El Silencio administrativo en procedimientos iniciados de oficio, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

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El vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, produce los siguientes efectos en los procedimientos iniciados de oficio por la Administración (Art. 25 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre):

  • Procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

  • Procedimientos sancionadores o de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.

 

En relación con el silencio administrativo, ya se dé en procedimientos iniciados a solicitud del interesado o en procedimientos iniciados de oficio, es preciso recordar lo señalado por el apartado 1 del Art. 21 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, que establece que “la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación” salvo los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución será el fijado por la norma reguladora del procedimiento de que se trate y nunca podrá ser superior a seis meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así lo prevea el Derecho de la Unión Europea. Cuando no se fije el plazo máximo para notificar la resolución éste será de tres meses (apdo. 2 del Art. 21 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

En lo que toca al dies a quo, esto es, el día desde el cual empezará a contar el plazo para notificar la resolución, la fecha a tener en cuenta será, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, aquella en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación (letra b del apartado 3 del Art. 21 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Supuesto todo lo anterior, y sin perder de vista que el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, los efectos del silencio administrativo en los procedimientos iniciados de oficio (Art. 25 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre) son los siguientes:

  • En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

  • En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo Art. 95 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre

En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

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Silencio administrativo
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Potestad sancionadora
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