La residencia en España de ciudadanos de la Unión Europea

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 23/04/2021

La ciudadanía de la Unión Europea, es creada tras el Tratado de Maastricht del año 1992. Tendrá consideración de ciudadano de la Unión Europea toda persona que sea nacional de un estado miembro de la Unión Europea.

Consideración de ciudadano de la Unión Europea

Tendrá la consideración de ciudadano de la Unión Europea toda persona que sea nacional de un estado miembro de la Unión Europea. Por tanto, la ciudadanía de la Unión se une a la ciudadanía nacional de la persona, de manera complementaria, no sustitutiva.

Los Estados miembros de la Unión Europea y los Estados parte en el acuerdo sobre el espacio económico europeo son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal R. Checa, Rumania, Suecia y Suiza. En el caso del Reino Unido, tras el "Brexit", salió de la Unión Europea el 31 de enero de 2020.

A partir del Tratado de Maastricht en el año 1992 se crea la ciudadanía de la Unión. Asimismo, figura también en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el título V de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea. Todos los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos, reconocidos cada uno en sus correspondientes constituciones, y están sujetos a todo derecho establecido en el Tratado.

Evolución histórica de la Unión Europea

En cuanto a su evolución histórica, podemos empezar definiendo la ciudadanía como una status jurídico y político, a través del cual el ciudadano adquiere unos derechos como individuo (sociales, civiles y políticos), y unos deberes (como los impuestos, por ejemplo), todo ello respecto a una colectividad política, además de la facultad de poder actuar o participar en la vida colectiva de un estado. Esta facultad mencionada surge del principio democrático de soberanía popular.

Por lo tanto, es tras el Tratado de Maastricht, cuando tiene lugar realmente el impulso a la ciudadanía europea. Se desarrolla la Carta de los Derecho Fundamentales de la UE proclamada en la Cumbre de Niza en el año 2000, aunque no entró en vigor hasta 2010. Esta Carta consta de un Preámbulo y 54 artículos divididos en VII Títulos, y unas disposiciones generales. El Título V se dedica concretamente a la ciudadanía, incluyendo los derechos que otorga la ciudadanía de la Unión, como son derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales, a la buena administración, el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, la libertad de circulación y residencia y la protección diplomática y consular. Desde el Tratado de Lisboa (2007) forma parte del ordenamiento jurídico de la Unión, su incorporación le otorga el mismo valor jurídico que los tratados, proyectando sus efectos jurídicos en los sistemas de los Estados miembros de conformidad al artículo 6 TUE.

Concretamente, es a partir del año 1986 es cuando España pasó a formar parte de la Comunidad Europea de pleno derecho, mediante el Real Decreto 1099/1986, relativo a la entrada, permanencia, libre circulación y trabajo en España de ciudadanos del resto de los Estados miembros de las Comunidades Europeas. Era precisamente, mediante esta norma, la regulación de las formalidades administrativas, para que los ciudadanos de los estados que fueran parte de la Comunidad Europea pudieran ejercer sus derechos.

Así ocurre, que posteriormente con el objetivo único de garantizar y codificar el derecho a la libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión, se renueva la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 29 de abril de 2004, sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Esta directiva mencionada, se encarga de la regulación del derecho de entrada y salida del territorio de un estado miembro de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia, derecho de residencia permanente y los límites por razones de seguridad, orden y salud pública. Asimismo, también establece los trámites de contenido administrativo, que han de realizarse ante las diferentes Autoridades de los Estados Miembros. 

Es en razón a la directiva anteriormente citada, y de conformidad a lo establecido en los artículos 17 y 18 del Tratado constitutivo  de la Comunidad Europea relativos precisamente a la ciudadanía de la Unión, por el que España debe ajustar su ordenamiento interno a las disposiciones reguladas en la misma y ello lo hace mediante el Real Decreto 240/2007, de 16 de Febrero, pasando a ser éste, la norma que inicialmente se encargue de la regulación del Régimen Comunitario a nivel nacional, quedando finalmente sujeta a su última modificación por el Real Decreto 987/2015 de 30 de Octubre, ello tras varias modificaciones a consecuencia de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo.

