Ruido

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 02/03/2017

En materia de ruido o contaminación acústica, en cuanto legislación básica, habrá que estar a lo dispuesto por la  Ley 37/2003, de 17 de noviembre (transposición de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental) y, en desarrollo de la misma, a lo establecido por el  Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre y  por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre

Como destaca la TS, Sala de lo Contencioso, de 08/06/2012, Rec. 126/2010 (y  venga aquí por la precisa síntesis que realiza) "las Comunidades Autónomas tienen constitucionalmente atribuida competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda , ex artículo 148.1.3ª de la CE . Ahora bien, el Estado ostenta algunos títulos, de los previstos en el artículo 149.1 de la CE , que le facultan para incidir o condicionar el urbanismo, debido a la interferencia que sobre el mismo pueden proyectar esos otros títulos competenciales sobre los que el Estado tiene competencia exclusiva, en unos casos, o compartida, en otros. Entre estos títulos, se encuentra, por lo ahora interesa, el medio ambiente y la sanidad, que permiten al Estado dictar normas sobre las " bases " en materia de sanidad o la " legislación básica " en materia de medio ambiente, cuyo contenido puede cruzarse con la competencia exclusiva autonómica sobre el urbanismo, cuando comparten el mismo escenario".

Sentado lo anterior, la ley sobre ruido que el estado ha dictado en ejercicio  de las competencias exclusivas otorgadas por los números 16 y 23 del apdo. 1 del Art. 149 ,Constitución española, en materia de bases y coordinación general de la sanidad y de legislación básica sobre protección del medio ambiente, es la Ley 37/2003, de 17 de noviembre (transposición de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental), en cuya virtud se han aprobado, posteriormente, el  Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre  y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre (causa última de la sentencia referida al comienzo de estas líneas).

Acerca de a Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, cabría destacar los siguientes puntos de interés:

Objeto y ámbito de aplicación

Según lo dispuesto por el Art. 1 ,Ley 37/2003, de 17 de noviembre, dicha norma tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, encontrándose sujetos a la misma (Cfr. Art. 2 ,Ley 37/2003, de 17 de noviembre)   todos los emisores acústicos, ya sean de titularidad pública o privada, así como las edificaciones en su calidad de receptores acústicos, a excepción de:

  • Las actividades domésticas o los comportamientos de los vecinos, cuando la contaminación acústica producida por aquéllos se mantenga dentro de límites tolerables de conformidad con las ordenanzas municipales y los usos locales.

  • Las actividades militares, que se regirán por su legislación específica.

  • La actividad laboral, respecto de la contaminación acústica producida por ésta en el correspondiente lugar de trabajo, que se regirá por lo dispuesto en la legislación laboral.

Repartos competenciales en materia de ruido

De lo establecido en el Art. 4 ,Ley 37/2003, de 17 de noviembre puede extraerse el siguiente cuadro competencial en materia de ruido:

  • Le corresponderá al estado, en relación con las infraestructuras viarias, ferroviarias y portuarias que sean de su competencia: 

    •  La elaboración, aprobación y revisión de los mapas de ruido y la correspondiente información al público.

    • La delimitación de las zonas de servidumbre acústica y las limitaciones derivadas de dicha servidumbre.

    • La suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica aplicables en un área acústica (en este caso, sólo en relación con las obras de interés público de competencia estatal).

    • La elaboración, aprobación y revisión del plan de acción en materia de contaminación acústica correspondiente a cada mapa de ruido y la correspondiente información al público.

    • La ejecución de las medidas previstas en el plan.

    • La declaración de un área acústica como zona de protección acústica especial, así como la elaboración, aprobación y ejecución del correspondiente plan zonal específico.

    •  La declaración de un área acústica como zona de situación acústica especial, así como la adopción y ejecución de las correspondientes medidas correctoras específicas.

    • La delimitación de las zonas tranquilas en aglomeraciones y zonas tranquilas en campo abierto.

