la Seguridad Social, integrados en el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, tales funciones puedan ser encomendadas a abogado colegiado especialmente designado al efecto.
  • Representación y defensa de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, Senado, Junta Electoral Central (artículo 551.2 de la LOPJ): la representación y defensa de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados, del Senado, de la Junta Electoral Central y de los órganos e instituciones vinculados o dependientes de aquellas corresponderá a los letrados de las Cortes Generales integrados en las secretarías generales respectivas.
  • Representación y defensa de las Comunidades Autónomas y de las Administraciones locales (art. 551.3 de la LOPJ): corresponderán a los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas Administraciones públicas, salvo que designen abogado colegiado que les represente y defienda. Los abogados del Estado podrán representar y defender a las comunidades autónomas y a los entes locales en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y su normativa de desarrollo.
Subsanación de los defectos de postulación

La regla general es que los defectos de postulación son subsanables en el plazo de diez días (arts. 45.3, 56.2, 59.1 y 138.1 de la LJCA). No obstante, en la práctica se suscita una variada problemática que se va resolviendo jurisprudencialmente, tal y como se expone a continuación.

JURISPRUDENCIA

  • Plazo para subsanar la acreditación de la representación procesal: dentro de los diez que el letrado de la Administración de Justicia debe conceder a tal fin, aunque el día en que tenga lugar sea posterior a aquél en que había vencido el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo.
  • Validez de la representación, aunque el poder o apoderamiento se otorgue a raíz del requerimiento de subsanación, es decir, después de éste, sin existir antes.
  • Lo expuesto es aplicable cualquiera que sea el modo en que la representación procesal quede finalmente acreditada, ya sea a través de un poder para pleitos o mediante una designación apud acta.

Tribunal Supremo (Sala 3.ª, Sección 5.ª). Sentencia de 13 de mayo de 2020, rec. 4715/2017 (ECLI:ES:TS:2020:1092). Criterio interpretativo.

«[…] Siendo así que la falta de acreditación de la representación procesal es, en principio o en sí mismo, un defecto subsanable, procede fijar la atención en el último inciso de aquel precepto, es decir, el que remite, para subsanar, al procedimiento establecido en las leyes.

Ese procedimiento, para el caso que nos ocupa, es el que prevé el artículo 45.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), cuyo inciso final ordena que el letrado de la Administración de Justicia requiera inmediatamente de subsanación, “señalando un plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto”, a lo que añade, acto seguido, que “si no lo hiciere, el juez o tribunal se pronunciara sobre el archivo de las actuaciones”.

Ese mismo plazo de diez días para subsanar es el que establece el artículo 138 de la LJCA en sus números 1 y 2, ordenando en el número 3 que “sólo cuando el defecto sea insubsanable o no se subsane debidamente en plazo, podrá ser decidido el recurso con fundamento en tal defecto”.

Por tanto, del régimen jurídico-procesal que establecen la LOPJ y la LJCA, debe extraerse el principio de que todo defecto subsanable queda subsanado si ello se hace en el plazo de diez días, bien desde que la parte recurrente fue requerida a tal fin antes de admitir a trámite el recurso (supuesto de autos), bien desde que debió tener por procesalmente trasladada a su conocimiento una alegación clara que sobre la existencia del defecto hubiera hecho alguna de las otras partes en el curso del proceso, o bien desde que le fue notificada la diligencia de ordenación que ha de dictarse si es el juzgado o tribunal el que, tramitándose el proceso, aprecia el defecto (supuestos, estos dos últimos, que derivan de la interpretación que hizo el Pleno de esta Sala en su sentencia de 5 de noviembre de 2008, dictada en el recurso de casación n.º 4755/2005, sobre los números 1 y 2 del art. 138 de la LJCA).