Esta normativa indicada, va a ser la encargada principal de la regulación relativa a la entrada, libre circulación, residencia y trabajo en España de ciudadanos pertenecientes a la Unión, así como de otros estados parte en el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Suiza, el cual será de aplicación a los ciudadanos de un estado miembro y a los familiares de los mismos que en dicha normativa se indique.

Libre circulación por parte de los ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea

En primer lugar, vamos a centrarnos en el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, encargado de la regulación de las condiciones para el ejercicio de los derechos de entrada y salida, libre circulación, estancia, residencia, residencia de carácter permanente y trabajo en España por parte de los ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea, así como de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y de los nacionales de la Confederación Suiza, así como las limitaciones a los derechos anteriores por razones de seguridad pública, orden público o salud pública. El contenido del mencionado decreto será entendido con independencia de lo que se pueda establecer en las leyes especiales y en los tratados internacionales en los que España sea parte.

Este se va a aplicar también, con independencia de su nacionalidad, y en los términos previstos por éste, a los familiares de ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando le acompañen o se reúnan con él. Por tanto se aplicaría también:

  • A su cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, o divorcio.
  • A la pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal inscrita en un registro público establecido a esos efectos en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte en el Espacio Económico Europeo, siempre que no se haya cancelado dicha inscripción, lo que deberá ser suficientemente acreditado. Las situaciones de matrimonio e inscripción como pareja registrada se considerarán, en todo caso, incompatibles entre sí.
  • A sus ascendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada que vivan a su cargo, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o se haya cancelado la inscripción registral de pareja.
  • A sus descendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio, o se haya cancelado la inscripción registral de pareja, menores de veintiún años, mayores de dicha edad que vivan a su cargo, o incapaces

En cuanto a lo relativo a la entrada y residencia de otros familiares del ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, es conveniente aclarar que se podrá solicitar la aplicación de las disposiciones previstas en este real decreto para miembros de la familia de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo a favor de:

a) Los miembros de su familia, cualquiera que sea su nacionalidad, que acompañen o se reúnan con él y acrediten de forma fehaciente en el momento de la solicitud que se encuentran en alguna de las siguientes circunstancias:

  • Que, por motivos graves de salud o de discapacidad de un miembro de la familia, sea completamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo de su cuidado personalmente.
  • Que, en el país de procedencia, estén a su cargo o vivan con él.

b) La pareja de hecho con la que mantenga una relación estable debidamente probada, siempre que se acredite la existencia de un vínculo duradero. En todo caso, se entenderá la existencia de este vínculo si se acredita un tiempo de convivencia marital de, al menos, un año continuado, salvo que tuvieran descendencia en común, en cuyo caso bastará la acreditación de convivencia estable debidamente probada.

Si los miembros de la familia y la pareja de hecho que anteriormente mencionados, están sometidos a la exigencia de visado de entrada según lo establecido en el Reglamento (CE) 539/2001, de 15 de marzo, por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación, la solicitud de visado, contemplada en el artículo 4 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, deberá acompañarse de lo siguientes documentos:

  • Pasaporte válido y en vigor del solicitante.
  • En los casos contemplados en la letra a) del apartado 1, documentos acreditativos de la dependencia, del grado de parentesco y, en su caso, de la existencia de motivos graves de salud o discapacidad o de la convivencia.
  • En el supuesto de pareja, la prueba de la existencia de una relación estable con el ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y el tiempo de convivencia.

La solicitud de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión debe aportarse junto con los siguientes documentos:

1. Pasaporte válido y en vigor del solicitante. En caso de estar caducado, deberá presentarse copia de éste y de la solicitud de renovación.

2. Documentación acreditativa del ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo al que acompañan.

3. Documentos acreditativos de la dependencia, del grado de parentesco y, en su caso, de la existencia de motivos graves de salud o discapacidad o de la convivencia de los familiares.

4. En caso de tener pareja, La prueba de la existencia de una relación estable con el ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y el tiempo de convivencia.

