La sentencia en el orden Contencioso-Administrativo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 15/01/2021

El artículo 120, apartado 3, de la C.E., dispone que las sentencias han de ser motivadas y se pronuncian en audiencia pública. La sentencia en el orden Contencioso-Administrativo se encuentra regulada principalmente en los artículos 67 a 73 de la Ley 29/1998, de 13 de julio

Fija la Constitución Española, en su artículo 120, apartado 3, que las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. Lo que viene a reforzarse con este precepto es el derecho a una tutela judicial efectiva, como bien se contempla en el artículo 24 de la C.E.

Completa el artículo 218 de la LEC que ''las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate''.

JURISPRUDENCIA

Recoge el Tribunal Supremo doctrina del Tribunal Constitucional respecto a la motivación y requisito de congruencia en las Sentencias, así como al orden de razonamientos y su desarrollo exhaustivo:

Sentencia del Tribunal Constitucional, N.º 174/1987, de 03 de noviembre

''Igualmente hemos declarado que la conexión entre los arts. 24 y 120 no impone una especial estructura en el desarrollo de los razonamientos, y que una motivación escueta y concisa no deja, por ello, de ser tal motivación, así como que una fundamentación por remisión no deja tampoco de serlo, ni de satisfacer la indicada exigencia constitucional (entre otros, AATC 688/1986, de 10 de septiembre, y de 16 de septiembre de 1987, R.A. 623/87)''.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Rec. 451/2010 de 06 de julio de 2011

''A la motivación con base en las reglas de la lógica y la razón se refiere el art. 218.2 ;LEC. Y el Tribunal Constitucional ha declarado que cabe, incluso, una motivación breve y sintética (STC 75/2007, de 16 de abril, FJ 4) se ha reputado como constitucionalmente aceptable , desde las exigencias de la motivación del art. 24.1. CE, la que tiene lugar por remisión o motivación aliunde (...)''.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Rec. 6287/1994 de 20 de junio de 1997. ECLI: ES:TS:1997:4369

''(...) la motivación no exige un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir la ratio decidendi que ha determinado aquélla. Con ello, la motivación satisface las exigencias que se derivan del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre que se produzca de forma expresa e inequívoca (STC (2ª), de 14/1.992, de 28 de enero)''.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, N.º 63/2015, de 24 de febrero. ECLI: ES:TS:2015:1078

''(...) para la jurisprudencia constitucional, la incongruencia omisiva o ex silentio «se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales» (SSTC 25/2012, de 27 de febrero , y 40/2006, de 13 de febrero)''.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Rec. 3439/2000 de 21 de marzo de 2005. ECLI: ES:TS:2005:1750

Puede darse también la incongruencia extra petitum, cuando el Tribunal se pronuncia sobre cuestiones no planteadas por las partes o que no son objeto de controversia entre las partes y la incongruencia interna. 

''La incongruencia interna de la sentencia es, por tanto, motivo de recurso de casación por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, conforme al artículo 95.1.3º LJ, aunque no sea por desajuste a lo pedido o a la causa de pedir, en los términos que derivan del artículo 359 LEC/1881 (art. 218 LEC/2000) y artículos 33.1 y 67 LJCA (arts. 43.1 y 80 LJ), sino por falta de la lógica que requiere que la conclusión plasmada en el fallo sea el resultado de las premisas previamente establecidas por el Tribunal. Y es que los fundamentos jurídicos y fácticos forman un todo con la parte dispositiva esclareciendo y justificando los pronunciamientos del fallo, y pueden servir para apreciar la incongruencia interna de que se trata cuando son tan contrarios al fallo que éste resulta inexplicable. No obstante, la jurisprudencia de esta Sala ha realizado dos importantes precisiones: la falta de lógica de la sentencia no puede asentarse en la consideración de un razonamiento aislado sino que es preciso tener en cuenta los razonamientos completos de la sentencia; y, tampoco basta para apreciar el defecto de que se trata, cualquier tipo de contradicción sino que es preciso una notoria incompatibilidad entre los argumentos básicos de la sentencia y su parte dispositiva, sin que las argumentaciones obiter dicta, razonamientos supletorios o a mayor abundamiento, puedan determinar la incongruencia interna de que se trata''.

Partiendo de esta premisa, la Ley 29/1998, de 13 de julio, en su Título IV, Capítulo I, Sección 8ª, hace mención expresa sobre las sentencias, estipulando un plazo para su elaboración y publicación, los fallos que ha de emitir, y la casuística sobre la que ha de resolver y cómo ha de resolver. Para ello, acudiremos a los artículos 67 a 73 de la LJCA, donde se desarrollan ampliamente todos los aspectos materiales y formales que han de presentar la sentencias.

