AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE [LOCALIDAD]
QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA

D. [NOMBRE_PROCURADOR], Procurador de los Tribunales con número de colegiado [NÚMERO] del Ilustre Colegio de Procuradores de [LOCALIDAD], en nombre y representación de D./Dña. [NOMBRE_CLIENTE], con D.N.I. número [NÚMERO], con domicilio sito en [DOMICILIO], , según acredito mediante designación apud acta/poder para pleitos que acompaño al presente escrito como documento núm. [NÚMERO], ante el Juzgado comparezco, bajo la dirección Letrada de D. [NOMBRE_LETRADO], colegiado número [NÚMERO] del Ilostre Colegio de Abogados de [LOCALIDAD] y, como mejor proceda en derecho, respetuosamente,

DIGO:

Que, en la invocada representación y a medio del presente escrito, interpongo DEMANDA DE JUICIO DECLARATIVO ORDINARIO EN EJERCICIO DE ACCIÓN INDIVIDUAL DE NULIDAD DE CONDICIONES GENERALES (Cláusula suelo y apartados [NÚMEROS] de la Cláusula de resolución anticipada) Y RECLAMACIÓN DE CANTIDADES, frente a la entidad financiera [NOMBRE_PARTECONTRARIA] cuyo domicilio social se encuentra sito en [DOMICILIO] y cuyo C.I.F. es [CIF], que baso en los siguientes,

HECHOS:

PREVIO.- Sobre el préstamo con garantía hipotecaria suscrito entre demandante y demandado.

Con fecha [FECHA] mi mandante, [PROFESIÓN], suscribió con la entidad financiera [NOMBRE_PARTECONTRARIA] el préstamo hipotecario núm. [NÚMERO], mediante escritura pública otorgada ante Notario, D./Dña. [NOMBRE] bajo el número [NÚMERO] de su protocolo, sobre la vivienda sita en [DOMICILIO] .

La vivienda que constituye la garantía del presente préstamo hipotecario ha sido, desde ese momento, la VIVIENDA HABITUAL DE D. Dña/ [NOMBRE CLIENTE]. La misma se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad núm. [NÚMERO] de [LOCALIDAD[, libro [NÚMERO], Folio [NÚMERO], con número de finca [NÚMERO].

El préstamo hipotecario ascendía, según sus cláusulas financieras, a la cantidad de [CANTIDAD] euros, con un plazo de amortización de [MESES] meses, del [FECHA] al [FECHA], con un tipo de interés variable. El pago de la primera cuota tendría lugar el [FECHA] y las demás sucesivamente por meses naturales vencidos.

Se estableció un primer período ([MESES] meses) durante el que se aplicaría un interés fijo del [PORCENTAJE] nominal anual. A partir de esa fecha, las sucesivas revisiones se realizarían con carácter [ANUAL/TRIMESTRAL/SEMESTRAL] siendo el tipo de interés total a aplicar a cada período obtenido de la adición de [NÚMERO] punto/s porcentual al EURIBOR.

Se adjunta con la presente, como documento núm. [NÚMERO], copia de contrato de préstamo hipotecario, de fecha [FECHA], otorgado por [NOMBRE_PARTECONTRARIA] y mi representado/a.

DE LAS CLÁUSULAS CUYA NULIDAD SOLICITAMOS

PRIMERO.- Sobre la cláusula que limita la variación a la baja del tipo de interés, denominada cláusula suelo.

En la cláusula financiera [NÚMERO], sin destacar y en ningún apartado diferente de la extensa cláusula, se dispone lo que a continuación se expresa:

“[ESPECIFICAR]” (1)

A través de este punto se limita la variabilidad del tipo de interés y la misma no aparece claramente identificada en el contrato de préstamo hipotecario, ya que no se le denomina como “cláusula suelo” (como coloquialmente es conocida entre la sociedad), sino que queda inmersa entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas diluyendo la atención del consumidor, por lo que no puede ser fácilmente identificada por parte del consumidor, la que la hace ilocalizable e incomprensible para el consumidor medio que firma una hipoteca, máxime cuando mi cliente es [PROFESIÓN] DE PROFESIÓN Y CON NULOS CONOCIMIENTOS FINANCIEROS.

Dicha cláusula fue impuesta por la entidad demandada sin opción de negociación para mi mandante en contra de las exigencias de la buena fe. Es decir, la cláusula en cuestión, fue impuesta con falta de transparencia por parte de la entidad bancaria, presentándose las condiciones financieras del préstamo hipotecario redactadas de antemano, constituyendo por ello condiciones generales de contratación propias del ámbito bancario, no existiendo posibilidad alguna de modificación, tal y como se acreditará en el cuerpo de esta demanda.

Por otro lado, la concreta ubicación de la cláusula suelo en el presente contrato propicia la confusión del prestatario a la hora de valorar las condiciones financieras del préstamo que está contratando. En primer lugar se destaca el diferencial a aplicar sobre el EURIBOR, y por ello su apariencia y creencia de que será la cláusula que determinará el tipo de interés que se aplicará al principal. En segundo lugar, se recogen los diferentes índices que, en su caso, sustituirán al EURIBOR, y no es hasta el final de la cláusula dónde se recoge que, con total independencia del índice de referencia, el Tipo de interés no podrá ser inferior al [PORCENTAJE] perdiendo la naturaleza de variable y siendo, en la práctica, una hipoteca a interés fijo a la baja y variable al alza.

Todo ello sin perjuicio de que esta importante excepción a la regla general no sólo es que se recoja, como hemos dejado dicho, al final de la cláusula que, por cierto, se titula “TIPO DE INTERÉS VARIABLE”, sino que ni siquiera se ennegrece ni subraya por lo que, en consecuencia, la entidad demandada le da un trato impropiamente secundario, a pesar de que es una condición que afecta al Tipo de interés y al objeto del contrato.

A mayor abundamiento, no existe información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo, sin posibilidad de conocer la evolución del EURIBOR por parte de mi mandante, por lo que no podría tener conocimiento de lo que se iba a llegar a pagar por el tipo de interés, aunque se diesen bajadas del mismo.

Es decir, no se ha realizado por parte de la entidad demandada simulaciones sobre los distintos escenarios que podrían producirse en aplicación de la limitación a la variabilidad del interés (cláusula suelo) en el momento de la contratación, ni a corto plazo. Tampoco se realizaron advertencias claras y comprensibles sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad. Es decir, la única hipoteca que se le ofreció a mi representado es la que se formaliza en la escritura que se acompaña que, a mayores, se le presentó como una hipoteca estrictamente variable, de manera tal que si bajaba el EURIBOR, también bajaba el tipo de interés y si, por el contrario, subía se incrementaba el tipo de interés.