Las autoridades valorarán individualmente las circunstancias personales del solicitante y resolverán de forma motivada debiendo tener en cuenta los siguientes criterios:

  • Caso de pareja de hecho: se considera estable, siempre y cuando, se aporte la documentación que pueda acreditar la existencia de un vínculo duradero. El cual podrá entenderse, con la simple acreditación de un tiempo de convivencia marital, que sea como mínimo de un año continuado, menos en caso de contar con descendencia común, caso en el que será suficiente acreditar una convivencia estable.
  • Caso de familiares: se valorará el grado de dependencia financiera o física, el grado de parentesco con el ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y, en su caso, la gravedad de la enfermedad o discapacidad que hace necesario su cuidado personal o el tiempo de convivencia previo. En todo caso, se entenderá acreditada la convivencia cuando se demuestre fehacientemente una convivencia continuada de 24 meses en el país de procedencia.

Residencia en España de un ciudadano miembro de la Unión Europea

En caso de querer fijar la residencia en España por un período superior a tres meses, el ciudadano deberá solicitar el certificado de registro y el familiar de ciudadano de la Unión, y estarán obligados a solicitar su inscripción en el Registro Central de Extranjeros. Por otro lado, tanto los ciudadanos de la unión como sus familiares podrán obtener la residencia permanente en España si cumplen los requisitos ya tratados en puntos anteriores.

Todo ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, tiene derecho de residencia en el territorio del Estado español por un periodo superior a tres meses si: 

    • Es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en España, o
    • Dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en España, o
    • Está matriculado en un centro público o privado, reconocido o financiado por la administración educativa competente con arreglo a la legislación aplicable, con la finalidad principal de cursar estudios, inclusive de formación profesional; y cuenta con un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos en España y garantiza a la autoridad nacional competente, mediante una declaración o por cualquier otro medio equivalente de su elección, que posee recursos suficientes para sí y los miembros de su familia para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado español durante su período de residencia, o
    • Es un miembro de la familia que acompaña a un ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o va a reunirse con él, y que cumple alguno de los tres puntos anteriores. El familiar podrá ser: 
      • En el supuesto de familiar de estudiante, su cónyuge o pareja de hecho inscrita o los hijos del estudiante y de su cónyuge o pareja a cargo.
      • En los demás supuestos, el cónyuge o pareja de hecho inscrita, sus descendientes directos y los de su cónyuge o pareja menores de 21 años o incapaces o mayores de dicha edad que vivan a su cargo, y sus ascendientes directos o los de su cónyuge o de la pareja registrada que vivan a su cargo.

En cuanto a la documentación que deben aportar, se les va a exigir a todos:

  • Impreso de solicitud en modelo oficial (EX-18) por duplicado, debidamente cumplimentado y firmado por el ciudadano de la Unión.
  • Pasaporte o documento nacional de identidad válido y en vigor. En el supuesto de que esté caducado, deberá aportarse copia de éste y de la solicitud de renovación.

El resto de requisitos dependerán del supuesto de cada caso.

Si es trabajador por cuenta ajena podrá aportar cualquiera de los siguientes documentos:

1. Declaración de contratación del empleador o certificado de empleo, incluyendo, al menos, los datos del nombre y dirección de la empresa, identificación fiscal y código cuenta de cotización.

2. Contrato de trabajo registrado en el Servicio Público de Empleo, o la comunicación de la contratación y sus condiciones a través de la plataforma [email protected]

3. Documento de alta o situación asimilada al alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social o consentimiento de la comprobación de los datos en los ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En caso de ser trabajador por cuenta propia, podrá aportar cualquiera de estos documentos:

  • Inscripción en el Censo de Actividades Económicas.
  • Justificación de su establecimiento mediante la Inscripción en el Registro Mercantil.
  • Documento de alta o situación asimilada al alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social, o consentimiento de la comprobación de los datos en los ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria.

En caso de no ejercer ninguna actividad laboral en España debe aportar:

  • Documentación acreditativa de disponer de seguro de enfermedad público o privado, contratado en España o en otro país, siempre que proporcione una cobertura en España durante su periodo de residencia equivalente a la proporcionada por el sistema nacional de salud. Los pensionistas cumplen con esta condición aportando certificación de disponer de asistencia sanitaria con cargo al Estado por el que perciben pensión.
  • Documentación que acredite disponer de recursos suficientes para él y sus familiares para el periodo de residencia en España. Se podrá acreditar por cualquier medio de prueba admitido en derecho, tales como títulos de propiedad, cheques certificados, documentación justificativa de obtención de rentas de capital o tarjetas de crédito con certificación bancaria que acredite la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta.

