La residencia en España de ciudadanos de la Unión Europea

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 29/08/2019

La ciudadanía de la Unión Europea, es creada tras el Tratado de Maastricht del año 1992. Tendrá consideración de ciudadano de la Unión Europea toda persona que sea nacional de un estado miembro de la Unión Europea.

Tendrá consideración de ciudadano de la Unión Europea toda persona que sea nacional de un estado miembro de la Unión Europea. Por tanto, la ciudadanía de la Unión se une a la ciudadanía nacional de la persona, de manera complementaria, no sustitutiva.

Los Estados miembros de la Unión Europea y los Estados parte en el acuerdo sobre el espacio económico europeo son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, R.Checa, Rumania, Suecia y Suiza.

A partir del Tratado de Maastricht en el año 1992, se crea la ciudadanía de la Unión. A mayores, figura también en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el título V de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea. Todos los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos, reconocidos cada uno en sus correspondientes constituciones, y están sujetos a todo derecho establecido en el Tratado.

En cuanto a su evolución histórica, podemos empezar definiendo la ciudadanía como una status jurídico y político, a través del cual el ciudadano adquiere unos derechos como individuo (sociales, civiles y políticos), y unos deberes (como los impuestos, por ejemplo), todo ello respecto a una colectividad política, además de la facultad de poder actuar o participar en la vida colectiva de un estado. Esta facultad mencionada surge del principio democrático de soberanía popular.

Por lo tanto, es tras el Tratado de Maastricht, cuando tiene lugar realmente el impulso a la ciudadanía europea. Se desarrolla la Carta de los Derecho Fundamentales de la UE proclamada en la Cumbre de Niza en el año 2000, aunque no entró en vigor hasta 2010. Esta Carta consta de un Preámbulo y 54 artículos divididos en VII Títulos, y unas disposiciones generales. El Título V se dedica concretamente a la ciudadanía, incluyendo los derechos que otorga la ciudadanía de la Unión, como son derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales, a la buena administración, el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, la libertad de circulación y residencia y la protección diplomática y consular. Desde el Tratado de Lisboa (2007) forma parte del ordenamiento jurídico de la Unión, su incorporación le otorga el mismo valor jurídico que los tratados, proyectando sus efectos jurídicos en los sistemas de los Estados miembros de conformidad al artículo 6 TUE.

Concretamente, es a partir del año 1986 es cuando España pasó a formar parte de la Comunidad Europea de pleno derecho, mediante el Real Decreto 1099/1986, relativo a la entrada, permanencia, libre circulación y trabajo en España de ciudadanos del resto de los Estados miembros de las Comunidades Europeas. Era precisamente, mediante esta norma, la regulación de las formalidades administrativas, para que los ciudadanos de los estados que fueran parte de la Comunidad Europea pudieran ejercer sus derechos.

Así ocurre, que posteriormente con el objetivo único de garantizar y codificar el derecho a la libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión, se renueva la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 29 de abril de 2004, sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Esta directiva mencionada, se encarga de la regulación del derecho de entrada y salida del territorio de un estado miembro de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia, derecho de residencia permanente y los límites por razones de seguridad, orden y salud pública. Asimismo, también establece los trámites de contenido administrativo, que han de realizarse ante las diferentes Autoridades de los Estados Miembros. 

Es en razón a la directiva anteriormente citada, y de conformidad a lo establecido en los artículos 17 y 18 del Tratado constitutivo  de la Comunidad Europea relativos precisamente a la ciudadanía de la Unión, por el que España debe ajustar su ordenamiento interno a las disposiciones reguladas en la misma y ello lo hace mediante el Real Decreto 240/2007, de 16 de Febrero, pasando a ser éste, la norma que inicialmente se encargue de la regulación del Régimen Comunitario a nivel nacional, que después de varias modificaciones, muchas de ellas consecuencias de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, quedando finalmente sujeta a su última modificación por el Real Decreto 987/2015 de 30 de Octubre.

Esta normativa indicada, va a ser la encargada principal de la regulación relativa a la entrada, libre circulación, residencia y trabajo en España de ciudadanos pertenecientes a la Unión, así como de otros estados parte en el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Suiza, el cual será de aplicación a los ciudadanos de un estado miembro y a los familiares de los mismos que en dicha normativa se indique. 

En primer lugar, vamos a centrarnos en el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, encargado de la regulación de las condiciones para el ejercicio de los derechos de entrada y salida, libre circulación, estancia, residencia, residencia de carácter permanente y trabajo en España por parte de los ciudadanos de otros  Estados miembros de la Unión Europea, así como de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y de los nacionales de la Confederación Suiza, así como las limitaciones a los derechos anteriores por razones de seguridad pública, orden público o salud pública. El contenido del mencionado decreto será entendido con independencia de lo que se pueda establecer en las leyes especiales y en los tratados internacionales en los que España sea parte.

