La sentencia en el orden penal

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

En el proceso penal español, una vez llegados a la fase de juicio oral, el proceso debe terminar mediante sentencia. Sólo podría terminar de manera excepcional mediante auto cuando resolviese cuestiones estrictamente procesales,  o cuando se declara la nulidad de actuaciones. El sobreseimiento libre se decide mediante auto con el mismo efecto que una sentencia absolutoria impidiendo la celebración de juicio oral.

Dicho esto debemos decir que la sentencia es la resolución del órgano jurisdiccional que marca el final del proceso penal, condenando o absolviendo a un sujeto. Esta potestad punitiva del Estado deriva del 117.3 ,Constitución Española. Por lo general la sentencia penal suele contener un pronunciamiento civil si se ha acumulado la pretensión civil a la penal. Según algunos artículos de nuestra Carta Magna como el 24.2 ,Constitución Española, 25.1 ,Constitución Española y 117.3 ,Constitución Española, las penas sólo pueden ser impuestas por sentencia de un órgano jurisdiccional penal. Hay varios tipos de sentencias:

  •  Sentencias absolutorias: las sentencias penales se clasifican como absolutorias si desestiman la pretensión de condena que piden las partes acusadoras. Pueden ser absolutorias sobre el fondo del asunto, por inexistencia de hechos, por inocencia del acusado, falta de pruebas o por inexistencia de responsabilidad criminal. Producida la absolución no se puede reabrir la causa.
  • Sentencias condenatorias: son las estimatorias de las pretensiones de condena alegadas por las partes acusadoras, pudiendo imponerse al acusado penas, medidas de seguridad o ambas a la vez y suponiendo la sentencia el título ejecutivo de tales medidas. Dice al respecto el Art. 988 ,LECrim que Cuando una sentencia sea firme, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 141 ,LECrim, lo declarará así el Juez o Tribunal que la hubiera dictado.

Hecha esta declaración, se procederá a ejecutar la sentencia aunque el reo esté sometido a otra causa, en cuyo caso se le conducirá, cuando sea necesario desde el establecimiento penal en que se halle cumpliendo la condena al lugar donde se esté instruyendo la causa pendiente.

Cuando el culpable de varias infracciones penales haya sido condenado en distintos procesos por hechos que pudieron ser objeto de uno solo, conforme a lo previsto en el Art. 17 ,LECrim, el Juez o Tribunal que hubiera dictado la última sentencia, de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o del condenado, procederá a fijar el límite del cumplimiento de las penas impuestas conforme a lo dispuesto en el Art. 76 ,CP. Para ello, el Secretario judicial reclamará la hoja histórico-penal del Registro central de penados y rebeldes y testimonio de las sentencias condenatorias y previo dictamen del Ministerio Fiscal, cuando no sea el solicitante, el Juez o Tribunal dictará auto en el que se relacionarán todas las penas impuestas al reo, determinando el máximo de cumplimiento de las mismas. Contra tal auto podrán el Ministerio Fiscal y el condenado interponer recurso de casación por infracción de Ley.

También el Art. 3 ,CP dice que no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales.

Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes.

Las sentencias condenatorias son puras, es decir no están sometidas a ninguna  condición de cumplimiento de la condena salvo para los casos de suspensión de la ejecución de la pena en el ámbito del procedimiento abreviado con respecto a los Art. 80-87 ,LECrim. También se puede decir que son líquidas porque fijan concretamente la clase de pena que se impone, aunque luego halla que hacer la liquidación sobre la pena que efectivamente se deba cumplir, indicando la duración desde el primer día de cumplimiento hasta el último día de finalización.

Existen sentencias orales y escritas. Las sentencias orales se producen en el ámbito del procedimiento abreviado según el 789.2 ,LECrim que dice que el Juez de lo Penal podrá dictar sentencia oralmente en el acto del juicio, documentándose en el acta con expresión del fallo y una sucinta motivación, sin perjuicio de la ulterior redacción de aquélla. Si el Fiscal y las partes, conocido el fallo, expresasen su decisión de no recurrir, el Juez, en el mismo acto, declarará la firmeza de la sentencia, y se pronunciará, previa audiencia de las partes, sobre la suspensión o la sustitución de la pena impuesta. También en las causas ante el Tribunal del Jurado, adelantándose el fallo, cuando sea absolutorio.

