C. Colectivo. Convenio Colectivo de Empresa de AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (28010412011998) de Madrid

Empresa Autonomico. Versión VIGENTE. Validez desde 09 de Octubre de 2007 en adelante

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Resolucion de 9 de octubre de 2007, de la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de Empleo y Mujer, sobre registro, deposito y publicacion del convenio colectivo del Ente Publico Agencia de Proteccion de Datos de la Comunidad de Madrid (Codigo numero 2810412) . (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 278 de 22/11/2007)

RESUELVE

1º. Inscribir dicho convenio en el Registro Especial de Convenios Colectivos de esta Dirección, y proceder al correspondiente depósito en este Organismo.

2º. Disponer la publicación del presente Anexo, obligatoria y gratuita, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 9 de octubre de 2007. El Director General de Trabajo, Javier Vallejo Santamaría.

PREÁMBULO

La Ley 13/1995, de 21 de abril, de Regulación del Uso de la Informática en el Tratamiento de Datos Personales por la Comunidad de Madrid, modificada parcialmente por la Ley 13/1997, de 16 de junio, y por la Ley 6/1999, de 30 de marzo, creó la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid como Ente de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad. Ente que entró en funcionamiento en el año 1997.

La Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid, derogó la Ley 13/1995, de 21 de abril, y reguló la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid como un Ente de Derecho Público de los previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. El artículo 14 de la Ley 8/2001 establece que la Agencia de Protección de Datos actúa en el ejercicio de sus funciones con plena independencia de la Administración de la Comunidad de Madrid.

El artículo 14.4 de la Ley 8/2001 establece que los puestos de trabajo de los órganos y servicios que integran la Agencia de Protección de Datos serán desempeñados por personal funcionario o laboral de acuerdo con la naturaleza de las funciones asignadas a cada puesto de trabajo.

Atendiendo a la procedencia del personal laboral que se integró en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, y a las funciones que debían desempeñar, se acordó por la dirección de la Agencia y la representación de sus trabajadores la adhesión de la misma al Convenio Colectivo del Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, dictándose Resolución de 14 de julio de 1998, de la Dirección General de Trabajo y Empleo, sobre registro, depósito y publicación del mencionado acuerdo de adhesión.

El acuerdo de adhesión se ha mantenido en vigor hasta el momento actual, pero la desaparición del Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, en virtud del artículo 10 de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, por la que pasa a llamarse Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid y se configura como Ente Público, crea la necesidad de proceder a elaborar un convenio colectivo específico, manteniendo básicamente el contenido del anterior convenio aplicable, al objeto de dotar a la plantilla de la estabilidad necesaria para llevar a buen puerto los retos derivados del ejercicio de sus competencias y del progresivo aumento de actividad.

El presente convenio colectivo ha sido negociado por la representación del Ente Público Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y por la representación legal de los trabajadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.1 del Estatuto de los Trabajadores.

I CONVENIO COLECTIVO DEL ENTE PÚBLICO AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON VIGENCIA PARA 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011

Capítulo I

Ámbito de aplicación y disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación. Es objeto del presente convenio la regulación de las relaciones colectivas de trabajo en el Ente Público Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, en adelante APDCM. Este convenio afectará a los trabajadores que, bajo el marco laboral ordinario, presten sus servicios por cuenta y bajo la dependencia del Ente Público.

Quedan excluidos de la regulación de las condiciones económicas y de empleo, objeto del presente convenio, aquellos trabajadores que suscriban contratos de régimen especial de acuerdo con lo especificado en el artículo 2.1. a) del Estatuto de los Trabajadores. La dirección mantendrá informada a la representación legal de los trabajadores de las personas afectadas por esta exclusión.

Igualmente está excluido del ámbito de aplicación de este convenio el personal funcionario del Ente de Derecho Público y los altos cargos del mismo.

Art. 2. Vigencia. El presente convenio será de aplicación a partir del día de su firma, y una vez cumplidos los requisitos establecidos por el artículo 28 de la Ley 3/2006, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2007, y estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2011, pudiendo prorrogarse posteriormente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.

Las consecuencias económicas que de él se derivan tendrán el efecto que en cada uno de los artículos se especifique.

En el supuesto de que la autoridad o jurisdicción competente declarase la nulidad de alguna de las cláusulas pactadas, ambas partes decidirán, de mutuo acuerdo, la necesidad de renegociar dichas cláusulas y aquellas que se vean afectadas, bajo el principio de que la nulidad de alguna o algunas de ellas no supone la nulidad de todo el convenio.

Art. 3. Prórroga y denuncia. El convenio quedará prorrogado a partir de 2011, último año de su vigencia, de año en año, mientras alguna de las partes no lo denuncien por escrito con una antelación superior a los dos meses a la fecha de su vencimiento.

Podrán quedar excluidos del sistema de prórroga tácita previsto en el párrafo anterior, a partir del 31 de diciembre de 2011, el conjunto de los artículos 44, 45, 51.1, 65, 69, 71, 72, 77, 78, 79 y los Anexos IV, V y VI, cuando alguna de las partes así lo notifiquen por escrito con una antelación superior a un mes a la fecha de su vencimiento.

A efectos de que dicha denuncia contribuya a una evolución positiva y constructiva del convenio, deberá incluir una propuesta escrita de las condiciones cuya revisión se pretende.

No obstante la denuncia de parte, hasta la firma del nuevo convenio el presente permanecerá en vigor en toda su extensión.

Art. 4. Comisión paritaria de cumplimiento, interpretación y desarrollo complementario del convenio.

1. Constitución y composición: en el plazo de los diez días siguientes a la fecha de entrada en vigor del convenio, un máximo de tres miembros designados por la representación legal de los trabajadores e igual número de representantes designados por la dirección del Ente de Derecho Público constituirán la comisión paritaria de interpretación, cumplimiento y desarrollo complementario del convenio.

En el supuesto de que, durante la vigencia del convenio se produjera un incremento de la plantilla que supusiera un aumento en el número de miembros de la representación legal de los trabajadores, la composición de la comisión paritaria de interpretación pasará a ser de cuatro representantes por cada una de las partes.

2. Competencias. Será competencia de la comisión paritaria de interpretación:

I. La interpretación de la totalidad del articulado y Anexos del convenio.

II. El seguimiento de la aplicación del convenio.

III. La emisión, en el plazo de quince días, de informe preceptivo sobre las reclamaciones individuales o colectivas que, en relación con la aplicación del convenio a situaciones concretas, puedan plantearse por los trabajadores de la APDCM con carácter previo a la vía procesal social.

IV. La conciliación previa y no vinculante en los conflictos colectivos.

V. La aprobación de nuevas funciones profesionales, su modificación o la extinción de las que resulten obsoletas.

VI. El reajuste de los horarios en función de la variación de la jornada.

VII. Cualquier otra que expresamente se le atribuya en el articulado de este convenio.

3. Régimen de las reuniones y acuerdos: la comisión paritaria de interpretación se reunirá con carácter ordinario cada tres meses en caso de que no se hubiera producido ninguna reunión extraordinaria en los tres meses anteriores; y con carácter extraordinario cuando sea convocada con dos días laborables de antelación con indicación del orden del día, por cualquiera de las partes.

Los acuerdos de la comisión paritaria de interpretación se tomarán por mayoría en cada uno de los bancos y vincularán a ambas partes en los mismos términos que el presente convenio.

La comisión paritaria de interpretación podrá recabar información relacionada con las cuestiones de su competencia.

4. Integración de los acuerdos en el convenio y publicidad de los mismos: la comisión paritaria de interpretación hará públicos sus acuerdos cuando sean de interés general o se refieran a una reclamación de carácter colectivo, o modifiquen el texto del presente convenio dentro del ámbito de sus competencias. En este caso dichos acuerdos pasarán a formar parte integrante del propio texto convencional, debiendo constar tal carácter en el propio acuerdo. En otro caso sus dictámenes y acuerdos se incorporarán al mismo como Anexos.

Capítulo II

Organización del trabajo

SECCIÓN PRIMERA Principios generales: Organización del trabajo, actividad productiva

Art. 5. Organización del trabajo. La organización del trabajo corresponderá a los órganos directivos del Ente de Derecho Público competentes para ello. Estos podrán establecer los sistemas de valoración, racionalización, mejora de métodos, procesos y simplificación del trabajo y las plantillas de personal adecuadas y suficientes para alcanzar el nivel de prestación de servicios que la dirección se proponga como objetivo.

La representación legal de los trabajadores será informada y vendrá obligada a participar en todas aquellas instancias donde se establezcan condiciones de trabajo, y a emitir informe previo con los mismos plazos que se refieren en la sección de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.

Art. 6. Protección de datos. Los trabajadores que en el desarrollo de sus funciones utilicen ficheros que contengan datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos, conforme lo determina la legislación vigente. Es obligación de todos los trabajadores conocer tal normativa, para lo cual el Ente de Derecho Público habilitará los medios necesarios.

Art. 7. Actividad productiva. Actividad productiva es la mínima cantidad de tareas de un determinado nivel de calidad exigible a cada trabajador en el desempeño de su función y grupo.

Los estándares de producción que se establezcan en la APDCM se corresponderán con lo que establezcan las metodologías, sistemas de calidad, normas y procedimientos del Ente de Derecho Público, sin perjuicio del concepto de actividad normal en cualquiera de los índices correspondientes a los sistemas de medida aceptados por la Organización Internacional del Trabajo.

Art. 8. Certificaciones de servicios y formación. El Ente de Derecho Público, dentro de sus competencias, emitirá y entregará al trabajador y a su instancia, siempre a través de su Secretaría General, certificado acreditativo del tiempo de servicio prestado y datos que consten que afecten a su historial formativo acreditado, profesional y laboral, emolumentos recibidos, así como cualquier otra circunstancia que venga exigida por las convocatorias de concursos. Todo ello sin perjuicio de las competencias que otros órganos de la Comunidad de Madrid tengan atribuidos en materia de registro de personal.

Art. 9. Identificación. Por la Secretaría General se expedirá al personal del Ente de Derecho Público el oportuno documento de identificación, así como se instrumentarán los medios necesarios para el oportuno control de presencia y actividad. El trabajador cuidará de la custodia del mismo así como del buen uso de sus claves de acceso a los sistemas de información, aplicando sobre la utilización de los mismos la normativa de seguridad en cada caso vigente.

SECCIÓN SEGUNDA Clasificación del trabajador

Art. 10. Grupos profesionales. Son grupos profesionales los que agrupan homogénea y unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones o grados de conocimientos, y contenidos generales de la prestación, y podrán incluir diversas funciones o especialidades profesionales del Ente de Derecho Público.

Se establecen los siguientes grupos profesionales: I, IIA, IIB, III, IIIEspecialista y IV.

En ellos se clasificarán todas las funciones necesarias para la ejecución de las actividades a desarrollar por el personal del Ente de Derecho Público.

Los puestos denominados puestos funcionales , cualquier que sea su tipo, quedan excluidos de esta clasificación.

Art. 11. Grados académicos requeridos para el acceso a los distintos grupos profesionales. Los grados académicos se corresponden con las siguientes titulaciones académicas:

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Todo ello sin perjuicio de otras equivalencias que por parte de las autoridades competentes en materia de educación o trabajo, o el Ministerio para las Administraciones Públicas pudiera establecer.

Se requerirán los siguientes grados académicos para el acceso a una función profesional encuadrada en un determinado grupo profesional, para todo el personal de nuevo ingreso al Ente de Derecho Público a partir del 1de enero de 2007:

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Art. 12. Áreas funcionales de actividad. La APDCM agrupa la totalidad de las funciones que para la prestación de servicios, la producción y administración es necesario que se desempeñen por los trabajadores en las áreas funcionales de actividad a desempeñar en el Ente de Derecho Público y que son:

Técnica. Administración y de gestión. De servicios. Un trabajador está integrado en un área funcional de actividad genérica por el hecho de desempeñar una función agrupada en la misma.

Para posibilitar el más amplio desarrollo profesional de los trabajadores, se garantiza la relación de todas las áreas funcionales de actividad para facilitar al trabajador, a lo largo de su relación con el Ente de Derecho Público, la reorientación de su promoción profesional de acuerdo con sus preferencias y aptitudes.

Art. 13. Función profesional. Es la denominación de la actividad profesional, y, en particular, el conjunto de cometidos o actividades correspondientes a un determinado trabajador o grupo de trabajadores. Cada función profesional se encuadra en un determinado grupo profesional y en una determinada área funcional de actividad.

El ejercicio de una función profesional durante cinco años habilita en aptitud sobre dicha área funcional, a los efectos particulares de ejercer como miembro de una comisión de selección de personal para dicha área y grupo profesional donde la función se encuadre.

Art. 14. Puestos funcionales.

1. Definición: se entiende por puesto funcional aquel en el que las tareas desempeñadas sean de naturaleza fundamentalmente adicional o complementaria de las propias encuadradas en una función profesional, en cuanto a la existencia en su desempeño de determinados niveles de responsabilidad, organización y coordinación sobre las actividades de trabajadores y/o bienes materiales, especial grado de dificultad técnica en la prestación, repercusión especial sobre programas, procesos, equipos y bienes, especial confianza, u otra causa que aconseje tal catalogación.

2. Dotación: los puestos funcionales estarán adecuadamente dotados en presupuesto, y los ocupantes de los mismos tendrán su puesto en su función profesional de origen en el Ente de Derecho Público, de existir, en situación de reserva.

3. Provisión: de acuerdo con lo dispuesto en la sección correspondiente.

4. Catalogación: en su catalogación deberán tenerse en cuenta criterios relativos a la tipificación del puesto funcional. Según su naturaleza, los puestos funcionales se clasifican en:

a) Puesto funcional de estructura orgánica: es aquel que por su contenido, responsabilidades ( particularmente respecto a mando sobre equipos de personas) y aptitudes necesarias, es definido genéricamente, de acuerdo con las necesidades organizativas del Ente de Derecho Público y en función de su estructura. Adicionalmente, son igualmente puestos funcionales de este tipo los de dirección de directa asistencia a la dirección del Ente de Derecho Público, que en todo caso serán así definidos por resolución de la misma, definiéndose su catalogación por resolución del órgano competente de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente. Los ocupantes de estos puestos podrán superar lo establecido en el artículo correspondiente como límite general para duración de la jornada ordinaria, aunque no les serán de aplicación los pluses particularmente previstos en la sección de compensaciones por servicios no ordinarios. En la relación de puestos de trabajo del Ente de Derecho Público existirá al menos un puesto funcional de estructura orgánica con la denominación de Consejero Técnico, reservado para su cobertura entre los empleados públicos de dicho Ente. El director de la Agencia proveerá, mediante libre designación y a través de la correspondiente resolución, la cobertura de dicho puesto de trabajo. El personal que ocupe un puesto funcional de estructura orgánica percibirá la cuantía nominal anual del complemento específico de puesto de estructura y de la retribución variable para los mismos, establecidas en el Anexo IV de este convenio colectivo, en función de las retribuciones consolidadas del ocupante.

b) Puesto funcional de actividad: es aquel que por su especial contenido, responsabilidades, aptitudes o especial confianza necesaria es definido específicamente para un determinado puesto de la organización. El catálogo de puestos funcionales de actividad se establece en el Anexo correspondiente, así como los niveles y/o complementos retributivos asociados a los mismos. Además de los puestos funcionales de actividad establecidos, el Ente de Derecho Público podrá crear otros adicionales, notificando de ello a la representación legal de los trabajadores, quien emitirá informe previo.

Art. 15. Adscripción del trabajador a unidades organizativas e igualdad de oportunidades. Los trabajadores podrán ser adscritos para el desempeño de sus funciones a unidades organizativas distintas, de acuerdo con el principio de potestad de organización del trabajo que compete a los órganos directivos del Ente de Derecho Público.

No obstante, siempre que sea posible, y sin perjuicio de dicha potestad, los órganos directivos darán publicidad interna y difusión a las necesidades que surjan dentro de las distintas unidades del Ente de Derecho Público, a fin de que todos aquellos empleados interesados puedan ser tenidos en cuenta en las adscripciones de personal a distintas unidades. Dicha difusión y publicidad se darán cuando la necesidad a cubrir implique contenidos que ofrezcan especiales oportunidades de desarrollo formativo y profesional para los empleados.

SECCIÓN TERCERA Movilidad funcional

Art. 16. Adscripción del trabajador a funciones profesionales diferentes. El Ente de Derecho Público podrá adscribir a un trabajador a funciones profesionales diferentes de las que venía desempeñando, dentro del mismo grupo profesional con las únicas limitaciones de la titulación académica o profesional exigida para ejercer la prestación laboral, siempre y cuando no se lesionen sus derechos salariales adquiridos, su actividad funcional profesional genérica y sus condiciones de trabajo, facilitándose por el Ente de Derecho Público la formación necesaria para el desempeño de su nueva función.

Los trabajadores que estimen que una nueva adscripción modifica sustancialmente las condiciones salariales, profesionales o de trabajo, podrán, en el plazo de los diez días siguientes a su adscripción, plantear reclamación escrita ante la comisión paritaria de interpretación, detallando los motivos y criterios en los que se fundamenta su discrepancia.

La comisión paritaria de interpretación, en el plazo de los diez días siguientes a la formulación de la reclamación, resolverá sobre la misma.

En caso de disconformidad con dicha resolución el reclamante podrá acudir a los órganos jurisdiccionales competentes.

El Ente de Derecho Público informará al comité de empresa de estas situaciones.

Art. 17. Funciones de grupo profesional inferior. Ningún trabajador podrá ser destinado a realizar funciones clasificadas en un grupo profesional inferior, salvo cuando sea necesario por razones perentorias imprevistas de producción, emergencia o desastre. En tal caso, solamente se hará por el tiempo máximo de treinta días en el transcurso de un año y sin menoscabo en sus derechos salariales y profesionales, comunicándoselo por escrito al trabajador y a la representación de los trabajadores previamente.

Art. 18. Funciones de grupo profesional superior.

1. El desempeño de funciones clasificadas en un grupo profesional superior nunca podrá exceder de nueve meses en el transcurso de un año o dieciocho meses en el transcurso de dos, período tras el cual esta situación no podrá prorrogarse.

Estas se encomendarán fundamentadamente y, en todo caso, preferentemente a trabajadores del grupo profesional inmediatamente anterior dentro de la misma área funcional de actividad. Para dicho desempeño será siempre necesaria la autorización previa del órgano competente y la necesaria notificación escrita al trabajador por parte de la Secretaría General del Ente de Derecho Público. Se informará a los representantes legales de los trabajadores de estas situaciones.

Se procederá a dotar un complemento salarial al trabajador en esta situación, por desarrollo de funciones de superior grupo profesional, que cubrirá transitoriamente la diferencia entre su nivel salarial consolidado y la retribución de grupo profesional a que correspondan las funciones desempeñadas.

2. Transcurrido dicho plazo, el trabajador cesará en las funciones de grupo superior encomendadas. Si superados los plazos existiera un puesto de trabajo vacante de la misma función profesional que la encomendada, y permaneciese la necesidad de su desempeño, este deberá ser cubierto a través de los procedimientos de promoción profesional o provisión de vacantes establecidos en este convenio. El mero desempeño de funciones de grupo profesional superior no consolidará por sí mismo la adscripción a dicho grupo ni sus retribuciones.