Este se va a aplicar también, con independencia de su nacionalidad, y en los términos previstos por éste, a los familiares de ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando le acompañen o se reúnan con él. Por tanto se aplicaría también:

  • A su cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, o divorcio
  • A la pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal inscrita en un registro público establecido a esos efectos en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte en el Espacio Económico Europeo, siempre que no se haya cancelado dicha inscripción, lo que deberá ser suficientemente acreditado. Las situaciones de matrimonio e inscripción como pareja registrada se considerarán, en todo caso, incompatibles entre sí.
  • A sus ascendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada que vivan a su cargo, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o se haya cancelado la inscripción registral de pareja.
  • A sus descendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio, o se haya cancelado la inscripción registral de pareja, menores de veintiún años, mayores de dicha edad que vivan a su cargo, o incapaces

En cuanto a lo relativo a la entrada y residencia de otros familiares del ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, es conveniente aclarar que se podrá solicitar la aplicación de las disposiciones previstas en este real decreto para miembros de la familia de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo a favor de:

  • Los miembros de su familia, cualquiera que sea su nacionalidad,que acompañen o se reúnan con él y acrediten de forma fehaciente en el momento de la solicitud que se encuentran en alguna de las siguientes circunstancias:
  • Que, por motivos graves de salud o de discapacidad de un miembro de la familia, sea completamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo de su cuidado personalmente.
  • Que, en el país de procedencia, estén a su cargo o vivan con él.
  • La pareja de hecho con la que mantenga una relación estable debidamente probada, siempre que se acredite la existencia de un vínculo duradero. En todo caso, se entenderá la existencia de este vínculo si se acredita un tiempo de convivencia marital de, al menos, un año continuado, salvo que tuvieran descendencia en común, en cuyo caso bastará la acreditación de convivencia estable debidamente probada.
  • Si los miembros de la familia y la pareja de hecho que anteriormente mencionados, están sometidos a la exigencia de visado de entrada según lo establecido en el Reglamento (CE) 539/2001, de 15 de marzo, por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación.

La solicitud del visado deberá de ir acompañada de:

  1. Pasaporte válido y vigente.
  2. Documentos acreditativos de la dependencia, grado de parentesco y, si corresponde, de la existencia de razones graves de salud o discapacidad o de la convivencia de los familiares.
  3. En caso de pareja, probar la existencia de una relación estable con el ciudadano de un estado miembro de la UE o de otros Estados parte en el acuerdo sobre en Espacio Económico Europeo y el tiempo de la convivencia.

La solicitud de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión debe aportarse junto con los siguientes documentos:

  1. Pasaporte válido y en vigor del solicitante. En caso de estar caducado, deberá presentarse copia de éste y de la solicitud de renovación.
  2. Documentación acreditativa del ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo al que acompañan.
  3. Documentos acreditativos de la dependencia, del grado de parentesco y, en su caso, de la existencia de motivos graves de salud o discapacidad o de la convivencia de los familiares.
  4. En caso de tener pareja, La prueba de la existencia de una relación estable con el ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y el tiempo de convivencia.
  • Las autoridades valorarán individualmente las circunstancias personales del solicitante y resolverán de forma motivada debiendo tener en cuenta los siguientes criterios:

- Caso de pareja de hecho: se considera estable, siempre y cuando, se aporte la documentación que pueda acreditar la existencia de un vínculo duradero. El cual podrá entenderse, con la simple acreditación de un tiempo de convivencia marital, que sea como mínimo de un año continuado, menos en caso de contar con descendencia común, caso en el que será suficiente acreditar una convivencia estable.

- Caso de familiares: se valorará el grado de dependencia financiera o física, el grado de parentesco con el ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y, en su caso, la gravedad de la enfermedad o discapacidad que hace necesario su cuidado personal o el tiempo de convivencia previo. En todo caso, se entenderá acreditada la convivencia cuando se demuestre fehacientemente una convivencia continuada de 24 meses en el país de procedencia.

En caso de querer fijar la residencia en España por un período superior a tres meses, el ciudadano deberá solicitar el certificado de registro y el familiar de ciudadano de la Unión, y estarán obligados a solicitar su inscripción en el Registro Central de Extranjeros. Por otro lado, tanto los ciudadanos de la unión como sus familiares podrán obtener la residencia permanente en España si cumplen los requisitos ya tratados en el apartado 2.1.1 del bloque anterior.