La Orden de 5 de mayo de 1994, vigente hasta julio de 2012, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, establecía al tenor literal siguiente:

“Artículo 1.1: La presente Orden será de aplicación obligatoria a la actividad de las entidades de crédito relacionadas con la concesión de préstamos con garantía hipotecaria, cuando concurran simultáneamente las siguientes circunstancias:

Que se trate de un préstamo hipotecario y la hipoteca recaiga sobre una vivienda.
Que el prestatario sea persona física.
Que el importe del préstamo solicitado sea igual o inferior a 25 millones de pesetas, o su equivalente en divisas”.

“Artículo 5.1: “Efectuadas la tasación del inmueble y, en su caso, las oportunas comprobaciones sobre la situación registral de la finca y la capacidad financiera del prestatario, la entidad de crédito vendrá obligada a efectuar una oferta vinculante de préstamo al potencial prestatario o, en su caso, a notificarle la denegación del préstamo.

La oferta se formulará por escrito, y especificará, en su mismo orden, las condiciones financieras correspondientes a las cláusulas financieras señaladas en el anexo II de esta Orden para la escritura de préstamo. La oferta deberá ser firmada por representante de la entidad y, salvo que medien circunstancias extraordinarias o no imputables a la entidad, tendrá un plazo de validez no inferior a diez días hábiles desde su fecha de entrega.

2. En el documento que contenga la oferta vinculante se hará constar el derecho del prestatario, en caso de que acepte la oferta, a examinar el proyecto de documento contractual, con la antelación a que se refiere el número 2 del artículo 7, en el despacho del Notario autorizante”.

Ha de tenerse en cuenta que, tras la modificación de la Ley de Disciplina e Intervención de entidades de crédito operada por la ley 40/2007, se estableció que la protección de normas de transparencia se facilitará con independencia de la cuantía de los procedimientos.

En el caso objeto de enjuiciamiento, NO SE CUMPLIÓ LA OM de 5 de mayo de 1194, toda vez que al Sr./Sra. [NOMBRE_CLIENTE] NUNCA SE LE HIZO ENTREGA DE LA OFERTA VINCULANTE y, en caso de que la hubiese firmado, sería EN LA PROPIA NOTARÍA, en el acto de formalización de la escritura, en la que la entidad demandada le puso a la firma multitud de documentos.

En la sucursal, con carácter previo a la firma de la escritura, de lo único que se trató fue de la capacidad económica de mi representado. En este sentido la entidad demandada realizó un estudio de solvencia y le requirió las Declaraciones de la Renta de los años anteriores.

En cuanto a las condiciones del préstamo hipotecario, nada se negoció y poco se informó, más allá de los años por los que se concedió la hipoteca, el capital necesario para la compra de la vivienda y de la cuota total que iba a resultar.

En definitiva, la cláusula suelo, o limitación al tipo de interés, se introdujo sin respetar los principios de la Ley General de Consumidores y Usuarios, ni las normas legales específicas de obligado cumplimiento por parte de la entidad bancaria cuando se contrata una hipoteca por parte de un consumidor, tal y como se expondrá en los Fundamentos de Derecho del presente escrito.

Sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo.

Desde la fecha de la firma del contrato ([FECHA]), mis mandantes han ido cumpliendo mensualmente con el pago de las cuotas de su hipoteca, además del pago de la cláusula suelo impuesta en su contrato de préstamo hipotecario.

Esta cláusula debe ser considerada nula por ser abusiva, y la entidad bancaria no tuvo que haberla aplicado, sino que debería haber aplicado al índice vigente en cada año, más el diferencial pactado en el contrato de préstamo hipotecario del [PORCENTAJE].

De esa manera, durante un largo período de tiempo, en vez del [PORCENTAJE_CLÁUSULA_SUELO] en aplicación de la cláusula suelo, debería haber aplicado el tipo de EURIBOR correspondiente a cada año.

Es decir, la entidad bancaria ha estado cobrando un interés mayor al que hubiese correspondido sin inclusión de esa cláusula abusiva.

Por todo ello, además de dejar sin eficacia tal cláusula, es necesario que la entidad demandada devuelva todas las cantidades abonadas indebidamente en aplicación de cláusulas suelo, desde la fecha de firma del contrato de préstamo hipotecario, además de ser declarada (dicha cláusula) nula por tener la consideración de abusiva.

PRIMERO BIS.- DE LA NULIDAD DEL ACUERDO PRIVADO QUE EL BANCO [NOMBRE_PARTECONTRARIA] PUSO A LA FIRMA DE MI MANDANTE bajo el señuelo de una reducción del Tipo de Interés.

Debemos hacer mención que, en el caso de autos, el Sr./Sra. [NOMBRE_CLIENTE] firmó, en la última revisión de hipoteca, un acuerdo privado por el cual su Hipoteca a Tipo de Interés, supuestamente, Variable se convertiría en una Hipoteca a Tipo de Interés Fijo.

Modificación de la modalidad de Hipoteca que él nunca conoció y que tampoco se le explicó. Adelantamos, que el único motivo que le llevo al Sr./Sra. [NOMBRE_CLIENTE] a firmar este acuerdo es la insistencia, de la entidad demandada, de que obtendría una bajada en el importe de la cuota. Explicación, que fue suficiente, debido a diversos problemas económicos por los que atravesaba, para que prestara su consentimiento a esta reducción, pero sin conocer lo que era una cláusula suelo (en ese momento tampoco se le explicó) ni que estaba renunciando a percibir unas cantidades que le correspondían, ni a un derecho que, como diremos, es irrenunciable.

Es muy importante hacer hincapié en que este acuerdos FUE PROPUESTO POR EL [NOMBRE_PARTECONTRARIA] Y SIEMPRE OFRECIENDO AL Sr./Sra. [NOMBRE_CLIENTE] UNA REDUCCIÓN DEL TIPO DE INTERÉS que, lógicamente, aceptó (como hubiere hecho cualquier persona) pero sin tener conocimiento de la existencia de la cláusula suelo ni que la misma, en la fecha en que se firma este acuerdo, ya se estaba aplicando en su préstamo hipotecario. Por supuesto que por parte de los empleados del Banco, ninguna información ni explicación se le dio sobre dicha cláusula suelo.

Se acompaña, el referido acuerdo de fecha [FECHA], como Documento Número [NÚMERO] de la presente demanda.