En el supuesto de ser estudiante:

  • Matrícula del centro de enseñanza público o privado, reconocido o financiado por la administración educativa competente.
  • Documentación que acredite disponer de seguro de enfermedad público o privado. Podrá aportar tarjeta sanitaria europea con una validez que cubra el periodo de residencia y le habilite a recibir las prestaciones sanitarias necesarias desde un punto de vista médico, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y la duración prevista.
  • Declaración responsable de que posee recursos suficientes para sí y para los miembros de su familia, para su periodo de residencia en España.

También bastará para cumplir estos requisitos la presentación de documentación acreditativa de participar en un programa de la Unión Europea que favorezca el intercambio educativo para estudiantes y profesores.

Por último, si es un familiar de ciudadano de la Unión se debe aportar:

  • Documentación acreditativa, en su caso, legalizada del vínculo familiar con el ciudadano de la Unión.
  • Documentación acreditativa de la dependencia económica.
  • Documentación que acredite que el familiar que le da el derecho es o trabajador por cuenta ajena o propia, o que tiene medios de vida suficientes y seguro de enfermedad, o que es estudiante, tiene medios suficientes para sí y para los miembros de su familia y seguro de enfermedad.

Todo documento público extranjero deberá ser previamente legalizado por la Oficina consular de España con jurisdicción en el país en el que se ha expedido dicho documento o, en su caso, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación salvo en el caso en que dicho documento haya sido apostillado por la Autoridad competente del país emisor según el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 y salvo que dicho documento esté exento de legalización en virtud de Convenio Internacional.

La solicitud de autorización de residencia por un periodo superior a tres meses se presentará antes la Oficina de Extranjería de la provincia donde pretenda residir o en la Comisaría de Policía correspondiente, en un plazo de tres meses desde la entrada en España. Una vez que el interesado abona la tasa debida y se constatan los requisitos, se expedirá inmediatamente al ciudadano de la Unión un certificado de registro en el que constará el nombre, nacionalidad, domicilio, número de identidad de extranjero y fecha de registro.

JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Supremo, rec. 4456/2003, de 30 de marzo de 2007, ECLI:ES:TS:2007:2159

En el presente caso, la parte demandante, impugnó una resolución efectuada por el Jefe de Fronteras del Aeropuerto de Madrid-Barajas, tras haberle denegado la entrada en España, fundada en la no presentación de los documentos legalmente exigidos para la acreditación y justificación de su estancia en el país. Una vez dirigido el actor al puesto fronterizo del Aeropuerto, las autoridades competentes mientras examinaban los requisitos exigibles para entrar en territorio español, apreciaron lo siguiente: viajaba solo, con reserva de una habitación de hotel únicamente para una noche, sin familia en territorio español, sin dinero, tarjeta de crédito etc., por lo que la administración entiende que no cumple los requisitos exigidos para poder acreditar la finalidad de su estancia en España. Posteriormente se efectúa en presencia de su abogado, la correspondiente denegación de entrada en territorio español, con la consecuente vuelta a su lugar de procedencia. Lo que ocurre es que no se respeta el trámite de audiencia previa correspondiente, al no dar traslado del informe propuesta que sirvió de base a la resolución que deniega la entrada en España consta, requisito establecido en el art. 20 de la LOEX, junto con lo establecido en el artículo 24.1 de la misma ley, por el cual los extranjeros que en la frontera no se les permita la entrada al país habrán de ser devueltos a su lugar de procedencia con la mayor brevedad posible. Esto último, fue objeto de alegación del actor, que incluye en el recurso de casación interpuesto, junto con otra alegación diferenciada relativa a una infracción de los convenios de Tokio de 1963 y de la Haya de 1970, por haber entendido la Sala de instancia que el actor no había entrado en territorio español. Finalmente, se deduce que no procede recurso de casación por parte del recurrente.

Repercusiones de la salida de Reino Unido de la Unión Europea

Habiéndose finalizado el periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020, entró en vigor, el 1 de enero de 2021, el Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con la salvedad de lo dispuesto en los artículos 4, 9, 11 y el apartado 2 del artículo 14, que entrarán en vigor cuando se haya alcanzado el acuerdo definitivo sobre la relación entre la Unión Europea y Reino Unido. 

