Responsabilidad legal en las Auditorías del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL)

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 15/07/2021

En el proceso de auditoría intervienen distintas partes cada una con sus funciones y responsabilidades.

Responsabilidad en las Auditorías del SGPRL

En el proceso de auditoría intervienen distintas partes cada una con sus funciones y responsabilidades:

  • Cliente: Empresa o organización que contrata con la entidad auditora la realización de la auditoría.
  • Auditado: Organización, o parte de la misma, que vaya a ser auditada. Sobre este sujeto recaen las obligaciones de los arts. 30.6 de la LPRL y 29, 30 y 31 del RSP.
  • Auditor/Equipo Auditor: Persona/s física/a o jurídica/s que lleva a cabo una auditoría. Dentro del equipo auditor, se denomina Auditor/a Jefe al responsable que asume la responsabilidad global de la auditoría y constituye el principal interlocutor con el cliente, es decir, el responsable final de la auditoría.

La Auditoría, pese a configurarse como una exigencia legal, resulta de enorme importancia debido a que trata de comprobar si las normas de prevención se cumplen y si se logran los objetivos que la misma trata de alcanzar, lo que debemos enlazar con la posible existencia de responsabilidades en materia preventiva en caso de ausencia de Auditoría del SGPRL. Toda vez que, partiendo del mandato legal, existirán implicaciones en aspectos como:

  • Coordinación de Actividades Empresariales.
  • Compraventa de empresas.
  • Fusiones societarias.
  • Responsabilidades jurídicas de Gerentes, Administradores o Consejos de Administración.
  • Aseguramiento de responsabilidades.

Por su parte, los arts. 12.20 y 12.21 de la LISOS, contemplan como infracción grave:

«20. […] No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el sistema de prevención de la empresa al control de una auditoría o evaluación externa cuando no se hubiera concertado el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa.

21. Facilitar a la autoridad laboral competente, las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas, las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas o las entidades acreditadas para desarrollar y certificar la formación en materia de prevención de riesgos laborales, datos de forma o con contenido inexactos, omitir los que hubiera debido consignar, así como no comunicar cualquier modificación de sus condiciones de acreditación o autorización».

Las sanciones por vía administrativa derivadas de la comisión de la infracción se determinan en el art. 40 de la LISOS (con cantidades vigentes desde el 01/10/2021): Las graves con multa, en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros; en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros.

Ahora bien, en relación con las infracciones administrativas en materia de prevención de riesgos laborales, hemos de tener en cuenta la existencia de dos tipos:

  • Las sanciones al uso, cuya graduación se conforma de sanciones leves, graves o muy graves, como hemos visto.
  • Las denominadas «sanciones accesorias», de forma que, además de las sanciones que correspondan por el incumplimiento, darán lugar a otras como cierre de centro de trabajo, prohibición de contratar con la Administración Pública o suspensión de la actividad.

A la hora de graduar tales sanciones, la Inspección de Trabajo atenderá a los criterios de graduación fijados en el art. 39 de la LPRL como:

  • Peligrosidad de las actividades desarrolladas.
  • Permanencia o transitoriedad del riesgo.
  • Gravedad de los daños producidos o potenciales.
  • Número de trabajadores afectados.
  • Medidas adoptadas por el empresario.
  • Incumplimiento advertencias o requerimientos previos de ITSS.
  • Inobservancia de las propuestas de los servicios de prevención u órganos con poder de decisión en la materia.
  • Conducta general del empresario.

Siendo en este punto donde la actuación voluntaria del empresario realizando una Auditoría ha de verse como una forma de adopción de medidas tendentes a la prevención de riesgos y corrección de posibles deficiencias y, por ende, a la protección de las personas trabajadoras. Es decir, la existencia de una Auditoría del SGPRL supondrá una disminución de la responsabilidad administrativa empresarial en caso de incidencia, llegando incluso a la exoneración de la misma.

1. Responsabilidades civiles y penales de gerentes, administradores y consejos de administración y auditoría del SGPRL

En lo que respecta a la responsabilidad por hecho ajeno, el art. 1902, 1903 y 1911 del Código Civil determina que la obligación de reparar el daño causado del Art. 1902 Código Civil es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. Los dueños o directores de un establecimiento o empresa son responsables de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones. 

Por su parte, el Código Penal establece que, quienes con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, incurrirán en un delito contra la salud de los trabajadores.
 
De esta forma, la responsabilidad civil y penal llega, no solo el empresario, como principal obligado en materia preventiva (art. 14 de la LPRL), sino también a:
  • Todos aquellos que por delegación suya hayan asumido facultades o poder de dirección en la empresa (directivos, cargos intermedios, encargados, etc.).
  • Aquellas personas o entidades a quienes se haya encomendado la realización de las tareas en materia preventiva.
  • A cualquier otra persona que haya podido colaborar con su conducta negligente a la producción del resultado lesivo (arquitectos, aparejadores, ingenieros, fabricantes, etc.).

En el caso de los Administradores, el art. 236.1 de la LSC, establece que responderán «frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa».

Y, por último, en cuanto al Asesor o Gestor externo, cabe señalar que su ámbito de responsabilidad se reduce a la exigencia del compromiso adquirido frente al administrador que le contrató.

En todos estos casos, la ausencia de una Auditoría externa de SGPRL, cuando fuera exigible, supone un incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, que serviría como desencadenante de la responsabilidad de los sujetos citados de ámbito penal y civil.

2. Responsabilidades en coordinación a actividades empresariales y auditoría del SGPRL

La Auditoría SGPRL supone la validación de los medios que se utilizan para coordinar a las empresas cuando actúan en un mismo centro de trabajo en base a los arts. 24 de la LPRLReal Decreto 171/2004, de 30 de enero y 11 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero. Lo que supondrá la moderación de las responsabilidades (art. 42 de la LPRL) administrativas, así como, en su caso, penales o civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de cualquier incidencia.

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