La sentencia en el orden Contencioso-Administrativo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 06/02/2017

La sentencia en el orden Contencioso-Administrativo se encuentra regulada principalmente en los Art. 67-73 ,Ley 29/1998, de 13 de julio. Sin embargo, conviene examinar también la construcción jurisprudencial sobre dos principios de extrema relevancia en la materia: la motivación y la conguencia de las sentencias.



El Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ define la sentencia como la “resolución que decide definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso o que según las leyes procesales, debe revestir esta forma”. La sentencia, en el orden contencioso-administrativo, se regula en los Art. 67-73 ,Ley 29/1998, de 13 de julio y debe reunir una serie de requisitos, delimitados tanto por la norma como por la doctrina jurisprudencia al respecto.

Así, el Art. 67 ,Ley 29/1998, de 13 de julio establece que “la sentencia se dictará en el plazo de diez días desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso. Cuando el Juez o Tribunal apreciase que la sentencia no podrá dictarse dentro del plazo indicado, lo razonará debidamente y señalará una fecha posterior concreta en la que se dictará la misma, notificándolo a las partes”.

La sentencia pronunciará alguno de los fallos siguientes (Art. 68 ,Ley 29/1998, de 13 de julio):

  • Inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo.
  • Estimación o desestimación del recurso contencioso-administrativo. A este respecto habrá que seguir las reglas establecidas en el Art. 70 ,Ley 29/1998, de 13 de julio; es decir:

    • La sentencia desestimará el recurso cuando se ajusten a Derecho la disposición, acto o actuación impugnados.

    • La sentencia estimará el recurso Contencioso-Administrativo cuando la disposición, la actuación o el acto incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. (Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.)

  • La sentencia contendrá además el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas (en relación con estas, habrá que estar a a lo dispuesto en el Art. 139 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

Por si parte, la sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones en los casos siguientes (Art. 69 ,Ley 29/1998, de 13 de julio):

  • Que el Juzgado o Tribunal Contencioso-administrativo carezca de jurisdicción.

  • Que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada.

  • Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación.

  • Que recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia.

  • Que se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera del plazo establecido.

Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso-administrativo (Art. 71 ,Ley 29/1998, de 13 de julio):

  • Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o acto recurrido o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada.

    • Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, reconocerá dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma.

    • Si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo.

    • Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarará en todo caso el derecho a la reparación, señalando asimismo quién viene obligado a indemnizar. La sentencia fijará también la cuantía de la indemnización cuando lo pida expresamente el demandante y consten probados en autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecerán las bases para la determinación de la cuantía, cuya definitiva concreción quedará diferida al período de ejecución de sentencia.

  • Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados.

La estimación de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica individualizada sólo producirá efectos entre las partes. No obstante, tales efectos podrán extenderse a terceros en los términos previstos en los Art. 110,Art. 111 ,Ley 29/1998, de 13 de julio (Apartado 3 del Art. 72 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

Efectos en casos de inadmisibilidad, desestimación o de anulación de una disposición o acto  (Art. 72,Art. 73 ,Ley 29/1998, de 13 de julio):

  • La sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso-administrativo sólo producirá efectos entre las partes (Apartado 1 del Art. 72 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

  • La anulación de una disposición o acto producirá efectos para todas las personas afectadas. Las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada. También se publicarán las sentencias firmes que anulen un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas (Apartado 2 del Art. 72 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

  • Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente (Art. 73 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

Analizada la regulación legal, se hace necesario parar, al menos, con dos cuestiones de relevancia y la construcción jurisprudencial sobre las mismas: la motivación y la congruencia de la sentencia.

