La vivienda familiar en caso de separación o divorcio

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Civil
  • Fecha última revisión: 20/06/2019

El uso de la vivienda familiar en los llamados casos de crisis del matrimonio, considerada como aquella en la que los cónyuges cumplen la obligación legal de vivir juntos (Art. 68 del Código Civil), se encuentra regulado en el Art. 96 del Código Civil. Los cónyuges pueden, mediante el convenio regulador, fijar cuál de ellos continuará con el uso de la vivienda. En el caso de que dicho uso no estuviera acordado, será el juez quien resuelva conforme a tres criterios contenidos en el mismo:

1. En defecto del acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario corresponderá a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. Existe una reiteración de la doctrina jurisprudencial según la cual la atribución de la vivienda familiar corresponde a los hijos menores, en tanto lo sigan siendo, y al cónyuge que con ellos quede. Así lo considera, entre otras, la STS, Sala de lo Civil, N.º 451/2011, de 21/06/2011, Rec. 1766/2008.

2. Cuando alguno de los hijos quede en compañía de uno de los cónyuges y los restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente.

3. No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección. Para ello, es preciso tener en cuenta lo recogido en la STS, Sala de lo Civil, N.º 700/2012, de 14/11/2012, Rec. 785/2010.

 

El artículo 96 del CC se limita a resolver a quién se atribuye el uso de la vivienda familiar, estableciendo la preferencia de los hijos comunes y del progenitor al que se atribuya la guarda y custodia, o a aquel de los cónyuges cuyo interés resulte más digno de protección, sin pronunciarse sobre la naturaleza de dicho derecho. Se trata de una situación en la que uno de los cohabitantes en el mismo domicilio es preferido al otro por razones que el ordenamiento jurídico considera protegibles, con independencia del título que ostente el titular de la vivienda, ya sea arrendamiento, exclusiva del titular o copropiedad con el cónyuge usuario.

Acuerdo entre las partes

Las peticiones de separación o divorcio, siempre y cuando se hiciesen de común acuerdo por ambos cónyuges o por uno solo con el consentimiento del otro, se regirán por el procedimiento establecido en el artículo 777 de la LEC en conexión con el art. 769.2 respecto de la competencia. En ellas se regularán los aspectos recogidos en el art. 90 del C.C.; También pueden transformarse en procedimientos de mutuo acuerdo los presentados inicialmente como contenciosos siempre y cuando concurran los requisitos señalados en el artículo 777 de la LEC.

Respecto a la solicitud de nulidad civil del matrimonio, hay que matizar que únicamente puede ser declarada por vía contenciosa, es decir, no puede ser solicitada de mutuo acuerdo por ambos cónyuges, o uno de ellos con el consentimiento del otro, acompañando un convenio regulador cuando se presenta la solicitud, ni tampoco iniciarse de forma contenciosa y después transformarla en un procedimiento de mutuo acuerdo.

Lo que sí puede hacerse en estos casos es presentar unas medidas provisionales previas a la presentación de la demanda, o unas medidas coetáneas o definitivas. También se puede presentar la demanda contenciosa únicamente para que se declare la nulidad del matrimonio y, una vez finalizado el juicio y declarada en sentencia que se ha probado la causa o causas de nulidad, presentar un convenio regulador para que sea aprobado judicialmente y rija las relaciones personales, familiares y patrimoniales en el futuro.

Convenio regulador

El Convenio regulador es un negocio jurídico de derecho de familia que, de acuerdo con la autonomía de voluntad de los afectados, puede contener tanto pactos típicos, como atípicos (TS, Sala de lo Civil, N.º 233/2012, de 20/04/2012, Rec. 2099/2010). En él intervienen los particulares y la autoridad judicial, y tiene por finalidad regular los efectos de las situaciones de crisis de matrimonio, incluyendo, a este respecto, una serie de pactos entre los cónyuges, cuyo contenido mínimo está integrado por las medidas relativas a la guarda y custodia, régimen de visitas, atribución del uso de la vivienda familiar, alimentos y cargas del matrimonio, liquidación del régimen económico matrimonial y pensión compensatoria (Diccionario del español jurídico de la RAE y CGPJ).

Su campo "operativo" es, como se ha dicho, el de los supuestos de "crisis del matrimonio" (esto es, los casos de nulidad, separación o divorcio) y su contenido mínimo se relaciona en el Art. 90 del Código Civil, que indica que deberá pronunciarse al menos acerca de:

  • El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de esta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos.
  • Si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el interés de aquellos.
  • La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.
  • La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización y garantías en su caso.
  • La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio
  • La pensión que, conforme al artículo Art. 97 del Código Civil, correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges.

El convenio regulador producirá efectos una vez sea aprobado judicialmente. En el momento de dicha aprobación, podrá hacerse efectivo por la vía de apremio. Es el Art. 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el que se ocupa, entre otros asuntos relacionados, del proceso de aprobación del convenio regulador en los supuestos de separación o divorcio solicitados de mutuo acuerdo o por uno de los cónyuges con consentimiento del otro.

Pactos entre partes

Del mismo modo, pueden existir pactos referidos a las consecuencias del matrimonio fuera del propio convenio, ya sea en unas capitulaciones matrimoniales previas (STS 1053/2007, de 17 octubre), ya sea en documentos complementarios (STS 217/2011, de 31 marzo).

Los acuerdos de los cónyuges, adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separación y divorcio, presentados ante el órgano judicial, serán aprobados por el juez, salvo si son dañosos para los hijos (como es el caso de que los pactos no garanticen suficientemente los alimentos, educación y formación integral de los mismos) o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges. Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo, o las convenidas por los cónyuges en juicio, podrán ser modificadas, judicialmente o por nuevo convenio aprobado por el Juez, cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los cónyuges. Las medidas que hubiesen sido convenidas ante el Secretario judicial o en escritura pública podrán ser modificadas por un nuevo acuerdo, sujeto a los mismos requisitos exigidos en el Código Civil.

SAP de Alicante, Civil, N.º 239/2015, Sección 9, de 16 de Junio de 2015. Rec 16/2015

“(...) la STS de 4 de noviembre de 2011 señala que ' El convenio regulador es un negocio jurídico de derecho de familia que se otorga con ocasión de la crisis matrimonial y que puede presentar un contenido atípico. La autonomía de la voluntad de los cónyuges fue ya reconocida en la sentencia de 22 de abril de 1997, que puso de relieve que en las situaciones de crisis matrimoniales pueden coincidir tres tipos de acuerdos: 'en primer lugar, el convenio, en principio y en abstracto, es un negocio jurídico de derecho de familia; en segundo lugar, el convenio regulador aprobado judicialmente queda integrado en la resolución judicial, con toda la eficacia procesal que ello conlleva; en tercer lugar, el convenio que no ha llegado a ser aprobado judicialmente, tiene la eficacia correspondiente a todo negocio jurídico, tanto más si contiene una parte ajena al contenido mínimo que prevé el art. 90 C.c .'.”

 

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Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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