Todo ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tiene derecho de residencia en el territorio del Estado español por un periodo superior a tres meses si: 

    • Es un trabajador por cuenta ajena en España.
    • Es un trabajador por cuenta propia en España.
    • Dispone para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social de España durante su periodo de residencia. También deberá aportar un seguro de enfermedad público o privado, contratado en España o en otro país, que proporcione cobertura en España durante su período de residencia equivalente a la proporcionada por el Sistema Nacional de Salud. La valoración de la suficiencia de medios económicos se efectuará de manera individualizada y, en todo caso, teniendo en cuenta la situación personal y familiar del solicitante. Se considerará acreditación suficiente para el cumplimiento de este requisito la tenencia de recursos que sean superiores al importe que cada año fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para generar el derecho a recibir una prestación no contributiva, teniendo en cuenta la situación personal y familiar del interesado.
    • Ser estudiante y estar matriculado en un centro público o privado reconocido o financiado por la administración educativa para cursar estudios o formación profesional, así como contar con un seguro de enfermedad público o privado contratado en España u otro país que proporcione una cobertura completa en España y declaración responsable de que se posee recursos suficientes para sí y los miembros de su familia, para no convertirse en una carga para la asistencia social de España durante su periodo de residencia, o
    • Ser nacional de un Estado miembro, familiar que acompaña o se reúne con un ciudadano de la Unión o del Espacio Económico Europeo, que cumple alguna de las condiciones anteriores. El familiar podrá ser: 
      • En el supuesto de familiar de estudiante, su cónyuge o pareja de hecho inscrita o los hijos del estudiante y de su cónyuge o pareja a cargo.
      • En los demás supuestos, el cónyuge o pareja de hecho inscrita, sus descendientes directos y los de su cónyuge o pareja menores de 21 años o incapaces o mayores de dicha edad que vivan a su cargo, y sus ascendientes directos o los de su cónyuge o de la pareja registrada que vivan a su cargo.

En cuanto a la documentación que deben aportar, se les va a exigir a todos:

  • Impreso de solicitud en modelo oficial (EX-18) por duplicado, debidamente cumplimentado y firmado por el ciudadano de la Unión.
  • Pasaporte o documento nacional de identidad válido y en vigor. En el supuesto de que esté caducado, deberá aportarse copia de éste y de la solicitud de renovación.

El resto de requisitos dependerán del supuesto de cada caso.

Si es trabajador por cuenta ajena podrá aportar cualquiera de los siguientes documentos:

  1. Declaración de contratación del empleador o certificado de empleo, incluyendo, al menos, los datos del nombre y dirección de la empresa, identificación fiscal y código cuenta de cotización.
  2. Contrato de trabajo registrado en el Servicio Público de Empleo, o la comunicación de la contratación y sus condiciones a través de la plataforma CONTRAT@.
  3. Documento de alta o situación asimilada al alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social o consentimiento de la comprobación de los datos en los ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social

En caso de ser trabajador por cuenta propia, podrá aportar cualquiera de estos documentos:

  • Inscripción en el Censo de Actividades Económicas.
  • Justificación de su establecimiento mediante la Inscripción en el Registro Mercantil.
  • Documento de alta o situación asimilada al alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social, o consentimiento de la comprobación de los datos en los ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria.

En caso de no ejercer ninguna actividad laboral en España debe aportar:

  • Documentación acreditativa de disponer de seguro de enfermedad público o privado, contratado en España o en otro país, siempre que proporcione una cobertura en España durante su periodo de residencia equivalente a la proporcionada por el sistema nacional de salud. Los pensionistas cumplen con esta condición aportando certificación de disponer de asistencia sanitaria con cargo al Estado por el que perciben pensión.
  • Documentación que acredite disponer de recursos suficientes para él y sus familiares para el periodo de residencia en España. Se podrá acreditar por cualquier medio de prueba admitido en derecho, tales como títulos de propiedad, cheques certificados, documentación justificativa de obtención de rentas de capital o tarjetas de crédito con certificación bancaria que acredite la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta.

En el supuesto de ser estudiante:

  • Matrícula del centro de enseñanza público o privado, reconocido o financiado por la administración educativa competente.
  • Documentación que acredite disponer de seguro de enfermedad público o privado. Podrá aportar tarjeta sanitaria europea con una validez que cubra el periodo de residencia y le habilite a recibir las prestaciones sanitarias necesarias desde un punto de vista médico, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y la duración prevista.
  • Declaración responsable de que posee recursos suficientes para sí y para los miembros de su familia, para su periodo de residencia en España.

También bastará para cumplir estos requisitos la presentación de documentación acreditativa de participar en un programa de la Unión Europea que favorezca el intercambio educativo para estudiantes y profesores.