B) Pese al tenor del artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que, en lo que ahora importa, no difiere significativamente en sus cuatro sucesivas redacciones, y que ordena que el poder notarial o el apoderamiento apud acta se acompañarán al primer escrito que el procurador presente o, en su caso, antes de la primera actuación, no cabe deducir de él, ni del conjunto de los preceptos de esa ley, un principio contrario a la posibilidad de subsanar los defectos subsanables. Ante todo, porque el mandato que establece el artículo 24, de acompañar al inicio el documento acreditativo de la representación, es, en sí mismo, el que rige en todos los órdenes jurisdiccionales para las actuaciones de parte en que sea exigible la representación procesal. También, porque una labor de interpretación que condujera a afirmar tal principio contrario, habría de justificar la razón normativa por la que inaplica aquel artículo 11.3 de la LOPJ, cuyos destinatarios son todos los juzgados y tribunales. Asimismo, porque no es ese principio el que se deduce, por ejemplo, de los artículos 231, 418 y 559 de la propia LEC. Y, en fin, porque la STC 287/2005, de 7 de noviembre, a cuyos FFJJ nos remitimos, afirma que el tenor de aquel artículo 24 de la LEC no impide subsanar los defectos procesales subsanables.

C) El principio que hemos afirmado en el último párrafo de la letra A) de este fundamento de derecho rige, siempre que la subsanación se produzca dentro del plazo de diez días que debe concederse para ello, aunque el día en que tenga lugar sea posterior a aquél en que había vencido el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo. Ello es así, o así debe entenderse, porque en otro caso carecerían de sentido las previsiones de los artículos 45.3 y 138 de la LJCA. Más en concreto, debe observarse que el primero de ellos se refiere a la “validez de la comparecencia”, no teniéndola por tal en el caso —además de otros posibles— en que “con el escrito de interposición no se acompañan los documentos expresados en el apartado anterior o los presentados son incompletos”; o lo que es igual, en lo que ahora interesa, si no se acompaña o es incompleto “el documento que acredite la representación del compareciente” [letra a) del núm. 2 del art. 45]. Siendo así, y siendo posible y lícito que el escrito de interposición se presente el último día del plazo hábil para ello, carecería de todo sentido el requerimiento de subsanación que ordena realizar su número 3 en los términos en que lo hace, pues fácil hubiera sido construir la norma añadiendo que el plazo de subsanación finalizaría en todo caso el día en que venciera el plazo de interposición.

D) Esa posibilidad de que la subsanación se produzca, aunque el día en que tenga lugar sea posterior a aquél en que venció el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo, no contraviene el principio de seguridad jurídica. De entrada, porque la excesiva carga de trabajo que en general soportan los órganos de esta jurisdicción, hace usual que el acuerdo que tiene por interpuesto el recurso y su notificación tengan lugar fechas más tarde del vencimiento de aquel plazo. También, porque el breve plazo que se establece para la subsanación, diez días, no es apto para generar un estado de incertidumbre. Y, en fin, porque en el plano de lo que jurídicamente ha de ser conocido, la parte o partes contrarias han de saber que cabe un procedimiento de subsanación y, además, podrán conocer a través de los registros del órgano competente si se ha presentado o no un recurso contra la concreta actuación administrativa que apremie ejecutar, interese o favorezca.

E) Tampoco cabe negar esa posibilidad aunque el poder o apoderamiento se otorgue a raíz del requerimiento de subsanación, es decir, después de éste, sin existir antes, pues tal situación no merece otra valoración que la propia de un mero defecto formal sin transcendencia invalidante, ya que no es imaginable que quien ejerce la profesión de procurador de los tribunales comparezca ante un órgano jurisdiccional en nombre de una persona sin que tal comparecencia vaya precedida de una encomienda para ello recibida de esa persona o desde la dirección letrada que le asesora.

[…]

G) Por fin, nada autoriza en nuestro ordenamiento jurídico procesal que la interpretación que sostenemos en esta sentencia deba ser distinta según que la representación procesal quede finalmente acreditada a través de un poder para pleitos o mediante una designación apud acta».

El Tribunal Supremo (Sala 3.ª) reproduce esta doctrina en las siguientes sentencias:

  • 13 de mayo de 2020 (dos), recs. 4715/2017 y 4743/2017 (ECLI:ES:TS:2020:109 y ECLI:ES:TS:2020:1090).
  • 27 de mayo de 2020, rec. 687/2019 (ECLI:ES:TS:2020:1412).
  • 3 de febrero de 2021, rec. 1341/2020 (ECLI:ES:TS:2021:606).
  • 14 de abril de 2021, rec. 4621/2019 (ECLI:ES:TS:2021:1338).
  • 30 de junio de 2021, rec. 567/2020 (ECLI:ES:TS:2021:2603).
  • 29 de septiembre de 2021, rec. 1200/2020 (ECLI:ES:TS:2021:3743).