En todo caso, el presente Real Decreto introduce una serie de medidas respecto a los trabajadores desplazados y a la documentación necesaria una vez eliminados los compromisos de libre circulación. 

En cuanto a los trabajadores desplazados, hace una distinción entre los que se encontraban en España con anterioridad al 1 de enero de 2021, que no necesitarán permiso alguno para continuar trabajando, y los que deban alargar su estancia más de lo previsto o los que llegasen con posterioridad al país, que sí deberán solicitar el pertinente permiso de residencia. Para la obtención del mencionado permiso, la Dirección General de Migraciones y la Dirección General de la Policía, han publicado una instrucción conjunta por la que se determina el procedimiento para la expedición del documento de residencia previsto en el artículo 18.4 del Acuerdo de retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

En esta instrucción, que entró en vigor el 6 de julio de 2020, se prevén dos supuestos:

  • Para aquellos ciudadanos que ya contaban con un certificado de registro o tarjeta de familiar de ciudadano de la UE. En este caso se prevé para obtener el permiso de residencia, una solicitud ante las dependencias policiales para la expedición del permiso, previo pago de las tasas establecidas.

  • Para aquellos que por diversos motivos no contaban con un certificado de registro o tarjeta de familiar de ciudadano de la UE. En este caso, antes de acudir a las dependencias policiales, se deberá solicitar ante la oficina de extranjería el documento de residencia. 

A TENER EN CUENTA. Este documento de residencia se expedirá conforme al modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países previsto en el Reglamento CE n.º 1030/2002, debiendo indicarse en el campo correspondiente al Tipo de permiso «artículo 50 TUE» y, en el campo correspondiente a Observaciones, se deberá incluir la siguiente frase «emitido de conformidad con el artículo 18.4 del Acuerdo de retirada».

En relación a la renovación del permiso de residencia previsto en el artículo 18.4 del Acuerdo, se deberá solicitar cuando expire la validez de éste:

  • En los supuestos que los interesados estén en posesión de un documento de residencia temporal, se expedirá un documento de residencia por diez años, renovables de forma automática cada diez años y en el campo correspondiente al Tipo de Permiso se consignará el término «Permanente».

  • En los supuestos en los que el interesado sea titular de un documento de residencia permanente, se expedirá un documento de residencia por diez años, renovables de forma automática cada diez años. La no presentación de solicitud de renovación del documento de residencia en los plazos establecidos no supondrá en ningún caso pérdida de su derecho de residencia permanente.

 

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Residencia
Estado miembro de la Unión Europea
Uniones de hecho
Residencia de larga duración
Inscripción registral
Discapacidad
Seguro de enfermedad
Derecho a la libre circulación
Grado de parentesco
Divorcio
Estancia
Ciudadanos de la Unión Europea
Ascendientes
Descendientes
Derechos fundamentales
Derecho de petición
Trabajador por cuenta ajena
Comunidades europeas
Entrada y salida del territorio
Tesorería General de la Seguridad Social
Autorización y permiso de residencia
Situación asimilada alta Seguridad Social
Visado de entrada
Pasaporte
Entrada en el territorio español
Exigencia de visado
Tarjetas de crédito
Formación profesional
Actividades económicas
Asistencia sanitaria
Título de propiedad
Certificación bancaria
Medios de prueba
Sistema Nacional de Salud
Tarjeta Sanitaria Europea
Censo
Cheque certificado o registrado
Registro Mercantil
Actividad laboral
Centro docente público

Ley Orgánica 4/2000 de 11 de Ene (Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 10 Fecha de Publicación: 12/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 01/02/2000 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RD-Ley 38/2020 de 29 de Dic (Medidas de adaptación a la situación de Reino Unido e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre su retirada de la UE) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 340 Fecha de Publicación: 30/12/2020 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2021 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 240/2007 de 16 de Feb (entrada, libre circulacion y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la UE y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 51 Fecha de Publicación: 28/02/2007 Fecha de entrada en vigor: 28/03/2007 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia

Ley Orgánica 1/2008 de 30 de Jul (Se autoriza la ratificacion por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la UE y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 184 Fecha de Publicación: 31/07/2008 Fecha de entrada en vigor: 18/12/2000 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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