Motivación de la sentencia

En los términos del Art. 120 ,Constitución Española: “Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública”. El apartado 2 del Art. 218 ,LEC, por su parte, establece que “las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón”. Sobre la motivación de las sentencias existe, como es previsible, un profuso aparato jurisprudencial que delimita el concepto. Así:

  • TS, Sala de lo Contencioso, de 20/06/1997, Rec. 6287/1994: "“La motivación no exige un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir la ratio decidendi que ha determinado aquélla. Con ello, la motivación satisface las exigencias que se derivan del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre que se produzca de forma expresa e inequívoca (STC (2ª), de 14/1.992, de 28 de enero)”. Y, al hilo de lo mismo, la TS, Sala de lo Civil, nº 63/2015, de 24/02/2015, Rec. 1017/2013 concreta además: “(…) sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales» ( SSTC 25/2012, de 27 de febrero , y 40/2006, de 13 de febrero )”. Es decir, en la resolución han de expresarse los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión.
  • Por otra parte, como bien se expresa anteriormente, las pretensiones de las partes han de verse resueltas estimándolas o desestimándolas razonadamente, incluso las pretensiones subsidiarias, tal y como lo apunta la TS, Sala de lo Contencioso, de 15/03/1991, en los siguientes términos: “Realmente la ausencia de motivación para las pretensiones actuadas con carácter subsidiario es innegable, pero tan cierto como ello es el carácter absoluto de la desestimación de la demanda efectuada en el fallo, el cual, por su carácter omnicomprensivo, alcanza también a ellas en sus consecuencias desestimatorias lo que hace surgir el problema de si se debe atender únicamente a la parte dispositiva de la Sentencia, de acuerdo con una vieja doctrina jurisprudencial, en cuyo caso la improcedencia de la revisión instada es clara, o si se debe tener en cuenta la orden imperativa contenida en el párrafo final del art. 120 de la Constitución sobre la necesidad de motivar las Sentencias, que deriva del adverbio "siempre», en cuyo caso resulta difícil seguir sosteniendo la vieja doctrina, que trataba de restringir las posibilidades de la revisión, en razón al carácter extraordinario del recurso y al respeto de la cosa juzgada. Tercero: Realmente, de las dos tesis expuestas, ha de estimarse adecuada a la actual realidad constitucional la segunda de ellas, al ser tal interpretación la única que coordina debidamente con el párrafo 1.° del art. 24 de la JURISPRUDENCIA 3 Constitución , donde se garantiza a todas las personas la tutela efectiva de Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos legítimos y no puede estimarse constituya tal tutela el ampararse en una declaración total desestimatoria que carece de justificación o motivación adecuada para alguno de los problemas o cuestiones planteadas, ya que de aceptarse ello nos hallaríamos ante una resolución de plano y de carácter meramente formalistas; como ello no ha sido querido por nuestro legislador, tanto constitucional como ordinario -ver el párrafo 3.º del art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial - y en el caso han resultado abandonados dos de los problemas planteados adecuadamente en la demanda, procede, estimando la existencia de falta de congruencia entre las pretensiones y la decisión de la Sentencia, rescindir ésta y ordenar a la Sala resuelva sobre todas y cada una de las cuestiones planteadas”.
  • La motivación es esencial y debe ser suficiente aunque se admite la motivación breve y sintética (TS, Sala de lo Contencioso, de 06/07/2011, Rec. 451/2010).

  • TS, Sala de lo Contencioso, de 02/06/2010, Rec. 928/2009: "No basta (...) con obtener una respuesta motivada, sino que, además, esta ha tener contenido jurídico y no resultar arbitraria (por todas, SSTC 22/1994, de 27 de enero, F. 2; 324/1994, de 1 de diciembre, F. 2; 24/1999, 8 de marzo, F. 3, y 10/2000 de 31 de enero, F. 2 ). Y una resolución judicial puede tacharse de arbitraria cuando, aun constatada la existencia formal de una argumentación, la misma no es expresión de la administración de justicia sino simple apariencia de la misma por ser fruto de un mero JURISPRUDENCIA 13 voluntarismo judicial o expresar un proceso deductivo irracional o absurdo (SSTC 148/1994, de 12 de mayo, F. 4; 244/1994, de 15 de septiembre, F. 2; 54/1997, de 17 de marzo, F. 3; y 160/1997, de 2 de octubre, F. 7)".