  • En los restantes casos (añadiendo además a la anterior relación de cometidos la delimitación del área o áreas acústicas integradas dentro del ámbito territorial de un mapa de ruido) se estará:

    • En primer lugar, a lo que disponga la legislación autonómica.

    • En su defecto, la competencia corresponderá a la comunidad autónoma si el ámbito territorial del mapa de ruido de que se trate excede de un término municipal, y al ayuntamiento correspondiente en caso contrario.

Por su parte, y con independencia de las previsiones acerca de la información sobre la contaminación acústica y, en particular, sobre los mapas de ruido y los planes de acción en la materia del Art. 5 ,Ley 37/2003, de 17 de noviembre, el Art. 6 ,Ley 37/2003, de 17 de noviembre señala que le corresponde a los ayuntamientos aprobar ordenanzas en relación con las materias objeto de la ley. 

Clasificación de áreas acústicas, fijación de objetivos de calidad acústica y suspensión provisional de los mismos.

 El apdo. 1 del Art. 7 ,Ley 37/2003, de 17 de noviembre señala que  las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del suelo, en los tipos que determinen las comunidades autónomas, las cuales habrán de prever, al menos, los siguientes:

  • Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

  • Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.

  • Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.

  • Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en el párrafo anterior.

  •  Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera de especial protección contra la contaminación acústica.

  • fSectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen.

  • Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica.

Para la delimitación de los distintos tipos de áreas acústicas habrá que acudir a lo dispuesto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre .

Por su parte, el Art. 8 ,Ley 37/2003, de 17 de noviembre señala que el el Gobierno definirá los objetivos de calidad acústica aplicables a los distintos tipos de áreas acústicas (los actuales se encuentran recogidos en los Art. 13-17 ,Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre) , objetivos cuyo cumplimiento, con motivo de la organización de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, previa valoración de la incidencia acústica, podrán dejarse en suspenso  en los términos del Art. 9 ,Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 

Índices Acústicos

A los efectos de dicha norma, el Art. 11 ,Ley 37/2003, de 17 de noviembre establece que se emplearán índices acústicos homogéneos correspondientes a las 24 horas del día, al período diurno, al período vespertino y al período nocturno, sin perjuicio de que en sede reglamentaria se puedan prever otros índices aplicables a los supuestos específicos que al efecto se determinen. Los índices acústicos son los que se señalan en el Art. 3 ,Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y para su aplicación habrá que estar a lo señalado en el Art. 4 ,Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

Inspección y régimen sancionador en materia de ruido

El Art. 27 ,Ley 37/2003, de 17 de noviembre dispone que los funcionarios que realicen labores de inspección en materia de contaminación acústica tendrán el carácter de agentes de la autoridad, a los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (la referencia debe entenderse hecha a la Ley 39/2015, de 1 de octubre y, en su caso, a la Ley 40/2015, de 1 de octubre) y podrán acceder a cualquier lugar, instalación o dependencia, de titularidad pública o privada. En el supuesto de entradas domiciliarias se requerirá el previo consentimiento del titular o resolución judicial. Los titulares de los emisores acústicos regulados por la ley están obligados a prestar a las autoridades competentes toda la colaboración que sea necesaria, a fin de permitirles realizar los exámenes, controles, mediciones y labores de recogida de información que sean pertinentes para el desempeño de sus funciones.

En cuanto al régimen sancionador en materia de contaminación acústica, el Art. 28 ,Ley 37/2003, de 17 de noviembre señala que, sin perjuicio de las infracciones que puedan establecer las comunidades autónomas y los ayuntamientos, las infracciones administrativas relacionadas con la contaminación acústica se clasifican en muy graves, graves y leves.

Son infracciones muy graves:

  • La producción de contaminación acústica por encima de los valores límite establecidos en zonas de protección acústica especial y en zonas de situación acústica especial.

  • La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.

  • El incumplimiento de las condiciones establecidas, en materia de contaminación acústica, en la autorización ambiental integrada (recuérdese que hoy regulada en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la comunicación), en la autorización o aprobación del proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, en la licencia de actividades clasificadas o en otras figuras de intervención administrativa, cuando se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.