  • Representación procesal del extranjero privado de libertad. No basta la manifestación ante el director del CIE.

Tribunal Supremo (Sala 3.ª, Sección 5.ª). Sentencia de 3 de diciembre de 2020, rec. 6986/2019 (ECLI:ES:TS:2020:4020).

«Tercero. […] hemos reiterado en sentencia de 23 de julio de 2020 (rec. 4657/19), que la designación de oficio de letrado para la defensa del interesado no se extiende a la representación procesal, de manera que ha de cumplirse tal requisito de postulación mediante la expresa voluntad del interesado sobre la designación de su representante en el proceso, formalizándose en cualquiera de las maneras establecidas al efecto, incluida la solicitud de designación de oficio, sin que pueda entenderse satisfecha dicha exigencia procesal mientras no conste, en alguna de las formas que el ordenamiento jurídico establece, que la intervención como representante en el proceso responde a la voluntad del titular de hacer valer su derecho en el proceso de que se trate.

Se mantiene el criterio en las sentencias de 10 de febrero de 2010 (rec. 531/2019) y 26 de febrero de 2020 (rec. 1531/2019), en las que, a propósito de la cuestión planteada en dichos recursos sobre quién debe ser el destinatario del requerimiento de subsanación, se parte de la consideración de que, si bien en supuestos como el presente el letrado designado de oficio puede actuar, también, como representante del interesado, “ha de justificar que ostenta tal representación mediante poder notarial o comparecencia apud acta, sin que sea suficiente la designación como tal letrado de oficio, de manera que si el letrado pretende hacer uso de tal posibilidad de personarse, además, como representante del interesado, debe acreditar en la forma legalmente exigida la realidad de la representación que dice ostentar”.

Cuarto. […] En consecuencia y en relación con la primera parte de la cuestión de interés casacional suscitada en el auto de admisión, ha de entenderse que el hecho de que el interesado, extranjero privado de libertad, manifieste ante el director del CIE bajo cuyo control se encontraba tanto su voluntad de recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa como el otorgamiento de su representación a favor del referido abogado que le asiste, no permite considerar acreditada la representación del interesado por parte de su abogado al interponer recurso contencioso-administrativo, ni resulta de la designación de dicho abogado de oficio».

  • Actuación ante órganos judiciales unipersonales. La designación de abogado de turno de oficio ante órganos unipersonales no excluye la exigencia legal de otorgamiento de la representación.

Tribunal Supremo (Sala 3.ª, Sección 5.ª). Sentencia de 16 de julio de 2020, rec. 2196/2019 (ECLI:ES:TS:2020:2692). Criterio interpretativo:

«(...) la actuación ante órganos judiciales unipersonales la designación de letrado por el turno de oficio no excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta».

Ratifican esta doctrina las siguientes sentencias del Tribunal Supremo:

  • 22 de julio de 2020, rec. 5312/2019 (ECLI:ES:TS:2020:2672).
  • 30 de julio de 2020, rec. 5628/2019 (ECLI:ES:TS:2020:2657).

Tribunal Supremo (Sala 3.ª, Sección 5.ª). Sentencia de 29 de julio de 2020, rec. 5160/2019 (ECLI:ES:TS:2020:2663).

«Es jurisprudencia reiterada y uniforme de esta Sala que la designación de abogado de oficio para interponer recurso contencioso-administrativo ante un órgano judicial unipersonal, debe ir acompañada de un poder de representación, notarial o apud acta, de la persona que desee recurrir en vía contenciosa.

La asistencia jurídica gratuita concedida a un extranjero, sin residencia o estancia acreditada en España, en el procedimiento administrativo oportuno ante la Policía, si se presenta un recurso contencioso administrativo contra la resolución en este caso de expulsión con prohibición de entrada por tres años, es exigible legalmente acreditar la “constancia expresa de la voluntad de [...] ejercitar la acción correspondiente de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil”, artículo 22.3 de la LO 4/2000, antes transcrito.

Los artículos 23 y 24 de la LEC determinan la necesidad de acreditar la representación con poder notarial o con poder apud acta mediante comparecencia personal ante el letrado de la Administración de Justicia de cualquier oficina judicial o por comparecencia electrónica en la correspondiente sede judicial.

