Representación de las partes en el proceso laboral

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 01/06/2016

Proceso laboral: Las partes pueden comparecer por si mismas y defenderse.

Representación procesal: cuando las partes confían su representación a otra persona. Supuestos:

  • Representación no técnica: a cualquier persona con pleno ejercicio de sus ?derechos civiles?.
  • Representación técnica: a un procurador, abogado, graduado social.

Otorgamiento de la  representación: mediante poder notarial o comparecencia ante el secretario judicial.

Defensa técnica: en las demandas de todos los procesos laborales, sean de los juzgados de lo social o sala de lo social de la AN o TSJ las partes pueden defenderse a si mismas

Excepto: en los recursos de suplicación, casación, queja y revisión; y en la audiencia al rebelde la defensa por abogado es obligatorio.

El último apartado del Art. 17 ,Ley de Jurisdicción Social señala lo siguiente:

“Contra las resoluciones que les afecten desfavorablemente, las partes podrán interponer los recursos establecidos en esta Ley por haber visto desestimadas cualquiera de sus pretensiones o excepciones, por resultar de ellas directamente gravamen o perjuicio, para revisar errores de hecho o prevenir los eventuales efectos del recurso de la parte contraria o por la posible eficacia de cosa juzgada del pronunciamiento sobre otros procesos ulteriores.”

Para intervenir en juicio, las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. (1)

Esa representación podrá conferirse por medio de poder otorgado ante secretario judicial o por escritura pública.

La demanda podrá presentarse:

  1. Individualmente o de modo conjunto,
  2. En un solo escrito o en varios.

Se especifica el caso en los que demanden de forma conjunta más de diez actores. En estos casos, deberán designar un representante común, con el que se entenderán las sucesivas diligencias.

Este representante deberá ser necesariamente abogado, procurador, graduado social colegiado, uno de los demandantes o un sindicato. Dicha representación podrá conferirse mediante poder otorgado por comparecencia ante el secretario judicial, por escritura pública o mediante comparecencia ante el servicio administrativo que tenga atribuidas las competencias de conciliación, mediación o arbitraje o el órgano que asuma estas funciones. Junto con la demanda se deberá aportar el documento correspondiente de otorgamiento de esta representación.

En el párrafo tercero de este Art. 19 ,Ley de la Jurisdicción Social, se expresa en relación a esto anterior:

“Cuando se acuerde la acumulación de los procesos correspondientes a varias demandas presentadas contra un mismo demandado, afectando de este modo el proceso a más de diez actores, así como cuando la demanda o demandas se dirijan contra más de diez demandados, siempre que no haya contraposición de intereses entre ellos, el secretario judicial les requerirá para que designen un representante común, pudiendo recaer dicha designación en cualquiera de los sujetos mencionados en el apartado anterior. A tal efecto, junto con la comunicación a los actores de la resolución de acumulación, el secretario judicial les citará de comparecencia dentro de los cuatro días siguientes para el nombramiento del representante común; si el día de la comparecencia no asistiese alguno de los citados en forma, se procederá a la designación del representante común, entendiéndose que quien no comparezca acepta el nombramiento efectuado por el resto.”

El Art. 20 ,Ley de la Jurisdicción Social, se ocupa exclusivamente de la representación de realizada por sindicatos. Éstos podrán actuar en un proceso, en nombre e interés de los trabajadores y de los funcionarios y personal estatutario afiliados a ellos que así se lo autoricen, para la defensa de sus derechos individuales.

En la demanda, el sindicato habrá de acreditar la condición de afiliado del trabajador o empleado y la existencia de la comunicación al afiliado de su voluntad de iniciar el proceso. (2)

En la instancia, la defensa por abogado y la representación técnica por graduado social colegiado, tendrá carácter facultativo. Lo contrario ocurre en el caso del recurso de suplicación, y en el recurso de casación y actuaciones procesales ante el Tribunal Supremo, será preceptiva la defensa de abogado.

Al ser facultativo en la instancia, en caso de quiera contar con abogado y graduado social colegiado, habrá que hacerlo constar el demanda.