En todo caso figurará en el expediente del trabajador el trabajo de superior categoría desarrollado y un informe de su inmediato superior y del titular del órgano directivo de adscripción sobre el desempeño del mismo.

A los efectos de lo dispuesto en este artículo no se considera desempeño de funciones de superior categoría la ocupación de un puesto funcional , de los descritos en el artículo correspondiente, cualquiera que sea su tipo.

Art. 19. Cambio de adscripción a petición del trabajador. Los trabajadores podrán solicitar cambio de adscripción, manteniendo su misma función, siendo tal petición atendida siempre en la medida de lo posible cuando el solicitante haya permanecido un mínimo de dos años consecutivos en el mismo destino.

En todo caso, y sin perjuicio de lo anterior, previamente a la cobertura de vacantes en turno de promoción interna, y con cargo a su cupo, se atenderá a las peticiones de cambio de destino, siempre y cuando los solicitantes cumplan los requisitos mínimos que para el turno de promoción interna se hubiere fijado, incluida la superación de las acciones formativas que se fijen.

Dada la variedad del proyecto profesional de la APDCM, el Ente de Derecho Público y la representación de los trabajadores están de acuerdo en la conveniencia de favorecer, sin perjuicio sobre la marcha de los servicios o la producción, y en términos y plazos razonables, los cambios de adscripción solicitados, a fin de mejorar la polivalencia de los trabajadores y la motivación en el trabajo de cara al desarrollo profesional.

SECCIÓN CUARTA Movilidad geográfica

Art. 20. Movilidad geográfica. No tendrá consideración de movilidad geográfica la prestación laboral en cualquier punto de la Comunidad de Madrid, dentro del ámbito de actuación del Ente de Derecho Público.

Capítulo III

Provisión de vacantes y promoción profesional y retributiva

SECCIÓN QUINTA Principios generales

Art. 21. Principios generales sobre la provisión de vacantes y la contratación de personal.

1. El artículo 14.4 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, establece que Corresponde a la Agencia de Protección de Datos determinar el régimen de acceso a sus puestos de trabajo, así como los requisitos y características de las pruebas para acceder a los mismos de acuerdo con sus necesidades, las vacantes existentes y sus disponibilidades presupuestarias . Igualmente señala que Corresponderá a la Agencia de Protección de Datos la elaboración, convocatoria, gestión y resolución de los sistemas de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional ajustando sus bases a los criterios generales de provisión de puestos de trabajo establecidos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en la normativa correspondiente de la Comunidad de Madrid .

2. Corresponde a la dirección del Ente de Derecho Público, de acuerdo con las disposiciones legales sobre el empleo, lo dispuesto en la vigente legislación en materia de función pública y lo dispuesto en el presente convenio, el establecimiento de las bases por las que hayan de regirse las convocatorias para la provisión de vacantes y la contratación del personal. Existirá un catálogo de perfiles mínimos a cumplir para el acceso a las funciones profesionales prestacionales, en titulación, formación y experiencia, que serán contemplados en la elaboración de dichas bases.

3. Corresponde a la Secretaría General del Ente de Derecho Público proceder a las publicaciones de los actos de trámite y resolución que resulten de los distintos procesos selectivos, de acuerdo con las decisiones de los distintos órganos de selección.

4. Los miembros de los órganos de selección actuarán con total independencia de sus adscripciones jerárquicas y orgánicas en el ejercicio de su función como tales miembros, en cuanto a la aplicación de su propio criterio profesional en tal ámbito.

SECCIÓN SEXTA Provisión de vacantes de funciones profesionales

Art. 22. Provisión de vacantes de funciones profesionales prestacionales. Convocatorias ordinarias y urgentes.

1. De acuerdo con los presupuestos anuales aprobados, la APDCM realizará la contratación de sus trabajadores para el desarrollo de una función profesional encuadrada en un determinado grupo profesional de conformidad con los procedimientos de oferta y selección apropiados para la obtención de profesionales capacitados, adecuados al desempeño de las funciones a que se destinen, con la celeridad de plazos necesaria para el eficaz y ágil funcionamiento del Ente de Derecho Público, y de acuerdo, asimismo, con lo dispuesto en la correspondiente legislación en materia de función pública.

2. Tras la aprobación del presupuesto anual, el Ente de Derecho Público comunicará al órgano de representación de los trabajadores las necesidades de contratación previstas ligadas a la oferta de empleo público del ejercicio, informando también trimestralmente de su evolución.

3. La dirección comunicará al órgano de representación de los trabajadores las bases de cada convocatoria, con al menos seis días hábiles de antelación a su difusión pública en el caso de las convocatorias ordinarias o tres días hábiles en el caso de las convocatorias declaradas urgentes. El órgano de representación de los trabajadores vendrá obligado a emitir opinión sobre las mismas en tal período.

4. Cuando fuese preciso realizar las contrataciones laborales indefinidas, o interinas hasta cobertura definitiva de vacantes para el acceso a las funciones profesionales prestacionales previstas en este convenio, por cualquiera de los procedimientos descritos como b) , c) o d) en el apartado siguiente, y previstas de acuerdo con las RPT y/o sus correspondientes plantillas presupuestarias para el ejercicio, el proceso de selección se efectuará mediante convocatoria pública en el ámbito correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22.1 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la Comunidad de Madrid, y a través de los sistemas selectivos de oposición y concursooposición, salvo que por circunstancias excepcionales resulte más adecuado el concurso, designándose a tal efecto una comisión de selección de personal. En cualquier caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de este convenio colectivo, el sistema de concurso podrá ser utilizado como sistema de selección del personal laboral no permanente.

El concurso consiste en la comprobación y calificación de los méritos de los aspirantes e, igualmente, en el establecimiento del orden de prelación de los mismos. La oposición consiste en la celebración de una o más pruebas o ejercicios para determinar o mejor apreciar la capacidad y la aptitud de los aspirantes y fijar, igualmente, su orden de prelación; y el concursooposición, en la sucesiva utilización de los dos sistemas anteriores, por el orden que se determine. En todo caso, se garantizará el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. Podrán realizarse, igualmente, pruebas de carácter psicotécnico. Con carácter general, el método general de selección en los casos de promoción interna será el de concursooposición.

5. Los puestos de trabajo vacantes de personal laboral cuya cobertura sea necesaria, se proveerán de manera definitiva con arreglo a los siguientes procedimientos y en la forma que se establece en el presente convenio.

a) Reincorporación o reingreso, procedente de situaciones de reserva o excedencia, de acuerdo con lo establecido en el presente convenio y en la legislación vigente.

b) Turno restringido de promoción interna ( promoción profesional) en los términos determinados en la correspondiente sección, y a través del correspondiente cupo de reserva para la promoción profesional de los ya empleados fijos del Ente de Derecho Público.

c) Turno libre ( convocatoria libre) .

d) Podrán instrumentarse por el Ente de Derecho Público, potestativamente, procedimientos de provisión de puestos de trabajo concretos abiertos exclusivamente a personal fijo de la Comunidad de Madrid, o de otras Administraciones Públicas, de acuerdo con la legislación y normativa vigente, con carácter previo a la convocatoria libre.

6. Las convocatorias se clasifican en ordinarias y urgentes. Las convocatorias ordinarias establecerán un período mínimo de veinte días hábiles para la admisión de solicitudes, así como un plazo mínimo de seis días hábiles para las subsanaciones y reclamaciones a que hubiera lugar. Las convocatorias urgentes reducirán dichos plazos a la mitad.

Art. 23. Comisión de funciones y perfiles profesionales. Se crea la comisión de funciones y perfiles profesionales:

1. Constitución y composición: en el plazo del mes siguiente a la fecha de entrada en vigor del convenio, un máximo de dos representantes designados por la dirección del Ente de Derecho Público e igual número de representantes designados por la representación legal de los trabajadores constituirán la comisión de funciones y perfiles mínimos profesionales. Los miembros podrán ser distintos en función del área funcional de actividad sobre la que trate. La comisión estará presidida por un representante del Ente de Derecho Público.

La comisión contará en sus deliberaciones sobre cada área funcional de actividad con dos asesores por cada una de ellas, elegidos por unanimidad. Si no fuera posible dicha unanimidad, uno de los asesores será elegido por la representación de la dirección y otro por la representación de los trabajadores.

Todos los miembros y asesores de esta comisión deberán tener las condiciones exigidas como de idoneidad para ser miembro de una comisión de selección, así como haber pertenecido, preferentemente, a alguna de estas comisiones desde el 1 de enero de 1998.

2. Competencias. Será competencia de la comisión de funciones y perfiles mínimos profesionales:

a) Proponer la definición de las funciones correspondientes de las funciones profesionales del grupo IIIEspecialista, para su posterior inclusión en el manual de funciones del Ente de Derecho Público.

b) La revisión, en su caso, de las funciones profesionales de los grupos I, II ( A y B) , III y IV relacionadas con las anteriores, para garantizar su coherencia.

c) La proposición de los perfiles profesionales básicos y mínimos a cumplir por los que accedan a las diferentes funciones profesionales y que constituirán un elemento básico de cara a las correspondientes bases de convocatoria. En estos perfiles se incluirán bandas de puntuación para los grupos de méritos ( titulación por encima de la requerida, formación complementaria, experiencia del puesto) a valorar en las fases de concurso.

3. Régimen de las reuniones y los acuerdos: la comisión de funciones se reunirá de la forma que estime adecuado para el cumplimiento de sus competencias, y seguirá el régimen propio de los órganos colegiados.

La aprobación de sus propuestas corresponderá a la comisión paritaria.

Art. 24. Comisión de selección de personal.

1. Composición y régimen: la comisión de selección de personal, referida en el artículo anterior, estará formada por personal laboral fijo y/o por personal funcionario de carrera de cualquier Administración pública, y/o por personal laboral fijo del Ente de Derecho Público, funcionando como órgano colegiado según lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común o legislación que la sustituya.

Dicha comisión de selección de personal tendrá la siguiente composición:

Presidente: designado por el director, y que será empleado fijo del Ente de Derecho Público.

Vocales: Un vocal que será el responsable de la unidad adonde se destinen las personas seleccionadas en primera adscripción o persona por él designada. Un vocal que será el responsable de la Secretaría General o persona por él designada.

Un vocal designado por la representación legal de los trabajadores, que serán dos cuando se trate de comisiones de contratación en turnos de promoción interna.

Para las convocatorias para cobertura de vacantes con carácter indefinido, podrá existir un vocal adicional, con voz y voto, que no pertenecerá al Ente de Derecho Público y que será elegido por la Secretaría General de entre profesionales de reconocida solvencia de la universidad o en el área de selección de personal laboral o funcionario dentro del ámbito de las Administraciones públicas.

Con carácter general, se fija en cinco el número de miembros de la comisión de selección de personal, pudiendo elevarse el número de sus miembros a siete cuando la especial naturaleza o dificultad del proceso selectivo así lo aconsejen, previa resolución razonada del director del Ente de Derecho Público.

Una vez constituida, la comisión designará un secretario entre los miembros de pleno derecho de la misma, que asistirá a sus reuniones con voz y voto, y que deberá ser titulado superior y estar ligado al Ente de Derecho Público o a la Administración de la Comunidad de Madrid mediante relación de empleo de carácter laboral o funcionarial.

Los miembros de la comisión podrán no ser personal de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente legislación en materia de función pública. Si lo fueran, deberán pertenecer al mismo grupo profesional o superior al puesto cuya vacante se pretende cubrir. En caso de que el miembro no fuera personal de la Comunidad, su encuadramiento profesional deberá mantener equivalencia con el criterio expuesto.

Para la validez de los acuerdos adoptados en las sesiones de la comisión de selección de personal, se exigirá el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes de la misma. En caso de empate, el voto del Presidente tendrá la consideración de voto de calidad.

2. Idoneidad: se garantizará la idoneidad de las personas integrantes de la comisión para enjuiciar los conocimientos y aptitudes en relación con los puestos de trabajo a cubrir y las funciones a desempeñar. Todos sus miembros deberán estar en posesión de titulación académica, al menos, del mismo grado que la exigida a los candidatos en la convocatoria. La mitad más uno de los miembros de la comisión deberán, igualmente, estar en posesión de titulación en la misma área funcional de actividad a la que pertenezca el puesto de trabajo, o contar con una experiencia profesional de, al menos, cinco años en dicha área.

3. Asesores: la comisión de contratación podrá incorporar asesores especialistas a sus trabajos cuando resulte necesario para el mejor desarrollo y eficacia del proceso de selección. Su función se limitará a la colaboración técnica que les solicite la comisión dentro de su especialidad.

El número de asesores vendrá determinado en la correspondiente convocatoria. Si en la convocatoria no se fijara el número de asesores, quedará a discreción de la comisión fijarlo,

De acuerdo a su régimen de funcionamiento; el acuerdo de determinación de asesores tendrá lugar con posterioridad al acto de constitución de la comisión.

Los asesores actuarán con voz pero sin voto, y serán los mismos durante todo el proceso selectivo. Los asesores deberán cumplir con los mismos criterios de competencia profesional y nivel académico que la ley y normativa vigente fije para los miembros de comisiones o tribunales de selección.

4. Abstención y recusación: resultará aplicable a todos los miembros de la comisión de selección de personal el régimen y las causas de abstención y recusación previstas por los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Art. 25. Contratación de personal temporal. l. Las necesidades no permanentes de personal se atenderán mediante la contratación de personal temporal a través de la modalidad más adecuada para la duración y carácter de las tareas a desempeñar, previa la autorización correspondiente que pudiera proceder, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa o legislación de mayor rango.

2. Los sistemas selectivos para el personal temporal habrán de graduarse en su utilización en función de la duración del contrato. Así, se recurrirá a los servicios públicos de empleo para las contrataciones para sustitución temporal de trabajador o para las de carácter circunstancial o estacional y siempre que las características de las tareas a desempeñar así lo aconsejen. Corresponderá a los servicios públicos de empleo la preselección de los candidatos de acuerdo con los perfiles definidos por el órgano convocante y al órgano de selección creado al efecto, la selección final de los trabajadores.

3. Con el mismo objeto descrito en el apartado primero, podrán también establecerse relaciones de candidatos para la cobertura de posibles y previsibles necesidades, bien a partir de procesos de selección de personal laboral de carácter fijo o temporal o bien mediante convocatoria pública al efecto y, en todo caso, previa la autorización correspondiente. Estas relaciones no tendrán una antigüedad superior a los dos años, siendo su utilización facultativa del órgano convocante.

4. Igualmente podrán utilizarse los procesos selectivos para el personal laboral de carácter fijo, procediendo a una simplificación del procedimiento que posibilite una cobertura más ágil de las necesidades.

5. En cuanto al órgano de selección de personal, se estará a lo siguiente:

a) Para las contrataciones por obra o servicio determinado, cuya duración se estime superior a los seis meses, se seguirá el mismo procedimiento descrito en el artículo correspondiente para las plazas convocadas a cobertura indefinida.

b) Para el resto de contrataciones ( obra o servicio determinado de duración inicialmente estimada inferior a los seis meses, circunstancias de la producción y cobertura mediante interinidad por ausencia del titular del puesto) la selección será realizada por la Secretaría General, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la legislación vigente en materia laboral y de función pública, a los efectos de garantizar la publicidad y la igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. El Ente de Derecho Público informará a la representación de los trabajadores previamente al inicio del proceso del número, función y destino de personas contratadas y las razones y motivos que justifican las contrataciones. La representación legal de los trabajadores participará en dicho proceso selectivo.

Art. 26. Contratación temporal por circunstancias de la producción. El Ente de Derecho Público podrá concertar este tipo de contratación, entre otras razones que puedan estar legalmente admitidas, particularmente, para atender exigencias circunstanciales de la producción o los servicios, aun tratándose de la actividad normal del Ente de Derecho Público. No podrán encontrarse activas un número de contrataciones de este tipo superior al 15 por 100 del número de empleados fijos del Ente de Derecho Público.

El período máximo dentro del cual se podrán celebrar estos contratos por circunstancias del trabajo o acumulación de tareas, será de dieciocho meses y la duración del contrato no podrá superar las tres cuartas partes del período de referencia establecido, ni, como máximo, doce meses.

Art. 27. Reconocimiento médico y período de prueba. l. Podrá establecerse para el personal de nuevo ingreso la superación de un examen facultativo adecuado a la función profesional a desempeñar.

2. El personal de nuevo ingreso estará sometido a un período de prueba en el que no se computará el tiempo de incapacidad temporal y cuya duración será de tres meses para los grupos profesionales IV, IIIEspecialista y III, y de un mes para los demás trabajadores.

Transcurrido este período de prueba, quedará automáticamente formalizada la admisión, siendo computado al trabajador este período a todos los efectos.

3. Durante este período, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes a su grupo profesional y al puesto de trabajo que desempeña, como si fuera de plantilla.

4. Durante este período, igualmente, tanto la Administración como el trabajador podrán poner fin a la relación laboral, sin que ninguna de las partes tenga por ello derecho a indemnización alguna. Del fin de las relaciones laborales reguladas en este artículo se informará a los representantes de los trabajadores.

5. Será nulo el pacto que establezca un período de prueba cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad bajo cualquier modalidad de contratación para la misma función profesional, dentro del ámbito de aplicación del presente convenio.

Art. 28. Copia básica. Una vez ultimado el proceso de selección de personal, la dirección facilitará a la representación de los trabajadores, en todos los casos, copia básica del contrato en el plazo legal establecido, en la que se especificará el nivel retributivo consolidado del trabajador contratado. La representación de los trabajadores vendrá obligada a dar por recibida dicha copia básica.

Art. 29. Estabilidad en el empleo. La dirección de la APDCM y la representación de los trabajadores manifiestan su coincidencia en la voluntad de convenir fórmulas para dotar de estabilidad a los contratos de trabajo que por la naturaleza y permanencia de la función a desempeñar deban ser fijos.

En este sentido, para las plazas contenidas en la relación de puestos de trabajo laborales vacantes, y cubiertas por personal interino, el Ente de Derecho Público se compromete a iniciar los correspondientes procesos de selección para cobertura definitiva antes de transcurridos dos años de la fecha a cuya OEP esté ligado el puesto, sin perjuicio de lo dispuesto por otra normativa de mayor rango. Para aquellos puestos aún no cubiertos definitivamente ligados a ofertas de empleo público anteriores al 2005, el Ente de Derecho Público iniciará los correspondientes procesos de selección para cobertura definitiva progresivamente en el primer semestre posterior a la publicación del presente convenio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Art. 30. Becarios del Ente de Derecho Público. El Ente de Derecho Público podrá incorporar becarios de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, no pudiendo sobrepasar su número simultáneo el 10 por 100 de la plantilla anual.

SECCIÓN SÉPTIMA

Provisión de puestos funcionales

Art. 31. Provisión de puestos funcionales. Dado el carácter de dichos puestos y su significación en la estructura organizativa del Ente de Derecho Público, su provisión y remoción será por libre designación del órgano superior competente. De no cubrirse el puesto funcional con personal que tuviera previamente una relación laboral con el Ente de Derecho Público o con la Comunidad de Madrid, podrá producirse su cobertura mediante personal no ligado al Ente de Derecho Público, pero en ningún caso los trabajadores que, por tal procedimiento, ocupen dichos puestos adquirirán, por este solo hecho, la condición de trabajadores fijos de la Administración, cesando su relación laboral cuando se produzca su cese o remoción del puesto funcional en cuestión.

