Robo, hurto, extravío o destrucción de título valor o representación de partes de socio como expediente de jurisdicción voluntaria

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Civil
  • Fecha última revisión: 06/09/2017

Los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia mercantil se encuentran regulados en el Título VIII de la Ley 15/2015 de 2 de Jul (Jurisdicción voluntaria), dividido a su vez en 8 Capítulos.

El Capítulo VII se ocupa del expediente de jurisdicción voluntaria de robo, hurto, extravío o destrucción de título valor o representación de partes de socio, concretamente en los Art. 132 a Art. 135 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Cuando se soliciten la adopción de las medidas previstas en la legislación mercantil para los casos de robo, hurto, extravío o destrucción de títulos valor o de representación de partes de socio, se utilizará este expediente.

La competencia será del Juzgado de lo Mercantil de los siguientes lugares:

  • Cuando se trate de un título de crédito, el del lugar de pago.
  • Cuando se trate de títulos de depósito, el del lugar de depósito.
  • Cuando los títulos sean valores mobiliarios, el del lugar del domicilio de la entidad emisora.

Están legitimado para iniciar este expediente, los poseedores legítimos de los títulos que hubiesen sido desposeídos, destruidos o extraviados.

Como en expedientes anteriores en el ámbito mercantil, será preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.

El Art. 134 se ocupa de la denuncia del hecho en caso de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales. Los legitimados en estos casos, podrán denunciar el hecho ante la Sociedad Rectora del mercado secundario oficial correspondiente al domicilio de la entidad emisora.

La Sociedad Rectora del mercado secundario oficial correspondiente lo comunicará a las restantes Sociedades Rectoras, que lo publicarán en el tablón de anuncios para impedir la transmisión del título o títulos afectados. Igualmente, se publicará la denuncia en el Boletín Oficial del Estado y, si lo solicitara el denunciante, en un periódico de gran circulación a su elección.

En el plazo máximo de 9 días desde la formulación de la denuncia, se deberá solicitar por el denunciante la iniciación de este expediente.

Tramitación del expediente

Se iniciará mediante un escrito, y, para el caso de que hubiese presentado la denuncia anterior, se deberá hacer constar expresando la fecha de la presentación de la denuncia.

El Letrado de la Administración de Justicia, comunicará la incoación del expediente al emisor de los valores, y si se tratara de un título admitido a negociación, a la Sociedad Rectora del mercado secundario oficial correspondiente.

La incoación del expediente se publicará en el BOE y en un periódico de gran circulación en su provincia.

Una vez se celebre la comparecencia, el Letrado de la Administración de Justicia, dictará decreto sobre la prohibición de negociar o transmitir los valores, de la suspensión del pago del capital, intereses o dividendos, o bien del depósito de las mercancías, según proceda en atención al título de que se trate y, en su caso, ratificará la prohibición de negociación acordada por la Sociedad Rectora del mercado secundario oficial correspondiente.

El apartado 5 del Art. 135 hace la siguiente salvedad:

" (...) cuando se tratase de un título de tradición, no procederá el depósito de las mercancías si fueran de imposible, difícil o muy costosa conservación o corrieran el peligro de sufrir grave deterioro o de disminuir considerablemente de valor. En ese caso, el Secretario judicial instará al porteador o al depositario, previa audiencia del tenedor del título, que entregue las mercancías al solicitante si éste hubiera prestado caución suficiente por el valor de las mercancías depositadas, más la eventual indemnización de los daños y perjuicios al tenedor del título si se acreditara posteriormente que el solicitante no tenía derecho a la entrega."

Si transcurre el plazo de 6 meses sin que haya habido problema alguno, se podrá autorizar al que promovió el expediente, a cobrar los rendimientos que produzca el título, comunicándoselo, a instancia de éste, al emisor para que pueda proceder a su pago.

Si transcurre 1 año sin mediar oposición, el Letrado de la Administración de Justicia, ordenará al emisor la expedición de nuevos títulos.

Por último este artículo, señala:

"En ningún caso procederá la anulación del título o títulos, si el tenedor actual que formule oposición los hubiera adquirido de buena fe conforme a la ley de circulación del propio título.

En caso de que no fuera procedente la anulación del título o títulos, quien hubiera sido tenedor legítimo en el momento de la pérdida de la posesión tendrá las acciones civiles o penales que correspondan contra aquella persona que hubiera adquirido de mala fe la posesión del documento."

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