La solicitud de designación de abogado por el turno de oficio por los trabajadores y los beneficiarios del sistema de seguridad social que, por disposición legal ostentan todos, el derecho a la asistencia jurídica gratuita, dará lugar a la suspensión de los plazos de caducidad o la interrupción de la prescripción de acciones. Los funcionarios y el personal estatutario en su actuación ante el orden jurisdiccional social como empleados públicos gozarán de ese mismo derecho.

Por último dentro de este apartado de representación, el Art. 22 ,Ley de la Jurisdicción Social regula la representación y defensa del Estado y e las Entidades Gestoras y de los Servicios Comunes de la Seguridad Social.

Los Art. 23-24 ,Ley de Jurisdicción Social, regulan, como se ha diccho, la intervención del denominado FOGASA, “Fondo de Garantía Salarial”. Éste podrá comparecer como parte en cualquier fase o momento de su tramitación, en aquellos procesos de los que se pudieran derivar prestaciones de garantía salarial, sin que tal intervención haga retroceder ni detener el curso de las actuaciones. 

En los procedimientos de empresas incursas en procedimientos concursales, como las ya declaradas insolventes o desaparecidas, y en las demandas de las que puedan derivar la responsabilidad prevista en el apartado 8 del Art. 33 ,Estatuto de los Trabajadores ,el secretario judicial lo citará como parte, dándole traslado de la demanda a fin de que éste pueda asumir sus obligaciones legales e instar lo que convenga en Derecho.

También tendrá la consideración de parte en la tramitación de procesos arbitrales. Podrá impugnar los laudos arbitrales, las conciliaciones extrajudiciales o judiciales, los allanamientos y las transacciones aprobadas judicialmente, de poderse derivar de tales títulos obligaciones de garantía salarial, a cuyo efecto se le dará traslado de los mismos en dichos casos por la autoridad que los dicte o apruebe.

Para concluir, el Art. 24 ,Ley de Jurisdicción Social se refiere al pago de prestaciones por parte de este Fondo, y subrogación en los derechos y acciones de los trabajadores. Expresa lo siguiente:

“Si el pago de las prestaciones legalmente a cargo del Fondo de Garantía Salarial se hubiere producido con anterioridad al inicio de la ejecución, al instarse ésta, en subrogación de los derechos y acciones de los trabajadores que figuren en el título ejecutivo, deberá acreditarse fehacientemente el abono de las cantidades satisfechas y que éstas corresponden, en todo o en parte, a las reconocidas en el título.

Despachada ejecución, el secretario judicial dictará decreto haciendo constar la subrogación producida, que se notificará a los trabajadores afectados o a sus representantes, a quienes, por si pudieren conservar créditos derivados del propio título frente a la empresa ejecutada por la parte no satisfecha por el Fondo, se les ofrecerá la posibilidad de constituirse como ejecutantes en el plazo de quince días. Las cantidades obtenidas se abonarán prorrateadas entre el Fondo y los trabajadores en proporción a los importes de sus respectivos créditos.”

 

(1) Para ser parte en un proceso hay que tener interés legítimo; interés que existe siempre que de prosperar la acción iniciada el partícipe pueda obtener un beneficio o la desaparición de un perjuicio –Sentencias Tribunal Constitucional, nº 101/1996, de 11/06/1996, Rec. Recurso de amparo 1.849/1994, Tribunal Constitucional, nº 7/2001, de 15/01/2001, Rec. Recurso de amparo 502/1998, Tribunal Constitucional, nº 24/2001, de 29/01/2001, Rec. Recurso de amparo 4703/98, Tribunal Constitucional, nº 84/2001, de 26/03/2001, Rec. Recurso de amparo 324/1999 yTribunal Constitucional, nº 215/2001, de 29/10/2001, Rec. Recurso de amparo 1990/1999–.

(2) Los sindicatos estarán exentos de efectuar depósitos y consignaciones en todas sus actuaciones ante el orden social y gozarán del beneficio legal de justicia gratuita cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de los trabajadores y beneficiarios de la seguridad social.

 

 

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