Régimen de revisión de los actos administrativos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 10/03/2020

Los Art. 106-126 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, integrantes del Título V de la norma, se encargan de la revisión de actos en vía administrativa, ocupándose de la revisión de oficio(Art. 106-111 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre) y del régimen de recursos a los que puede acudir el interesado: recurso de alzada, recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión (Art. 112-126 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Los actos administrativos gozan de una presunción de validez “iuris tantum” recogida en el artículo 39.1 de la LPACAP de la siguiente forma:

  • Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

  • La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.

  • Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

  • Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.

  • Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 44 de la LJCA, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-administrativo. En estos casos, quedará suspendido el procedimiento para dictar resolución.

Los Art. 106-126 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, integrantes del Título V de la norma, se ocupan de la revisión de actos en vía administrativa.

La doctrina clasifica los recursos administrativos en ordinarios, extraordinarios y especiales. En este sentido, la LPACAP establece en sus artículos 112 y 113 que los interesados podrán interponer los recursos administrativos ordinarios de alzada y reposición: “Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos (...)” ; y recurso extraordinario de revisión contra los actos firmes cuando concurran algunas de las circunstancias tasadas del artículo 125.1 de la LPACAP, a cuyo análisis posterior nos remitimos.

A tenor de lo anterior, podemos definir los recursos especiales como aquellos que son resueltos por órganos específicos o versan sobre una materia específica, tales como, el recurso especial en materia de contratación pública regulado en el art. 44 de la Ley 9/2017, de 8 de diciembre, de Contratos del Sector Público(en adelante LCSP) o las reclamaciones reguladas por leyes especiales.

Ahora bien, las reclamaciones económico-administrativas tienen carácter obligatorio y previo al recurso contencioso-administrativo, ajustándose a los procedimientos establecidos por su legislación específica, es decir, se regularán por lo dispuesto en los artículos 226 a 244 de la Ley General Tributaria, siendo resueltas por un órgano distinto e independiente del que dictó el acto recurrido.

Alrededor de los procedimientos tributarios, se han generado cuestiones como la efectividad del agotamiento de la vía administrativa previa como requisito de procedibilidad del recurso contencioso- administrativo, y el tema de los recursos administrativos manifiestamente inútiles.

El TS en su Sentencia, de fecha 21 de mayo de 2018, núm 815/2018, rec. 113/2017  ha respondido a las mismas declarando que "(...) si para el ejercicio de la acción jurisdiccional frente a una Administración pública se exigiera a los ciudadanos la interposición de un recurso administrativo que se revelara manifiestamente ineficaz para el éxito de su pretensión, cabría concluir, en la medida en que la formulación del recurso se erigiría en una carga procesal para el demandante como presupuesto de viabilidad de su acción jurisdiccional [ vid. SSTC 108/2000 (ES:TC:2000:108 ; FJ 4º), 275/2005 (ES:TC:2005:275; FJ 4 º) y 75/2008 (ES:TC :2008:75; FJ 4º)], que esa carga, en cuanto inútil, negaría la razón que justifica su imposición, deviniendo desproporcionada y vulneradora del derecho a obtener la tutela judicial efectiva, al tiempo que desconocería el mandato del artículo 106.1 CE , que impone un efectivo control jurisdiccional de la actuación administrativa. Este último precepto constitucional exige que los instrumentos procesales se articulen de manera que hagan posible una fiscalización plena del ejercicio de las atribuciones administrativas [ vid. STC 238/1992 (ES:TC:1992:238; FJ 6º)], plenitud incompatible con demoras impuestas por la interposición de recursos en vía administrativa manifiestamente ineficaces e inútiles para dar cumplimiento al fin que los justifica”, y, aunque se centra principalmente en el recurso de reposición, podría ser perfectamente aplicable al resto de los recursos administrativos. 