SECCIÓN OCTAVA Promoción profesional

Art. 32. Promoción profesional interna con ocasión de procesos de selección. Todo trabajador de la APDCM tiene derecho a concurrir a cualquiera de las convocatorias de contratación formuladas por el Ente de Derecho Público, de conformidad con lo previsto en el artículo correspondiente, en turno libre.

Independientemente de ello, a fin de facilitar la promoción interna, existirá un cupo de reserva en el porcentaje que se indica en el cuadro adjunto de las plazas vacantes de cada ejercicio por cada grupo profesional y área funcional de actividad para ser cubiertas mediante turno específico de promoción interna, una vez detraídas las plazas que hayan de emplearse para atender las peticiones de reingreso procedentes de excedencias voluntarias.

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Las plazas de turno de promoción interna que no sean definitivamente cubiertas, por no superar los candidatos los procedimientos y actividades formativas específicas que en su caso y a tal efecto se establezcan, pasarán a cubrirse mediante convocatoria en turno libre.

El Ente de Derecho Público podrá reservar para su provisión por convocatoria libre, sin someterse a las reservas previstas en este artículo, los puestos que requieran cualificación específica exigida por innovación tecnológica, reorganización administrativa o inicio de nuevas actividades, de

Lo que se  informará a la representación legal de los trabajadores.

Art. 33. Promoción profesional a iniciativa de los órganos directivos del Ente de Derecho Público. Se llevará a cabo cuando el titular de la dirección correspondiente haya propuesto el desempeño por el trabajador de funciones clasificadas en un grupo profesional superior de manera permanente, basándose en razones de cualificación profesional del trabajador y asunción de nuevas misiones o responsabilidades por el mismo.

La decisión final de promoción será adoptada en su caso, por el órgano competente en virtud de lo dispuesto en las Leyes que regulan el régimen del Ente de Derecho Público. En la propuesta final previa a la decisión, tendrán participación otros órganos directivos donde estén adscritos trabajadores de la misma función profesional del trabajador cuya promoción profesional se pretende, así como la Secretaría General, cuyo informe favorable será necesario.

Será necesario estar en posesión del grado académico requerido para la nueva función. Las personas así propuestas deberán, sin embargo, superar un plan de formación específico, para poder consolidar tal promoción. Se informará a la representación legal de los trabajadores del número de promociones que por esta vía se produzcan y del nombre, función de origen y nueva función de los trabajadores promocionados.

La aplicación de este artículo estará limitada al 40 por 100 del número de plazas vacantes que no se incluyan en el cupo de reserva para promoción interna al que se refiere el artículo 32.

Art. 34. Equivalencia de experiencia con grado académico requerido a los efectos de promoción profesional interna.

1. A los efectos de promoción profesional interna, bien a través de la vía de promoción funcional interna con ocasión de procesos de selección en convocatoria de turno de promoción interna ( y no libre) , o bien a través de la vía de a iniciativa de los órganos directivos del Ente de Derecho Público , los empleados con una función determinada podrán ser promocionables a otra función en la que se requiera un nivel académico inmediatamente superior siempre y cuando posean dicha titulación.

2. Supletoriamente, podrán ser objeto de promoción los empleados que estén en posesión de la titulación de grado académico inmediatamente inferior al requerido, siempre y cuando, simultáneamente:

a) Reciban y justifiquen la superación de una determinada formación promocional supletoria de grado que determinará el Ente de Derecho Público, o alternativamente las convocatorias correspondientes de promoción interna incluyan un ejercicio de oposición con temario adecuado a la función cuyo acceso se pretende, excusando explícitamente las bases de dicho proceso de la superación de aquella formación promocional supletoria de grado.

b) Tengan una antigüedad superior a cinco años en su función actual o en otra equivalente a efectos de exigencia del mismo grado académico y cumplan los criterios que a tal efecto se fijen.

3. La promoción no será posible en ningún caso a funciones que exijan dos grados académicos superiores a la poseída por el trabajador.

4. En todo caso, será necesario completar por los empleados promocionados las acciones formativas complementarias que para consolidar dicha promoción se establezca.

5. En las convocatorias de turno restringido de promoción interna no se exigirá, aunque sí podrá valorarse, experiencia mínima en el desempeño de la función cuyo puesto se convoca.

6. Se arbitrarán por el Ente de Derecho Público medidas que contribuyan al fomento de la consecución por los empleados de grados académicos superiores, relacionados con las áreas de actividad del Ente de Derecho Público propias o en su relación con la Comunidad de Madrid.

Art. 35. Relaciones de promoción profesional. Se incorpora en los diagramas del Anexo correspondiente la descripción gráfica de las relaciones preferentes de promoción orientativas entre funciones de la misma área funcional de actividad genérica. Estas relaciones orientarán las promociones definidas en los artículos anteriores del presente convenio. Se definirán los caminos de promoción preferentemente orientativos entre áreas funcionales de actividad distintas.

SECCIÓN NOVENA Promoción retributiva

Art. 36. Promoción retributiva. El sistema retributivo del Ente de Derecho Público permite el acceso a niveles retributivos superiores mediante la actualización del complemento personal por desempeño de función , en virtud de su propia definición.

De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, existirá un procedimiento objetivo de asignación de promociones retributivas como estímulo al mejor desempeño, cumplimiento de objetivos y compromiso con la organización, a fin de adecuar los valores retributivos de similares desempeños y competencias. En este procedimiento será de un papel esencial la evaluación del desempeño del trabajador, aunque se tendrá en cuenta parcialmente el posicionamiento salarial del mismo en los términos recogidos en el presente convenio.

SECCIÓN DÉCIMA Evaluación del desempeño

Art. 37. Evaluación del desempeño o rendimiento. La evaluación del rendimiento o el desempeño es un proceso sistemático y periódico de medida del nivel de eficacia y eficiencia de un empleado o equipo en su trabajo.

Esta evaluación forma parte de un sistema cuyo fin es, conjuntamente, favorecer el desarrollo profesional de los trabajadores y la mejora del cumplimiento por el Ente de Derecho Público de sus fines como organización de servicios a la Comunidad de Madrid.

Igualmente es un instrumento indispensable de cara a la medición del cumplimiento de objetivos, y sus resultados serán tenidos en cuenta como elemento de objetivización fundamental para la asignación de incentivos, el progreso retributivo y profesional, para la detección de la eficacia y necesidades de acciones formativas, y para la mejora de la comunicación interna entre cada responsable y el equipo de colaboradores asignado.

El programa de evaluaciones que se utilice cuidará de la objetividad de las evaluaciones, hasta donde ello sea posible. Las evaluaciones del desempeño se realizarán sobre las bases de los factores de encuadramiento ya mencionados, y podrán tener en cuenta progresos en las competencias de los empleados.

Las evaluaciones tendrán en cuenta los comportamientos y resultados del trabajador en términos uniformes, y en diversas áreas, y no contendrán elementos comparativos con otros trabajadores. Igualmente contemplarán al trabajador en un horizonte temporal amplio, y se enfocarán en el rendimiento sobre áreas de mejora o tareas y no en la importancia de las mismas.

Las evaluaciones, que estarán adecuadas a las peculiaridades del Ente de Derecho Público, estarán planificadas y existirán las acciones formativas y de soporte documental que permitan una unificación de criterios de los evaluadores y un conocimiento del proceso por los evaluados.

Capítulo IV

Formación

SECCIÓN UNDÉCIMA

Formación interna: Plan de formación y otras acciones

Art. 38. Principios generales para la formación. La dirección y los representantes de los trabajadores convienen en que la formación del personal propio de la APDCM, y su ágil gestión, es un elemento estratégico y fundamental tanto para el cumplimiento de los fines y objetivos anuales del Ente de Derecho Público como para el desarrollo de sus recursos humanos, en un entorno de rápida evolución como es la defensa del derecho fundamental a la protección de datos y su fuerte vinculación con las tecnologías de la información.

La formación no se limitará a actuaciones formativas sobre conocimientos jurídicos y técnicos, sino que se hará también extensiva a habilidades y competencias necesarias para el completo desarrollo profesional del trabajador y el desarrollo organizativo, extendiéndose dicha formación, entre otras posibles, a competencias y habilidades de entre las que se recogen en el Anexo correspondiente.

La formación interna se ajustará a un plan de calidad. Todas las acciones formativas que reciban los empleados del Ente de Derecho Público, serán coordinadas por la Secretaría General, quedando la debida constancia en el currículo formativo y profesional de los empleados.

Art. 39. Formación para el personal del Ente de Derecho Público.

l. El Ente de Derecho Público consignará en sus presupuestos anuales una dotación para atender al conjunto de actuaciones en materia de formación interna equivalente al 3,75 por 100 de la cantidad que se consigne para atender las retribuciones por grupo profesional del personal, incluida la parte que en tal concepto pudiera corresponder para el crecimiento previsto de plantilla en el presupuesto del ejercicio.

2. Dentro de las actuaciones para formación interna se distinguirá entre:

Plan de formación. Otras acciones formativas, compuestas por:

Las actuaciones destinadas a la formación promocional supletoria de grado.

Las actuaciones formativas de carácter complementario y voluntario.

3. De la totalidad de los créditos destinados al conjunto de actuaciones en materia de formación interna en el presupuesto del Ente de Derecho Público, el reparto de dotaciones entre el plan de formación y otras acciones formativas , será el siguiente:

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La comisión paritaria, a propuesta de la comisión de formación, y vista la experiencia de los años anteriores, podrá decidir a comienzo de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011, balancear los porcentajes arriba indicados hasta un máximo de un 5 por 100.

Todas las actuaciones formativas irán encaminadas a mejorar los conocimientos de los empleados del Ente de Derecho Público en relación con las actividades y servicios del mismo. Si durante los tres primeros trimestres del ejercicio se produjeran variaciones de los créditos destinados a formación, de los mismos se destinará la misma proporción establecida en este apartado a la dotación de otras acciones formativas .

a) Plan de formación:

1. Definición y finalidad del plan de formación: el plan de formación tiene por finalidad adecuar los conocimientos en áreas específicas de los profesionales de la APDCM al desempeño de las funciones derivadas de las actividades a realizar por el Ente de Derecho Público.

2. Elaboración, aprobación y ejecución del plan: su elaboración y propuesta, que se realizará en el último trimestre de cada ejercicio, así como la gestión de la ejecución, todo ello bajo un sistema de calidad, dependerá de la Secretaría General, que anualmente recabará de las distintas direcciones las necesidades de formación de su personal. Una vez elaborado el plan de formación por la dirección, se informará a los representantes de los trabajadores para que formulen cuantas sugerencias y/o aportaciones consideren oportunas antes de los quince días siguientes. El plan se aprobará antes del 30 de enero de cada ejercicio por la dirección del Ente de Derecho Público, tras lo cual este será distribuido para general conocimiento de los empleados de la APDCM. También se facilitará información a los representantes de los trabajadores sobre el gasto anual que se realice en formación, y del desarrollo del plan.

3. Dotaciones económicas: el plan de formación tendrá una dotación presupuestaria inicial del porcentaje de la dotación económica total para actividades de formación consignada finalmente en presupuesto que se indica en el párrafo preliminar de este artículo. El coste de los programas incluidos en el plan de formación será asumido íntegramente por el Ente de Derecho Público.

4. Horarios de las acciones formativas. Consideración de tiempo de trabajo. El tiempo dedicado a las actuaciones del plan de formación por los trabajadores del Ente de Derecho Público se considerará tiempo efectivo de trabajo. Las acciones se realizarán en horario que se situará, en todo caso, en la franja horaria existente entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde.

b) Otras acciones formativas:

I. Formación promocional supletoria de grado:

1. Definición y finalidad de la formación promocional supletoria de grado: Se entiende por formación promocional supletoria de grado aquella que no se orienta directamente a la atención de las necesidades de la producción o de los servicios sino a mejorar la formación de los empleados de cara a futuros procesos de promoción interna, con el objeto de permitir el acceso de los trabajadores a funciones que exigen un grado académico superior al que los mismos ostentan, en el sentido que dispone el artículo 34 del presente convenio. Los destinatarios de esta formación no podrán tener una relación laboral con el Ente de Derecho Público diferente de la laboral ordinaria indefinida. No obstante, el personal del Ente de Derecho Público con otro tipo de relación, podrá asistir a la misma, con carácter voluntario, siempre que existieran plazas disponibles, si bien la superación de esta formación no tendrá para los mismos el carácter supletorio de grado al que se refiere el artículo correspondiente.

2. Elaboración, aprobación y ejecución de la formación supletoria de grado: La elaboración de los contenidos y duración de los programas formativos, que se realizará en el último trimestre de cada ejercicio, dependerá de la comisión de formación. La propuesta final corresponderá a la Secretaría General. La aprobación corresponderá a la dirección. La gestión de la ejecución, dependerá de la Secretaría General, a través de su área de formación interna. La planificación de las acciones se aprobará antes del 30 de enero de cada ejercicio. Aprobada por la dirección, esta será distribuida para general conocimiento de los empleados de la APDCM. También se facilitará información a los representantes de los trabajadores sobre el gasto anual que se realice y del desarrollo de las acciones.

3. Dotaciones económicas: Las dotaciones necesarias para actuaciones de formación promocional supletoria de grado se nutrirán de la cantidad establecida para otras actuaciones formativas . El coste de las actuaciones aprobadas será asumido íntegramente por el Ente de Derecho Público. El coste de las publicaciones de apoyo que puedan ser necesarias para los alumnos, correrán por cuenta de estos.

4. Horarios de las acciones formativas. Consideración de no tiempo de trabajo: El tiempo dedicado a las actuaciones de la formación promocional supletoria de grado por los trabajadores del Ente de Derecho Público será a cuenta de los mismos, no considerándose tiempo de trabajo. Las acciones se realizarán en horario compatible con las actividades del Ente de Derecho Público, y su comienzo no tendrá lugar, en todo caso, antes de las cuatro de la tarde.

II. Actuaciones formativas de carácter complementario y voluntario:

1. Definición y finalidad actuaciones formativas de carácter complementario y voluntario: se entiende por actuaciones formativas de carácter complementario y voluntario aquellas acciones formativas no comprendidas en los apartados anteriores, cuyo fin es mejorar la formación de los empleados en materias o habilidades relacionadas con los conocimientos, las competencias o el ámbito de actuación del Ente de Derecho Público, si bien no se consideran estrictamente necesarias a corto plazo para el desempeño habitual de las funciones del empleado que, en concreto, pueda asistir a las mismas. Los destinatarios de esta formación deberán tener, en todo caso una relación de empleo con el Ente de Derecho Público.

2. Elaboración, aprobación y ejecución de las actuaciones formativas de carácter complementario y voluntario:

Su elaboración y propuesta, que se realizará a lo largo del ejercicio, dependerá de la comisión de formación. La gestión de la ejecución, dependerá de la Secretaría General, a través de su área de formación interna. También se facilitará información a la representación de los trabajadores sobre el gasto anual que se realice y del desarrollo de las acciones.

3. Dotaciones económicas: las dotaciones necesarias para las actuaciones formativas de carácter complementario y voluntario se nutrirán de la cantidad establecida para otras actuaciones formativas. El coste de las publicaciones de apoyo que puedan ser necesarias para los alumnos, correrá por cuenta de estos.

4. Horarios de las acciones formativas. Consideración de no tiempo de trabajo: el tiempo dedicado a las actuaciones formativas de carácter complementario y voluntario por los trabajadores del Ente de Derecho Público será a cuenta de los mismos, no considerándose tiempo de trabajo. Las acciones se realizarán en horario compatible con las actividades del Ente de Derecho Público, y su comienzo no tendrá lugar, en todo caso, antes de las cuatro de la tarde.

Art. 40. Comisión de formación.

1. Composición y constitución: se constituirá una comisión de formación que se reunirá con carácter trimestral y estará compuesta por:

Un máximo de dos representantes de la dirección del Ente de Derecho Público. Igual número de miembros de la representación de los trabajadores.

2. Funciones.

a) Informar, con carácter previo a su aprobación definitiva, de los cursos del plan de formación.

b) El seguimiento de las acciones realizadas en materia de formación, el análisis de las no conformidades en su ejecución, el análisis de la evolución de los parámetros de calidad, y la realización de cuantas propuestas considere oportunas para la mejora de la formación y el capital intelectual del Ente de Derecho Público.

c) Estudiar y encauzar la viabilidad de las solicitudes individuales de formación que no hubieran podido ser incluidas en el plan de formación.

d) Cualesquiera otras que le fueran atribuidas en otros artículos del presente convenio.

Art. 41. Publicidad de las acciones formativas. Las acciones formativas a realizar por el Ente de Derecho Público serán publicadas por el área de formación interna de la Secretaría General en la Intranet de aquel, con anterioridad a su realización, a los efectos de facilitar su público conocimiento por los empleados del Ente de Derecho Público.

Art. 42. Solicitudes individuales. Todo empleado de la APDCM tiene derecho a formular solicitud de acciones del plan de formación, con carácter previo a la aprobación final de las actuaciones formativas del mismo. Para decidir sobre las solicitudes formuladas el Ente de Derecho Público tendrá en cuenta el efecto directo de la acción en la adecuación de los conocimientos del trabajador a la función que tiene asignada.

Capítulo V

Condiciones de trabajo

SECCIÓN DUODÉCIMA Incompatibilidades

Art. 43. Incompatibilidades. Serán de aplicación al personal de la APDCM afectado por este convenio las normas contenidas en la legislación vigente sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

No obstante, y en la medida que tal normativa lo permita, el Ente de Derecho Público considerará aquellas colaboraciones que permitan el enriquecimiento profesional de sus empleados y que, sin menoscabo de su rendimiento como personal de la APDCM ni afección sobre la propiedad intelectual del Ente de Derecho Público, puedan repercutir beneficiosamente sobre el capital intelectual de los mismos y sobre la calidad de los servicios prestados. Con tal fin, podrá hacerse uso, entre otros instrumentos, de la contratación a tiempo parcial o de convenios o programas de intercambio que por el Ente de Derecho Público pudieran establecerse.

SECCIÓN DECIMOTERCERA Jornada y horarios

Art. 44. Jornada.

1. Jornada ordinaria: la jornada ordinaria de trabajo será, en cómputo anual, igual a la jornada que se establezca para el personal de la Administración General de la Comunidad en el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid.

En cómputo semanal la jornada se establecerá en treinta y cinco horas.

En razón de la actividad de servicios de la APDCM a la Administración de la Comunidad de Madrid, la distribución de la jornada deberá, en todo caso, tener siempre en cuenta la de dicha Administración.

2. Todos los trabajadores que realicen una jornada en el día de no menos de seis horas de duración tendrán derecho a una pausa retribuida de quince minutos durante la jornada de trabajo. Esta pausa no podrá ser compensada económicamente ni acumulable para disfrute posterior.

Art. 45. Horario.