Congruencia de la sentencia

La motivación guarda especial relación con la exigencia de congruencia que se exige en el Art. 218 ,LEC, y que establece que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de enero de 1997, núm. recurso 6193/1991, define el principio de congruencia del siguiente modo: “El principio de congruencia mira directamente a que entre las pretensiones de las partes y el fallo de la sentencia exista el debido ajuste o adecuación ( SSTS, entre otras, de 13-6-81 , 15-9-86 , 14-4-88 y 19--11-94), por lo que el juzgador debe resolver dentro de los límites de las pretensiones de las partes, sin alterar el marco general de las cuestiones planteadas ( SSTS, entre otras, de 27-6-88 , 12-12-88 y 27-3-90 ), y que en las sentencias se decidan todos los pedimentos ( STS de 28-9-88 ). Por otra parte, sigue diciendo que "(...) el principio de congruencia no se vulnera por el hecho de que los Tribunales basen sus fallos en fundamentos jurídicos distintos de los aducidos por las partes ( STC, 20/82 y SSTS de 5-6-91 , 13-7-91 y 18-10-91 )”

Puede hablarse de varios tipos de incongruencia:

  • Incongruencia omisiva o ex silentio: El órgano deja de resolver sobre pretensiones sometidas a su consideración. Sólo tiene relevancia constitucional cuando, por dejar imprejuzgada la pretensión oportunamente planteada, el órgano judicial no tutela los derechos e intereses legítimos sometidos a su jurisdicción provocando una denegación de justicia, denegación que se comprueba examinando si existe un desajuste externo entre el fallo judicial y las pretensiones de las partes, sin que quepa la verificación de la lógica de los argumentos empleados por el Juzgador para fundamentar su fallo (Tribunal Constitucional, nº 118/1989, de 03/07/1989, Rec. Recurso de amparo 604/1987, FJ 3; Tribunal Constitucional, nº 82/2001, de 26/03/2001, Rec. Recurso de amparo 2734/1998 y 2783/1998 (acumulado, de 26 de marzo, FJ 4).

  • Incongruencia extra petitum: El órgano se pronuncia sobre cuestiones no planteadas por las partes ni sometidas a contradicción en trámite de alegaciones.

  • Incongruencia interna: Así se expresa la TS, Sala de lo Contencioso, nº S/S, de 21/03/2005, Rec. 3439/2000: "La sentencia, en fin, debe tener una coherencia interna, ha de observar la necesaria correlación entre la ratio decidendi y lo resuelto en el fallo o parte dispositiva; y, asimismo, ha de reflejar una adecuada conexión entre los hechos admitidos o definidos y los argumentos jurídicos utilizados. Se habla así de un supuesto de incongruencia o de incoherencia interna de la sentencia cuando los fundamentos de su decisión y su fallo resultan contradictorios. La incongruencia interna de la sentencia es, por tanto, motivo de recurso de casación por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, conforme al artículo 95.1.3º LJCA, aunque no sea por desajuste a lo pedido o a la causa de pedir, en los términos que derivan del artículo 359 LECiv/1881 ( art. 218 LECiv/2000) y artículos 33.1 y 67 LJCA ( arts. 43.1 y 80 LJ), sino por falta de la lógica que requiere que la conclusión plasmada en el fallo sea el resultado de las premisas previamente establecidas por el Tribunal. Y es que los fundamentos jurídicos y fácticos forman un todo con la parte dispositiva esclareciendo y justificando los pronunciamientos del fallo, y pueden servir para apreciar la incongruencia interna de que se trata cuando son tan contrarios al fallo que éste resulta inexplicable. No obstante, la jurisprudencia de esta Sala ha realizado dos importantes precisiones: la falta de lógica de la sentencia no puede asentarse en la consideración de un razonamiento aislado sino que es preciso tener en cuenta los razonamientos completos de la sentencia; y, tampoco basta para apreciar el defecto de que se trata, cualquier tipo de contradicción sino que es preciso una notoria incompatibilidad entre los argumentos básicos de la sentencia y su parte dispositiva, sin que las argumentaciones obiter dicta, razonamientos supletorios o a mayor abundamiento puedan determinar la incongruencia interna de que se trata".

 

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