Por último, si es un familiar de ciudadano de la Unión se debe aportar:

  • Documentación acreditativa, en su caso, legalizada del vínculo familiar con el ciudadano de la Unión.
  • Documentación acreditativa de la dependencia económica.
  • Documentación que acredite que el familiar que le da el derecho es o trabajador por cuenta ajena o propia, o que tiene medios de vida suficientes y seguro de enfermedad, o que es estudiante, tiene medios suficientes para sí y para los miembros de su familia y seguro de enfermedad.

Todo documento público extranjero deberá ser previamente legalizado por la Oficina consular de España con jurisdicción en el país en el que se ha expedido dicho documento o, en su caso, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación salvo en el caso en que dicho documento haya sido apostillado por la Autoridad competente del país emisor según el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 y salvo que dicho documento esté exento de legalización en virtud de Convenio Internacional.

La solicitud de autorización de residencia por un periodo superior a tres meses se presentará antes la Ofcina de Extranjería de la provincia donde pretenda residir o en la Comisaría de Policía correspondiente, en un plazo de tres meses desde la entrada en España. Una vez que el interesado abona la tasa debida y se constatan los requisitos, se expedirá inmediatamente al ciudadano de la Unión un certificado de registro en el que constará el nombre, nacionalidad, domicilio, número de identidad de extranjero y fecha de registro.

Jurisprudencia sobre la residencia en España de ciudadanos de la UE

Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 7, Rec 4456/2003 de 30 de Marzo de 2007                                     

En el presente caso, la parte demandante, impugnó una resolución efectuada por el Jefe de Fronteras del Aeropuerto de Madrid-Barajas, tras haberle denegado la entrada en España, fundada en la no presentación de los documentos legalmente exigidos para la acreditación y justificación de su estancia en el país. Una vez dirigido el actor al puesto fronterizo del Aeropuerto, las autoridades competentes mientras examinaban los requisitos exigibles para entrar en territorio español, apreciaron lo siguiente: viajaba solo, con reserva de una habitación de hotel únicamente para una noche, sin familia en territorio español, sin dinero, tarjeta de crédito etc., por lo que la administración entiende que no cumple los requisitos exigidos para  poder acreditar la finalidad de su estancia en España. Posteriormente se efectúa en presencia de su abogado, la correspondiente denegación de entrada en territorio español, con la consecuente vuelta a su lugar de procedencia. Lo que ocurre es que no se respeta el trámite de audiencia previa correspondiente, al no dar traslado del informe propuesta que sirvió de base a la resolución que deniega la entrada en España consta, requisito establecido en el art. 20 de la LOEX,junto con lo establecido en el artículo 24.1 de la misma ley, por el cual los extranjeros que en la frontera no se les permita la entrada al país habrán de ser devueltos a su lugar de procedencia con la mayor brevedad posible. Esto último, fue objeto de alegación del actor, que incluye en el recurso de casación interpuesto, junto con otra alegación diferenciada relativa a una infracción de los convenios de Tokyo de 1963 y de la Haya de 1970, por haber entendido la Sala de instancia que el actor no había entrado en territorio español. Finalmente, se deduce que no procede recurso de casación por parte del recurrente.

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Residencia
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Uniones de hecho
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Residencia de larga duración
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Derecho a la libre circulación
Grado de parentesco
Seguro de enfermedad
Divorcio
Ciudadanos de la Unión Europea
Derechos fundamentales
Derecho de petición
Estancia
Descendientes
Ascendientes
Comunidades europeas
Entrada y salida del territorio
Trabajador por cuenta ajena
Trabajador autónomo
Visado de entrada
Sistema Nacional de Salud
Exigencia de visado
Situación asimilada alta Seguridad Social
Entrada en el territorio español
Presupuestos generales del Estado
Formación profesional
Tarjetas de crédito
Actividades económicas
Certificación bancaria
Asistencia sanitaria
Medios de prueba
Tarjeta Sanitaria Europea
Censo
Cheque certificado o registrado
Tesorería General de la Seguridad Social
Registro Mercantil
Actividad laboral
Centro docente público
Título de propiedad

Ley Orgánica 4/2000 de 11 de Ene (Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 10 Fecha de Publicación: 12/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 01/02/2000 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 240/2007 de 16 de Feb (entrada, libre circulacion y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la UE y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 51 Fecha de Publicación: 28/02/2007 Fecha de entrada en vigor: 28/03/2007 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia

Ley Orgánica 1/2008 de 30 de Jul (Se autoriza la ratificacion por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la UE y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 184 Fecha de Publicación: 31/07/2008 Fecha de entrada en vigor: 18/12/2000 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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