1. Principios generales: el horario de trabajo se establece para cada actividad, pudiendo ser variado por el Ente de Derecho Público, previo cumplimiento de los trámites legales preceptivos.

Además de los horarios establecidos en el presente convenio, se posibilita la creación de otros cuando por requerimientos del trabajo o atención al ciudadano fuera necesario, de acuerdo con la legislación vigente y notificando de ello a la representación de los trabajadores, quien emitirá informe previo.

Los desplazamientos del domicilio del trabajador al punto de trabajo no tendrán la consideración de tiempo de trabajo.

2. Horarios flexibles con franja horaria de permanencia obligada: se dispondrá de un régimen de horario flexible de realización de la jornada, con carácter general. En dicho horario flexible se establece un período de presencia obligada, sin perjuicio de especiales necesidades en la prestación de los servicios. El cuadro de horarios flexibles, dentro de los cuales se desarrollará la jornada laboral, es el siguiente:

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Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, el trabajador podrá compensar el exceso o defecto de horas computadas semanalmente, con las efectuadas en el mes natural en curso. La flexibilidad del horario lleva aparejada la obligatoriedad de recuperación para el correcto cumplimiento de la jornada.

SECCIÓN DECIMOCUARTA Modificación sustancial de condiciones de trabajo

Art. 46. Modificación sustancial de condiciones de trabajo.

1. Por el órgano competente podrán acordarse modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, de carácter individual o colectivo, cuando existan probadas razones técnicas, de eficiencia organizativa o de mejor prestación de los servicios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

2. En el caso de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual, esta se negociará con los representantes de los trabajadores, adjuntando una memoria justificativa de las causas o motivos de la modificación propuesta, así como de las medidas a aplicar y sus referencias temporales, con carácter previo a la adopción de la resolución motivadora de la decisión y con, al menos, quince días de antelación a la misma, período en el cual se intentará llegar a una solución acordada. Con posterioridad, la decisión de modificación, en su caso, se notificará al trabajador afectado y a sus representantes legales y sindicales, con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad.

3. No se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior en el caso de trabajadores individuales cuando la condición que se pretende, aun siendo diferente a la actual del trabajador, esté explícitamente contemplada como posible en el contrato individual de trabajo, respetándose, en todo caso si ello supone un cambio, el aviso previo de treinta días de antelación, salvo en casos de justificada urgencia, donde dicho plazo se reducirá a la mitad.

SECCIÓN DECIMOQUINTA Vacaciones, permisos, licencias y excedencias

Art. 47. Vacaciones. La duración de las vacaciones reglamentarias anuales se establece en veintitrés días laborables. Al menos deberá disfrutarse sin interrupción un período de diez días laborables seguidos como mínimo. El resto de las vacaciones deberá disfrutarse en dos períodos consecutivos como máximo, salvo autorización del responsable directo y siempre que los servicios queden garantizados, en cuyo caso podrán disfrutarse en un número de bloques mayor. No se consideran laborables, a estos efectos, los sábados.

Al menos, dicho período mínimo de diez días laborables se disfrutará en el período denominado período ordinario de vacaciones , de acuerdo con las necesidades del Ente de Derecho Público y de los servicios, pudiendo ser concedidas fuera de dicho período a solicitud del trabajador y previo informe favorable del responsable directo, quien en todo caso tendrá la responsabilidad de la cobertura adecuada de los servicios de su unidad.

En caso de que por necesidades del Ente de Derecho Público el trabajador se viera obligado a disfrutar la mitad o más de las vacaciones fuera del período de vacaciones ordinario, la duración de las mismas será de veintiocho días laborables en lugar de los veintitrés que se citan en el párrafo primero de este artículo.

Para el personal que ingrese en el transcurso del año, las vacaciones serán las que le correspondan proporcionalmente al período a trabajar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en curso, computándose la fracción mensual como mes completo.

Excepcionalmente, las vacaciones no disfrutadas durante el año natural podrán disfrutarse hasta el 30 de abril del ejercicio siguiente, siempre que ello sea compatible con la producción o los servicios, previa autorización del responsable directo, y siempre que dichas vacaciones no disfrutadas no sean más del 25 por 100 del total de las mismas. En ningún caso las vacaciones serán sustituibles por compensación económica, salvo cuando se deje de prestar servicios para el Ente de Derecho Público.

Art. 48. Calendario de vacaciones.

1. Período ordinario de vacaciones: se considera período ordinario de vacaciones el comprendido entre el 1 de junio hasta el 30 de septiembre.

2. Calendario de vacaciones por unidades: al objeto de conciliar las necesidades de funcionamiento del Ente de Derecho Público con el interés de los trabajadores, cada unidad operativa elaborará el calendario de vacaciones a disfrutar durante el período ordinario con dos meses de anterioridad, al menos, del comienzo del disfrute y, en todo caso, con anterioridad al 20 de mayo.

Para la elaboración del calendario, y sin perjuicio de lo que pueda disponerse en otras secciones del presente convenio, tendrá preferencia para elegir turno de vacaciones, salvo acuerdo del personal en otro sentido, el trabajador de mayor antigüedad en el Ente de Derecho Público, salvo que hubiese hecho uso de este derecho con anterioridad, en cuyo caso se establecerá un turno rotativo. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

3. Solicitud de vacaciones: los trabajadores deberán formular su solicitud de vacaciones a disfrutar durante el período ordinario con anterioridad al 10 de marzo. La solicitud de vacaciones fuera del período ordinario deberá formularse por el trabajador con un mínimo de veinte días naturales de antelación a la fecha que tuviera prevista para su inicio.

4. Comunicación al trabajador de la aceptación o rechazo de las vacaciones: el Ente de Derecho Público deberá comunicar a cada trabajador la aceptación o rechazo de las vacaciones solicitadas para el período ordinario en los términos previstos en el apartado 2. En todo caso, la comunicación de aceptación o rechazo de las vacaciones a disfrutar fuera del período ordinario se realizará con, al menos, una semana de antelación a la fecha solicitada para su inicio. Si con dichas antelaciones el trabajador no tuviera resolución de su solicitud por parte de quien correspondiera, la solicitud se considerará aceptada.

5. Disfrute de vacaciones fuera del período ordinario por necesidades del Ente de Derecho Público: las necesidades del Ente de Derecho Público que obligaran al trabajador a disfrutar la mitad o más de sus vacaciones fuera del período ordinario deberán ser comunicadas por escrito a este antes de que finalice el plazo de solicitud al que se refiere el párrafo segundo del presente artículo, salvo que existan razones sobrevenidas no planificables.

Art. 49. Licencias retribuidas. Los trabajadores de la APDCM tendrán derecho, previo aviso y justificación, a licencia retribuida ausentándose del trabajo en los casos siguientes y con la duración en días que en cada caso se establece. En todos los casos se ampliará un día más de la naturaleza que correspondiera cuando el evento causante se produzca en localidad cuya capital de provincia diste más de 250 kilómetros de Madrid, salvo en los casos de los apartados 8 y 10.

1. Quince días naturales en caso de matrimonio.

2. Quince días por adopción de hijos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo de licencias especiales y suspensión con reserva del puesto de trabajo en el supuesto de maternidad ( sección de conciliación de la vida familiar y laboral) .

3. Cinco días naturales por el nacimiento de hijo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo de licencias especiales y suspensión con reserva del puesto de trabajo en el supuesto de maternidad ( sección de conciliación de la vida familiar y laboral) .

4. Siete días naturales por fallecimiento, o de dos a siete días naturales por enfermedad o intervención quirúrgica grave, de padres, hijos, o del cónyuge o pareja de hecho acreditada.

5. Tres días laborables por el fallecimiento, o dos por el accidente o enfermedad graves u hospitalización de otros parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

6. Por exámenes de estudios oficiales, incluido el examen para la obtención del permiso de conducir, cuando coincidan con el horario de presencia obligada, el tiempo indispensable, que deberá justificarse.

7. Para la preparación de exámenes liberatorios cuando se cursen estudios académicos directamente relacionados con actividades que presta la Comunidad de Madrid:

a) Dos días por cada asignatura de la que se matricule y que se imparta a lo largo de todo el curso académico.

b) Un día por cada asignatura de la que se matricule, cuyo período de impartición sea inferior a la duración del curso académico. Los estudios oficiales de idiomas, música, etcétera, se consideran equivalentes, a estos efectos, a una asignatura impartida a lo largo de todo el curso académico.

En cualquier caso, la duración máxima de este permiso no podrá exceder de diez días al año. Los días que correspondan se disfrutarán en las fechas inmediatamente anteriores al día de la celebración del examen, siempre que el permiso se solicite indicando las fechas exactas de su disfrute con una antelación de quince días.

Para la aplicación de lo dispuesto en los párrafos anteriores de este punto 7 se requerirá como condición la prestación previa de un año de servicios.

8. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, en los términos previstos en el artículo 37.3.

d) del Estatuto de los Trabajadores.

9. Por matrimonios de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, el día de la fecha de su celebración.

10. Por traslado de domicilio habitual, dos días laborables. La determinación del grado de consanguinidad o afinidad será de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 915 y siguientes del Código Civil. De las situaciones de pareja de hecho acreditadas derivarán las mismas relaciones de afinidad.

Será necesario en todo caso su comunicación, y, adicionalmente, aviso previo en los apartados de matrimonio, adopción, exámenes, cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público, traslado de domicilio y matrimonios de familiares.

Las precedentes licencias se tomarán en días consecutivos de corresponder más de uno, debiendo coincidir con las fechas de los hechos que motivan su concesión.

De coincidir más de una de estas licencias en el mismo período, el trabajador podrá optar por la de mayor duración, pero las licencias no serán adicionables.

Art. 50. Licencias con sueldo parcial y sin sueldo.

1. Los trabajadores podrán disfrutar de hasta cuatro días naturales consecutivos, con el 50 por 100 de las retribuciones, en caso de enfermedad de hijos menores de dieciséis años, siempre que las circunstancias familiares así lo hagan preciso. El trabajador acreditará, dentro de los cuatro días o a su inmediato término, la veracidad de la situación contemplada por medio de certificado médico.

2. Los trabajadores fijos cuya antigüedad en el Ente de Derecho Público sea superior a un año, tendrán derecho a solicitar licencia sin sueldo por un período de entre quince y treinta días y por una sola vez cada dos años. La licencia deberá solicitarse con una anticipación mínima de quince días pudiendo ser denegado por el Ente de Derecho Público si para fechas coincidentes lo hubiera solicitado o se encontrara disfrutándolo otro trabajador de la misma unidad.

3. Los trabajadores fijos con una antigüedad superior a tres años podrán solicitar licencia sin sueldo de una duración de hasta doce meses destinados al perfeccionamiento profesional. Esta licencia deberá solicitarse con una anticipación mínima de treinta días. El Ente de Derecho Público podrá denegar dicho permiso en el supuesto de que ya lo estuviera disfrutando un trabajador o lo tuviera concedido para fechas coincidentes con las solicitadas. Durante el período de permiso el trabajador no podrá realizar actividad alguna de carácter retribuido, no teniéndose por tal las becas que pudieran disfrutarse, aun cuando la retribución se efectuara con posterioridad a la finalización del permiso, ya sea por cuenta propia o ajena. La infracción de dicho deber de abstención dará lugar a la resolución del contrato de trabajo. El trabajador que lo hubiera disfrutado no podrá volver a solicitar un permiso de esta clase hasta haber transcurrido tres años desde la fecha de su finalización en situación de alta efectiva en el Ente de Derecho Público.

4. Los trabajadores fijos e interinos con una antigüedad superior a tres años podrán solicitar un permiso sin sueldo de hasta seis meses siempre y cuando la causa esté debidamente justificada y los motivos sean distintos a los recogidos en los apartados 2 y 3 del presente artículo. Igualmente, podrá solicitarse este permiso sin sueldo por las circunstancias establecidas en el artículo permisos retribuidos de carácter excepcional .

Art. 51. Permisos retribuidos.

1. Días de asuntos propios: previa solicitud con, al menos, dos días laborables de antelación, los trabajadores de la APDCM dispondrán de siete días laborables al año de permiso por asuntos propios que no podrán unirse a las vacaciones reglamentarias. Estos días no se incluyen en el cómputo anual de la jornada de trabajo. Será preceptivo para su concesión la aprobación del responsable para garantizar el buen funcionamiento de servicio. En caso de denegación, deberá ser motivada.

2. Los días 24 y 31 de diciembre: los días 24 y 31 de diciembre se consideran no laborables. La coincidencia en sábado o festivo de dichos días dará lugar a que por el trabajador pueda disfrutarse con carácter de permiso retribuido el día laborable anterior o posterior a los citados. Estos días no se incluyen en el cómputo anual de jornada de trabajo.

3. Crédito horario por festividad local: el trabajador dispondrá para cada año de un crédito horario con la consideración de permiso retribuido y que tendrá la consideración de tiempo trabajado a efectos del cómputo anual, por un total de horas equivalente a multiplicar el número de días laborables de la semana en la que tenga lugar la festividad de San Isidro por una hora y cuarenta y cinco minutos. Dicho crédito deberá gastarse por el trabajador durante la semana donde se ubique el día de fiesta local donde el mismo prestara en ese momento sus servicios, por una sola vez en el año, a razón de entre una y dos horas diarias, sin perjuicio del horario de permanencia obligada. En aquellas unidades donde por razones organizativas no pueda llevarse a cabo la anterior reducción, los trabajadores afectados generarán el derecho al disfrute de un tiempo libre equivalente.

Art. 52. Reducciones de jornada retribuidas por razones de estudios oficiales de interés para el Ente de Derecho Público. Siempre y cuando lo permita la producción y los servicios a prestar por el Ente de Derecho Público, como programa experimental, y durante la vigencia del actual convenio, y por tanto sin que ello genere ningún derecho consolidable, previa solicitud e informe favorable de su inmediato superior, del titular del órgano directivo de adscripción y de la Secretaría General del Ente de Derecho Público, y tras la oportuna autorización previa del órgano competente, los trabajadores del Ente de Derecho Público podrán disfrutar de una reducción de jornada de treinta minutos diaria, o su equivalente en días laborables, con el fin de cursar estudios académicos oficiales en centros oficiales o reconocidos dirigidos a aumentar su grado académico directamente relacionado con el área funcional en el que su puesto de trabajo se encuentre encuadrado, y que el Ente de Derecho Público pueda apreciar como de especial utilidad para el rendimiento y progreso del trabajador en el desempeño de sus funciones,

Lo que se  evaluará a través de los informes mencionados; todo ello sin detrimento de sus retribuciones.

La reducción de jornada será efectiva durante el horario lectivo del año académico a que corresponda la solicitud, esto es, desde el 1 de octubre hasta el 30 de junio del siguiente año natural. La equivalencia en días laborables, de la reducción de jornada en treinta minutos diarios, se establece en doce días laborables por año. Para aquellos trabajadores que se acojan a esta segunda opción, el período de uso de dichos días, se extenderá hasta el 30 de septiembre del mismo año académico.

En el supuesto de que la solicitud sea con el exclusivo fin de la consecución de proyecto fin de carrera, la concesión de licencia, a que da derecho el presente artículo, será por una sola vez.

Esta reducción deberá solicitarse, anualmente, desde el 1 de julio hasta el 30 de octubre, en el caso de cursos para la obtención del grado académico. Si la reducción es para proyectos fin de carrera la solicitud se deberá presentar adjuntando bien, la formalización de la matrícula o bien, certificado expedido por la facultad correspondiente de haber finalizado todos los créditos de su plan de estudios.

En el primer año de solicitud de lo establecido en el presente artículo, en el caso de que se solicite para la obtención de grado académico, será requisito indispensable, haber formalizado la matrícula en, al menos, los dos tercios del curso completo. Desde el segundo año de solicitud en adelante, será requisito necesario, pero no suficiente para su renovación, haber superado, al menos, dos tercios de las asignaturas del curso, bajo cuyo amparo se solicitó la reducción con anterioridad.

Art. 53. Permisos retribuidos de carácter excepcional. El Ente de Derecho Público, oída la representación de los trabajadores, podrá conceder permisos de carácter excepcional manteniendo la totalidad de las retribuciones y con una duración de hasta treinta días en consideración a la gravedad de la situación, por causa de fuerza mayor, otras circunstancias extraordinarias o por enfermedad o accidente muy grave de familiares o personas que convivan con el trabajador y que exijan una atención que no pueda prestar otra persona o institución, siempre que se hayan agotado los días de permiso contemplados en el apartado 4 del artículo 49.

Transcurrido el período concedido, la dirección y los representantes de los trabajadores estudiarán la posibilidad de prórroga de la situación de permiso excepcional en atención a las circunstancias personales, familiares y económicas del trabajador y a las previsibles soluciones al caso que la motiva, incluida la ayuda y aportación que la Comunidad pudiera ofrecer dentro de sus recursos.

Art. 54. Excedencia voluntaria. Los trabajadores fijos con antigüedad superior a un año podrán solicitar excedencia voluntaria por tiempo no inferior a cuatro meses ni superior a cinco años; si la antigüedad fuera superior a tres años completos, el tiempo de excedencia podrá ser de hasta diez años. La solicitud deberá formularse al menos cuarenta y cinco días antes de la fecha de inicio propuesta.

El Ente de Derecho Público deberá responder a la solicitud concediendo o denegando la excedencia al menos treinta días antes de la referida fecha.

El Ente de Derecho Público está obligado a conceder la solicitud cuando el trabajador acredite suficientemente que la excedencia se destina a posibilitar la terminación o ampliación de estudios, la atención a exigencias familiares de carácter ineludible u otras causas análogas.

Transcurridos quince días desde la presentación de la solicitud, no podrá el trabajador retractarse de la misma, ni alegar nuevas circunstancias para la fundamentación de la excedencia solicitada, ni variar el período por el que la solicitó.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, transcurrido el primer año de excedencia podrá el trabajador solicitar una prórroga de un año sin necesidad de reincorporación. A partir del segundo año de excedencia no habrá lugar a nuevas prórrogas, siendo la excedencia a tiempo determinado.

No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, el trabajador podrá solicitar su reingreso antes de finalizar el período por el que se solicitó la excedencia, aportando las causas y circunstancias que lo justifiquen, si es que solicitó aquella por tiempo determinado. El Ente de Derecho Público, una vez analizadas las mismas, podrá estimar la petición de reincorporación, siempre que exista vacante en su grupo profesional y área funcional de actividad en que estuviera encuadrada la función que desempeñara al tiempo de la solicitud y con traslado a la representación de los trabajadores.

El reingreso deberá ser solicitado por el trabajador al menos cuarenta y cinco días antes del término de la excedencia. En el supuesto de que el reingreso se solicitara antes de finalizar el período por el que fue, en su día, concedido, los cuarenta y cinco días se contarán con antelación a la fecha en que solicitara adelantar su reingreso. De no formular el trabajador dicha solicitud expresa con la anticipación mínima indicada, se extinguirá la relación laboral.

El trabajador que solicite su reingreso tendrá derecho a ocupar la primera vacante que exista en el grupo profesional y actividad en que estuviera clasificada la función que desempeñara al tiempo de la solicitud, de acuerdo con el orden de solicitud de reingreso y salvado el derecho preferente de los trabajadores en situación de excedencia forzosa o reserva de puesto.