El proceso de formación de una sentencia, pasa por un estudio, deliberación y discusión, votación, redacción, firma si se trata de un órgano colegiado; y estudio, redacción y firma si se trata de un órgano unipersonal. No debemos olvidar el razonamiento interno y lógico que el juez debe valorar a la hora de  elaborar los argumentos que se van a plasmar en el escrito de la sentencia. Las premisas sobre las que deben actuar los jueces es sobre la base de la normativa procesal y penal, y una premisa menor que debe responder a los hechos aducidos por las partes, investigaciones y averiguaciones, hechos probados y conclusiones, relacionando y subsumiendo el hecho a la norma dictando el fallo correspondiente. También intervienen otros factores como las circunstancias que rodean a los hechos acaecidos y el propio juicio valorativo que hace el propio juzgador, al respecto debemos tener en cuenta el 120.3 ,Constitución Española que dice las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Cobran importancia los requisitos internos de la sentencia debiendo se ésta motivada, clara, no contradictoria, terminante, exhaustiva y congruente. La sentencia debe ser motivada en el sentido de que debe explicar el porqué del fallo, obligación que se deriva del mandato del 120.3 ,Constitución Española y que de lo contrario se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del 24.1 ,Constitución Española, implicando esta tutela el derecho a obtener una resolución fundada en un proceso iniciado y también el derecho a la presunción de inocencia. La motivación de una sentencia cobra cuerpo en los antecedentes de hecho probados y en los fundamentos de derecho. El primero hace referencia a una motivación fáctica, es decir se deja constancia expresa  por parte del órgano jurisdiccional sobre los hechos declarados probados, abarcando así de manera inevitable la fase probatoria. La jurisprudencia determina que la descripción fáctica de los hechos debe de explicitarse de manera clara, contundente, terminante y no contradictoria, los que se han probado, siempre que tengan relevancia para el fallo; explicación por parte del órgano de las dudas sobre los hechos; se ha de excluir cualquier valoración jurídica o de predeterminación del eventual fallo y no se pueden expresar calificaciones jurídicas al respecto; la prueba ha de ser valorada de manera concreta; y es muy importante la motivación fáctica cuando nos hallemos ante un caso de prueba obtenida vulnerando los derechos y libertades fundamentales.

En referencia a la motivación jurídica son los fundamentos de derecho en dónde el órgano jurisdiccional aplica el Derecho Penal a los hechos declarados probados, aplicando el derecho penal vigente y el derecho procesal penal para llegar al fallo o parte dispositiva de la sentencia. Aquí es dónde se plasma la labor interpretativa doctrinal y jurisprudencial. De forma que según el 142.4 ,LECrim se consignarán también en párrafos numerados, que empezarán con la palabra Considerando:

Los fundamentos doctrinales y legales de la calificación de los hechos que se hubiesen estimado probados.

Los fundamentos doctrinales y legales determinantes de la participación que en los referidos hechos hubiese tenido cada uno de los procesados.

Los fundamentos doctrinales y legales de la calificación de las circunstancias atenuantes, agravantes o eximentes de responsabilidad criminal, en caso de haber concurrido.

Los fundamentos doctrinales y legales de la calificación de los hechos que se hubiesen estimado probados con relación a la responsabilidad civil en que hubiesen incurrido los procesados o las personas sujetas a ella a quienes se hubiere oído en la causa, y los correspondientes a las resoluciones que hubieren de dictarse sobre costas y, en su caso, a la declaración de querella calumniosa.

La cita de las disposiciones legales que se consideren aplicables, pronunciándose por último el fallo, en el que se condenará o absolverá no sólo por el delito principal y sus conexos, sino también por las faltas incidentales de que se hubiere conocido en la causa, reputándose faltas incidentales las que los procesados hubiesen cometido antes, al tiempo o después del delito como medio de perpetrarlo o encubrirlo.

También se resolverán en la sentencia todas las cuestiones referentes a la responsabilidad civil que hubieren sido objeto del juicio, y se declarará calumniosa la querella cuando procediere.

En cuanto al fallo o parte dispositiva, debe ser congruente con la motivación atrás referida en los términos fijados legalmente. En el fallo se condenará o absolverá por el delito principal y conexo y por las faltas incidentales que hubieren sido objeto de enjuiciamiento.

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Fondo del asunto
Responsabilidad penal
Título ejecutivo
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Cumplimiento de la condena
Tribunal del Jurado
Sustitución de penas
Colegiado
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Mandato
Tutela
Calificación de los hechos
Presunción de inocencia
Falta incidental
Responsabilidad civil
Atenuante
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Agravante
Querella calumniosa
Querella
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