Sin recibir ningún tipo de explicación, y en la confianza depositada en la entidad y en los empleados que le atendían, mi representado firma este acuerdo en cuyo “Estipulan” [NÚMERO] se recoge que:

[ESPECIFICAR] (2)

Pero la razón por la que pone a la firma de mi mandante este nuevo acuerdo se recoge en el “Estipulan” [NÚMERO] y [NÚMERO]:

[ESPECIFICAR] (3)

[ESPECIFICAR] (4)

Pues la respuesta es fácil de determinar. Por medio del mismo la entidad demandada introduce, de forma oculta y sin explicárselo al prestatarios (QUE LO ÚNICO QUE DESEABA ERA QUE SE LE REBAJASE LA CUOTA), un compromiso de éste a desistir de cualquier reclamación, y a no reclamar nada contra la entidad, así como un reconocimiento de que conocía todas las condiciones de la escritura, en especial la cláusula suelo.

Es decir, la entidad demandada, astutamente y con subterfugios, intenta conseguir de D./Dña. [NOMBRE_CLIENTE] una renuncia de sus derechos, y un reconocimiento de una cláusula que desconoce y que nunca se la han explicado, ESTAS DOS HAN SIDO LAS RAZONES POR LAS QUE SE FIRMA ESTE ACUERDO, y que, dicho con todos los respetos y estrictos términos de defensa, demuestra la mala fe de la entidad demandada.

En este sentido, hay que recordar a la entidad demandada que LO QUE ES NULO NINGÚN EFECTO PRODUCE, por lo tanto, LA CONVALIDACIÓN DE UNA CLÁUSULA RADICALMENTE NULA, no meramente anulable, NO PRODUCE EFECTO ALGUNO y más cuando se firma sin conocimiento del prestatario y bajo el señuelo de una rebaja del Tipo de Interés desconociendo, en ese momento, hasta la existencia de la propia cláusula suelo.

Entendemos que el actuar de la entidad financiera, por lo menos en el caso de autos, es contrario a la ley, ya que lo que ofrece a mi representado SIGUE SIENDO LA MISMA CONDICIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN, aparentemente negociada –que no-, CON UNA LIMITACIÓN AL TIPO DE INTERÉS INFERIOR A LA QUE SE TRATA DE DAR EFECTIVIDAD POR EL BANCO PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA CONDICIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN ATACADA DE NULIDAD.

Es decir, por medio de este acuerdo lo único que se ofrece a mi mandante es un Tipo de Interés Fijo que, dicho sea de paso, YA ERA EL QUE SE LE ESTABA APLICANDO ANTES DE LA FIRMA DE ESTE ACUERDO. Si bien, mi representado había contratado una Hipoteca a Tipo de Interés Variable, lo cierto es que, desde el año 2009, lo que se le aplicaba, en todas las revisiones de Hipoteca, era un Tipo de Interés Fijo del [PORCENTAJE_CLAUSULA_SUELO]; En consecuencia, SU HIPOTECA, a efectos prácticos, YA ERA A TIPO DE INTERÉS FIJO, lo único que consigue con la firma de este acuerdo es que se le REBAJE AL [PORCENTAJE_ACUERDO], motivo por el cual firma este acuerdo, pero SIN CONOCER LA EXISTENCIA DE LA CLÁUSULA SUELO NI MUCHO MENOS EL ALCANCE QUE ÉSTA HABÍA TENIDO EN LA ECONOMÍA DEL CONTRATO, NI QUE ESTABA RENUNCIANDO A RECLAMAR LO QUE A SU DERECHO LE CORRESPONDÍA.

En definitiva, la aceptación de esta rebaja del Tipo de Interés (insistimos sin tener conocimiento por mi mandante de que era el resultado de la aplicación de la cláusula suelo) NO PUEDE CONVALIDAR UNA CLÁUSULA, que por falta de transparencia en su inclusión en el contrato, ES NULA DESDE EL INICIO.

La posible convalidación o confirmación es únicamente aplicable a los contratos anulables, conforme a lo establecido en los artículos 1310 a 1311 del CC., no a los nulos de pleno derecho.

De esta forma, y aunque el prestatario haya permitido la inclusión en el contrato de frases como la de que “soy consciente y entiendo…”, las mismas, de contenido estereotipado (obsérvese como el contrato es un contrato tipo, de adhesión, en el que el empleado de la entidad demandada lo único que hace es cambiar, a bolígrafo, el nombre del cliente), no significan el pleno conocimiento del contenido del contrato, más cuando estas frases se recogen en un acuerdo privado que a mi representado se le puso a la firma, bajo el señuelo de una rebaja del Tipo de Interés, desconociendo, por aquel entonces, la propia cláusula suelo y, por tanto, los efectos que ésta le había generado y a los que estaba renunciando. En todo caso, existiría un claro error –por no decir engaño malintencionado por parte de la entidad- en cuanto al consentimiento prestado.

Además, el Auto del TJUE de 11 de junio de 2015 ha declarado respecto a la posibilidad de declarar la nulidad de las cláusulas que infrinjan la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores aunque no hayan sido aplicadas que:

“La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el juez nacional haya constatado el carácter abusivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 93/13, de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión”.

Sobre esta declaración también HA DE CONCLUIRSE LA IMPOSIBILIDAD DE CONVALIDAR LA CLÁUSULA NULA, MEDIANTE SU SUSTITUCIÓN POR OTRA QUE SEA MÁS FAVORABLE A LOS INTERESES DEL CONSUMIDOR, INCLUSO AUNQUE CONTENGA LA RENUNCIA A LA ACCIÓN DE NULIDAD QUE PUDIERA CORRESPONDERLE.

En primer lugar, por la vigencia del principio “LO QUE ES NULO –añadimos radicalmente nulo- NINGÚN EFECTO PRODUCE” –quod nullum est nullum prodict effectum-. Por ello, LAS NOVACIONES DE TAL CLÁUSULA DEBEN SER CONSIDERADAS UN INTENTO DE MODERARLAS POR VÍA CONTRACTUAL, más cuando mi mandante, NO TUVO CONOCIMIENTO, JAMÁS, DE QUE ESTE PACTO CONLLEVABA UNA REBAJA DE LA CLÁUSULA SUELO, sólo supo (porque fue lo que se le explicó) que el Banco le “premiaba” con una bajada del Tipo de Interés, lo que, lógicamente y como cualquier ciudadano, aceptó pero, insisto, sin conocer si quiera la existencia de la cláusula litigiosa, y mucho menos su significado y las consecuencias de la misma, pues nunca se le explicaron, y aunque lo hubieran hecho, dada su formación, quizá tampoco la hubiera entendido, por lo menos con el alcance y consecuencias que el TS exige para este tipo de cláusulas.