En el supuesto de que se produjera la solicitud de reingreso al servicio activo de trabajadores a quienes, en el momento de concedérseles la excedencia voluntaria a la que se refiere este artículo, ocuparen puestos funcionales de los definidos en el artículo 14 del presente convenio, no existiendo vacante en la relación de puestos de trabajo del Ente de Derecho Público para dicho reingreso, el director de la Agencia proveerá, a través del correspondiente procedimiento instado ante los órganos competentes en materia de personal de la Comunidad de Madrid y/o, en su caso, mediante el dictado de la correspondiente resolución, la incorporación al servicio activo de dichos trabajadores siempre en el propio ámbito de la Agencia de Protección de Datos. Esta previsión resultará igualmente aplicable al personal que, ocupando puestos funcionales, hubiere pasado a la situación de excedencia voluntaria con anterioridad a la vigencia del presente convenio colectivo.

En el plazo de treinta días el Ente de Derecho Público comunicará al trabajador la existencia o inexistencia de vacante.

El trabajador no podrá solicitar nueva excedencia hasta no haber cubierto un período efectivo de dos años de alta en la APDCM contados a partir de la fecha de reingreso.

El Ente de Derecho Público podrá denegar la concesión de excedencias voluntarias por encima de los plazos y términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, cuando estas sean solicitadas por empleados que hayan recibido o estén recibiendo cursos de formación de especial coste, que supongan un incremento real y sustancial de sus conocimientos profesionales, y que sean total o parcialmente costeados en más de un 50 por 100 por el Ente de Derecho Público, hasta que hayan transcurrido dos años desde la fecha de finalización del último de los cursos recibidos. Por la Secretaría General deberá notificarse al trabajador, previamente a que reciba la acción formativa en cuestión, que esta puede afectar a los términos en que pueda serle concedida una excedencia voluntaria.

Art. 55. Excedencia por incompatibilidad. Los trabajadores incursos en incompatibilidad, de conformidad con la legislación vigente que regula las incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás normas de desarrollo, serán declarados en la situación de excedencia voluntaria regulada en este artículo, ya sea como consecuencia de opción realizada por ellos mismos, ya por declaración expresa de la Administración Pública competente.

A tal efecto, no será de aplicación el plazo mínimo de antigüedad a que se refiere el párrafo primero del presente artículo, ni los topes de duración mínima y máxima allí indicados, siendo de aplicación el resto de los párrafos de este artículo.

No obstante, el reingreso al servicio activo deberá solicitarse, en este caso, en el plazo de dos meses desde que cesara la situación que motivó la incompatibilidad, extinguiéndose el contrato de trabajo de no solicitarse el reingreso en el plazo indicado.

Art. 56. Excedencia forzosa.

l. Tendrán derecho a la excedencia forzosa los trabajadores del Ente de Derecho Público en los que concurran las siguientes circunstancias:

a) Cuando fueren nombrados o elegidos para cargo público de carácter representativo que imposibilite la asistencia al trabajo. A este efecto se entenderá por cargo público de carácter representativo la elección como diputado o senador de las Cortes Generales, diputado de asambleas autonómicas y concejal de Ayuntamientos, o tener el nombramiento para cargo público dentro de las Administraciones del Estado, Comunitaria, Municipal o Internacional, con rango de hasta director general o director de servicios o equivalentes, así como personal eventual, al amparo de lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

b) Cuando fueren nombrados para el desempeño de cargos de especial responsabilidad o confianza políticos en la estructura de partidos políticos con representación parlamentaria o sindicatos que tengan reconocida especial audiencia, conforme establece la legislación laboral, siempre que su desempeño exija plena dedicación.

c) La comisión paritaria estudiará y decidirá sobre la aplicación análoga de la norma de los párrafos precedentes a otras situaciones similares que puedan someterse a su consideración.

2. La excedencia forzosa dará derecho a la conservación y reserva del puesto de trabajo, turno y cómputo de la antigüedad durante su vigencia.

3. El reingreso en el servicio activo deberá solicitarse en el plazo de dos meses desde que cesó la situación que motivó la excedencia forzosa, extinguiéndose el contrato de trabajo de no solicitarse dicho reingreso en el indicado plazo.

4. En todo caso, los excedentes forzosos, deberán efectuar el reingreso para poder solicitar la excedencia voluntaria.

Art. 57. Reserva de puesto. Los trabajadores que ocupen puestos funcionales quedarán en situación de reserva de puesto en el que anteriormente vinieran desempeñando.

Tendrán derecho a la reserva de puesto, igualmente, los trabajadores que específicamente se indican en la sección de conciliación de la vida familiar y laboral .

SECCIÓN DECIMOSEXTA Conciliación de la vida familiar y laboral

Art. 58. Reducción de la jornada por motivos familiares.

l. Los trabajadores, por lactancia, o para el cuidado, en general, de un hijo menor de doce meses, tendrán derecho a una hora diaria de ausencia al trabajo que podrán dividir en dos fracciones; pudiendo, por su voluntad, sustituir este derecho por una reducción de su jornada en una hora diaria, con la misma finalidad.

a) Este permiso o reducción podrá ser disfrutado indistintamente y de forma excluyente, por la madre o por el padre, si ambos son trabajadores de la APDCM, pero deberá notificarse previamente al Ente de Derecho Público quién de ellos hará ejercicio del derecho.

b) En los supuestos de adopción, el trabajador de la APDCM tendrá derecho a idéntica reducción de la jornada diaria en los términos establecidos en los párrafos anteriores.

2. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo a algún menor de doce años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo hasta un máximo de la mitad de la duración de aquella, con la disminución proporcional del salario. Deberá notificarse tal circunstancia al Ente de Derecho Público con, al menos, quince días de antelación, salvo razones de urgencia.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la APDCM generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el Ente de Derecho Público podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento del Ente de Derecho Público.

3. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, previstos en los dos apartados anteriores, corresponderá al trabajador dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al Ente de Derecho Público con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. Las discrepancias surgidas sobre la interpretación de los períodos de disfrute previstos en este artículo serán elevados a la comisión paritaria, para su resolución, sin perjuicio de los procedimientos de resolución previstos en la legislación vigente.

Art. 59. Condiciones de trabajo en el supuesto de gestación.

La trabajadora en estado de gestación será trasladada de puesto de trabajo si su permanencia en el asignado pudiera constituir un riesgo para la salud del feto o la suya propia.

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, con derecho a remuneración, previo aviso y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

Art. 60. Licencias especiales y suspensión con reserva del puesto de trabajo en el supuesto de maternidad. El contrato de trabajo podrá suspenderse por causa de maternidad, riesgo durante el embarazo de la trabajadora y adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente, de menores de seis años, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45.1. d) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, modificado por el artículo tercero de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre.

Las trabajadoras en estado de gestación podrán disfrutar, a partir del día primero de la semana treinta y siete de embarazo, de una licencia retribuida hasta la fecha del parto.

En el supuesto de parto, la trabajadora tendrá derecho a suspensión con reserva de su puesto de acuerdo con lo dispuesto y con los plazos establecidos en el artículo 48.4 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, modificado por el artículo quinto de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre.

Inmediatamente después del período de suspensión descrito en dicho artículo, la trabajadora tendrá derecho automáticamente a una licencia adicional de dieciséis días naturales, que podrá ser alternativamente disfrutada por el padre, si así lo deciden ambos, en el caso de que el padre y la madre sean trabajadores de la APDCM y una vez finalizado el período al que se refiere el párrafo segundo del presente artículo.

Durante ambos períodos, el Ente de Derecho Público complementará las percepciones de la trabajadora hasta un importe equivalente al 100 por 100 de sus retribuciones fijas correspondientes al mes anterior a la baja.

En el supuesto de riesgo durante el embarazo, en los términos previstos en el artículo 26, apartados 2 y 3, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.

Art. 61. Excedencia por cuidado de hijos y familiares.

1. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, o de hasta dos años para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, en los términos previstos en el artículo 46 apartado 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, modificado por el artículo cuarto de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Solo un miembro de la unidad familiar, si más de uno fuera trabajador de la APDCM, podrá ejercer a la vez este derecho. De las situaciones de pareja de hecho acreditadas derivarán las mismas relaciones de afinidad.

2. El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo será computable a los efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser invitado por el Ente de Derecho Público, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. En el caso de familias numerosas este plazo se amplía a quince meses cuando se trate de familias numerosas de categoría general y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de categoría especial. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional.

SECCIÓN DECIMOSÉPTIMA Otras condiciones relacionadas con la realización del trabajo

Art. 62. Utilización de medios de comunicación electrónica.

Los medios de comunicación electrónica son propiedad del Ente de Derecho Público y constituyen una herramienta de trabajo habitual para sus empleados.

La dirección del Ente de Derecho Público y los representantes de los trabajadores son conscientes del alcance, la relevancia y el impacto que la difusión de mensajes a través de dichos medios tiene en la organización, en sus empleados y en sus clientes y usuarios en el desarrollo habitual del trabajo, por lo que la redacción de los mensajes y la utilización de dichos medios tendrá siempre presente dicha peculiaridad.

El Ente de Derecho Público, como propietario de dichos medios, emitirá la adecuada normativa de utilización que informe a los empleados de la forma de utilización correcta de los mismos, y que será pública con la debida difusión para su general conocimiento.

Capítulo VI

Retribuciones y percepciones no salariales

SECCIÓN DECIMOCTAVA Retribuciones fijas

Art. 63. Retribución fija consolidada. Desde 1997, el sistema de retribuciones consolidadas del Ente de Derecho Público es un sistema mixto, donde se tiene en cuenta una retribución asociada al puesto de trabajo, igual para todos los puestos y funciones profesionales que se encuadran en un determinado grupo profesional, y otra retribución personal que, en función de los conocimientos, competencias y experiencia aportados o adquiridos por el trabajador y reconocidos por el Ente de Derecho Público, así como en razón del mayor contenido técnico, actitudinal o competencial de las tareas desempeñadas y del grado de cumplimiento de objetivos y desempeño de su función profesional constituyen, en suma y conjunto, el nivel consolidado de retribución reconocido al empleado. Este nivel puede ser revisado anualmente por el Ente de Derecho Público, dentro del marco presupuestario, tras el proceso anual de evaluación de objetivos y del desempeño. De acuerdo con lo anterior:

1. La retribución fija consolidada de cada empleado se fijará en un determinado nivel retributivo de los establecidos en el apartado 3 de este artículo, y estará compuesta por los siguientes conceptos:

a) Retribución por grupo profesional. Es la retribución anual asociada al grupo profesional en el que el puesto y la función profesional se encuadra, a la que tiene derecho el trabajador en razón de su clasificación en un grupo profesional determinado y que habrá de coincidir con uno de los niveles retributivos descritos en el Anexo II y que se describen específicamente como de retribuciones por grupo profesional.

b) Complemento personal por desempeño de función: es la retribución anual complementaria de la anterior que el Ente de Derecho Público asigna a un trabajador como consecuencia de los conocimientos, competencias y experiencia aportados o adquiridos por el trabajador y reconocidos por el Ente de Derecho Público, así como en razón del contenido y grado de desempeño de su función profesional. Añadido a la retribución por grupo profesional del grupo donde la función del empleado se encuadra, su suma da como resultado la retribución consolidada por el empleado que habrá de coincidir con uno de los niveles salariales descritos en el apartado 3. Los cambios en este complemento se producirán, en su caso, en razón de la mejora del desempeño del trabajador en, al menos, los factores contemplados como de encuadramiento en el acuerdo para la cobertura de vacíos ( RCL 1997/1441, Resolución de 13 de mayo de 1997, Boletín Oficial del Estado de 9 de junio de 1997) .

c) Temporalmente, y en exceso sobre un determinado nivel retributivo consolidado, un complemento personal transitorio, en los términos que se describen en el apartado 4 de este artículo.

2. Los pluses legales obligatorios se calcularán sobre los conceptos retributivos descritos en el apartado 1 anterior, más, en su caso, el plus por desarrollo de funciones de superior grupo profesional.

3. La tabla de niveles retributivos para las retribuciones consolidadas en el año 2006 será la que se señala en la tabla del Anexo I. Estos niveles son niveles retributivos, cuyo diseño trata de homogeneizar las retribuciones consolidadas de los empleados del Ente de Derecho Público. En ningún caso son niveles de puestos o asociados a puestos.

Los valores de cada nivel se incrementarán para los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 en el mismo porcentaje que se aplique para las retribuciones consolidadas.

4. Para cada empleado, una vez aplicado el incremento salarial procedente sobre sus retribuciones consolidadas, en virtud de cualquier procedimiento de acuerdo con la normativa, si sus retribuciones consolidadas resultantes de la operación excedieran uno de los niveles retributivos de los señalados en el apartado 3 anterior, pero no llegaran a alcanzar el siguiente, se le adjudicará el nivel retributivo inmediato inferior al importe de sus retribuciones consolidadas. La diferencia desde dicho nivel hasta su retribución consolidada real, se le abonará mediante el complemento personal transitorio.

Siempre que se produzca una promoción retributiva individual de acuerdo con lo establecido en los artículos correspondientes, se absorberá con la misma, vía complemento personal de desempeño de función, el complemento personal transitorio que el empleado pudiera tener, que tenderá a ser eliminado.

Art. 64. Pagas extraordinarias sobre retribuciones consolidadas. Los trabajadores de la APDCM percibirán su salario anual consolidado en 14 pagas, a razón de 12 pagas que serán abonadas mensualmente, más dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, respectivamente, y que se devengarán por cuantía equivalente a una ciento ochentava parte de las retribuciones consolidadas, por cada día de permanencia en alta en el semestre natural en que se abona.

Art. 65. Incremento de las retribuciones.

1. Para cada año de los comprendidos en el período de vigencia de este convenio, se establece que el incremento en porcentaje de las retribuciones será igual y con los mismos efectos de aplicación que el que se establezca en términos homogéneos para las retribuciones del conjunto del personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Madrid.

Quedan particular y explícitamente excluidas de lo dispuesto en este apartado las compensaciones por servicios no ordinarios y las indemnizaciones por razones del servicio, excepto en lo particularmente dispuesto en los artículos y anexos correspondientes.

2. Se habilita una cláusula de revisión salarial para el caso de que el IPC real de cada ejercicio presupuestario fuera superior al incremento salarial aplicado sobre retribuciones consolidadas, siempre y cuando dicha revisión sea permitida por la legislación en cada momento aplicable, en particular, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad de Madrid y sus respectivas leyes de acompañamiento, si las hubiera.

Dicho incremento se aplicará, para su actualización, a los niveles retributivos enumerados en el Anexo correspondiente y sobre los complementos personales transitorios, si los hubiera.

Art. 66. Plus de antigüedad. Con efectos de 1 de enero de 2007 la cuantía del plus de antigüedad se fija en la cantidad de 30,65 euros mensuales por trienio devengado, igual para todos los grupos profesionales, y se devengará con efectos del primero de mes en cuyo transcurso se cumpla. Para los demás años de vigencia de este convenio se aplicará el incremento que, con carácter general, establezcan las sucesivas leyes generales de presupuestos de la Comunidad de Madrid.

Aquellos trabajadores que fuesen contratados temporalmente una o varias veces y sin interrupción en su relación laboral con el Ente de Derecho Público, y pasaran a estar contratados con carácter indefinido, acumularán el tiempo que hayan prestado servicio a todos los efectos de antigüedad.

SECCIÓN DECIMONOVENA Retribuciones no fijas

Art. 67. Retribuciones no fijas no sujetas a evaluación. Complemento específico de puesto de estructura. Retribución no fija, no sujeta a evaluación y de devengo y percepción mensual:

1. A efectos de retribuciones no fijas, se establecerá la siguiente tipificación de puestos funcionales de estructura: TI, T2, T3, T4, T5, T6 yT7.

2. Estos puestos llevarán asociados los complementos y/o niveles retributivos que se establecen en el Anexo correspondiente.

3. El desempeño de un puesto funcional de estructura dará el derecho a la percepción de este complemento, que se percibirá mientras se ocupe el puesto de estructura correspondiente. Su cuantía nominal, según el tipo de puesto de estructura, se indica en el Anexo correspondiente. A partir del ejercicio presupuestario siguiente al de su nombramiento, el trabajador devengará el derecho de consolidar en sus retribuciones un porcentaje anual de este complemento que se indica en el mismo Anexo anteriormente referido, derecho que se hará efectivo cuando cese en el puesto funcional, quedando asimilado al nivel retributivo superior más próximo, que en todo caso habrá de ser superior al que ostentara cuando fue nombrado.

4. Quedan excluidos de esta tipificación y no percibirán este complemento los puestos funcionales de dirección de directa asistencia a la dirección, que en todo caso serán así definidos por resolución de la misma, y cuyo régimen retributivo complementario y catalogación, en su caso, será definido por el órgano competente de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.

Art. 68. Retribuciones no fijas sujetas a evaluación. Incentivo por cumplimiento de objetivos y rendimiento ( ICOR) . Retribución variable, sujeta a evaluación y de percepción anual o semestral.

La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid es una organización de servicios orientada al logro de objetivos de acuerdo con las líneas estratégicas que los planes de actuación y presupuesto anual establecen. La retribución variable es un aspecto esencial en tal orientación al logro de objetivos, por lo que las retribuciones de todo el personal del Ente de Derecho Público vienen teniendo tradicionalmente una componente variable.

Para el funcionamiento del sistema de dirección por objetivos, en el Ente de Derecho Público se establecen, pues, retribuciones variables, no consolidables, sujetas a evaluación y cuya dotación nominal se fijará como porcentaje sobre las retribuciones consolidadas del trabajador, de acuerdo con la escala que se establece en los Anexos correspondientes.

El sistema de retribución variable sujeta a evaluación deberá:

I. Responder a los objetivos del Ente de Derecho Público, teniendo en cuenta objetivos de actuación, operativos y evaluaciones del desempeño de los trabajadores, dependiendo del nivel de responsabilidad de los mismos.

II. Ser conocido en sus planteamientos y criterios, que deben ser homogéneos para el personal sujeto al mismo,

De acuerdo a sus particularidades específicas.

III. Ser uniforme en su sistema de evaluación.

IV. Ser motivador. Para ello mantendrá, en sus dotaciones nominales, proporcionalidad con el salario consolidado del preceptor.

V. Incentivar de forma proporcional el mejor rendimiento, el mayor logro de objetivos y las actuaciones convergentes con los objetivos de la organización.

VI. Estar ligado a un proceso de evaluación transparente,

De acuerdo a un método que será conocido por los trabajadores, y que será realizado por los correspondientes responsables. La retribución variable estará asociada al resultado de tal evaluación, así como a la consecución de objetivos, y a las actitudes convergentes con los fines y objetivos de la organización y las conductas cooperativas y promotoras del desarrollo organizacional e individual.

VII. Asegurar la homogeneidad de criterios de evaluación entre distintas direcciones y unidades. El ICOR cubre los siguientes ámbitos de actividades:

1. Incentivos destinados a los responsables de áreas o unidades, ocupantes de puestos funcionales de estructura orgánica, en relación con el cumplimiento de los objetivos operativos encomendados así como con la gestión de equipos humanos. Los incentivos nominales ligados a la gestión de equipos humanos no podrán ser inferiores a un tercio del ICOR total.

