La responsabilidad patrimonial concurrente entre Administraciones Públicas y su regulación por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público

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La responsabilidad patrimonial concurrente entre Administraciones Públicas se regirá por lo previsto en el Art. 33 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, precepto que distingue dos situaciones distintas:

  • Gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas.

  • Otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño.

Respecto de la responsabilidad patrimonial concurrente de las Administraciones Públicas, habrá que estar a lo dispuesto en el Art. 33 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, precepto bastante más detallado que sus antecedentes normativos. Así, el mismo dispone lo siguiente: 

  • Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas.

  • En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación.

  • En los casos previstos en el apartado primero, la Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio.

  • Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente a la que se refiere el apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.

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