Por otra parte, la libertad contractual en la que, seguro, se apoyará la entidad demandada para solicitar la validez de tal pacto parte precisamente, no de un ámbito ilimitado contractualmente de la misma, sino, por el contrario, de la validez de la cláusula QUE ES NULA y de la percepción más favorable para el consumidor de la que sustituye, pero, lo importante, es que la misma SIGUE SIENDO NULA PORQUE SIGUE RECOGIÉNDOSE EN UNA ESCRITURA PÚBLICA Y, ADEMÁS, HA CAUSADO UNOS EFECTOS A LOS QUE MI REPRESENTADO TIENE DERECHO –A SU DEVOLUCIÓN- Y QUE, PARA ELLO, ES NECESARIO SOLICITAR, Y QUE SE DECLARE, LA NULIDAD DE LA CLÁUSULA QUE LOS HA GENERADO, LA CLÁUSULA SUELO.

NULIDAD DE LA CLÁUSULA SUELO QUE VIENE MOTIVADA POR SU FALTA DE TRANSPARENCIA, Y NO SUPERACIÓN DEL DOBLE CONTROL DE TRANSPARENCIA, QUE SE PRODUJO EN EL MOMENTO DE FORMALIZARSE EL PRÉSTAMO HIPOTECARIO, y en su fase precontractual, Y QUE NO PUEDE SUBSANARSE CON ACTOS POSTERIORES.

Por todo ello, la verdadera LIBERTAD CONTRACTUAL SE HUBIERA MANIFESTADO TRAS LA LIBERACIÓN AL CONSUMIDOR POR LA ENTIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA TACHADA COMO NULA, Y DE LOS EEFCTOS QUE ÉSTA LE HA OCASIONADO (los intereses devengados de más desde el inicio del contrato), LO QUE NO HA SUCEDIDO. NO POR LA MODIFICACIÓN DEL TIPO DE INTERÉS, POR OTRO, QUIZÁ, MÁS FAVORABLE PERO QUE SIGUE SIENDO MUY SUPERIOR AL QUE MI REPRESENTADO CONTRATÓ, o mejor dicho se le informó que contrataba, EURIBOR + UN DIFERENCIAL DE [NÚMERO] PUNTO.

En definitiva, entendemos, que NO ES AJUSTADO A DERECHO ADMITIR LA RENUNCIA A LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA TACHADA DE NULA O LA NOVACIÓN DE LA MISMA POR OTRA MÁS FAVORABLE AL CONSUMIDOR COMO CAUSA DE ENERVACIÓN DE LA APARIENCIA DE BUEN DERECHO, más cuando esta renuncia se introduce, siguiendo la tónica de toda la tramitación del presente contrato de préstamo hipotecario, de forma oculta y bajo el señuelo de una simple bajada del Tipo de Interés, cuando la realidad era otra.

Es necesario hacer hincapié que la nulidad radical de la cláusula suelo ARRASTRA LA NOVACIÓN REALIZADA, más cuando ésta se realiza poniendo a la firma de mi representada un pacto privado que no se suscribe con base en un proceso de negociación e información con mi mandante, sino del deseo de mejorar la aplicación de una cláusula nula y SIN EFECTO DESDE SU ORIGEN, CUYA MEJORA EX POST ES TAMBIÉN NULA , EN CUANTO DE HABERSE CONOCIDO LA NATURALEZA INICIAL DE LA CLÁUSULA SUELO, NO SE HUBIERA FIRMADO Y NO HUBIERA HABIDO NECESIDAD DE NOVARLA. Es en definitiva una mera consecuencia de los efectos de la nulidad ex tunc de la cláusula suelo. Además, teniendo en cuenta que dicho documentofue firmado a solicitud de la entidad, a toda prisa, sin explicarle todo lo que recogía, y sin ni siquiera permitirle leerlo.

SEGUNDO.- Sobre la nulidad por abusiva, falta de transparencia y desproporción de la cláusula [NÚMERO_CLÁUSULA_VENCIM_ANTICIPADO], de supuestos de vencimiento anticipado por el banco, por falta de pago de cualquiera de los plazos de amortización o intereses, o cuando concurra cualquier otra causa establecida en derecho que autorice el vencimiento anticipado de las obligaciones.

En la cláusula [NÚMERO_CLÁUSULA_VENCIM_ATICIPADO] de resolución anticipada inserta en citada escritura hipotecaria se establece, al tenor literal siguiente:

“[ESPECIFICAR]” (5)

Cláusula a la que es de aplicación los mismos criterios de falta de transparencia, abusividad y desproporcionalidad en claro perjuicio del consumidor que han sido invocados en cuento a la cláusula suelo y, por ello, procede también a su declaración de NULIDAD POR ABUSIVIDAD, y su total expulsión del contrato, lo que expresamente dejamos solicitado.

Nuestra pretensión de abusividad de los apartados [NÚMEROS] de la cláusula que regula el vencimiento anticipado es avalada por una importante circunstancia y es que su último apartado (el [NÚMERO]) NO HA TENIDO ACCESO AL REGISTRO, debido a su generalidad, en contra del principio del artículo 12 de la Ley Hipotecaria (Nos remitimos a la Calificación efectuada por el Registrador de la Propiedad núm. [NÚMERO] de [LOCALIDAD] y que se deja unida a la propia escritura de préstamo hipotecario).

Por ello, sólo por su generalidad y falta de concreción, ya debe ser declarada abusiva, y por ello debe ser declarada nula y acordar su expulsión del contrato.

La primera y más transcendente, la recogida en el apartado [NÚMERO], viene a determinar que CON SÓLO EL IMPAGO DE UNA SÓLO CUOTA MENSUAL (sea de capital o intereses), la entidad podría DAR POR VENCIDA LA TOTALIDAD DEL PRÉSTAMO, Y RECLAMAR TODO EL IMPORTE PENDIENTE.

Y esta cláusula aparte de todas las consideraciones anteriores, choca frontalmente no solo contra los criterios marcados por el TS en todas sus sentencias mencionadas, sino que incluso, además, va en contra de concretas normas imperativas, sobre todo a partir de la Ley 1/2013 de 14 de Mayo sobre Protección de los deudores Hipotecarios, y en particular en la modificación que se operó en el Artículo 693.2 de la LEC, que también fue luego modificado por la Ley 19/2015 de 13 de Julio de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y Registro Civil.

Este precepto regula que para reclamar la totalidad de lo adeudado en préstamos hipotecarios, sólo se podrá: “Si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, TRES PLAZOS MENSUALES sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a TRES MESES, y este convenio constase en la escritura de constitución y en el asiento respectivo”.

Requisitos que chocan frontalmente con lo recogido en la presente escritura, que en cambio, contempla dicho vencimiento anticipado únicamente por el IMPAGO DE UNA SOLA CUOTA MENSUAL.

A parte de ello, el artículo 3.1 de la Directiva 93/12/CEE del Consejo, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores que establece que: “Las cláusulas contracturales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato”.

Y de manera análoga, el artículo 82.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios dispone: “Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.