2. Incentivos destinados a los responsables de programas y proyectos, igualmente en relación con el cumplimiento de sus objetivos.

3. Incentivos destinados a los empleados encuadrados en las distintas áreas y unidades del Ente de Derecho Público, y en relación con su rendimiento y contribución a la consecución de los objetivos establecidos.

Los objetivos se plantearán en el primer bimestre del ejercicio, y los procesos de evaluación y abono de los ICOR serán anuales, pudiendo establecerse una evaluación parcial previa al finalizar el primer semestre. Igualmente podrán realizarse liquidaciones parciales o abonos a cuenta tanto en dicho momento, como al final del ejercicio presupuestario, cuando no fuera materialmente posible, en este último caso, efectuar la liquidación anual final dentro del mismo.

SECCIÓN VIGÉSIMA Compensaciones por servicios no ordinarios

Art. 69. Otros pluses o compensaciones para determinados servicios no ordinarios. Se establecen los siguientes pluses y compensaciones:

1. Plus por desarrollo de funciones de superior grupo profesional: se procederá a dotar un complemento salarial al trabajador en esta situación, que se denominará plus por desarrollo de funciones de superior grupo profesional y que cubrirá transitoriamente la diferencia entre su nivel salarial consolidado y la retribución de grupo a que correspondan las funciones desempeñadas.

SECCIÓN VIGESIMOPRIMERA Percepciones no salariales. Indemnizaciones por razones del servicio: Desplazamientos y gastos asociados

Art. 70. Normas generales sobre desplazamientos y estancias fuera de la Comunidad de Madrid. En todos los casos en que el desplazamiento sea a un punto fuera de la Comunidad de Madrid, el trabajador deberá cumplimentar previamente una hoja de viaje que será autorizada, igualmente con carácter previo al desplazamiento, por su responsable y los medios de control que establezca el Ente de Derecho Público. No será posible la percepción de indemnizaciones por razones del servicio en estos casos en ausencia de tal autorización previa.

Art. 71. Gastos de transporte y desplazamiento dentro o fuera de la Comunidad de Madrid.

l. La APDCM es una organización de servicios a la Comunidad de Madrid. Por ello, los desplazamientos de los trabajadores entre centros diferentes de la Administración y entre ellos y dependencias de la APDCM es habitual. Para la realización de estos desplazamientos, el Ente de Derecho Público dotará gratuitamente en todo caso y a todos sus trabajadores del abono de transporte de Madrid, de la zona que les corresponda en razón de sus puntos de trabajo habituales. La zona cubierta por dicho abono de transporte abarcará, en todo caso, el punto donde el trabajador tenga ubicada su residencia habitual. Los trabajadores que se incorporen a lo largo del año percibirán el abono para el tiempo proporcional que reste hasta la finalización del mismo. Para el personal fijo e interinos hasta cobertura definitiva de vacantes, la modalidad del abono será anual.

2. Si por necesidades de trabajo, que deberán en todo caso justificarse, el trabajador hubiera de desplazarse siendo imposible en el desplazamiento utilizar dicho abono transporte, el Ente de Derecho Público abonará los gastos del medio de locomoción que justifique debidamente haber utilizado,

De acuerdo a los siguientes criterios:

a) En caso de utilización de transporte público dentro de la Comunidad de Madrid, exceptuando el taxi, en todos los casos.

b) Cuando no se utilice transporte público, así como en el caso de desplazamientos en taxis, medio de transporte público no terrestre o privado, el medio de locomoción a utilizar que pueda originar gasto para el Ente de Derecho Público deberá ser autorizado por escrito con carácter previo al desplazamiento por el responsable que por normativa interna se determine.

c) En caso de urgencia, por necesidades del servicio o la producción, la autorización será posterior, debiendo el trabajador justificar aquella adecuadamente.

d) Cuando el desplazamiento se realizara en vehículo propio, se le abonará una cuantía por kilómetro recorrido que se determina en el Anexo VII, como gastos por este concepto. En los desplazamientos que se hubieran autorizado por Madrid capital en vehículo propio se contabilizarán 10 kilómetros por cada uno de ellos. Para el resto de destinos se fijarán las distancias reales existentes desde el lugar de trabajo al lugar de destino, y en caso de diferencias decidirá la comisión paritaria. La comisión paritaria podrá, igualmente, revisar semestralmente esta cuantía en función de evoluciones no previsibles de los gastos a compensar por este concepto. En caso de que en la unidad existieran adscritos vehículos del Ente de Derecho Público, se tratará de optimizar y maximizar su utilización, no debiendo utilizarse vehículos particulares salvo en causas excepcionales plenamente justificadas.

e) Igualmente se reembolsarán al trabajador, en los exclusivos desplazamientos por razones del servicio donde dichos gastos estén plenamente justificados, los de peaje y aparcamiento.

Art. 72. Gastos de manutención y estancia en viajes fuera de la Comunidad de Madrid.

l. Si por necesidades del servicio de cualquier naturaleza ( incluyendo tanto prestación de servicios como atención a actividades formativas, como docente o como alumno) el trabajador se viera obligado a efectuar viajes a centros situados fuera de la Comunidad de Madrid, se le reembolsarán los gastos de manutención y estancia en los que incurra en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería, de acuerdo con lo dispuesto en este convenio y complementariamente por la normativa que se desarrolle. El trabajador deberá acreditar el día y el lugar del desplazamiento, así como su razón o motivo.

2. Los límites para el reintegro de gastos son los marcados por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razones del servicio, en cuanto fuera de aplicación. El Ente de Derecho Público publicará en Intranet esta disposición y sus modificaciones ulteriores, para su general conocimiento por los trabajadores.

3. En todo caso, y sin perjuicio de lo anterior, las asignaciones máximas diarias para gastos normales de manutención y estancia en hoteles, restaurantes y demás establecimientos de hostelería exclusivamente, serán las que se recogen en la tabla del Anexo VIII, que se consideran limitativas a todos los efectos. La comisión paritaria podrá, anualmente, modificar las cuantías establecidas en este apartado.

4. Cuando se produzca un desplazamiento conjunto a una misma actividad común de varios trabajadores del Ente de Derecho Público, prevalecerá, a los efectos de indemnizaciones para el grupo, la categoría más alta.

5. No serán compatibles la utilización en el mismo día de vales de comida y de las indemnizaciones recogidas en el presente artículo.

Art. 73. Anticipos y justificaciones para gastos de manutención y estancia. El personal que, por razones del servicio, realice un viaje fuera de la Comunidad de Madrid, con derecho a percepción de las indemnizaciones o reembolsos previstos en el artículo anterior, podrá percibir por adelantado el importe aproximado previsible de las mismas, sin perjuicio de la devolución posterior del anticipo total o parcial, según los casos y si a ello hubiere lugar.

A tal fin, podrá autorizarse la existencia de fondos a justificar en las habilitaciones, pagadurías u órganos funcionalmente análogos para el anticipo de las indemnizaciones, siempre sin perjuicio de que tal disponibilidad sea posible de acuerdo con la normativa de mayor rango que existiera en la Comunidad de Madrid y aplicable al Ente de Derecho Público. Los anticipos a que se refiere el presente artículo y su justificación, así como la de los gastos en los que se incurra y cuyo reembolso se pretende, se efectuarán de acuerdo con la normativa en cada momento vigente.

Art. 74. Normativa supletoria en materia de indemnizaciones por razones del servicio. Como normativa supletoria, y en tanto no se oponga a lo expresamente regulado y previsto en el presente convenio, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razones del servicio y posterior normativa de desarrollo. A tenor de lo allí dispuesto, se entenderá la siguiente equivalencia:

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En los casos de las compensaciones por asistencia a comisiones de selección de personal, solo se devengará el derecho a tal percepción cuando se correspondan con procesos selectivos en los que, en virtud de la legislación vigente, se hubiera producido la percepción por la Administración de las correspondientes tasas. A tales efectos, se entenderá la siguiente equivalencia:

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Las competencias que en tal Decreto se establecen para determinados órganos o departamentos de la Administración, serán, en el caso de la APDCM, de los correspondientes órganos directivos de la misma que sean competentes en virtud de la legislación vigente.

Capítulo VII

Beneficios sociales

Art. 75. Incapacidad temporal. En caso de enfermedad o accidente y por un plazo máximo de dieciocho meses, a partir de la fecha de la baja, el Ente de Derecho Público complementará las prestaciones de la Seguridad Social hasta el 100 por 100 de las retribuciones fijas reales y hasta el 50 por 100 del promedio de las retribuciones no fijas no sujetas a evaluación mensualizadas, excluidos pluses y compensaciones por servicios no ordinarios.

Art. 76. Cursos de interés para el trabajador. Son los cursos solicitados por el propio trabajador que no están contemplados en el plan de formación del Ente de Derecho Público y que deberán estar relacionados con el desempeño de sus funciones y su carrera profesional en la APDCM o, en todo caso, con las áreas de actividad del Ente de Derecho Público propias o en su relación con la Comunidad de Madrid:

1. Las matrículas de cursos correspondientes a enseñanzas ligadas a los grados académicos 1 a 5 que se realicen en centros públicos se subvencionarán en su totalidad, siempre y cuando su coste corresponda a una tarifa oficial publicada en el Boletín Oficial del Estado o de la Comunidad correspondiente.

2. Las matrículas de cursos que se realicen en centros privados reconocidos oficialmente se subvencionarán atendiendo a la media del coste que tiene ese curso en los centros públicos. Para ello será necesario aportar el certificado de reconocimiento oficial del centro donde se realice.

3. Los cursos realizados en centro autorizado se subvencionarán en un 50 por 100 de su coste con una cuantía máxima de 150,25 euros ( 25.000 pesetas) , siempre y cuando tengan relación directa con la naturaleza de la actividad del Ente de Derecho Público.

4. El Ente de Derecho Público subvencionará con 45,08 euros/mes ( 7.500 pesetas/mes) aquellos cursos dirigidos al aprendizaje o perfeccionamiento del idioma inglés que se realice en centros públicos o privados reconocidos de acuerdo con la normativa vigente. La comisión paritaria de interpretación podrá establecer, en ausencia de tal reconocimiento, qué centros se asimilan a tal reconocimiento, en función de su reconocida extensión o prestigio. La subvención será del 75 por 100 del valor anterior en caso de los idiomas francés o alemán. No se subvencionarán los estudios de otros idiomas. El derecho a percibir esta subvención para cursos sucesivos requerirá la superación de los requisitos correspondientes del nivel anterior, lo que deberá acreditarse en función del programa del centro. El Ente de Derecho Público establecerá los controles que considere adecuados y tiene el derecho a suspender la subvención en caso de inasistencias no justificadas.

5. Aquellos cursos dedicados al aprendizaje o perfeccionamiento del idioma inglés que se realicen en centros oficiales españoles, británicos o estadounidenses se subvencionarán en un 75 por 100 de su coste, con una cuantía máxima de 63,11 euros/mes ( 10.500 pesetas/mes) , siempre y cuando la asistencia a los mismos sea superior a dos tercios en el trimestre, extremo este que deberá acreditarse previamente a la percepción de la subvención mediante certificación del centro. El derecho a percibir esta subvención para cursos sucesivos requerirá la superación de los requisitos correspondientes del nivel anterior. En caso contrario, la subvención se establecerá atendiendo al apartado 4.

El pago de la subvención será trimestral. Las cuantías de los apartados 4 y 5seactualizarán para cada ejercicio presupuestario en el mismo porcentaje de incremento que resulte de aplicar sobre las mismas el IPC interanual noviembre/noviembre.

Quedan expresamente excluidos de los apartados 1 y 2, las matrículas en los denominados cursos máster .

Todas las matrículas comprendidas en los apartados 1, 2 y 3se subvencionarán por una sola vez por asignatura o curso, a excepción de las del apartado 1 para la obtención de los grados académicos 3 ó 4 que correspondieran al primer curso, que podrán subvencionarse por una única segunda vez, en un 50 por 100.

Art. 77. Comedor.

l. El Ente de Derecho Público subvencionará los gastos del comedor para los trabajadores del Ente de Derecho Público que hagan uso del mismo por razones del servicio, en función de su jornada. Por razón de su jornada laboral todos los trabajadores podrán tener derecho a la referida ayuda.

2. El Ente de Derecho Público dotará a los trabajadores de vales de comida, con un valor facial para cada día laborable que se señala en el Anexo VI. El trabajador aportará 0,60 céntimos de euro ( 100 pesetas) y el Ente de Derecho Público subvencionará el resto. El servicio se referirá a la comida del mediodía.

3. Los tiempos de comida deberán ficharse adecuadamente en los sistemas de control de presencia.

4. Lo previsto en los apartados 1 y 2deesteartículo no resultará aplicable al personal del Ente de Derecho Público que ocupe puestos directivos.

Art. 78. Anticipos.

1. Anticipos sobre salarios devengados:

a) Anticipos sobre pagas extraordinarias: se concederán anticipos de hasta dos pagas extraordinarias dentro del año presupuestario, a descontar en las nóminas de junio y diciembre. Los citados anticipos se harán efectivos conjuntamente con la nómina inmediata, siempre que se soliciten con antelación al día 5 del mes con cuya nómina se pretende percibir el anticipo. Los citados anticipos se harán efectivos en el plazo máximo de quince días a partir de la fecha de petición b) Anticipos sobre mensualidades: podrán solicitarse anticipos de una mensualidad de retribuciones fijas brutas en el mes corriente, a cuyo efecto se solicitarán con antelación al día 5 del mes con cuya nómina se pretende percibir el anticipo, que se descontará asimismo en la nómina del mes siguiente.

2. Anticipos sobre otros salarios no devengados: los trabajadores fijos del Ente de Derecho Público podrán, igualmente, solicitar anticipos de salarios no devengados, cuya concesión, dentro de los límites de dotaciones presupuestarias, quedará sujeta a las siguientes condiciones:

a) Por su condición de anticipos, estos no devengarán interés alguno y alcanzarán, como máximo, la cuantía equivalente a cuatro mensualidades de la retribución de grupo profesional, más complemento de antigüedad que, en su caso, pueda tener el trabajador solicitante, con un límite de 4.507,59 euros ( 750.000 pesetas) . Si existiera fecha de término prevista para la relación laboral, el anticipo se verá limitado al número de mensualidades previsibles a percibir.

b) Será requisito imprescindible para poder solicitar el anticipo salarial:

II. El que el solicitante se encuentre incluido en la nómina de haberes por lo menos desde doce meses antes a la formalización de la solicitud.

II. Haber transcurrido al menos un año de la cancelación de otro anticipo similar.

c) La devolución de la cantidad anticipada se practicará por cantidades iguales en cada mensualidad, mediante deducciones en las nóminas correspondientes y a partir del mes siguiente al de la concesión del anticipo, con un máximo de treinta y seis mensualidades.

d) En el supuesto de que el trabajador a quien se le hubiera otorgado un anticipo causara baja en su puesto de trabajo, como consecuencia de la extinción de la relación laboral, concesión de cualquier tipo de excedencia, permiso sin sueldo o suspensión de la relación laboral, con excepción de la dimanante de incapacidad temporal o maternidad en la mujer trabajadora, el reintegro de las cantidades no devueltas será practicado dentro del mismo mes en que se produzca la mencionada baja.

e) Para la concesión de dichos anticipos será necesaria la solicitud del trabajador interesado, adjuntando compromiso de reintegro, y certificación de haberes extendida por el habilitado que hace efectivos los mismos.

f) Para atender a estos anticipos se constituirá un fondo que se dotará en el presupuesto del Ente de Derecho Público para cada ejercicio presupuestario. Este fondo será de 18.000 euros para el ejercicio 2007. Para los siguientes ejercicios hasta el año 2011 dicha cantidad límite se incrementará en el porcentaje que se deduzca de la aplicación del artículo 65.

g) Las concesiones se realizarán por orden riguroso de solicitud, hasta alcanzar el límite del fondo.

3. Particularidades para el personal temporal: los plazos de amortización no excederán del período previsible de duración de los contratos, y las cuantías se ajustarán al importe del salario realmente devengado hasta la fecha de petición.

4. Casos especiales: el Ente de Derecho Público y el/la delegado/a de personal estudiarán los casos especiales que como tales se presenten en el momento de la solicitud.

Art. 79. Ayuda para estudios de los hijos. El Ente de Derecho Público concederá a los trabajadores cuyos hijos o hijos de cónyuge o pareja de hecho, legalmente acreditada, menores de veintiséis años, cursen estudios oficiales, una cantidad anual de 220,69 euros ( 36.720 pesetas) por hijo, pagaderos en el mes de octubre del correspondiente curso. Para los siguientes ejercicios hasta el año 2011 dicha cantidad se incrementará en el porcentaje que se deduzca de la aplicación del artículo 65.

Será requisito imprescindible para la percepción de esta ayuda la presentación de los justificantes de matriculación para los hijos que cursen estudios de enseñanza no obligatoria.

En caso de que ambos cónyuges sean trabajadores de la APDCM solo uno de ellos podrá percibir esta ayuda.

Art. 80. Guarderías. Con cargo a la masa salarial de beneficios sociales se tendrá derecho a percibir por cada recibo o justificante de pago mensual de guardería o centro educativo que se presente por hijo o hijos de cónyuge o pareja de hecho legalmente acreditada, comprendido entre los cero años y hasta la edad de comienzo de la escolaridad obligatoria que legalmente se determine, y que reciba esta atención, una cantidad máxima de 52,81 euros, para el ejercicio 2007 o, en su caso, el importe correspondiente si el recibo fuese menor, salvo para los hijos disminuidos en que la ayuda mensual ascenderá a 79 euros. Para los siguientes ejercicios hasta el año 2011 dicha cantidad límite se incrementará en el porcentaje que se deduzca de la aplicación del artículo 65.

En los supuestos de contratación de empleado/a de hogar para el cuidado del menor por inviabilidad de la asistencia a guardería, la prestación se hará efectiva siempre y cuando se acredite la afiliación de la persona contratada al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar.

El derecho a la prestación nacerá el día primero del mes de presentación de la solicitud y su abono se efectuará en once mensualidades al año

Para poder disfrutar de los beneficios correspondientes al servicio de guardería es preciso presentar los recibos o justificantes de pago mensuales, del mencionado servicio, o, en su caso, los de la cotización a la Seguridad Social de los empleados de hogar, antes de la finalización del mes siguiente a la emisión del correspondiente pago o justificante.

En el supuesto de hijo o hijos de cónyuge o pareja de hecho legalmente acreditada que estén inscritos en centros oficiales, tendrán derecho, alternativamente, a la percepción dispuesta en el primer párrafo, a la misma ayuda a que se refiere el artículo 79 sobre ayuda para estudios de los hijos , siempre y cuando presenten acreditación de estar inscritos en dicho centro.

En caso de que el padre y la madre sean trabajadores de la APDCM, solo uno de ellos podrá percibir esta ayuda.

Art. 81. Ayuda por nacimiento o adopción. El Ente de Derecho Público consignará a partir del ejercicio presupuestario de 2008, en cada uno de los años de vigencia de este convenio, un fondo económico cuyo objeto será el pago de una ayuda por el nacimiento o la adopción de un hijo. El importe máximo anual de esta ayuda será de 612 euros.

