Los requisitos de motivación y forma del acto administrativo

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Para conocer qué actos administrativos deben ser motivados, esto es, contar con una sucinta referencia de los hechos y fundamentos de derecho en que se basan, habrá que acudir a lo dispuesto en el Art. 35 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En cuanto a la forma del acto administrativo habrá que estar a los requisitos que al respecto establece el Art. 36 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La motivación de los actos administrativos

Por motivación se puede entender, según el Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ, la "exposición de las razones o fundamentos en que se basa una decisión" y, por motivación del acto administrativo, la "obligación del órgano que adopta la decisión de incluir en ella una exposición sucinta de los hechos y fundamentos jurídicos en los que se basa".

Características de la motivación según la jurisprudencia.

  • La motivación es una garantía en contra de la arbitrariedad

“La motivación no consiste ni puede consistir (...) en una mera declaración de conocimiento y menos aún en una manifestación de voluntad que sería una proposición apodíctica, sino que ésta —en su caso— ha de ser la conclusión de una argumentación ajustada al tema o temas en litigio, para que el interesado, destinatario inmediato pero no único, y los demás, los órganos judiciales superiores y también los ciudadanos, puedan conocer el fundamento, la ratio decidendi de las resoluciones. Se convierte así en una garantía esencial del justiciable mediante la cual, sin perjuicio de la libertad del juez en la interpretación de las normas, se puede comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad” (Tribunal Constitucional, nº 77/2000, de 27/03/2000, Rec. Recurso de amparo 3.791/1995)

El artículo 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , exige que sean motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos a que alude, consistiendo la motivación, como bien es sabido, en un razonamiento o en una explicación, o en una expresión racional del juicio, tras la fijación de los hechos de que se parte y tras la inclusión de éstos en una norma jurídica, y no sólo es una «elemental cortesía», como expresaba ya una Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 julio 1981 , ni un simple requisito de carácter meramente formal, sino que lo es de fondo e indispensable, cuando se exige, porque sólo a través de los motivos pueden los interesados conocer las razones que «justifican» el acto, porque son necesarios para que la jurisdicción contencioso-administrativa pueda controlar la actividad de la Administración, y porque sólo expresándolos puede el interesado dirigir contra el acto las alegaciones y pruebas que correspondan según lo que resulte de dicha motivación que, si se omite, puede generar la indefensión prohibida por el art. 24.1 de la Constitución”.

La motivación podrá ser sucinta, como señala la norma, pero ha de ser suficientemente indicativa de las razones que llevan a la resolución que se adopte, por tanto su extensión estará en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione o de la mayor o menor dificultad del razonamiento que se requiera, lo que implica que puede ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones, cuando no son precisas más explicaciones ante la simplicidad de la cuestión que se plantea y que se resuelve o que ha ser exhaustiva y compleja cuando las circunstancias del asunto así lo requieren (Cfr. Tribunal Constitucional, nº 37/1982, de 16/06/1982, Rec. Recurso de amparo 216/1981).

Lugar de la motivación: la motivación por remisión.

La motivación puede estar en el propio acto o bien puede realizarse por referencia a informes o dictámenes que le preceden, así, por ejemplo, en la Tribunal Constitucional, nº 150/1993, de 03/05/1993, Rec. Recurso de amparo 943/1990. se admite dicha posibilidad de motivación por remisión al decir que “no existiendo un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación judicial, no corresponde a este Tribunal censurar cuantitativamente la interpretación y aplicación del derecho, ni revisar la forma y estructura de la resolución judicial, puesto que su función se limita a comprobar si el razonamiento que contiene constituye, lógica y jurídicamente, suficiente motivación de la decisión adoptada, cualquiera que sea su brevedad y concisión (Tribunal Constitucional, nº 174/1987, de 03/11/1987, Rec. Recurso de amparo 1.072/1986 , Tribunal Constitucional, nº 75/1988, de 25/04/1988, Rec. Recurso de amparo 601/1986, Tribunal Constitucional, nº 184/1988, de 13/10/1988, Rec. Recurso de amparo 1.305/1986, Tribunal Constitucional, nº 14/1981, de 29/04/1981, Rec. Cuestión de Inconstitucionalidad 17/1981 y Tribunal Constitucional, nº 175/1992, de 02/11/1992, Rec. Recurso de amparo 538/1989), incluso en supuestos de motivación por remisión (Tribunal Constitucional, nº 174/1987, de 03/11/1987, Rec. Recurso de amparo 1.072/1986, Tribunal Constitucional, nº 146/1990, de 01/10/1990, Rec. Recurso de amparo 760/1988 y Tribunal Constitucional, nº 27/1992, de 09/03/1992, Rec. Recurso de amparo 901/1989 y Tribunal Constitucional, nº 688/1986, de 10/09/1986, Rec. Recurso de amparo 394/1986  y Tribunal Constitucional, nº 956/1988, de 21/07/1988, Rec. Recurso de amparo 1.779/1987)".
Sobre la motivación por remisión, se debe tener en cuenta, además, lo siguiente:

  • TS, Sala de lo Contencioso, nº S/S, de 19/01/2004, Rec. 410/2001: Aunque “con carácter general, no es necesario que los informes obrantes en el expediente se incorporen literalmente en la resolución administrativa, pero también lo es que el supuesto contemplado en el artículo 89.9 LRJ y PAC es el relativo a la aceptación pura y simple de informes o dictámenes, y en tal caso el texto de éstos ha de constar en la resolución en la medida en que lo exige la propia motivación para dar a conocer las razones de la decisión administrativa”.

  • TSJ La Rioja, Sala de lo Contencioso, nº 10/2016, de 13/01/2016, Rec. 271/2012: los informes y dictámenes “hayan sido evacuados por los correspondientes órganos consultivos, en cuanto coadyuvantes a la formación de la voluntad del órgano activo o incluso a otros documentos”.

Actos administrativos que requieren motivación.

Sin embargo, no todos los actos administrativos precisan de motivación sino sólo aquellos a los que alude el Art. 35 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre:

  • Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

    • Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

    • Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.

    • Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

    • Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el Art. 56 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.

    • Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.

    • Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.

    • Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio.

    • Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.

    • Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

  • La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

Efectos de la falta de motivación.

Según la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1998 , la "falta de motivación o la motivación defectuosa pueden integrar un vicio de anulabilidad o una mera irregularidad no invalidante y el deslinde de ambos supuestos ha de hacerse atendiendo a un criterio que tiene dos manifestaciones: a) desde el punto de vista subjetivo, y dado que el procedimiento administrativo tienen una función de garantía del administrado, habrá que indagar si realmente ha existido o no indefensión; b) en el aspecto objetivo, y puesto que el proceso tiene por objeto determinar si el acto impugnado se ajusta o no a Derecho, será preciso verificar si se cuenta o no con los datos necesarios para llegar a la conclusión indicada”.

La forma de los actos administrativos

Por otra parte, el acto administrativo es, a su vez, un acto formal, por lo que habrá de atender a una serie de requisitos de forma, es decir, ha de observar una determinada manifestación externa. Según el Art. 36 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre:

  • Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

  • En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.

  • Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

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Motivación de los actos administrativos
Voluntad
Forma de los actos administrativos
Requisitos de los actos administrativos
Ciudadanos
Indefensión
Jurisdicción contencioso-administrativa
Cuestión de inconstitucionalidad
Coadyuvante
Derecho subjetivo
Interés legitimo
Recursos administrativos
Arbitraje
Medidas provisionales
Terminación del procedimiento
Responsabilidad patrimonial
Deslinde
Tramitación telemática