El presupuesto de la aplicación de ambas normas es, de esta manera, la existencia de una cláusula o estipulación no negociada individualmente. Sobre lo que haya de entenderse por cláusula “no negociada individualmente”, el artículo 3.2 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, aclara que: “Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión”.

En otras palabras, la naturaleza “impuesta” o “negociada” de una cláusula dependerá de si ha existido una transacción o convenio individualizado que permita al consumidor influir en su supresión, sustitución o modificación de su contenido o, por el contrario, no ha acreditado la oportunidad de tal negociación, bien porque ni siquiera se planteó como posibilidad, bien porque, habiéndose planteado, se rechazó de plano por parte del empresario, de tal forma que el consumidor se adhiere y consiente contratar con dicha cláusula o debe renunciar a contratar.

Obviamente, el hecho de que la cláusula figure en un contrato evidencia que ha sido conocida y aceptada (en otro caso estaríamos hablando de falta de consentimiento, constitutivo de nulidad radical del contrato por falta de un elemento esencial o, en su caso, de un acto delictivo). Lo relevante, a los efectos que nos ocupa, es que se trate de una cláusula prerredactada e impuesta. Y esa “imposición” no desaparece por el hecho de que el empresario formule y el consumidor pueda elegir entre una pluralidad de ofertas de contrato, cuando todas están estandarizadas con base en cláusulas predispuestas, sin posibilidad real alguna de negociación en orden a la individualización o singularización del contrato, ya procedan del mismo empresario o se trate de diferentes ofertas de distintos empresarios.

Tampoco desaparece el carácter impuesto por el hecho de que el consumidor haya prestado su consentimiento de forma libre y voluntaria. Una cosa es la libertad de contratar, y otra muy distinta que esa libertad suponga por sí una previa negociación del contenido contractual. Podría discutirse si es necesario que el consumidor asuma la iniciativa o, al menos, adopte una posición activa, en el sentido de oponerse formalmente a la cláusula en cuestión o a parte de su contenido. Pero esta interpretación, sostenida en su día por la jurisprudencia con base en la redacción inicial del artículo 10 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (cfr. STS de 20 de noviembre de 1996), carece hoy de fundamento en cuanto que la norma vigente, fruto de la transposición de la Directiva 93/13, no exige la inevitabilidad, sino que se trate de cláusula “no negociadas individualmente”.

Finalmente, a los efectos de aplicar esta doctrina en un caso concreto, es preciso traer a colación tanto la regla general establecida en el artículo 281.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la doctrina jurisprudencial sobre la exención de prueba de los hechos notorios (cfr. SSTS de 2 de marzo de 2009, 9 de marzo de 2009, 18 de noviembre de 2010 y 9 de mayo de 2013), como la norma sobre la carga de la prueba recogida en el artículo 3.2, párrafo 3º, de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril, así como en el artículo 82.2, párrafo 2º, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, según el cual: “El empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba”.

A la vista de estas consideraciones, no existe duda de que las cláusulas discutdias, no fueron objeto de negociación individualizada. De entrada, la lectura de las estipulaciones que impugnamos evidencia que estamos ante cláusulas que no solo se incorporan en un contrato, sino que han sido redactadas de antemano por la entidad financiera, sin que el cliente haya podido influir en su contenido, por más que la haya podido conocer y, consciente o no de la naturaleza y consecuencias de la cláusula, la acepte en lo que constituye la expresión de un consentimiento voluntario y libre, pero no por ello debidamente formado. Una cosa es conocer la existencia de la estipulación y otra diferente, sobre todo en determinado tipo de negocios muy complejos, interiorizar la naturaleza, derechos, obligaciones y riesgos que comporta el producto y, por ende, la aceptación del contrato, normalmente determina por la ausencia de alternativas suficientemente fundadas, bien porque no existan, bien porque el cliente se encuentra en una posición de inferioridad tanto en lo que se refiere al nivel de información como a la capacidad de negociación propiamente dicha. Máxime en el caso que nos ocupa, en que nada hace suponer que el actor poseía conocimientos financieros más allá de las corrientes gestiones relativas a su patrimonio, sino más bien todo lo contrario.

La redacción literal de dichas cláusulas no recoge concesión alguna a la posición del prestatario. Es pues inverosímil que, atendido el tenor literal de las mismas, hubiera no ya negociación alguna, sino la más mínima oportunidad de negociación real. Si a ello se una, de un lado, la norma general sobre la disponibilidad y la facilidad de la prueba (1rtículo 217.6 LEC) y la doctrinal jurisprudencia y constitucional sobre la demostración de los hechos negativos, resulta claro que no hubo una negociación real del concreto contenido de cada cláusula, sino que fueron redactadas como parte del enunciado del contrato, pero sin que el prestatario tuviese la más mínima oportunidad de discutir su contenido, si es que lo hubiera conocido y podido ser consciente de las consecuencias que implicaban, de manera que se limitó a aceptar el préstamo en todo su conjunto.

Dado que estamos ante cláusulas contractuales no negociadas individualmente, hay que analizar si dichas cláusulas han ocasionado, en contra de las exigencias de la buena fe, un desequilibro importante en perjuicio del consumidor entre los derechos y obligaciones que derivan del contrato. El artículo 4 de la citada Directiva concreta que “el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa”.

Sobre la base de estas consideraciones procede analizar ya las particulares cláusulas que impugnamos (incluso la referente a la Cláusula Suelo), y en este supuesto concreto de la cláusula de VENCIMIENTO ANTICIPADO, puesto que la apreciación de carácter abusivo de una cláusula que pudiera constituir fundamento de una posible ejecución, y por eso se ha de determinar su absoluta nulidad y expulsión del contrato.

Como regla general, en relación con las cláusulas de vencimiento anticipado, la jurisprudencia más reciente sólo admite la validez de dichas cláusulas cuando “concurra justa causa, consistente en verdadera y manifiesta dejación de las obligaciones de carácter esencial, pero no cuando se trata de obligaciones accesorias, o incumplimientos irrelevantes” (cfr. SSTS 9 de marzo de 2001, 4 de julio y 12 de diciembre de 2008, y 16 de diciembre de 2009). Línea jurisprudencial que ya fue confirmada por la STJUE de 14 de marzo de 2013 (apartado 73); caso Azis. Por lo que se refiere en particular al vencimiento anticipado por la falta de pago de “cualquiera” de los plazos de intereses o cuotas de amortización, la jurisprudencia se ha inclinado tradicionalmente, con base en el Artículo 1255 CC, por considerar válidas las cláusulas de vencimiento anticipado en los préstamos cuando concurra justa causa, como puede ser el incumplimiento por los prestatarios de la obligación de abono de las cuotas de amortización del préstamo (en esta línea se manifestaron las SSTS de 7 de febrero de 2000, 9 de marzo de 2001, 4 de junio y 12 de diciembre de 2008).