La sentencia en el procedimiento contencioso-administrativo

El Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ define la sentencia como la “resolución que decide definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso o que según las leyes procesales, debe revestir esta forma”.

Artículo 67 de la LJCA

1. La sentencia se dictará en el plazo de diez días desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso.

2. Cuando el Juez o Tribunal apreciase que la sentencia no podrá dictarse dentro del plazo indicado, lo razonará debidamente y señalará una fecha posterior concreta en la que se dictará la misma, notificándolo a las partes.

Por tanto, los jueces deben resolver en el plazo de diez días, no obstante, la labor de dictar un fallo por parte de los tribunales debe ejecutarse conforme a unos límites, esto es, los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo deben juzgar dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes. En este punto hay que aludir a lo preceptuado en el artículo 33 de la LJCA, que también añade al respecto que, si al dictar sentencia, el tribunal estimara que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, ''por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquéllas mediante providencia en que, advirtiendo que no se prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo común de diez días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo. Contra la expresada providencia no cabrá recurso alguno''.

JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Rec. 3689/2006 de 10 de noviembre de 2011

La notificación de sentencia al mismo tiempo que se concluye el pleito no supone indefensión alguna hacia las partes, sino que se trata de una mera irregularidad del procedimiento, o así lo interpretan los tribunales. Véase resolución del Supremo que resuelve recurso de casación frente al Ministerio de Defensa sobre subasta de terrenos.

''El motivo se rechaza. Según el mismo la sentencia infringió los artículos 64.4 y 67.1 de la Ley de la Jurisdicción. El primero de estos preceptos que se refiere al trámite de conclusiones en el procedimiento ordinario, dispone en el apartado 4 que se cita, que "presentadas las conclusiones se declarará que el pleito ha quedado concluso para sentencia" y el segundo el 67 ordena que "la sentencia se dictará en el plazo de diez días desde que el pleito haya sido declarado concluso". Y junto a lo expuesto se añade que nunca tuvo conocimiento de la composición de la Sala hasta que se le notificó la sentencia, y, por ello, no pudo solicitar la abstención de un magistrado que la compuso, y que con anterioridad se abstuvo del conocimiento de un asunto que también había interpuesto el recurrente.

En cuanto a que se le notificasen simultáneamente la conclusión del pleito y la sentencia dictada no son en el mejor de los casos sino irregularidades que no invalidan el proceso, y que, desde luego, no producen indefensión al recurrente, que es la condición esencial y sine qua non para que un vicio de procedimiento pueda y deba estimarse y pueda dar lugar a la nulidad de lo actuado, algo que tampoco pretende el recurrente.

Cuestión distinta es la relativa a la recusación de un determinado magistrado que se afirma que no se pudo realizar por no conocer su intervención en el proceso, y del que se dice que en otro asunto en el que el recurrente era demandante se abstuvo''.

Lo mismo se dispone para los casos de impugnación directa de determinados preceptos de una disposición general, cuando el Tribunal entendiera necesario extender el enjuiciamiento a otros de la misma disposición por razones de conexión o consecuencia con los preceptos recurridos.

A TENER EN CUENTA. Hay que citar el artículo 121, apartado 1, artículo 125, apartado 2 y artículo 127, apartado 6, de la LJCA que, respectivamente, regulan la emisión de sentencia y sus plazos en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, los procesos relativos a cuestiones de ilegalidad y el procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos.

No obstante, no todos los asuntos finalizan cuando se dicta sentencia, sino que, como recoge el artículo 77 de la LJCA, las partes pueden llegar a un acuerdo que implique la desaparición de la controversia, y en esos casos el Juez o Tribunal dicta auto declarando terminado el procedimiento. Este acuerdo tendrá los mismos efectos que la sentencia, pudiendo solicitar su ejecución, conforme a los artículos 103 y siguientes de la LJCA, y en concreto el artículo 113, apartado 1, de la LJCA.

Los pronunciamientos de la sentencia en el procedimiento contencioso-administrativo

La sentencia contendrá alguno de los siguientes fallos (artículo 68 de la LJCA):

  • Inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo.
  • Estimación o desestimación del recurso contencioso-administrativo. A este respecto habrá que seguir las reglas establecidas en los artículos 70 a 73 de la LJCA. Indica el artículo 70 de la LJCA:
    • El recurso será desestimado cuando la disposición acto, o actuación sea ajustada a Derecho.
    • El recurso será estimado cuando la disposición, acto o actuación incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico o desviación de poder, esto es, que las AAPP ejerzan sus poderes administrativos para fines distintos que los fijados por el ordenamiento jurídico.