  • El incumplimiento de las normas que establezcan requisitos relativos a la protección de las edificaciones contra el ruido, cuando se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.

  • El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la adopción de medidas provisionales conforme al Art. 31 ,Ley 37/2003, de 17 de noviembre

Son infracciones graves:

  • La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.

  • El incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de contaminación acústica, en la autorización ambiental integrada, en la autorización o aprobación del proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, en la licencia de actividades clasificadas o en otras figuras de intervención administrativa, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.

  • La ocultación o alteración maliciosas de datos relativos a la contaminación acústica aportados a los expedientes administrativos encaminados a la obtención de autorizaciones o licencias relacionadas con el ejercicio de las actividades reguladas en esta ley.

  •  El impedimento, el retraso o la obstrucción a la actividad inspectora o de control de las Administraciones públicas.

  • La no adopción de las medidas correctoras requeridas por la Administración competente en caso de incumplimiento de los objetivos de calidad acústica.

Son infracciones leves las siguientes:

  • La no comunicación a la Administración competente de los datos requeridos por ésta dentro de los plazos establecidos al efecto.

  • La instalación o comercialización de emisores acústicos sin acompañar la información sobre sus índices de emisión, cuando tal información sea exigible conforme a la normativa aplicable.

  • El incumplimiento de las prescripciones establecidas en esta ley, cuando no esté tipificado como infracción muy grave o grave.

Por su parte, el apdo. 5 del Art. 28 ,Ley 37/2003, de 17 de noviembre señala que las ordenanzas locales podrán tipificar infracciones en relación con:

  • El ruido procedente de usuarios de la vía pública en determinadas circunstancias.

  • El ruido producido por las actividades domésticas o los vecinos, cuando exceda de los límites tolerables de conformidad con los usos locales.

Finalmente, tras dedicar el Art. 29 ,Ley 37/2003, de 17 de noviembre al catálogo de sanciones correspondientes a las anteriores infracciones señaladas, el Art. 30 ,Ley 37/2003, de 17 de noviembre diseña el siguiente esquema competencial en orden a atribuir la potestad sancionadora en materia de ruidos o contaminación acústica. Así,  la imposición de las sanciones corresponderá:

  •  Con carácter general, a los ayuntamientos.

    • A las comunidades autónomas, en los supuestos de las infracciones siguientes:

    • Incumplimiento de las condiciones establecidas, en materia de contaminación acústica, en la autorización ambiental integrada, en la autorización o aprobación del proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, en la licencia de actividades clasificadas o en otras figuras de intervención administrativa, cuando se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas , cuando las condiciones incumplidas hayan sido establecidas por la comunidad autónoma.

    • Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la adopción de medidas provisionales conforme al Art. 31 ,Ley 37/2003, de 17 de noviembre, cuando la medida provisional se haya adoptado por la comunidad autónoma.

    • Incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de contaminación acústica, en la autorización ambiental integrada, en la autorización o aprobación del proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, en la licencia de actividades clasificadas o en otras figuras de intervención administrativa, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas, cuando las condiciones incumplidas hayan sido establecidas por la comunidad autónoma.

    •  Ocultación o alteración maliciosas de datos relativos a la contaminación acústica aportados a los expedientes administrativos encaminados a la obtención de autorizaciones o licencias relacionadas con el ejercicio de las actividades reguladas en la ley , cuando la competencia para otorgar la autorización o licencia corresponda a la comunidad autónoma.

    • El impedimento, el retraso o la obstrucción a la actividad inspectora o de control de la administración autonómica.

    • La no adopción de las medidas correctoras en caso de incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, cuando la Administración requirente sea la autonómica.

    • La no comunicación de los datos requeridos por  la Administración autonómica dentro de los plazos establecidos al efecto.

  •  A la Administración General del Estado, en el ejercicio de sus competencias exclusivas.

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