El problema se plantea en relación con los contratos de larga duración, como es el que nos ocupa, un contrato de préstamo del año 2006 a devolver en nada más y nada menos que en veinte años. Con el fin de incorporar la doctrina del TJUE a nuestro ordenamiento positivo en materia de ejecución hipotecaria, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, dio nueva redacción al Art. 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo apartado 2º dice: “Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este convenio constase en la escritura de constitución.” El apartado 3º del mismo precepto añade que, en este caso, “el acreedor podrá solicitar que, sin perjuicio de que la ejecución se despache por la totalidad de la deuda, se comunique al deudor “que, antes de que se cierre la subasta, podrá liberar el bien mediante la consignación de la cantidad exacta que por principal e intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda, incrementada, en su caso, con los vencimientos del préstamo y los intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento y resulten impagados en todo o en parte”; y el párrafo segundo del mismo apartado aclara que, “si el bien hipotecado fuese la vivienda habitual, “el deudor podrá, aun sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien mediante la consignación de las cantidades expresadas”.

En un reciente Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), de fecha 11 de junio de 2015, dictado en el asunto C-602/13, a raíz de una petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Santander, el TJUE recuerda el concepto de cláusula abusiva previsto en el Art. 3.1 de la Directiva 93/13, así como que el Art. 4.1 de la misma norma, referido anteriormente, y después de matizar que “el mero hecho de que la cláusula de vencimiento anticipado sobre la que versa el litigio principal resulte contraria al artículo 693, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil no permite por sí solo llegar a la conclusión del carácter abusivo de dicha cláusula” (apartado 52), pero el Tribunal concluye que “teniendo en cuenta que una cláusula de un contrato debe considerarse «abusiva» si causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan de dicho contrato, incumbe al juez nacional comprobar si la estipulación sobre el vencimiento anticipado, produce efectivamente un desequilibro de ese tipo. En este sentido, la mera circunstancia de que la mencionada cláusula no haya llegado a aplicarse no excluye por sí sola que concurra tal supuesto.” (apartado 53).

Con estas premisas, el TJUE responde a la consulta planteada y sienta como doctrina que “la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el juez nacional haya constatado el carácter «abusivo» —en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 93/13— de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión”.

Doctrina jurisprudencial que, de acuerdo con el Art. 4 bis apartado 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, vincula a los jueces españoles en la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión Europea, y de la que se desprende que la aplicación que pudiera hacer la entidad financiera de la cláusula de vencimiento anticipado en absoluto purifica el eventual carácter abusivo de la cláusula, el cual habrá de examinarse atendiendo a la naturaleza y contenido del contrato, al conjunto de circunstancias que concurran en el momento de su celebración y a las demás cláusulas del mismo contrato.

En el mismo sentido se pronuncia el TJUE en una Sentencia más reciente de fecha 26 de enero de 2017 (asunto C-421/14).

Si a la vista del concreto negocio jurídico celebrado, del plazo de duración y la cuantía del préstamo, así como del conjunto de obligaciones asumidas por las partes, se constata que la facultad de declarar el vencimiento anticipado se prevé en términos exorbitantes o desproporcionados, procederá declarar la nulidad por abusiva de la referida cláusula con independencia de que haya sido o no aplicada o del modo en que se hubiera aplicado por el acreedor. Abunda en esta interpretación el hecho de que si el consumidor demanda la nulidad de la cláusula por abusiva o ejercita una acción de nulidad prevista en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación en un proceso declarativo, o si una asociación de consumidores deduce una acción colectiva de cesación preventiva en un juicio ordinario, el juez valorará su eventual carácter abusivo exclusivamente en función de las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración (Art. 4.1 de la Directiva), sin que pueda sopesar el modo en qué pudiera aplicarse o dejar de aplicarse ya que la pretensión se plantea antes de que el acreedor haya ejercitado la facultad, y, en consecuencia, resultaría absurdo que, si en lugar de invocarse vía acción en un juicio ordinario, se alega como motivo de oposición o excepción en un procedimiento de ejecución hipotecaria, los criterios a tener en cuenta sean distintos.

Es verdad que el pago de las cuotas constituye la obligación esencial del deudor en el contrato de préstamo, como también que el pacto que autoriza la resolución anticipada del contrato a instancia de una de las partes por incumplimiento de la obligación de satisfacer las cuotas estipuladas es, en abstracto, admisible dentro del ámbito de autonomía de las partes al contratar (Art. 1255 CC). Pero en el caso que nos ocupa, esta facultad no está prevista exclusivamente para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo.

El tenor literal de la cláusula es terminante: [TRASCRIBIR_APARTADOS_VENCIM_ANTICIPADO. EJEMPLO: a) la falta de pago de BASTARÁ LA DE UNA SOLA CUOTA MENSUAL DEL PRÉSTAMO O DE UNA LIQUIDACIÓN DE INTERESES… g) CUANDO CONCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA...]; Cláusulas que se oponen frontalmente con los criterios de esencialidad y proporcionalidad que debe regir la posibilidad de la entidad prestamista de dar por vencido anticipadamente el préstamo hipotecario y que no permiten distinguir las cuotas impagadas, el capital pendiente de amortización y el importe satisfecho.

Es decir, con plena independencia de si el incumplimiento afecta a una o a más cuotas, si es total o parcial, si afecta al principal o a los intereses, si se produce al principio del período contractual o más avanzado el mismo… No es que la facultad se reconozca únicamente a la entidad ejecutante (lo que de por sí justificaría la apreciación de una desproporción entre las partes), sino que se reconoce con base en el incumplimiento de una sola de las cuotas, tenga o no la consideración de grave en atención a la cuantía y duración del préstamo, lo que resulta manifiestamente desproporcionado y, en consecuencia, abusivo (cfr. el Art. 85.4 TRLGDCU y Art. 3 de la Directiva 93/13).

Esta conclusión no queda desvirtuada ni por el hecho de que el Artículo 693.2 LEC, en su actual redacción, exija un mínimo de gravedad al incumplimiento, ni porque la entidad financiera de momento no la haya ejercitado (por la sencilla razón de que NINGÚN incumplimiento se ha producido por parte de mi representado). Hay que recordar que en el supuesto que nos ocupa el impago de una sola de las cuotas podría dar lugar al vencimiento anticipado.

La reforma de la Ley 1/2013, al exigir unos requisitos mínimos, hace patente que la cláusula era abusiva, y, en todo caso, no legitima cualquier reclamación del total adeudado por el simple dato de que haya tres cuotas pendientes, sino que el precepto se limita a fijar un suelo mínimo para valorar el incumplimiento, pero ello no obsta a que, en función de las circunstancias particulares de cada caso, ese suelo sea irrelevante atendiendo a la cuantía y duración del contrato y, por tanto, susceptible del control de abusividad.

