Suspensión y extinción de la relación laboral ante Privación de libertad

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 29/11/2019

La suspensión contractual ante privación de libertad del trabajador, se encuentra establecida el apdo. 1. g) Art. 45 ,ET

 

La suspensión contractual prevista en el apdo. 1. g) Art. 45 ,ET no opera de modo automático, ha de ser solicitada por el propio trabajador.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia en Sentencia de 27 julio 1993 declaró lo siguiente: "Reproduciendo una muy clásica doctrina jurisprudencial hemos de indicar que la causa de suspensión contractual prevista en el apdo. 1. g) Art. 45 ,ETn o opera de modo automático, sino que tan sólo admite una posibilidad de actuación -lo acredita la frase «el contrato de trabajo podrá suspenderse» utilizado por la norma-que se halla subordinada a la existencia de un acto dirigido a obtener la suspensión y que no puede incumbir sino al trabajador, por ser precisamente él quien se halla interesado en justificar lo que -al menos en apariencia- constituye un grave incumplimiento contractual cuyas gravosas consecuencias no pueden ocultársele, por lo que el apdo. 1, letra g) Art. 45 ,ET únicamente otorga el derecho a pedir y obtener la referida suspensión, de manera que si la situación se oculta y no se pone en conocimiento de la Empresa, o incluso (así lo afirma expresamente la STS Comunidad Valenciana 30-6-1990) si se hace sin la finalidad específica de suspender el vínculo, al modo de una mera «noticia», o si el hecho es mera y anecdóticamente conocido por el empresario, no opera la posible causa de suspensión, pues la omisión supone en la práctica -así lo entiende igualmente la doctrina científica- una suerte de conducta similar al abandono, que determina el inmediato efecto de la extinción del contrato de trabajo ex art. 49.4 ET ; y ello se ha justificado en la referida doctrina de suplicación también con el argumento de que si bien la prisión o detención no resultan -por sí solas- causas de despido, en todo caso no cabe omitir que los contratos obligan no sólo a lo expresamente pactado, sino también a todo aquello que conforme a la buena fe sea exigible (Art. 1258 ,Código Civil), y que en los supuestos examinados se concreta en la oportuna comunicación al empresario, al objeto de que provea a la sustitución del privado de libertad y adopte las medidas más convenientes para la marcha de la empresa ".

En la Sentencia Social N.º 50/2012, Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Social, Sección 1, Rec. 30/2012 de 10 de febrero de 2012 se debate sobre el despido como punto de extinción de la relación laboral.

Se discute la no aplicación a las relaciones laborales especiales de los internos de establecimientos penitenciarios de las normas generales contenidas en el Estatuto de los Trabajadores. La cuestión debatida versaba sobre si en una relación laboral especial penitenciaria de carácter productivo por cuenta ajena «puede darse como modo de extinción de la relación laboral la figura jurídica del despido».

“En definitiva, la relación laboral especial de los internos en los centros penitenciarios tiene su apoyo fundamental en el artículo 25.2 CE , que tutela el derecho de los condenados a penas de prisión a un trabajo remunerado. Su desarrollo a nivel de la LOGP 1/1979, tiene lugar en el capítulo II, del Título Primero, artículos 26 a 35, que lleva el rótulo de «Trabajo»”

Dicha relación, como constante doctrina jurisprudencial tiene declarado, tiene carácter laboral aunque presenta caracteres y notas propias y singulares que la diferencian de las relaciones de trabajo ordinarias y normales, siendo la más importante la de que la regulación de sus aspectos más específicos no está regida por el Estatuto de los Trabajadores sin perjuicio, naturalmente, de que pudiera aplicarse la Ley estatutaria en materias no reglamentadas por esa normativa particular, o, en aquellos otros supuestos, en que la norma especial remita a la general. Así, dice expresamente el artículo 1.4 del RD 782/2001 que «La relación laboral especial penitenciaria se regula por lo dispuesto en este Real Decreto. Las demás normas de la legislación laboral común, incluido el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, sólo serán aplicables en los casos en que se produzca una remisión expresa desde este Real Decreto o la normativa de desarrollo».

