Resolución de los procedimientos tributarios

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Fiscal
  • Fecha última revisión: 03/04/2020

La Administración tributaria está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos, así como a notificar dicha resolución expresa. 

La Administración tributaria está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos, así como a notificar dicha resolución expresa.

No existirá obligación de resolver:

  • En los casos en los que no procede un pronunciamiento acerca del fondo del asunto, como los procedimientos relativos al ejercicio de derecho que sólo deben ser objeto de comunicación por el obligado tributario.
  • Los casos en los que se produzca la caducidad,  la pérdida  sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia  o el desistimiento de los interesados.

No obstante, incluso en estos supuestos, a solicitud del interesado, la Administración se encuentra obligada a dictar resolución, entendida en un sentido amplio, en la que declare que ha tenido lugar alguno de las referidas circunstancias.

Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos, así como cuantos otros se dispongan en la normativa vigente, serán motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho.

  • La motivación de los actos administrativos, recogida con carácter general en el artículo 35 LPAC, y específicamente en el ámbito tributario en el artículo 103.2 de la LGT, está estrechamente relacionada con la prohibición de indefensión establecida en el artículo 24 de la CE. El deber de motivación alcanza a actos tributarios en sentido estricto o a decisiones de procedimiento. En cuanto a lo primero, resulta necesario que la Administración razone debidamente la concurrencia de los elementos esenciales que integran el hecho imponible, su atribución al sujeto pasivo y las demás circunstancias con trascendencia tributaria que conduzcan a la regularización o liquidación. Pero además de ello, la Administración debe motivar determinados actos de carácter procesal, como el que decide sobre la ejecución o suspensión de los actos de aplicación de los tributos.

 

Plazos de resolución y efectos de la falta de resolución expresa

De acuerdo con la regla general establecida en el artículo 21.2 LPAC, el plazo máximo para resolver en el procedimiento tributario es, salvo disposición en contrario, de seis meses, cuyo incumplimiento produce las consecuencias jurídicas que se detallan más abajo. Este plazo tiene significadas excepciones (por ejemplo, plazo en procedimientos especiales de revisión (artículo 217.6 de la LGT, para resolver la reclamación económico-administrativa, artículo 240.2 de la LGT). Y también excepcionalmente, el procedimiento de apremio puede extenderse durante todo el tiempo que dura el plazo de prescripción del derecho que lo motiva.

La LGT ha recogido en el artículo 104 el régimen general de los actos presuntos establecido en los artículos 24 y 25 LPAC, diferenciándose:

  • Los procedimientos iniciados a solicitud de interesado, en cuyo caso el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa produce los efectos del silencio administrativo, positivo con carácter general, o negativo cuando así se disponga expresamente (por ejemplo, en el artículo 217.6 b de la LGT)
  • Los procedimientos iniciados de oficio, distinguiéndose a su vez:
    • Los que pueden conducir a una situación favorable para el interesado (que entenderán desestimadas sus pretensiones por silencio).
    • Los que producen efectos desfavorables o de gravamen, en cuyo caso la falta de resolución expresa en plazo produce la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones (así, por ejemplo, el procedimiento sancionador concluye por la declaración de caducidad ?art. 211 LGT?, o la caducidad es declarada en los procedimientos especiales de revisión ?arts. 217.6, 218 y. 219.4).

Pero este régimen general se somete a importantes excepciones cuando se trata de procedimientos tributarios. Así: 

  • A diferencia del procedimiento administrativo común, al menos al no disponerlo expresamente y salvo que pueda considerarse que el principio de conservación de actos del artículo 51 LPAC autoriza este efecto, la caducidad del procedimiento tributario no impide (conforme al artículo 104.5 de la LGT) que conserven validez las actuaciones realizadas en él y que los elementos probatorios obtenidos en el procedimiento caducado puedan ser utilizados en otro procedimiento posterior.

En este sentido se ha pronunciado en numerosas ocasiones nuestra jurisprudencia así, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Nacional  Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 259/2016 de 01 de Octubre de 2019 : "Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario?.

  • No caduca el procedimiento de inspección (artículo 150.2 de la LGT) a pesar de que puede conducir a una situación desfavorable para el interesado. 
  • En el caso del procedimiento sancionador, la caducidad impide la apertura de un nuevo procedimiento (artículo 211.4 de la LGT).

Cuando la falta de resolución se debe a causa imputable al administrado, en los procedimientos iniciados a solicitud de parte, el procedimiento podrá declararse caducado transcurridos tres meses sin actividad desde la advertencia de caducidad por la Administración. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 LPAC, no podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. La declaración de caducidad (expresa) pone fin al procedimiento conforme al artículo 84 LPAC, y frente a ella cabe interponer los recursos procedentes.

El incumplimiento de los plazos máximos de resolución (produzca o no la caducidad del procedimiento administrativo tributario) produce las siguientes consecuencias jurídicas:

  • El efecto más sobresaliente es que el inicio de las actuaciones que forman parte del procedimiento no produce el efecto de interrumpir el plazo de prescripción (artículos 104.5 y 150.2 LGT) y el tiempo de duración del procedimiento caducado o dilatado, hasta que se produzca de nuevo su impulso, se computa a efectos de la prescripción, como si nunca hubiese existido. Por ello, el nuevo procedimiento (en caso de caducidad) o la continuación del procedimiento sólo es posible si no ha prescrito el derecho de que se trate. Todo ello a excepción del procedimiento sancionador, que, como se ha dicho, caduca y produce el efecto de impedir un nuevo procedimiento sancionador por el mismo hecho.
  • El ingreso realizado durante el procedimiento caducado o dilatado indebidamente se considera ingreso espontáneo a efectos tributarios (artículo 150.2 de la LGT).
  • No pueden exigirse intereses de demora en el período en que el procedimiento se dilató indebidamente.


En la DA 1ª del RD 1065/2007, de 27 de julio, se relacionan los procedimientos que podrán entenderse desestimados (ap. 1) y estimados (ap. 2) por la falta de resolución en plazo. La Ley 34/2015 establece que, cuando el obligado se haya suscrito voluntariamente a la recepción de notificaciones electrónicas, se le tendrá por notificada en plazo la resolución con la simple puesta a disposición de la resolución en la sede electrónica.

 

 

 

 

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Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 39/2015 de 1 de Oct (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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