A TENER EN CUENTA. En los procedimientos para la protección de derechos fundamentales de la persona, el artículo 121, apartado 2 de la LJCA prescribe la sentencia estimará el recurso de apelación cuando la disposición, la actuación o el acto incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, o desviación de poder, y como consecuencia de la misma vulneren un derecho de los susceptibles de amparo. Respecto a las cuestiones de ilegalidad, la sentencia estimará o desestimará parcial o totalmente la cuestión salvo que adoleciera de algún requisito procesal que no pudiera ser subsanable, en cuyo caso la cuestión se declarará inadmisible (artículo 126, apartado 1, de la LJCA).

  • La sentencia debe contener también el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas que, en términos generales, se impondrán a la parte que haya visto rechazadas sus pretensiones, no obstante, hay salvedades. Por ello, hay que consultar el artículo 139 de la LJCA, y en el se expone:

''En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad''.

La sentencia se ha de pronunciar sobre la cuestión planteada, sobre las costas y sobre las pretensiones subsidiarias:

JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 15 de marzo de 1991. ECLI: ES:TS:1991:14811

''(...) realmente la ausencia de motivación para las pretensiones actuadas con carácter subsidiario es innegable, pero tan cierto como ello es el carácter absoluto de la desestimación de la demanda efectuada en el fallo, el cual, por su carácter omnicomprensivo, alcanza también a ellas en sus consecuencias desestimatorias, lo que hace surgir el problema de si se debe atender únicamente a la parte dispositiva de la Sentencia, de acuerdo con una vieja doctrina jurisprudencial, en cuyo caso la improcedencia de la revisión instada es clara, o si se debe tener en cuenta la orden imperativa contenida en el párrafo final del art. 120 de la Constitución sobre la necesidad de motivar las Sentencias, que deriva del adverbio 'siempre», en cuyo caso resulta difícil seguir sosteniendo la vieja doctrina, que trataba de restringir las posibilidades de la revisión, en razón al carácter extraordinario del recurso y al respeto de la cosa juzgada.

Tercero: Realmente, de las dos tesis expuestas, ha de estimarse adecuada a la actual realidad constitucional la segunda de ellas, al ser tal interpretación la única que coordina debidamente con el párrafo 1.° del art. 24 de la Constitución , donde se garantiza a todas las personas la tutela efectiva de Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos legítimos y no puede estimarse constituya tal tutela el ampararse en una declaración total desestimatoria que carece de justificación o motivación adecuada para alguno de los problemas o cuestiones planteadas, ya que de aceptarse ello nos hallaríamos ante una resolución de plano y de carácter meramente formalistas; como ello no ha sido querido por nuestro legislador, tanto constitucional como ordinario -ver el párrafo 3.º del art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial - y en el caso han resultado abandonados dos de los problemas planteados adecuadamente en la demanda, procede, estimando la existencia de falta de congruencia entre las pretensiones y la decisión de la Sentencia, rescindir ésta y ordenar a la Sala resuelva sobre todas y cada una de las cuestiones planteadas''.

La inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo

Al margen de lo establecido en el artículo 68 de la LJCA, el artículo 69 de la LJCA recoge una serie de supuestos donde la sentencia declarará en todo caso la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones y estos supuestos son:

  • Cuando el Juzgado o Tribunal Contencioso-administrativo carezca de jurisdicción para resolver.

El artículo 9 de la LOPJ dispone, a grandes rasgos, que los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo. Así, completa el artículo 5 de la LJCA que los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa deben apreciar de oficio la falta de jurisdicción y resolver sobre la misma, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días. La declaración de falta de jurisdicción ha de ser en todo caso fundada e indicar el órgano que estime competente. 

  • El recurso se ha interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada.

Hay que recordar que los artículos 18 y 19 de la LJCA regulan sobre la capacidad procesal y legitimación. De manera muy resumida, tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, además de las personas que la ostenten con arreglo a la ;LEC, los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. También pueden ostentar capacidad procesal los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos aptas para ser titulares de derechos y obligaciones. Así mismo, ostentan legitimación, las personas físicas o jurídicas, corporaciones, asociaciones, sindicatos o grupos y entidades, las diferentes Administraciones Públicas y entidades de Derecho público, así como el Ministerio Fiscal cuando así lo ordene la ley.

  • Que el recurso tenga por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación.