La cuantía del fondo que se dote en el año 2008 será de 612 euros, siendo objeto de actualización anual hasta el ejercicio de 2011, en el porcentaje que se deduzca de la aplicación del artículo 65 del presente convenio.

Si de la ejecución del fondo consignado para el ejercicio de 2008 resultara remanente, se concederá asimismo la ayuda establecida en este artículo en su importe máximo o, en su caso, a prorrata, a los trabajadores en los que haya concurrido el hecho causante que motiva la concesión de la misma durante los ejercicios de 2006 y 2007.

Para la distribución de estos fondos se reunirá anualmente la comisión paritaria constituida por el artículo 4 de este convenio.

Para tener derecho a la ayuda será necesario que el trabajador solicitante acredite haber completado al menos tres meses de servicio en el momento de presentar la solicitud.

En el caso de que el padre y la madre trabajen en la APDCM solo uno de ellos resultará beneficiario de esta ayuda.

Procedimiento:

a) Las solicitudes se presentarán a través del registro de la APDCM o cualquier otro Registro Público de la Comunidad de Madrid.

b) La solicitud se podrá formular tras el nacimiento o la adopción del hijo, dentro del año del hecho causante.

c) A la solicitud deberá acompañarse la documentación necesaria para acreditar el derecho a percibir la ayuda. Toda la documentación se presentará en originales o mediante fotocopia compulsada.

d) El Ente de Derecho Público comunicará al solicitante la/s causa/s de inadmisión de su solicitud y otorgará un plazo de diez días para que acredite el hecho que genera la prestación o subsane los errores en que hubiera incurrido su solicitud.

e) El abono de la ayuda reconocida tendrá lugar en el plazo máximo de tres meses siguientes al de la solicitud.

Art. 82. Ayuda por ascendientes a cargo del trabajador. El Ente de Derecho Público consignará a partir del ejercicio presupuestario de 2008, en cada uno de los años de vigencia de este convenio, un fondo económico, cuyo objeto será el pago de una ayuda por el hecho de tener a su cargo y conviviendo en su domicilio ascendiente en primer grado de consanguinidad o afinidad, mayor de ese, por el que el trabajador no perciba la ayuda a disminuidos regulada en este capítulo. El importe máximo anual de esta ayuda será de 400 euros.

La cuantía del fondo que se dote en el año 2008 será de 400 euros, siendo objeto de actualización anual hasta el ejercicio de 2011, en el porcentaje que se deduzca de la aplicación del artículo 65 del presente convenio.

Para la distribución de estos fondos se reunirá anualmente la comisión paritaria constituida por el artículo 4 de este convenio.

Serán beneficiarios de esta ayuda el personal incluido en el ámbito de aplicación de este convenio que se encuentre en activo en el momento de presentar la solicitud, siempre que haya prestado servicios ciento ochenta días o más en el año respecto del cual se solicite la ayuda en virtud de un mismo contrato de trabajo.

Requisitos:

a) Acreditación de convivencia con el ascendiente.

b) Rentas máximas de o de los ascendientes para considerarlos a cargo del solicitante.

c) Edad del ascendiente en la fecha de solicitud de la ayuda d) Renta anual individual del solicitante y conjunta de las personas que, conviviendo en el mismo domicilio, tengan relación de consanguinidad o afinidad hasta segundo grado con el ascendiente por el que se solicita la ayuda.

Si ambos cónyuges, o los dos miembros de una pareja de hecho, trabajan en la APDCM, solo uno de ellos resultará beneficiario de esta ayuda. El incumplimiento de esta obligación generará la pérdida del derecho a la misma.

Las solicitudes se presentarán a través del registro de la APDCM o cualquier otro Registro Público de la Comunidad de Madrid

Art. 83. Ayuda por disminuido/s a cargo. El Ente de Derecho Público consignará a partir del ejercicio presupuestario de 2008, en cada uno de los años de vigencia de este convenio, un fondo económico cuyo objeto será el pago de una ayuda por el hecho de que dependa legalmente del personal sujeto al presente convenio un disminuido físico, psíquico o sensorial.

La ayuda durante el año 2008 tendrá un importe máximo anual de 642,60 euros por los gastos realizados para su mejor desarrollo, recuperación y atención. Si los gastos realizados fueran de importe inferior al máximo establecido, se percibirá ayuda por ese inferior importe.

El Ente de Derecho Público consignará a partir del ejercicio presupuestario de 2008, en cada uno de los años de vigencia de este convenio, un fondo económico cuyo objeto será el pago de esta ayuda. La cuantía del fondo que se dote en el año 2008 será de 642,60 euros, siendo objeto de actualización anual hasta el ejercicio de 2011, en el porcentaje que se deduzca de la aplicación del artículo 65 del presente convenio.

Para la distribución de estos fondos se reunirá anualmente la comisión paritaria constituida por el artículo 4 de este convenio.

Procedimiento:

a) Las solicitudes se presentarán a través del registro de la APDCM o cualquier otro Registro Público de la Comunidad de Madrid b) Las solicitudes se presentarán en el mismo año en el que se haya generado el gasto.

c) A la solicitud deberá acompañarse la documentación necesaria para acreditar el derecho a percibir la ayuda, así como justificación documental de los gastos realizados, de cara a la fijación del importe a que la ayuda debe ascender. Toda la documentación se presentará en originales o mediante fotocopia compulsada.

d) El Ente de Derecho Público comunicará al solicitante la/s causa/s de inadmisión de su solicitud y otorgará un plazo de diez días para que acredite el hecho que genera la prestación o subsane los errores en que hubiera incurrido su solicitud.

e) El abono de la ayuda reconocida tendrá lugar en el plazo máximo de tres meses siguientes al de la solicitud. Para el supuesto de que ambos cónyuges, o los dos miembros de una pareja de hecho, trabajen en el Ente de Derecho Público Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, solo uno de ellos resultará beneficiario de esta ayuda.

Art. 84. Plus de transporte. Alternativamente a la dotación del abono de transporte al que se alude en el correspondiente artículo de la sección de indemnizaciones por razones del servicio , los trabajadores de la APDCM podrán optar por percibir mensualmente un plus transporte que será igual a la cantidad equivalente al coste mensual para el Ente de Derecho Público de dicho abono anual y que se corresponderá con el coste del abono transporte en razón de la zona del domicilio habitual del trabajador.

Los trabajadores que se incorporen a lo largo del mes percibirán la parte proporcional.

Los trabajadores con discapacidades físicas, que por su calificación vean impedida o grandemente dificultada la posibilidad de utilizar medios de transporte público, percibirán sustitutivamente en nómina una indemnización económica periódica equivalente al resultado de multiplicar por 0,13 euros el número de kilómetros de distancia existentes entre su domicilio y el centro de trabajo en trayecto de ida y vuelta, que se multiplicará a su vez por el número de jornadas anuales de trabajo, acreditándose en nómina prorrateada en doce mensualidades iguales. La indemnización económica aquí prevista tendrá un tope económico mensual de cuatro veces el coste de la tarjeta anual que hubiera correspondido en función del domicilio y del centro de trabajo, dividido entre 12. A este respecto, a los trabajadores con residencia fuera del territorio de la Comunidad de Madrid les será asignado el módulo de la zona más amplia del sistema de abono transporte. Sobre dicha indemnización se efectuarán los descuentos que procedan como consecuencia de las ausencias producidas en los días en que, debiendo trabajar, no se peste servicio. Los beneficiarios de esta indemnización serán determinados mediante certificación del IMSERSO y, en su caso, de los servicios médicos de la Comunidad de Madrid.

Art. 85. Gastos de kilometraje por desplazamiento al punto de trabajo cuando este se encuentre fuera del municipio de Madrid.

Los trabajadores que tengan que acudir a un punto de trabajo situado fuera del municipio de Madrid podrán, a su discreción, cuando no pueda utilizarse el transporte público para desplazamiento al mismo desde su domicilio, o sea más adecuado por eficacia del servicio, siempre que el punto de trabajo se encuentre fuera del municipio de Madrid, recibir la misma compensación por kilometraje por utilización de vehículo propio reflejada en el artículo correspondiente de la sección de indemnizaciones por razones del servicio . El tiempo del desplazamiento del domicilio al punto de trabajo en ningún caso computará como tiempo de trabajo.

Se estará a lo dispuesto por la legislación fiscal vigente en materia de imposición sobre el rendimiento de las personas físicas en lo que respecta a esta percepción.

Art. 86. Indemnizaciones por incapacidad permanente y muerte. El Ente de Derecho Público indemnizará al trabajador o a quien designe documentalmente ( o, en ausencia de designación, a su representante legal o a sus herederos legales) , las contingencias de fallecimiento e invalidez absoluta y permanente ( estas últimas hasta el año en que el empleado cumpla sesenta y cinco años de edad) . El capital garantizado será, para cada empleado, equivalente a su retribución por grupo profesional que tuviera a 1 de enero de cada ejercicio en cuestión, con un mínimo de 15.025,30 euros ( 2.500.000 pesetas) , para el caso de fallecimiento, invalidez permanente absoluta o gran invalidez. En el caso de que la causa de las anteriores circunstancias fuera accidente, la indemnización será del triple del valor anterior.

Estas cantidades se abonarán dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que se produzca el hecho causante, al trabajador o su representante legal en el caso de IPA y GI o a los beneficiarios que este designe o herederos legales ( en ausencia de aquellos) en caso de fallecimiento.

Por la Secretaría General se dispondrá el registro y archivo de la documentación precisa, entre ella la designación de los beneficiarios que podrá ser modificada a voluntad del trabajador.

En el supuesto contemplado en el artículo 2, apartado 3, del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, y siempre que esta indemnización hubiese sido abonada por el Ente de Derecho Público, será de aplicación la fórmula siguiente de reintegro de la indemnización: Un 10 por 100 de su salario hasta la total amortización de la misma, teniendo en cuenta que la cifra total a devolver se rebajará en un 10 por 100 de su importe por cada año que diste su reingreso de la fecha de su percepción.

El abono de las indemnizaciones por incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, se efectuará, una vez la correspondiente declaración tenga carácter definitivo y consiguientemente, quede extinguida la relación de empleo con el Ente de Derecho Público.

El Ente de Derecho Público podrá optar por responder directamente de dichas indemnizaciones o actuar como tomador de un seguro colectivo de vida, invalidez y accidentes con cargo a la masa salarial de beneficios sociales, que cubrirá dichas contingencias. En su caso, realizada dicha contratación, y para contrataciones sucesivas de dicho seguro a lo largo de la vigencia de este convenio, el Ente de Derecho Público podrá aumentar las garantías descritas en el presente artículo en tanto en cuanto el coste de la prima no supere a la del anterior ejercicio, incrementada en el correspondiente IPC interanual noviembre/noviembre, sin que ello signifique la asunción por el Ente de Derecho Público de mayores obligaciones convencionales.

Asimismo, aquellos trabajadores del Ente de Derecho Público que desempeñen funciones clasificadas en un grupo profesional superior, según el artículo 18, del citado convenio colectivo y durante el tiempo que desempeñen dichas funciones de superior categoría, el capital garantizado será el correspondiente al grupo profesional de la función desempeñada, en los términos que se establecen en el presente artículo.

Art. 87. Subvención de asistencia sanitaria. Con cargo a la masa salarial de beneficios sociales, el trabajador que lo desee, y que sea tomador de un seguro médico percibirá una subvención por un determinado porcentaje de la prima que por sí y para sí abone.

Para la entidad a la que se acoja el colectivo más numeroso de empleados, el Ente de Derecho Público intermediará, sin que ello suponga mayor obligación para el Ente de Derecho Público, para que la aseguradora en cuestión ofrezca a los empleados de la APDCM una póliza colectiva, de la que cada empleado será el tomador de su propio seguro. En estas circunstancias, y para esta póliza, de existir, el porcentaje de subvención será del 70 por 100 de la prima, siendo del 60 por 100 en cualquier otro caso.

Art. 88. Prestaciones asistenciales. Son prestaciones asistenciales las ayudas económicas destinadas a contribuir a los gastos sufragados por los trabajadores de la APDCM por conceptos como aparatos ópticos, prótesis y arreglos dentales, ortodoncias, aparatos ortopédicos, etcétera.

Se reconocen las mismas prestaciones asistenciales a las que, en cada momento, sean reconocidas en el convenio colectivo de la Administración General de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con las convocatorias que se hagan públicas por la Unidad de Prestaciones Asistenciales de la Comunidad de Madrid.

Art. 89. Fomento del empleo y jubilación.

l. La jubilación será obligatoria al cumplir el trabajador los sesenta y cinco años de edad, comprometiéndose el Ente de Derecho Público a cubrir, por los sistemas establecidos en el presente convenio las plazas que, por motivo de la jubilación quedaran vacantes, en idéntica categoría profesional u otras de distinta categoría, similar o inferior, que se hayan creado por transformaciones de las mencionadas vacantes. La provisión correspondiente se realizará en turno libre. Excepcionalmente, el trabajador podrá solicitar una prórroga de un año, renovable por otros seis meses, transcurrida la cual, se procederá a la jubilación. Durante la prórroga, podrá efectuarse una reducción de jornada de hasta un 50 por 100 de la misma, que necesitará de la aprobación del órgano competente, con la correspondiente reducción del salario, y manteniendo, en todo caso, las bases de cotización inmediatamente previas a la prórroga.

2. La edad de jubilación establecida en el apartado anterior se considerará sin perjuicio de que todo trabajador pueda completar los períodos de carencia para la jubilación, en cuyos supuestos, la edad de jubilación obligatoria se producirá al completar el trabajador dichos períodos de carencia en la cotización a la Seguridad Social.

3. Para aquellos trabajadores, con relación de empleo de carácter indefinido, que reúnan los requisitos establecidos en la legislación de la Seguridad Social, la APDCM establecerá un sistema voluntario de jubilación anticipada e incentivada, a partir de los sesenta años de edad, con sujeción a los siguientes requisitos:

a) Las solicitudes de reconocimiento del derecho a incentivación por jubilación anticipada serán cursadas a la Secretaría General con dos meses de antelación a la fecha prevista de jubilación, coincidiendo el cumplimiento de la edad con el acto de jubilación voluntariamente solicitado.

b) La incentivación consistirá en el abono de una cantidad que, según los casos, será la siguiente:

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c) El Ente de Derecho Público abonará la diferencia que corresponda, hasta el día que el trabajador cumpla los sesenta y cinco años, entre la pensión de jubilación concedida por la Seguridad Social y el 100 por 100 de las retribuciones consolidadas que le hubieran correspondido al trabajador en cada momento.

d) La jubilación anticipada a los sesenta y cuatro años deberá efectuarse en los términos previstos en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio, obligándose el Ente de Derecho Público a la sustitución simultánea del trabajador que solicite su jubilación anticipada a los sesenta y cuatro años, por un trabajador desempleado, inscrito en la oficina de empleo como tal. Este contrato deberá tener una duración mínima hasta la fecha en que el trabajador que se jubila cumpla los sesenta y cinco años, a tiempo completo, y podrá celebrarse al amparo de cualquiera de las modalidades de contratación vigentes, excepto la prevista para la acumulación de tareas.

4. No procederán las incentivaciones por jub ilación cuando la declaración de jubilación tenga su causa en incompatibilidad del trabajador o sea solicitada por personal declarado incompatible.

5. El Ente de Derecho Público informará de las jubilaciones que se puedan producir, así como del plazo para la provisión de vacantes, cuando esta proceda. La selección de los trabajadores se realizará conforme a lo previsto en el presente convenio colectivo y en la legislación vigente en materia de función pública.

6. El Ente de Derecho Público podrá revisar las jubilaciones anticipadas concedidas cuando se constate, previo informe a el/la delegado/a de personal, que el trabajador jubilado anticipadamente continúa ejerciendo actividades profesionales retribuidas, o bien que el acceso a la jubilación anticipada se produce incumpliendo lo dispuesto en el presente artículo.

7. Los trabajadores que deseen acogerse a la jubilación parcial a que se refiere el artículo 12.5/12.6 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y reúnan los condiciones requeridas en el mismo, deberán notificarlo a la Secretaría General, a fin de realizar la oportuna tramitación, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial.

Capítulo VIII

Representación y derecho de reunión

SECCIÓN VIGESIMOSEGUNDA

De las representaciones unitarias y sindicales

Art. 90. Comités de empresa y delegados de personal. Los delegados de personal o, en su caso, el comité de empresa y sus miembros, sin perjuicio de las competencias, funciones, garantías y derechos en general reconocidos por las disposiciones legales, tendrán los siguientes derechos:

1. Dispondrán de tiempo retribuido para realizar las gestiones conducentes a la defensa de los intereses de los trabajadores. Las horas mensuales necesarias para cubrir esta finalidad se fijarán en cuarenta horas mensuales, que serán cuarenta y cinco cuando el número de trabajadores en plantilla sea superior a 500 trabajadores. Los comités de empresa y delegado/as de personal controlarán el mejor ejercicio del tiempo sindical empleado.

2. A ser sustituidos durante sus horas sindicales, debiendo mediar preaviso de veinticuatro horas. De no realizarse la sustitución, en ningún caso quedará limitado el derecho del trabajador a realizar sus actividades sindicales.

3. A conocer y consultar el registro de accidentes de trabajo y las causas de los mismos. Tendrán acceso a los modelos TCl y TC2 de las cotizaciones a la Seguridad Social, al calendario laboral, a los presupuestos, a un ejemplar de la memoria anual del Ente de Derecho Público y cuantos otros documentos relacionados con las condiciones de trabajo que afecten a los trabajadores.

4. A disponer para el conjunto de los delegados o, en su caso, del comité de un local adecuado, provisto de teléfono, fax, ordenador e impresora y el correspondiente mobiliario para que pueda desarrollar sus actividades sindicales representativas, deliberar entre sí y comunicarse con sus representados. Igualmente podrán utilizar las fotocopiadoras del Ente de Derecho Público en relación con sus actividades de representación.

5. A utilizar los tablones de anuncios para que, bajo su responsabilidad, coloquen cuantos avisos y comunicaciones hayan de efectuar y estimen pertinentes, sin más limitaciones que las expresamente señaladas por la Ley. Dichos tablones se instalarán en lugares claramente visibles para permitir que la información llegue a los trabajadores fácilmente.

6. Los delegados de personal o, en su caso, el comité de empresa podrán acordar la acumulación de todas o parte de las horas de sus miembros en uno o varios de ellos, previo aviso a la dirección del Ente de Derecho Público. Cuando la acumulación de horas sindicales en uno o varios miembros del comité, sin rebasar el máximo total suponga, de hecho, la liberación de esos representantes durante todo o parte del mandato representativo, será necesaria la comunicación previa a la dirección del Ente de Derecho Público.

7. Los delegados de personal o, en su caso, los miembros del comité de empresa, tendrán, además de las garantías recogidas en el presente convenio, las establecidas en los apartados a) , b) , y c) del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.

8. Al acceso a los ejemplares del Boletín Oficial del Estado , BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y demás publicaciones de carácter oficial que reciba el Ente de Derecho Público.