Como decimos, tal revisión puede realizarse de oficio (Ver tema: Revisión de oficio de los actos administrativos), por la propia Administración (Art. 106-111 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre), o a consecuencia de la interposición de un recurso administrativo (Ver tema: Recursos administrativos). Tras establecerse respecto de estos últimos una serie de principios generales (Art. 112-120 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre) la norma distingue entre:

*(Ver también: La reclamación económico-administrativa)

Jurisprudencia destacada sobre recursos administrativos

Sentencia del TS, de fecha 21 de mayo de 2018, núm 815/2018, rec. 113/2017 

 “(...) resulta obligatorio agotar con carácter previo la vía administrativa, formulando recurso de reposición, o si, en tales casos, el interesado puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo.4.Tal análisis requiere que nos detengamos en tres extremos: (i) el agotamiento de la vía administrativa previa como presupuesto de procedibilidad del recurso contencioso- administrativo, (ii) los recursos administrativos manifiestamente inútiles y (iii) el recurso preceptivo de reposición en el ámbito local contra los actos de aplicación de los tributos sustentado exclusivamente en la inconstitucionalidad de la ley que les da cobertura.5.Tal es el alcance que ha de otorgarse al artículo 25.1 LJCA cuando dispone que el recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos que pongan fin a la vía administrativa. Como quiera que ponen fin a la vía administrativa los actos resolutorios de los recursos administrativos preceptivos, para acudir a la vía jurisdiccional resulta menester haber interpuesto el recurso pertinente [ vid. artículos 107.1 , 109.a ) y 114.1 LPAC ]. Si no se hace así, la acción contencioso-administrativa puede ser rechazada in limine litispor falta de agotamiento de la vía administrativa previa [ vid. artículos 51.1.a ), 58 , 59.4 y 69.c), en relación con el artículo 25.1, todos de la LJCA ].6.Una resolución con tal pronunciamiento, debidamente motivada y razonada, sería totalmente respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24.1 CE , en su manifestación del derecho al recurso. Este derecho fundamental, de configuración legal, es compatible con una resolución judicial de inadmisión fundada en una causa prevista en la ley, aplicada razonada y razonablemente. Sólo serían constitucionalmente repudiables aquellos pronunciamientos judiciales de inadmisión sostenidos en un motivo legalmente inexistente o mediante un juicio arbitrario, irrazonable o fundado en un error fáctico patente [por todas, vid SSTC 126/1984 ( ES:TC:1094:126, FJ 2º), 37/1995 (ES:TC:1995:37, FJ 5 º) y 115/2017 (ES:TC :2017:115; FJ 5º)].7.Ahora bien, si el establecimiento de una vía de recursos administrativos previa al ejercicio de la acción jurisdiccional es una decisión del legislador ordinario, que no deriva directamente de la Constitución, pero que, en la medida en que así se establezca, viene a integrarse en las condiciones de ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (que, insistimos, lo es de configuración legal), cabe preguntarse por el ajuste al contenido esencial del mencionado derecho fundamental de una interpretación de los recursos administrativos preceptivos que los conviertan en un 'peaje' que ineluctablemente deben pagar los administrados antes de poder impetrar la tutela judicial ( artículo 24.1 CE ) y hacer efectivo el control que demanda el artículo 106.1 CE , incluso en situaciones en las que, manifiestamente, el recurso administrativo no puede dar satisfacción bajo ninguna circunstancia a la pretensión del recurrente.TERCERO.- Los recursos administrativos manifiestamente inútiles y el eficaz control jurisdiccional de la actuación administrativa1.Así pues, el establecimiento de una vía administrativa de recursos preceptivos no es una exigencia constitucional, pero es una opción que el legislador puede realizar en el ejercicio de su libertad de configuración, siempre, claro está, dentro del marco diseñado por la Constitución.2.Ese marco exige que, cualquiera que sea el modelo elegido, no se demore de manera injustificada y desproporcionada el, ahora sí, constitucionalmente ineludible control jurisdiccional [ artículos 106.1 y 153.c) CE ], obstaculizando y retrasando sin razón objetiva suficiente la satisfacción del derecho a obtener la tutela judicial efectiva de quienes combaten las disposiciones y actos administrativos que les conciernen [ artículo 24.1 CE ].3.El diseño de un sistema de recursos administrativos preceptivos, previos al ejercicio de la acción jurisdiccional, se justifica en dar a la Administración autora de un acto o de una disposición la posibilidad de satisfacer la pretensión del administrado afectado por los mismos y que los discute, sin necesidad de acudir a la jurisdicción [ vid.,en relación con las reclamaciones administrativas previas, SSTC 120/1993 (ES:TC:1993:120; FJ 3 º) y 275/2005 (ES:TC :2005:275; FJ 4º)](...)12.Las razones que sustentan la sentencia impugnada no obstaculizan la anterior conclusión. En primer lugar porque, al afirmar que «los recursos [administrativos] no son necesarios o no, inútiles o no, sino que son preceptivos o no conforme a la regulación legal de la materia», convierte en un valor absoluto la opción del legislador al regularlos, olvidando que también él está sometido a la Constitución ( artículos 9.1 CE ), debiendo en particular respetar el contenido esencial de los derechos fundamentales que garantiza a los ciudadanos ( artículo 53.1 CE ), y desconociendo que los recursos administrativos no son un fin en sí mismos, sino un instrumento para la más efectiva y eficaz defensa de los derechos de los administrados frente a las administraciones públicas, su auténtico objetivo”.

