La responsabilidad penal de las personas jurídicas

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Tradicionalmente, la teoría mayoritaria en España, tanto doctrinal como jurisprudencial, estimaba que las personas jurídicas no están capacitadas para delinquir (por la imposibilidad de apreciar en ella la culpabilidad, o de atribuirle pena, o su incapacidad de acción; siendo esta última la fundamentación mayoritaria); no obstante con la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, desaparece el principio de no-responsabilidad penal de las sociedades (?societas delinquere non potest?), ya con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, el apartado 1 del Art. 31 bis ,Código Penal, la personas jurídica será penalmente responsable

?a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso?

NOVEDAD: La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, limita la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el caso de delitos cometidos por sus dependientes, sólo a los supuestos en los que el incumplimiento del deber de vigilancia haya tenido carácter grave. 

Se introduce como causa de exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica la existencia de un programa de prevención, que conlleve una reducción significativa del riesgo de comisión de delitos (apartado 2 del Art. 31 bis ,Código Penal).

Para completar esta materia, véase la Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015,- que ofrece criterios para interpretar la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzoy la sentencia de 29/02/2016 del Tribunal Supremo (TS, Sala de lo Penal, nº 154/2016, de 29/02/2016, Rec. 10011/2015)

 

 

Además de las penas para las personas jurídicas, ciertos preceptos como los Art. 174,Art. 265,Art. 344,Art. 347,Art. 520,Art. 569,Art. 328,Art. 370 ,Código Penal establecen consecuencias aplicables a las personas jurídicas, como la disolución de la asociación u organización; la clausura temporal o definitiva; la suspensión o prohibición de la actividad.

Hay que tener en cuenta, que sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades (Art. 31 quater ,Código Penal)

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dinamantes de los hechos.

c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.

d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

Según el Art. 31 ,Código Penal quinquies, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas. En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que presten servicios de interés económico general, solamente les podrán ser impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33.

La Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, modificó la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la finalidad de incluir a partidos políticos y sindicatos dentro del régimen general de responsabilidad. El Art. 310 bis ,Código Penal queda redactado del siguiente modo:

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.

b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

c) Multa de seis meses a un año, en los supuestos recogidos en el artículo 310.

Además de las señaladas, se impondrá a la persona jurídica responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. Podrá imponerse la prohibición para contratar con las Administraciones Públicas.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b), c), d), e) y g) del apartado 7 del artículo 33.

 

La Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, establece que el delito ha de cometerse en beneficio directo o indirecto de la empresa por parte del sujeto infractor, lo que castiga la actuación delictiva del sujeto que, pretendiendo conseguir un beneficio para la persona jurídica, lo consiga o no lo consiga. Se incluyen los beneficios estratégicos, intangibles o reputacionales, excluyéndose las conductas efectuadas por la persona física en su propio beneficio y que no los generan para la empresa.

Las personas con más responsabilidad en la empresa son las que pueden cometer el delito que produzca responsabilidad penal a la persona jurídica, como pueden ser los representantes legales, miembros de un órgano de la persona jurídica que tienen autorización para tomar decisiones en su nombre,ostentando facultades de organización y control en la misma, y las personas indebidamente controladas por aquellas.

 

 

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