Sentencia del Tribunal Supremo, Rec. 3019/2012 de 20 de abril de 2015. ECLI: ES:TS:2015:1519

''La sentencia que declara la inadmisibilidad de todo el recurso, en su conjunto, sólo porque a la demanda se han añadido 'pretensiones desviadas', deja sin resolver, en esa misma medida, la pretensión de nulidad en la que no concurría ninguna desviación, esto es, aquella cuyo objeto coincidía con el contenido del acto originariamente impugnado. Vulnera con ello el derecho a la tutela judicial efectiva pues deja de pronunciarse, sin una razón válida y congruente, al menos sobre una de las pretensiones de nulidad insertas en la demanda, aquella que se correspondía con el acto originariamente impugnado''.

  • Que recaiga sobre cosa juzgada o existiera litispendencia.

La LEC dispone en el artículo 222 que la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.

A TENER EN CUENTA. La litispendencia como causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo se trata de una excepción procesal de constituir un proceso anterior en otro posterior. 

STS, Sala de lo Contencioso, Rec. 929/2015 de 13 de noviembre. ECLI: ES:TS:2015:4870

''Con carácter general, debemos señalar que la litispendencia es una causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, que aparece expresamente contemplada en el artículo 69 d) de la LJCA . Se trata de una excepción, como señala la Sentencia de esta Sala de 5 de febrero de 2001 (recurso de casación nº 4101/1995 ) que seguimos en este punto, que reproduce la constitución de un proceso anterior en otro posterior en que se hace cuestión del mismo objeto procesal. Precisamente, uno de los efectos procesales de la presentación de la demanda es la exclusión del conocimiento del mismo asunto en otro proceso, y a este fin consideraba el artículo 533.5 de la anterior LEC de 1881 , como excepción dilatoria o procesal, la litispendencia en el mismo o en otro Juzgado o Tribunal competente.

Su finalidad es tanto evitar la eventual existencia de fallos contradictorios entre sí, como el agotamiento en un primer proceso de la necesidad de protección jurídica de las partes litigantes. O, dicho en otros términos, la excepción de que se trata impide a las partes del proceso pendiente incoar otro que tenga un objeto idéntico.

Por consiguiente, la identidad procesal determinante de la litispendencia comprende los tres elementos propios de la cosa juzgada: sujetos, causa petendi y petitum, siendo la exclusión del segundo proceso consecuencia de la coincidencia de dichos elementos. No en vano la cosa juzgada es otra causa de inadmisibilidad aludida en el mismo apartado que la litispendencia (artículo 69.d de la LJCA )''.

  • Que el recurso se presente fuera del plazo establecido.

En lo que atañe a los efectos de la inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso-administrativo, el artículo 72 de la LJCA establece que la sentencia con tales pronunciamientos solo producirá efectos entre las partes.

La estimación del recurso contencioso-administrativo

El objeto del recurso contencioso administrativo puede versar sobre la pretensión del demandante de la declaración de actos o disposiciones no conformes a Derecho o anulables. Otra pretensión de las partes puede ser el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, la ejecución de actos firmes por las AAPP, o el resarcimiento de daños y perjuicios, como lo han dispuesto los artículos 29, 31 y 65 de la LJCA.

Así, partiendo de la finalidad que tendrá la formalización de recurso contencioso-administrativo, el tribunal, puede desestimarlo, como así lo refieren los artículos 68 a 70 de la LJCA, o estimarlo, sentido sobre el cual ordena el artículo 71 la LJCA:

''1. Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso-administrativo:

a) Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o acto recurrido o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada.

b) Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, reconocerá dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma.

c) Si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo.

d) Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarará en todo caso el derecho a la reparación, señalando asimismo quién viene obligado a indemnizar. La sentencia fijará también la cuantía de la indemnización cuando lo pida expresamente el demandante y consten probados en autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecerán las bases para la determinación de la cuantía, cuya definitiva concreción quedará diferida al período de ejecución de sentencia.

2. Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados''.

Ha de completarse el citado precepto con los artículos 73, 107 y 108 de la LJCA, para una mayor comprensión y estudio de la admisibilidad del recurso contencioso-administrativo.

El artículo 73 de la LJCA dicta que ''las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente''. Así mismo, el artículo 107 de la LJCA, que forma parte de la regulación dedicada a la ejecución de sentencias estima al respecto:

''1. Si la sentencia firme anulase total o parcialmente el acto impugnado, el Secretario judicial dispondrá, a instancia de parte, la inscripción del fallo en los registros públicos a que hubiere tenido acceso el acto anulado, así como su publicación en los periódicos oficiales o privados, si concurriere causa bastante para ello, a costa de la parte ejecutada. Cuando la publicación sea en periódicos privados, se deberá acreditar ante el órgano jurisdiccional un interés público que lo justifique.

