La tutela de las sociedades mercantiles estatales

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  • Orden: Administrativo
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El régimen de tutela de las sociedades mercantiles estatales se establece en el Art. 116 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre y parte de considerar las siguientes reglas generales:

  • El Consejo de Ministros, al autorizar la constitución de una sociedad mercantil con forma de sociedad anónima, podrá a tribuir a un Ministerio determinado la tutela funcional de la misma.

  • A falta de la anterior atribución expresa, la tutela le corresponderá al Ministerio de Hacienda y Admnistraciones Públicas (o equivalente)

Respecto de la tutela de las sociedades mercantiles estatales el Art. 116 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre dispone lo siguiente:

  • Al autorizar la constitución de una sociedad mercantil estatal con forma de sociedad anónima, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del Art. 166 ,Ley 33/2003, de 3 de noviembre, el Consejo de Ministros podrá atribuir a un Ministerio, cuyas competencias guarden una relación específica con el objeto social de la sociedad, la tutela funcional de la misma.

  • En ausencia de esta atribución expresa corresponderá íntegramente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el ejercicio de las facultades que esta Ley y la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, otorgan para la supervisión de la actividad de la sociedad.

  • El Ministerio de tutela ejercerá el control de eficacia e instruirá a la sociedad respecto a las líneas de actuación estratégica y establecerá las prioridades en la ejecución de las mismas, y propondrá su incorporación a los Presupuestos de Explotación y Capital y Programas de Actuación Plurianual, previa conformidad, en cuanto a sus aspectos financieros, de la Dirección General del Patrimonio del Estado si se trata de sociedades cuyo capital corresponda íntegramente a la Administración General del Estado, o del organismo público que sea titular de su capital.

  • En casos excepcionales, debidamente justificados, el titular del departamento al que corresponda su tutela podrá dar instrucciones a las sociedades, para que realicen determinadas actividades, cuando resulte de interés público su ejecución.

  • Cuando las instrucciones que imparta el Ministerio de tutela impliquen una variación de los Presupuestos de Explotación y Capital de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, el órgano de administración no podrá iniciar la cumplimentación de la instrucción sin contar con la autorización del órgano competente para efectuar la modificación correspondiente.

  • En este caso, los administradores de las sociedades a las que se hayan impartido estas instrucciones actuarán diligentemente para su ejecución, y quedarán exonerados de la responsabilidad prevista en el 236 ,Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, si del cumplimiento de dichas instrucciones se derivaren consecuencias lesivas.

Cabe recordar además que, tal y como establece el Art. 169 ,Ley 33/2003, de 3 de noviembre, el Consejo de Ministros tendrá competencia para:

  • Determinar las directrices y estrategias de gestión del sector público empresarial del Estado, en coherencia con la política económica y la estabilidad presupuestaria.

  • Aprobar planes de reestructuración del sector público empresarial del Estado y ordenar la ejecución de los mismos.

  • Autorizar reasignaciones del patrimonio inmobiliario susceptible de uso administrativo dentro del ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando se realice como contrapartida a reducciones o incrementos de los fondos propios de los organismos públicos.

  • Atribuir la tutela de las sociedades previstas en el apartado 2 del Art. 166 ,Ley 33/2003, de 3 de noviembre a un determinado departamento, o modificar el ministerio de tutela.

  • Autorizar el objeto social de las sociedades previstas en el apartado 2 del Art. 166 ,Ley 33/2003, de 3 de noviembre y sus modificaciones.

  • Autorizar la creación, transformación, fusión, escisión y extinción de sociedades mercantiles estatales, así como los actos y negocios que impliquen la pérdida o adquisición de esta condición por sociedades existentes. En el expediente de autorización deberá incluirse una memoria relativa a los efectos económicos previstos.

  • Autorizar los actos de adquisición o enajenación de acciones que supongan la adquisición por una sociedad de las condiciones previstas en el apartado 2 del Art. 166 ,Ley 33/2003, de 3 de noviembre o la pérdida de las mismas.

  • Autorizar los actos de adquisición o enajenación de acciones de las sociedades a que se refiere el párrafo d) del apartado 1 del Art. 166 ,Ley 33/2003, de 3 de noviembrecuando impliquen la asunción de posiciones de control, tal y como quedan definidas en el citado artículo, o la pérdida de las mismas.

  • Autorizar a las entidades a que se refiere el Art. 166 ,Ley 33/2003, de 3 de noviembre y al Ministerio de Hacienda para la suscripción de acuerdos, tales como pactos de sindicación de acciones, que obliguen ejercer los derechos inherentes a los títulos en sociedades mercantiles de común acuerdo con otros accionistas.

  • Autorizar los actos de adquisición por compra o enajenación de acciones por la Administración General del Estado o sus organismos públicos cuando el importe de la transacción supere los 10 millones de euros.

  • Autorizar las operaciones de adquisición o enajenación de acciones que conlleven operaciones de saneamiento con un coste estimado superior a 10 millones de euros.

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Interés publico
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Sociedad de capital
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Patrimonio inmobiliario
Extinción de sociedades
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