Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por negligencias médicas

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Civil
  • Fecha última revisión: 02/04/2019

Como regla general se exonera la responsabilidad patrimonial de la Administración si concurre algún supuesto de fuerza mayor, como dispone la regulación básica de los artículos 106 de la Constitución y 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La responsabilidad patrimonial de la Administración se configura como un sistema general, unitario, objetivo, directo y de reparación integral.

El sistema general comporta que abarcaría toda la actividad derivada del funcionamiento de los servicios públicos; unitario porque rige para todas las Administraciones; directa porque se exige a la Administración la indemnización por los daños causados por el personal y autoridades a su servicios; de reparación integral porque resarcirá la totalidad de los perjuicios causados; y, por último, objetiva porque resarcirá los daños causados por el funcionamiento correcto o incorrecto de los servicios públicos.

La regulación básica se contiene en los artículos 106 de la Constitución Española y 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El artículo 106.2 de la Constitución Española establece que: "Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

El artículo 32.1 de la Ley 40/2015 dispone que: "Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley".

Se trata de una responsabilidad de resultado, siendo indiferente que el funcionamiento del servicio público haya sido normal, pues basta para declararla que el daño (efectivo, individualizado y evaluable económicamente) sea consecuencia directa de aquél.

No obstante, en el ámbito de la responsabilidad por el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios se flexibiliza esta configuración. Tal y como se desarrolla en la Guía práctica sobre Negligencias Médicas de la Editorial Colex, el Tribunal Supremo ha declarado que es excesivo convertir a la Administración en una aseguradora universal de todos los riesgos sociales, por lo que se debe entender que la obligación de los profesionales médicos es de medios y no de resultado, bastando con la observancia de la lex artis para no declarar la responsabilidad pues la salud y cuerpo humano comportan riesgos imprevisibles que se escapan al control humano.

Los elementos de la responsabilidad patrimonial de la Administración son:

1. Acción u omisión producida en el desarrollo de una actividad cuya actividad corresponde a un ente público. La actuación puede provenir de: las autoridades o personal al servicio de la Administración, de los centros sanitarios o de la organización sanitaria.

2. Lesión o daño que el perjudicado no tenga el deber de soportar, que debe ser efectivo, individualizado y evaluable económicamente.

3. Prueba por el demandante del nexo de causalidad entre el daño y la actuación en el servicio público. Se rompe el nexo de causalidad, conforme a la legislación, por causa de fuerza mayor.

La fuerza mayor se produce en aquellos casos en los que concurre una causa extraña, siendo el acontecimiento productor de la lesión exterior al servicio u organización en cuyo seno se produce la lesión. Como dispone la STS 126/2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid:

"La fuerza mayor que contempla el artículo 1.105 del Código Civil es la que opera imponiendo necesaria e inevitablemente un resultado dañoso y su apreciación, como causa exoneradora de responsabilidad, exige que se trate de un acontecimiento independiente de la voluntad del agente causante, que por ello no le es imputable; que sea imprevisto e imprevisible dentro de la normal previsión que las circunstancias exigen en el caso concreto; que exista el necesario vínculo o nexo de causalidad entre el hecho y el subsiguiente evento dañoso, sin que intervenga en esa relación como factor relevante la actividad, dolosa o culposa, del agente; y que el evento aparezca probado de forma cumplida y satisfactoria' (SAP Ourense, Civil sección 1 del 20 de enero de 2016 , sentencia 20/2016, recurso 225/2015 , Pte: Dª María José González Movilla)".

La fuerza mayor produciría la ruptura del nexo de causalidad y su prueba corresponde a la Administración. En este sentido dispone la Sentencia de 5 de noviembre de 2014 de la Audiencia Nacional: "la consideración de hechos que puedan determinar la ruptura del nexo de casualidad, a su vez, debe reservarse para aquellos que comportan fuerza mayor -única circunstancia admitida por la ley con efecto excluyente-, a los cuales importa añadir la intencionalidad de la víctima en la producción o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia de ésta, siempre que estas circunstancias hayan sido determinantes de la existencia de la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla, y 4º) finalmente, el carácter objetivo de la responsabilidad impone que la prueba de la concurrencia de acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la víctima suficiente para considerar roto el nexo de causalidad corresponda a la Administración, pues no sería objetiva aquella responsabilidad que exigiese demostrar que la Administración que causó el daño procedió con negligencia, ni aquella cuyo reconocimiento estuviera condicionado a probar que quien padeció el perjuicio actuó con prudencia".

Debe distinguirse la fuerza mayor del caso fortuito, que se refiere a eventos internos, intrínsecos al funcionamiento de los servicios públicos, producidos por la misma naturaleza y por los que sí debe responder la Administración pública en caso de daños.

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Daños y perjuicios
Fuerza mayor
Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública
Negligencia médica
Causalidad
Deber jurídico
Daño efectivo
Servicio público sanitario
Lex artis
Asegurador
Omisión
Entes públicos
Dolo
Caso fortuito
Pertenece al Grupo

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