9. A los efectos de todos los procesos internos donde se tengan en cuenta los valores numéricos de evaluaciones del desempeño, consecución de objetivos, IED o IEP, se considerará que los delegados de personal o, en su caso, los miembros del comité de empresa, tendrán unos valores iguales a las medias aritméticas de los integrantes de la función profesional en la que se encuentren encuadrados, independientemente de que el representante del comité de empresa o delegado de personal se encuentre dispensado de asistencia al trabajo o no.

No obstante, los delegados de personal o miembros del comité de empresa no liberados, independientemente de lo establecido en el párrafo anterior, tendrán la posibilidad de elegir, para cada ejercicio, si se acogen a lo establecido en el mencionado párrafo anterior, o, voluntariamente, eligen afectarse por las evaluaciones y prioridades que sus jefes jerárquicos les atribuyan. En todo caso, deberán explicitar, por escrito, ante la Secretaría General, a cuál de los dos sistemas desean acogerse, lo que deberán realizar en los dos primeros meses del ejercicio o, alternativamente, en el período comprendido entre el principio del ejercicio y el final de la semana siguiente en que se les oferten los objetivos ligados a ICOR que pudieran corresponderles.

Los delegados de personal o los miembros del comité de empresa tendrán, en todo caso, garantizados el mantenimiento de las cuantías de complementos de puesto de trabajo e incentivos que tengan carácter no fijo en el valor medio de las cuantías percibidas en los doce meses anteriores a la designación, con la correspondiente actualización, así como, cuando se establezcan nuevos sistemas de retribución variable.

Cuando cambien de grupo profesional siendo miembros del comité de empresa, al valor medio de los descritos en el primer párrafo de este artículo, para el resto de los trabajadores de igual función prestacional o puesto funcional equivalente de la unidad orgánica donde estuvieran destinados con anterioridad a su designación.

Estarán excluidos, en todo caso, los pluses y las compensaciones por servicios no ordinarios, que sí podrán, sin embargo, percibirse por el desempeño habitual de su función profesional o puesto funcional.

Art. 91. De las centrales sindicales, secciones sindicales, delegados sindicales y afiliados.

1. Las centrales sindicales tendrán acceso a los ejemplares del Boletín Oficial del Estado , BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y demás publicaciones de carácter oficial que reciba el Ente de Derecho Público.

2. Las centrales sindicales que hayan obtenido al menos el 20 por 100 de los miembros del comité de empresa, o formen parte de una lista electoral que haya obtenido dicho porcentaje, tendrán derecho a la realización de asambleas en los mismos términos en que se configura este derecho para los comités de empresa y delegados de personal, así como de un local en los términos previstos en el apartado 4 del anterior artículo.

3. Los delegados de las centrales sindicales señaladas en el anterior apartado, tendrán derecho al mismo crédito horario señalado en el artículo anterior para los miembros del comité de empresa y delegados de personal. Igualmente tendrán el mismo derecho, en materia de percepción de retribuciones no fijas, que los miembros del comité de empresa y delegados de personal, según la regulación del último apartado del artículo anterior.

4. El delegado sindical podrá representar a los afiliados a la sección sindical en todas las gestiones necesarias ante la dirección y a ser oídos por el Ente de Derecho Público en el tratamiento de aquellos problemas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados al sindicato en particular.

5. Los delegados sindicales señalados anteriormente tendrán derecho a ser informados y oídos por el Ente de Derecho Público:

Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados al sindicato. En materia de reestructuración de plantilla, regulaciones de empleo, traslado de trabajadores cuando revistan carácter colectivo o individual, o del centro de trabajo en general. La implantación o revisión de sistemas de organización de trabajo. Tendrá acceso a la información y documentación que el Ente de Derecho Público deba poner a disposición del comité de empresa y delegados de personal, de acuerdo con lo regulado a través de la Ley, estando obligados a guardar sigilo profesional.

6. Los afiliados a una sección sindical que haya obtenido al menos el 20 por 100 de los miembros del comité de empresa tendrán derecho a obtener una excedencia durante el tiempo que pasen a ocupar puestos de responsabilidad sindical en el ámbito regional o nacional, cuando estos exijan plena dedicación. A su conclusión el excedente será reincorporado en el mismo turno y condiciones de trabajo.

Art. 92. De la dispensa de asistencia al trabajo. Las centrales sindicales o, alternativamente, coalición electoral, o lista electoral, que hayan obtenido, al menos, un 30 por 100 de los miembros del comité de empresa, tendrán derecho por cada una de ellas a la dispensa de asistencia al trabajo de un empleado del Ente de Derecho Público, previa notificación a la Secretaría General con un mes de antelación, conservando todos los derechos económicos, sociales y laborales de carácter general, así como los beneficios sociales que pudieran corresponderle, y quedando su puesto de trabajo en situación de reserva. El Ente de Derecho Público podrá acudir a la cobertura transitoria de los puestos de trabajo de los así dispensados, mediante los procedimientos descritos para contratación de personal temporal. Terminado un nuevo proceso electoral, quedarán sin efecto las dispensas, debiendo volver a solicitarse.

Aquellos trabajadores a los que se les reconozca el derecho a dispensa de asistencia al trabajo, tendrán el mismo derecho, en materia de percepción de retribuciones no fijas, que los miembros del comité de empresa y delegados de personal, según la regulación del último apartado del artículo 90 de este convenio, pero sin posibilidad, en este particular caso, de acogerse al sistema general de incentivos.

Art. 93. Utilización de los medios de comunicación electrónica propiedad del Ente de Derecho Público por el comité de empresa y delegados sindicales. El comité de empresa, los delegados de personal y los delegados sindicales podrán utilizar, alternativa o conjuntamente a otros medios no propiedad del Ente de Derecho Público o a los tablones de anuncio, los medios de comunicación electrónica propiedad del Ente de Derecho Público para su comunicación entre sí o para la comunicación con los trabajadores de la APDCM con plena sujeción a la normativa vigente en cada momento para dicha utilización para el conjunto de los trabajadores del Ente de Derecho Público.

Las comunicaciones de tipo general que utilicen dichos medios de comunicación electrónica se canalizarán a través de un foro electrónico que existirá en la Intranet del Ente de Derecho Público. El uso del correo electrónico se reservará para las convocatorias de asambleas. Igualmente podrá utilizarse para otras cuestiones, para cuya difusión se necesitará la autorización expresa y previa de la Secretaría General.

SECCIÓN VIGESIMOTERCERA Derecho de reunión

Art. 94. Derecho de reunión.

1. Realización de asambleas fuera de la jornada de trabajo: cuando en determinados casos, por la existencia de varios turnos de trabajo, no se pueda reunir simultáneamente la totalidad de la plantilla, las asambleas parciales de los diferentes turnos se considerarán a todos los efectos como una asamblea. Asimismo, podrán celebrarse asambleas convocadas por el 20 por 100 de la plantilla.

2. Realización de asambleas dentro de la jornada de trabajo y fuera del horario de obligada permanencia en el horario flexible.

El comité de empresa y delegados de personal dispondrán de hasta diez horas anuales para este fin. En todo momento se garantizará por los convocantes el mantenimiento de los servicios que hayan de realizarse durante la realización de las asambleas, así como el orden de las mismas.

Las asambleas se celebrarán en locales facilitados por el Ente de Derecho Público y adecuados a tal fin.

En todos los supuestos el preaviso habrá de hacerse ante la dirección del Ente de Derecho Público con una antelación mínima de veinticuatro horas de días laborables, y deberá ir acompañado del orden del día a tratar en la reunión.

Capítulo IX

Régimen disciplinario

SECCIÓN VIGESIMOCUARTA De las faltas, sus sanciones, prescripción y procedimiento

Art. 95. Faltas, sanciones y prescripción.

1. Constituyen faltas las acciones u omisiones que a continuación se describen:

a) Tres retrasos en la hora de entrada al trabajo sin causa justificada ocurridos durante un mes.

b) No comunicar con antelación la falta al trabajo por causa justificada, salvo que de la propia causa se dedujera la imposibilidad de realizar la comunicación.

c) Desconsideración en el trato hacia otro trabajador de la APDCM.

d) Ausencia al trabajo un día al mes sin causa justificada.

e) Retraso, no superior a dos días, en la presentación de partes de baja, confirmación o alta de IT de la Seguridad Social.

f) No tener cumplimentado el parte de actividad, en la fecha que se hubiera señalado como límite para hacerlo.

g) Negligencia en el desempeño de la función encomendada o en el debido cuidado con los equipos, enseres e instalaciones del Ente de Derecho Público.

h) Acciones u omisiones que atenten a la disciplina en el trabajo.

i) Abandono del trabajo sin causa justificada.

j) Desconsideración en el trato hacia los ciudadanos y público ajeno al Ente de Derecho Público en general.

k) Ausencia al trabajo de dos días en un mes sin causa justificada.

l) Retraso superior a dos días en la presentación de partes de baja, confirmación o alta de IT de la Seguridad Social.

m) Reiteración de faltas leves, aun cuando no sean de la misma naturaleza, siempre que hayan sido sancionadas, dentro de un mismo trimestre.

n) Incumplimiento de la obligación de guardar secreto sobre los ficheros o datos que se utilicen.

o) Acciones u omisiones que supongan trasgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

p) Engaño en la justificación de ausencias, licencias o permisos, así como simulación de las causas que las justifican.

q) Fraude en la utilización de los mecanismos de control de asistencia, así como la colaboración o cobertura en el realizado por otros.

r) Encubrimiento por el responsable o superior de faltas cometidas por una persona asignada a su unidad, proyecto o programa.

s) Ausencia al trabajo de más de dos días en un mes sin causa justificada.

t) Ofensas verbales, amenazas, vejaciones injustas o daños en la persona o los bienes de otro trabajador de la APDCM, ciudadanos o público en general.

u) Cualquier conducta constitutiva de delito doloso.

v) Incumplimiento de la obligación de guardar secreto sobre ficheros o datos especialmente protegidos, o continuidad en la comisión de faltas del apartado n) .

w) Reiteración en faltas graves, aun cuando fueran de distinta naturaleza, siempre que hubieran sido sancionadas, a lo largo de un semestre.

x) En general, todo hecho susceptible de constituir una causa de despido contemplada en el Estatuto de los Trabajadores.

2. En consideración a la importancia de los efectos que causan, y al objeto de graduar su sanción y los plazos de su prescripción las faltas se clasificarán en:

a) Leves: Las enunciadas en los epígrafes a) al f) del punto 1, ambos inclusive.

b) Graves: Las enunciadas en los epígrafes g) a n) del punto 1, ambos inclusive.

c) Muy graves: Las enunciadas en los epígrafes o) a x) del punto 1, ambos inclusive.

3. Las acciones u omisiones constitutivas de faltas serán sancionadas con:

Amonestación verbal o escrita, o suspensión de empleo y sueldo hasta dos días, si se tratara de faltas leves. Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días, si se tratara de faltas graves. Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis días a seis meses, o despido, si se tratara de faltas muy graves.

4. Las acciones u omisiones constitutivas de falta prescribirán, y por lo tanto no podrán ser sancionadas, por el transcurso de los plazos que a continuación se indican:

A los diez días las constitutivas de faltas leves. A los veinte días las constitutivas de faltas graves. A los sesenta días las constitutivas de faltas muy graves. El cómputo de los anteriores plazos de prescripción comenzará el día que la dirección de la APDCM tuvo conocimiento de los hechos.

En todo caso, y cualquiera que fuera la calificación de los hechos, prescribirán a los seis meses de su comisión aunque fueran desconocidos por la dirección.

El inicio del cómputo del plazo de prescripción de las faltas integradas por una conducta continuada no tendrá lugar hasta tanto haya cesado en la misma el trabajador con independencia de la fecha de conocimiento de los hechos por la dirección de la APDCM.

Art. 96. Procedimiento.

l. La imposición de sanciones por faltas graves y muy graves, salvo las derivadas de falta de asistencia y puntualidad, no cumplimentación de partes de actividad, o no presentación de partes de la Seguridad Social, requerirá la tramitación de un expediente disciplinario cuyo procedimiento será el siguiente:

a) Por la dirección del Ente de Derecho Público se acordará la incoación de expediente disciplinario y nombramiento de instructor, quien elaborará el correspondiente pliego de cargos. El acuerdo de incoación y el contenido de los cargos, se comunicarán simultáneamente y por escrito al interesado e interrumpirán los plazos de prescripción. La representación de los trabajadores será informada sobre la incoación del expediente y el contenido del pliego de cargos a las veinticuatro horas laborables siguientes.

b) El interesado dispondrá de los siguientes cinco días hábiles al de la comunicación del pliego de cargos para realizar las alegaciones que estime oportunas a través de un pliego de descargos.

c) Recibido el pliego de descargos o transcurrido el plazo anterior sin haberlo recibido, el instructor dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para comunicar al expedientado la resolución adoptada por la dirección una vez vista su propuesta y, si procede, la sanción correspondiente, informando de ello a la representación de los trabajadores en las veinticuatro horas laborables siguientes.

d) Transcurridos diez días hábiles desde que el pliego de cargos se notificara al interesado, se reanudará el cómputo del plazo de prescripción, salvo que el retraso fuera imputable al expedientado o a que el mismo no asistiera al centro de trabajo, en cuyo caso permanecerá interrumpido hasta tanto sea posible reanudar la tramitación del expediente.

2. La sanción de faltas que no precisan la incoación de expediente disciplinario, se comunicará a los representantes de los trabajadores con tres días hábiles de antelación a su notificación al interesado. La comunicación a la representación de los trabajadores interrumpirá el plazo de prescripción de la falta, reanudándose dicho cómputo al cuarto día hábil de la fecha de la misma.

3. Ante el conocimiento por parte del Ente de Derecho Público de la existencia de posibles actuaciones constitutivas de faltas, se podrán abrir las correspondientes diligencias informativas previas a la apertura de expediente disciplinario, que interrumpirán, en su caso, los plazos de prescripción.

4. En el caso de que se instruyera algún expediente o diligencias informativas y fuese sobreseído, estos no constarán en el expediente individual del trabajador.

Capítulo X

Salud laboral

SECCIÓN VIGESIMOQUINTA De la salud laboral y la prevención de riesgos

Art. 97. Salud Laboral.

l. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores de la APDCM tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber de protección por parte de la APDCM de sus trabajadores frente a los riesgos laborales.

En cumplimiento del deber de protección, la APDCM garantizará la seguridad y la salud de realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Asimismo, el Ente de Derecho Público garantizará una formación práctica y adecuada en estas materias a todos sus trabajadores haciendo especial incidencia en aquellos puestos que puedan ocasionar riesgos para el propio trabajador, para sus compañeros o para terceros.

El trabajador está obligado al cumplimiento de las medidas de prevención y a colaborar en hacer efectivas las normas que se pudieran establecer.

2. Delegados de prevención: los delegados de prevención son la base sobre la que se estructura la participación de los trabajadores en todo lo relacionado con la Seguridad y la Salud Laboral, así como la figura especializada de representación en materia de prevención de riesgos laborales en los puestos de trabajo. Las competencias y facultades de los delegados de prevención son las definidas en el artículo 36, puntos 1) y 2) de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Las garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención son las definidas en el artículo 37 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de las funciones previstas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales está comprendido en el número de horas mensuales retribuidas de que dispone cada uno de los representantes legales de los trabajadores.

Pueden acumularse las horas de los distintos delegados de prevención en uno o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevado o relevados del trabajo, sin perjuicio de su retribución.

No obstante lo anterior, se considera como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario:

El correspondiente a las reuniones del comité de seguridad y salud y a cualquiera otras convocadas por la dirección en materia de prevención de riesgos.

El destinado a las visitas a los centros de trabajo para acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo. El destinado a acompañar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que efectúen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. El destinado para conocer las circunstancias que han provocado daños en la salud de los trabajadores. El destinado a su propia formación.

3. Comité de seguridad y salud: es el órgano paritario y colegiado de representación y participación destinado a la consulta periódica en materia de prevención de riesgos laborales. Está formado por los delegados de prevención y por un número igual de representantes del Ente de Derecho Público.

El comité de seguridad y salud tiene las competencias y facultades que se recogen en los puntos 1) y 2) del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Además tiene las siguientes competencias:

a) Elaboración de un catálogo de derechos y deberes de los empleados del Ente de Derecho Público en materia de salud laboral.

b) Elaboración del plan de formación de salud laboral, en función de las necesidades formativas que requiera el Ente de Derecho Público.

c) Realización de acciones tendentes a promover la difusión y conocimientos sobre la legislación de prevención de riesgos laborales entre los empleados del Ente de Derecho Público.

d) Asesoramiento técnico al Ente de Derecho Público y representantes de los trabajadores.

e) Analizar y dar su conformidad a las actuaciones del Ente de Derecho Público tendentes a la adecuación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a su ámbito de actuación. Vigilancia del cumplimiento de las obligaciones asignadas por dicha Ley a la organización de: Diseño y aplicación de planes y programas de actuación preventiva. Participación en los servicios de prevención. Evaluación de factores de riesgo. Velar por la salud de los empleados del Ente de Derecho Público a través de la promoción de reconocimientos médicos específicos en función de los riesgos, conocimiento y análisis de las causas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, análisis de ergonomía del puesto de trabajo, análisis de las causas de absentismo por enfermedad profesional. Elaboración del mapa de riesgos laborales estableciendo planes de prevención, seguimiento y evaluación de los mismos. Detección y control de actividades potencialmente peligrosas.

4. Recursos económicos: el Ente de Derecho Público atenderá presupuestariamente las necesidades prioritarias en materia de prevención de riesgos laborales, para

Lo que se  tendrá en cuenta las sugerencias e informes del comité de seguridad y salud.

5. Medio ambiente laboral: la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha supuesto un impulso para la acción medioambiental en los puestos de trabajo. Por ello los delegados de prevención y los responsables del centro de trabajo deberán recibir cursos específicos en materia medioambiental laboral.

Se realizarán estudios ambientales con participación del comité de seguridad y salud, orientados a la actividad propia de la APDCM.

Art. 98. Reconocimiento médico.

1. La APDCM realizará un reconocimiento médico de todos los trabajadores prestando especial atención a la parte que atañe a las cargas visuales y posturales:

a) Una vez al año para todo el personal.

b) A todo el personal de nuevo ingreso antes de incorporarse al puesto de trabajo.

2. Con carácter general, a través de los servicios médicos de la UPAM de la Comunidad de Madrid, se orientará a los trabajadores en los siguientes aspectos:

a) Planificación familiar.

b) Consejo genético.

c) Consejo prenatal.

Asimismo, se realizará un control preventivo sanitario que habrá de efectuarse anualmente y facilitará la revisión ginecológica semestral de las trabajadoras que lo soliciten.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La dirección de la APDCM, de forma conjunta con la representación legal de los trabajadores, en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este convenio colectivo, estudiará y, en su caso, propondrá a la comisión general de funcionarización la adopción de las medidas que resulten necesarias para la aplicación del proceso de funcionarización en la misma, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera del Decreto 149/2002, de 29 de agosto, por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la condición de funcionario por el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid.

Esta norma contiene tablas, si desea consultarlas pulse AQUI

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