Conviene insistir-dice la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en sentencia de 5.5.2006, rcud 728/2005 -en que la relación laboral especial se refiere a «los internos que desarrollen su actividad laboral en los talleres productivos de los Centros Penitenciarios, así como la de quienes cumplen penas de trabajo en beneficio de la Comunidad (artículo 1.1 RD 782/2001) cuya actividad viene sometida a las reglas específicas antes citadas, y, además a las contenidas en el RD 326/1995, de 3 de marzo, que regula el Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, al que se le atribuyen, entre otras funciones, la gestión del trabajo de los internos. Deviene claro, en consecuencia, que los principios básicos de la relación laboral especial que examinamos, que se contemplan principalmente, en el RD 728/2001, no se aplican a los internos de régimen abierto que accedan a un empleo en el exterior del centro penitenciario, a los liberados condicionales y a los exreclusos, cuya relación laboral se somete a la normativa común como reconoce la Exposición de Motivos del citado Real Decreto y su artículo 1, 2 y 3, que excluye, de su ámbito de aplicación, el trabajo de «los internos en régimen abierto» y «las diferentes modalidades de ocupación no productiva.

(...)

Respecto a la no aplicación a las relaciones laborales especiales de los internos de establecimientos penitenciarios de las normas generales contenidas en el Estatuto de los Trabajadores, y en concreto para el presente caso de las relativas al despido, se ha pronunciado la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en sentencias de 5 de mayo y 25 de septiembre de 2000 ( rcuds núm.. 3325/1999 y 3982/1999). La cuestión debatida versaba sobre si en una relación laboral especial penitenciaria de carácter productivo por cuenta ajena «puede darse como modo de extinción de la relación laboral la figura jurídica del despido».

La respuesta fue negativa (continúa diciendo la citada resolución de 5.5.2006), sentando las citadas sentencias «que el Reglamento Penitenciario no contiene ninguna remisión expresa a la normativa del Estatuto de los Trabajadores reguladora del despido (artículos 54 y siguientes ). Siendo claro que el envío a la Ley de Procedimiento Laboral que se contiene en el transcrito artículo 134.5 no puede contradecir el núm. 4 del mismo precepto pues una interpretación racional del núm. 5 conduce a considerar que se está refiriendo a cuestiones litigiosas de carácter sustantivo que previamente hayan sido acotadas por las previsiones directas o por reenvío del Reglamento Penitenciario. Y es que el despido es una figura de derecho material o sustantivo y regulado en los artículos 54 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores , aunque la Ley de Procedimiento Laboral, además de regular la modalidad procesal correspondiente, en sus artículos 103 y siguientes , reproduzca en parte el contenido de Ley sustantiva.- Por otra parte, el artículo 152 del Reglamento Penitenciario contiene diversas causas de extinción de esta relación laboral especial, entre las que no figura el despido.- Y tal como resulta del artículo 144 del Reglamento Penitenciario , es a la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario, (órgano dependiente del Ministerio del Interior, cuya composición y funciones se regulan en los artículos 272 a 275 de dicho Reglamento), y no al Organismo Autónomo empleador, a quien corresponde decidir la asignación a un recluso de un trabajo directamente productivo, que genera automáticamente el nacimiento de esa relación laboral especial, (adjudicación que se realiza en función de los criterios previstos en ese mismo artículo). Y es también esa Junta de Tratamiento a quien corresponde decidir si, por razones técnicas, debe darse de baja a un penado del puesto de trabajo que ocupe, con la consiguiente extinción de la relación laboral especial, en los términos y por las causas contempladas en el artículo 152 del mismo texto reglamentario. Por lo tanto, no puede imputarse la extinción de esa relación laboral especial derivada de un acuerdo de la Junta de Tratamiento a la voluntad unilateral del Organismo Autónomo que ocupa la posición de empleador».”

 

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Extinción del contrato de trabajo
Contrato de Trabajo
Incumplimiento del contrato
Incumplimiento grave
Omisión
Buena fe
Centro penitenciario
Tutela
Junta de tratamiento
Causas técnicas
Voluntad unilateral

RDLeg. 2/2015 de 23 de Oct (Estatuto de los Trabajadores) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 255 Fecha de Publicación: 24/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 13/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

RDLeg. 1/1995 de 24 de Mar (Estatuto de los Trabajadores) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 75 Fecha de Publicación: 29/03/1995 Fecha de entrada en vigor: 01/05/1995 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social

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