Sentencia de la AN, de fecha 16 de octubre de 2019, núm. 518/2018, rec. 518/2018 

“Efectivamente, dicho recurso se interpuso fuera del plazo de un mes previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con el artículo 30 del mismo texto legal, que expresamente prevé que:'(...) 4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.'En consecuencia, es clara la extemporaneidad del recurso y, por tanto, conforme a Derecho la resolución de 7 de septiembre de 2018, del General del Ejército JEME, por la que se inadmite por extemporáneo el recurso de alzada interpuesto. Resultado de ello es que la denegación del ascenso al empleo de Comandante conforme a la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 39/2007, devino firme”.

Sentencia de AN, de fecha 4 de abril de 2019, núm. 69/2018, rec. 69/2019

“En efecto, el artículo 123 de la LPAC 39/2015, al igual que el anteriormente vigente art. 116 de la LRJ-PAC 30/1992, dispone que:'1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.2.No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamenteose haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto'.Una vez transcurridos los plazos previstos para la interposición del recurso de reposición 'únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio en su caso, de la procedencia del recurso de revisión' ( artículo 124.1 de la LPAC 39/2015 / anterior art. 117.1 LRJ-PAC 30/1992).El transcurso del plazo de un mes con el que cuenta la Administración para notificar y resolver el recurso de reposición ( art. 124.2 de LPAC 39/2015 /anterior art. 117.2 Ley 30/1992 ), provoca la desestimación presunta del mismo y abre la vía al contencioso sin que ello impida una resolución tardía de la Administración”.

Sentencia del TSJ de Galicia, de fecha 15 de febrero de 2019, núm. 91/2019, rec. 4293/2018 

“CUARTO: Sobre la vulneración de la tutela judicial efectiva y el riesgo de indefensión.La resolución denegatoria de una legalización de una obra es un acto definitivo que pone fin al procedimiento administrativo de solicitud de licencia de legalización, resolviendo las cuestiones suscitadas en el mismo, constituyendo una resolución que como tal es recurrible en vía contencioso-administrativa al amparo del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y del artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).La conexión de dicho acto con un previo incidente de ejecución de sentencia, por referirse dicha licencia a una realidad constructiva afectada por un previo pronunciamiento judicial y un incidente de ejecución de sentencia, no priva al órgano jurisdiccional de la competencia para conocer del recurso contencioso- administrativo, desde la perspectiva general de todo procedimiento de esa naturaleza, esto es, la fiscalización del ajuste a derecho de dicha resolución.”

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Recurso potestativo de reposición
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Denegación por silencio
Ascenso
Recurso de revisión
Ejecución de sentencia
Ejecución de la sentencia
Actos definitivos
Jurisdicción contencioso-administrativa
Solicitud de licencia

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 9/2017 de 8 de Nov (Contratos del Sector Público) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 272 Fecha de Publicación: 09/11/2017 Fecha de entrada en vigor: 09/03/2018 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 39/2015 de 1 de Oct (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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