En estas condiciones entendemos que nos hallamos ante una cláusula que impone al consumidor prestatario, o al menos permite imponerle, una sanción que resulta absolutamente desproporcionada en relación con la entidad del posible incumplimiento, y debe estimarse insuficiente para provocar la pérdida del plazo y determinar el vencimiento anticipado por la sola voluntad de la entidad prestamista. A tenor del Art. 83.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias: “Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas”.

Por ello entendemos que procede, pues, declarar la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado (al menos en los que se refiere a los dos apartados referidos y que se insertan en la escritura de préstamo hipotecario titularidad de mi mandante).

Por último se hace necesario indicar que esta cláusula ya ha sido declarada nula por el TS, en Sentencia de fecha 23-12-2015:

“Consecuentemente, debe confirmarse la sentencia en cuanto declara la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, QUE RESULTA NULA E INAPLICABLE. Pero ha de tenerse presente que la abusividad proviene de los términos en que la condición general predispuesta permite el vencimiento anticipado, no de la mera previsión de vencimiento anticipado, que no es per se ilícita.

(…)Como hemos recordado en diversas resoluciones, verbigracia la sentencia 470/2015, de 7 de septiembre, por citar solo alguna de las más recientes, “La conclusión que se extrae de las sentencias del TJUE que interpretan los preceptos de la Directiva sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores es que las consecuencias de la apreciación de la abusividad de una cláusula abusiva es la supresión de tal cláusula, SIN QUE EL JUEZ PUEDA APLICAR LA NORMA SUPLETORIA QUE EL DERECHO NACIONAL PREVEA A FALTA DE ESTIPULACIÓN CONTRACTUAL, Y SIN QUE PUEDA INTEGRARSE EL CONTRATO MEDIANTE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS, EN EL DERECHO ESPAÑOL, EN EL ARTÍCULO 1258 DEL CÓDIGO CIVIL, salvo que se trate de una cláusula necesaria para la subsistencia del contrato, en beneficio del consumidor…Como se ha dicho, tratándose de una cuestión, la abusividad de las cláusulas no negociadas en contratos concertados con consumidores, en la que el ejercicio de la soberanía ha sido cedido a la Unión Europea, los tribunales nacionales han de seguir la jurisprudencia del TJUE”.

TERCERO.- Sobre la consideración de consumidor de mi mandante.

Del Exponen [NÚMERO] de la escritura de préstamo hipotecario de fecha [FECHA] se constata que LA FINALIDAD DE LA HIPOTECA, es decir, de los [CANTIDAD] euros (6), ha sido [ESPECIFICAR] (7), acreditándose, por lo tanto, la CONDICIÓN DE CONSUMIDOR DE D. Dña. [NOMBRE_CLIENTE].

Es decir, mi representado ha actuado, en el momento de la firma del contrato de préstamo hipotecario, en calidad de consumidor de acuerdo con lo establecido por el artículo 3 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, toda vez que se trata de una persona física que actúa con propósito ajeno a su actividad comercial o empresarial al realizar el préstamo hipotecario con el fin de financiar [ESPECIFICAR: la compra de su vivienda habitual/la reforma en su vivienda habitual].

CUARTO.- Sobre la reclamación previa a la presente demanda.

Mi representado presentó, con fecha [FECHA], reclamación extrajudicial dirigida a la entidad bancaria, de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, para que reconociese la nulidad de la cláusula suelo impuesta en su contrato de préstamo hipotecario firmado con la misma, y se procediese a la devolución de las cantidades abonadas indebidamente sobre la base de la cláusula suelo, desde la fecha de la firma del contrato hasta su eliminación, así como que le aplicaran el Tipo de Interés Fijo que, con subterfugios “le habían colocado”.

Se adjunta reclamación previa como documento núm. [NÚMERO].

[OPCIÓN 1]: Tras hacer caso omiso de esta reclamación extrajudicial por parte de la entidad ahora demandada, sin justificación alguna, no nos queda otro remedio que impetrar el auxilio judicial.

[OPCIÓN 2]: Con fecha [FECHA] la entidad financiera contesta a dicha reclamación, rechazándola porque, y cito literalmente, “[ESPECIFICAR]”
Se adjunta mencionada contestación de la entidad bancaria como documento núm. [NÚMERO].

Toda vez que se trata de una contestación sin justificación ni sentido alguno, no nos queda otro remedio que impetrar el auxilio judicial.

QUINTO.- Por ello, interesamos expresamente la DECLARACIÓN DE NULIDAD de dichas cláusulas por ABUSIVAS Y NO SUPERAR EL LLAMADO CONTROL DE TRANSPARENCIA, así como por ser gravemente desproporcionadas y causar un injusto perjuicio para mi representado, con las consecuencias inherentes que tal declaración de nulidad ha de conllevar (la devolución de lo cobrado en aplicación de la denominada cláusula suelo).

A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PROCESALES:

I.- JURISDICCIÓN: Corresponde conocer del proceso a los órganos jurisdiccionales ordinarios españoles, por cuanto se dilucida en el mismo una reclamación entre españoles para cuyo enjuiciamiento y fallo son competentes los citados órganos, de conformidad con cuanto se dispone entre otros, en los Artículos 117.3 de la Constitución Española; 2, 21.1 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial; Artículo 36.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero y Artículo 4.1 de la Ley 38/1998 de Demarcación y Planta Judicial.

II.- COMPETENCIA: Resulta competente el Juzgado de Primera Instancia de [LOCALIDAD[ que por turno corresponda, ante el que comparecemos por ser el correspondiente al domicilio del demandante, conforme a lo dispuesto en los Artículos 52.1.14º LEC y Art. 45.1 LEC en relación con el Art. 85 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial.

III.- CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN: Dispone de la capacidad necesaria para ser parte el actor, el Sr./Sra. [NOMBRE_CLIENTE], de conformidad con lo establecido en el Art. 6. 1. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la demandada atendiendo al ordinal 3º del mismo precepto. Asimismo, está legitimada activamente el actor y pasivamente la demandada, de conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en los Arts. 3 y 4 del RDL 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias (TRLGDCU en lo sucesivo), y el Artículo 9.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC en adelante).

IV.- POSTULACIÓN Y REPRESENTACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 7. 1 en relación con el Art. 31. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Art. 542. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y con los Arts. 6 y 9 del RDL 658/2001 de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía, comparece el actor debidamente asistido de abogado en ejercicio.
Asimismo, comparece representado por procurador debidamente acreditado, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 23. 1 de la LEC, el Art. 543. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en el Artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1281/2002, de 5 de diciembre por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España.

