Suelos contaminados

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 09/11/2017

Nótese que el 9  de marzo de 2018 entrará en vigor el grueso de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, lo que determina que tanto alguno de los contenidos del presente tema como alguna de las referencias normativas puedan dejar de ser correctas.

La regulación acerca de la declaración de suelos contaminados se encuentra en los Art. 33-38 ,Ley 22/2011, de 28 de julio y, por lo que respecta a la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios para tal declaración, en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, dictado en desarrollo de la derogada Ley 10/1998, de 21 de abril, pero todavía en vigor.  

Los Art. 33-38 ,Ley 22/2011, de 28 de julio, integrantes del Título V de la norma, se ocupan de los Suelos Contaminados y lo hacen del siguiente modo

Relación de actividades potencialmente contaminantes y declaración de suelos contaminados

El apartado 1 del 33 ,Ley 22/2011, de 28 de julio dispone que el Gobierno Central aprobará y publicará una lista de actividades potencialmente contaminantes de suelos. La lista "vigente" se encuentra en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaración de suelos contaminados, reglamento que, aunque se dictó en desarrollo de la Ley 10/1998, de 21 de abril, hoy derogada, se encuentra en vigor.  

Como señala el apdo. 2 del 33 ,Ley 22/2011, de 28 de julio los titulares de estas actividades deberán remitir periódicamente a la Comunidad Autónoma correspondiente los informes en los que figuren la información que pueda servir de base para la declaración de suelos contaminados, declaración que debe seguir los criterios establecidos en el Anexo 3 de Real Decreto 9/2005 de 14 de Ene (establece la relacion de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracion de suelos contaminados), que, en concreto, indica lo que se transcribe a continuación:

 Como señalan los apdos. 3 y 4 del 34 ,Ley 22/2011, de 28 de julio, la declaración de un suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas Comunidades Autónomas y será objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad, a iniciativa de la respectiva Comunidad Autónoma en los términos que reglamentariamente determine el Gobierno. Esta nota marginal se cancelará cuando la Comunidad Autónoma correspondiente declare que el suelo ha dejado de tener tal consideración. La declaración de un suelo como contaminado puede comportar la suspensión de la ejecutividad de los derechos de edificación y otros aprovechamientos del suelo en el caso de resultar incompatibles con las medidas de limpieza y recuperación del terreno que se establezcan, hasta que éstas se lleven a cabo o se declare el suelo como no contaminado.

Inventarios de Suelos Contaminados 

El 35 ,Ley 22/2011, de 28 de julio prevé la elaboración de dos tipos de inventarios de suelos contaminados: los de las CCAA y los que, a nivel estatal, realice el estado a partir de la información remitida por éstas. 

Las Comunidades Autónomas elaborarán una lista de prioridades de actuación en materia de descontaminación de suelos en función del riesgo que suponga la contaminación para la salud humana y el medio ambiente y declararán que un suelo ha dejado de estar contaminado tras la comprobación de que se han realizado de forma adecuada las operaciones de descontaminación y recuperación del mismo e incluirán esta declaración en el inventario (Cfr. apdos. 3 y 4 del 35 ,Ley 22/2011, de 28 de julio).

Descontaminación y recuperación de suelos contaminados

Estarán obligados a realizar las operaciones de descontaminación y recuperación, previo requerimiento de las Comunidades Autónomas, los causantes de la contaminación (36 ,Ley 22/2011, de 28 de julio). Cuando sean varios responderán de estas obligaciones de forma solidaria y, subsidiariamente, por este orden, los propietarios de los suelos contaminados y los poseedores de los mismos.

En los supuestos de bienes de dominio público en régimen de concesión, responderán subsidiariamente en defecto del causante o causantes de la contaminación, por este orden, el poseedor y el propietario.

Por su parte, los apdos. 2, 3 y 4 del 36 ,Ley 22/2011, de 28 de julio disponen lo siguiente:

  • Los responsables subsidiarios podrán repercutir el coste de las actuaciones que hubieran llevado a cabo en la recuperación de un suelo declarado contaminado, al causante o causantes de la contaminación. La recuperación de los costes de descontaminación no podrá exigirse por encima de los niveles de contaminación asociados al uso del suelo en el momento en el que se produjo la contaminación por el causante.
  • Serán responsables solidarios o subsidiarios, de las obligaciones pecuniarias que resulten de esta Ley, los sujetos que se recogen en el Art. 13 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre, en los términos que dicho artículo establece.
  • Si las operaciones de descontaminación y recuperación de suelos contaminados fueran a realizarse con financiación pública, sólo se podrán recibir ayudas previo compromiso de que las posibles plusvalías que adquieran los suelos revertirán en la cuantía subvencionada en favor de la Administración pública que haya financiado las citadas ayudas.

Las actuaciones para proceder a la limpieza y recuperación de los suelos declarados como contaminados podrán llevarse a cabo, como dispone el 36 ,Ley 22/2011, de 28 de julio,  mediante acuerdos suscritos entre los obligados a realizar dichas operaciones y autorizados por las Comunidades Autónomas, mediante convenios de colaboración entre aquellos y las administraciones públicas competentes, o, en su caso, mediante los contratos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre (La referencia debe entenderse hecha al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público). En todo caso, los costes de limpieza y recuperación de los suelos contaminados correrán a cargo del obligado en cada caso, a realizar dichas operaciones.

Finalmente, el 38 ,Ley 22/2011, de 28 de julio se refiere a la recuperación voluntaria de suelos en los siguientes términos: "La descontaminación del suelo para cualquier uso previsto de este podrá llevarse a cabo, sin la previa declaración del suelo como contaminado, mediante un proyecto de recuperación voluntaria aprobado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Tras la ejecución del proyecto se acreditará que la descontaminación se ha llevado a cabo en los términos previstos en el proyecto. La administración competente llevará un registro administrativo de las descontaminaciones que se produzcan por vía voluntaria".

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