La designación de letrado por el turno de oficio, tras la asistencia jurídica gratuita otorgada en vía administrativa, es un nombramiento para la defensa y dirección técnica del proceso, pero no se extiende, ni puede extenderse, a la representación de la parte.

Si el escrito de interposición del recurso está firmado solamente por el letrado que fue nombrado de oficio, es preciso acreditar la representación de la parte actora, que debe manifestar expresamente su voluntad de recurrir en vía contenciosa, otorgando poder de representación, bien a un procurador. Exigencia del artículo 23 de la LJCA. Y que aquí no ha ocurrido.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la imprescindibilidad, para actuar en representación de otro en un proceso, del consentimiento e inequívoco del representado, conferido a través del instrumento de poder notarial (ATC 276/2001, de 29 de octubre, FJ 3), o del poder apud acta (STC 205/2001, de 15 de octubre FJ 5). La importancia de la representación del interesado es constantemente presente en la doctrina del TC, así SSTC 205/2001, de 15 de octubre; 19/2003, de 30 de enero; 153/2008, de 24 de noviembre etcétera.

Y la jurisprudencia de esta Sala es clara y reiterada, debiendo mencionarse la de fecha 30 de junio de 2011, en el recurso en interés de la ley n.º 76/2009, así como las de esta misma Sala y sección de 10 de febrero de 2020, recurso 531/2019 (“el letrado designado de oficio [...] ha de justificar que ostenta tal representación mediante poder notarial o comparecencia apud acta, sin que sea suficiente la designación como tal letrado de oficio, de manera que si el letrado pretende hacer uso de la posibilidad de personarse además como representante del interesado, debe acreditar en la forma legalmente exigida la realidad de la representación que dice ostentar [...]”). Y también las sentencias de esta misma Sala y sección de 26 de febrero de 2020, recurso 153/2019, de 16 de julio 2020, recurso 2196/2019, entre otras».

El Tribunal Supremo (Sala 3.ª) reproduce esta doctrina de nuevo en la sentencia de 20 de octubre de 2020, rec. 5731/2019 (ECLI:ES:TS:2020:3395).

  • Representación procesal del extranjero. No subsanación. Procede el archivo.

Tribunal Superior de Justicia de Murcia (contencioso, Sección 2.ª). Sentencia de 18 de diciembre de 2020, rec. 163/2020 (ECLI:ES:TSJMU:2020:2496).

«De conformidad con el artículo 45.3 LJCA, si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos expresados en el apartado anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que el secretario judicial estime que no concurren los requisitos exigidos por esta ley para la validez de la comparecencia, requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el juez o tribunal se pronunciará sobre el archivo de las actuaciones.

Ciertamente es el tema de la representación y defensa de los extranjeros en los recursos que interponen contra las resoluciones dictadas en los expedientes de expulsión, una cuestión discutida y de interpretación divergente entre juzgados y tribunales; habiendo llegado a afirmar el Tribunal Constitucional, entre otras en sentencias de 6-9-2006, que es difícilmente rebatible la tesis de que para actuar en nombre de otro en un proceso resulta imprescindible el consentimiento expreso e inequívoco del representado, consentimiento habitualmente conferido a través del instrumento del poder notarial (ATC 2163/2001, de 29 de octubre), o del poder apud acta (STC 202/2001, de 15 de octubre). En definitiva, la demandante no ha observado la diligencia exigible a quien quiere promover un proceso, y, según hemos dicho en casos semejantes, no puede aducir indefensión material alguna quien “no ha observado la debida diligencia en la defensa de sus derechos porque el apartamiento del proceso al que se anuda dicha indefensión sea la consecuencia de la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte” (STC 228/2005, de 12 de septiembre). También el Tribunal Supremo, Sala Tercera, se pronuncia en tal sentido en sentencia de 11-3-2008, en relación con un supuesto en el que se había acordado el archivo por no cumplimentar el requerimiento realizado al procurador para que manifestase en el término de diez días si continuaba con la representación del recurrente, y que en tal caso debería acreditarlo mediante representación apud acta o poder bastante debidamente otorgado».

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LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 996/2003 de 25 de Jul (Reglamento de asistencia jurídica gratuita) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 188 Fecha de Publicación: 07/08/2003 Fecha de entrada en vigor: 08/08/2003 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia

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