2. Si la sentencia anulara total o parcialmente una disposición general o un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, el Secretario del órgano judicial ordenará su publicación en diario oficial en el plazo de diez días a contar desde la firmeza de la sentencia''.

Para los casos en que la sentencia condene a la AP a realizar una determinada actividad o a dictar un auto, en caso de incumplimiento el juez o Tribunal, puede acordar la ejecución de la sentencia, adoptar las medidas que estime oportunas para que el fallo adquiera eficacia, en el caso de que la AP realice alguna actividad contraria al fallo de la sentencia puede ordenar que se reponga la situación que se exige en el pronunciamiento de la resolución (artículo 108 de la LJCA).

Respecto a los efectos que produce la estimación del recurso administrativo, en función del petitum del mismo, y conforme lo dispuesto en el artículo 72 de la LJCA, estos pueden ser:

  • La anulación de una disposición o acto producirá efectos para todas las personas afectadas.
  • Las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada.
  • Las sentencias firmes que anulen un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas deberán ser publicadas.
  • Para los casos de estimación de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica individualizada sólo producirá efectos entre las partes.
    • Estos efectos podrán extenderse a terceros en los términos previstos en los artículos 110 y 111 de la LJCA, esto es, atendiendo a las excepcionalidades que se contemplan para materia tributaria.

A título ilustrativo, respecto a la eficacia de la estimación del recurso, podemos citar, entre otras:

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Rec. 6827/2010 de 12 de diciembre de 2012. ECLI: ES:TS:2012:8469, que remite a la doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Rec. 572/2000 de 12 de abril de 2006. ECLI: ES:TS:2006:2720 y Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Rec. 4101/2001, de 8 de noviembre de 2006. ECLI: ES:TS:2006:8031

''(...) resulta oportuno recordar la doctrina de este Tribunal recogida en las sentencias, de 12 de abril de 2006 (recurso 572/2000 ) y 8 de noviembre de 2006 (recurso 4101/2001), en las que se sostiene: 'Debe señalarse a este respecto que la condición de persona afectada por el pronunciamiento de anulación de una determinada sentencia (sea esta de la jurisdicción contencioso-administrativa, sea esta del Tribunal Constitucional) exige, ineludiblemente, que dicha sentencia haya dispuesto de manera inequívoca que los efectos de esa anulación que se declara para el acto que haya sido objeto de impugnación lo son erga omnes o se han de proyectar hacia otras personas distintas de las que hayan sido litigantes principales en el proceso donde se dictó la sentencia. Es decir, para la apreciación de personas afectadas en estos casos no basta con que el inicial acto impugnado haya tenido como destinatarios a una pluralidad de personas y no solo a los litigantes del proceso de que se trate, es necesario que la sentencia extienda claramente los efectos de la nulidad que declare a todas aquellas personas y no la circunscriba solo a los litigantes (...)'.

No se ha producido así en este caso, en el que la repetida Sentencia número 176/2009, de 30 de octubre, recaída en el recurso número 250/2008 , se limita a desestimar el recurso deducido frente a la Resolución, de 3 de julio de 2008, anteriormente reseñada, la cual se declara ajustada a derecho, sin ulterior pronunciamiento en cuanto a su concreto alcance. Es esta última Resolución la que anula en alzada las previas resoluciones dictadas por la Comisión de Selección de la Especialidad de Educación Infantil, por las que se publicaban los listados de aspirantes que habían superado el proceso selectivo y ordena la retroacción del procedimiento en los términos que en la misma se contienen.

De lo que se infiere que ese pronunciamiento desestimatorio de la Sentencia no pueda entenderse con eficacia erga omnes, en los términos a que se contrae la doctrina que ha quedado anteriormente referenciada, y deba circunscribir sus efectos a los recurrentes en el mencionado proceso, con la lógica consecuencia de rechazar el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada, en los términos planteados por la parte.

Ello no obsta para que haya de apreciarse en este caso el efecto prejudicial positivo de tales pronunciamientos de nulidad y retroacción del procedimiento selectivo, que han devenido firmes, en aplicación de la indicada doctrina, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 72.2 de la LJCA , a cuyo tenor, la anulación de una disposición o acto producirá efectos para todas las personas afectadas''.

 

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Ejecución de sentencia
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Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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