V.- PROCEDIMIENTO Y CUANTÍA: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 249. 1. 5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, corresponde tramitar este procedimiento por los cauces del JUICIO ORDINARIO, regulado en los Arts. 399 y siguientes del mismo cuerpo legal. En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 253. 1 LEC y de conformidad con lo prevenido en el Art. 253. 3 LEC, al resultar imposible determinar en este momento el impacto económico de la declaración de nulidad de las cláusulas del contrato de préstamo que se interesan en este procedimiento, se fija la cuantía del procedimiento como INESTIMABLE, debiéndose fijar las cuantías a devolver en ejecución de sentencia, conforme a la siguiente regla:

- En función de la diferencia entre lo cobrado de más desde el inicio del contrato hasta el [FECHA_FIRMA_ACUERDO_RENUNCIA_A_RECLAMAR] por la aplicación de la cláusula suelo y, desde entonces, por lo cobrado de más por aplicación del Tipo de Interés Fijo del [PORCENTAJE_INTERÉS_FIJO_ACUERDO] y lo que hubiera correspondido sin aplicación del límite mínimo ni del Tipo de Interés Fijo, es decir, lo que hubiera correspondido por aplicación del Tipo de Interés resultante de adicionar al EURIBOR [NÚMERO_DIFERENCIAL] punto porcentual.

MATERIALES:

VI.- FONDO DEL ASUNTO.

PRIMERO.- De la condición de consumidor y el principio pro consumatore:

De conformidad con el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el TRLGDCU: “A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión”.

De acuerdo con el artículo 4 del mismo texto legal: “A efectos de lo dispuesto en esta norma, se considera empresario a toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe directamente o a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión”.

En el presente caso, mi mandante, tal como se desprende de la escritura aportada como documento núm. [NÚMERO] con esta demanda, actuaba como consumidor contratando un préstamo con garantía hipotecaria para [FINALIDAD_PRÉSTAMO] (5) (Exponen [NÚMERO] de la Escritura de Préstamo).

Además, mi representado, sin ningún tipo especial de conocimiento financiero o bancario, su profesión es [PROFESIÓN].

Así lo ha establecido la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2015, en su Fundamento de Derecho 3º, apartado 4º cuando dijo: “Conforme al art. 2.b de la Directiva 1993/13/CEE, ha de entenderse por consumidor toda persona física que, en los contratos regulados por la Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional. La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, consideró consumidores o usuarios a las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden, excluyendo de tal consideración a quienes sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros…..Para que el contrato esté excluido del ámbito tuitivo de la normativa de protección de consumidores por razones subjetivas es necesario no solo que el adherente sea también profesional o empresario, sino que, siendo una persona física, conste que la celebración del contrato se realice en calidad de tal empresario o profesional, por destinar el objeto del contrato a su actividad comercial, empresarial o profesional, valga la redundancia”.

Delimitada la condición de consumidor y empresario del actor y la demandada, respectivamente, ha de interpretarse el contrato en clave de CONSUMIDOR, siendo de aplicación el principio “pro consumatore” consagrado tanto en los Artículos 51. 1 y 53.3 CE, como en el Artículo 153 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Según se desprende de estos preceptos, este principio habrá de informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, vinculando en suma al legislador (STC 71/1982, de 30 de noviembre), al juez y poderes públicos (SSTC 19/1982, de 5 de mayo y 14/1992, de 10 de febrero).

SEGUNDO.- Protección de los intereses económicos de los consumidores y usuarios.

Merecen una especial protección los intereses económicos de los consumidores y usuarios en particular y en lo que a esta parte interesa, frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos tal y como se desprende de los artículos 8, 19, 128 y 132 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (LGDCU)

Mi mandante ha actuado en concepto de consumidor de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la LGDCU: “A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión”.

TERCERO.- Del carácter de condición general de las cláusulas cuya nulidad se solicita.

Según el artículo 1.1. de la LCGC, “son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos”.

En la STS de 9 de Mayo de 2013 se disponía en este sentido que:

“a) El hecho de que se refieran al objeto principal del contrato en el que están insertadas, no es obstáculo para que una cláusula contractual sea calificada como condición general de la contratación, ya que estas se definen por el proceso seguido para su inclusión en el mismo.

b) El conocimiento de una cláusula -sea o no condición general o condición particular- es un requisito previo al consentimiento y es necesario para su incorporación al contrato, ya que, en otro caso, sin perjuicio de otras posibles consecuencias - singularmente para el imponente- no obligaría a ninguna de las partes.

c) No excluye la naturaleza de condición general de la contratación el cumplimiento por el empresario de los deberes de información exigidos por la regulación sectorial”.

En la misma Sentencia, se fijaron por el Tribunal una serie de requisitos para considerar como condición general una cláusula contractual, disponiendo: “La exégesis de la norma ha llevado a la doctrina a concluir que constituyen requisitos para que se trate de condiciones generales de la contratación los siguientes:

a) Contractualidad: se trata de "cláusulas contractuales" y su inserción en el contrato no deriva del acatamiento de una norma imperativa que imponga su inclusión.

b) Predisposición: la cláusula ha de estar prerredactada, siendo irrelevante que lo haya sido por el propio empresario o por terceros, siendo su característica no ser fruto del consenso alcanzado después de una fase de tratos previos. En particular en el caso de los contratos de adhesión.

c) Imposición: su incorporación al contrato debe ser impuesta por una de las partes -aunque la norma no lo exige de forma expresa, dada su vocación de generalidad, debe ser impuesta por un empresario-, de tal forma que el bien o servicio sobre el que versa el contrato nada más puede obtenerse mediante el acatamiento a la inclusión en el mismo de la cláusula.

d) Generalidad: las cláusulas deben estar incorporadas a una pluralidad de contratos o estar destinadas a tal fin ya que, como afirma la doctrina, se trata de modelos de declaraciones negociales que tienen la finalidad de disciplinar uniformemente los contratos que van a realizarse”.

El carácter como condiciones generales de contratación de las cláusulas suelo ha sido ampliamente reconocido por nuestra jurisprudencia.

En este sentido ya se pronunció la Audiencia Provincial de Alicante en su Sentencia de 30 de octubre de 2014: “La carga de la prueba sobre la negociación individualizada de una cláusula contractual recae sobre el profesional-empresario (Artículo 10 bis.1 de la anterior Ley 26/1984, de 19 de julio, actual art 82.2.II Real Decreto Legislativo 1/2007, en lo sucesivo TRLGDCU, que transponen el párrafo tercero del artículo 3.2 Directiva 93/13/CEE). En el caso presente esta prueba no consta, sin que basten las alegaciones vertidas por la apelante si tenemos en cuenta las siguientes consideraciones:

1) El cumplimiento de los buenos usos y prácticas bancarias y de la normativa sectorial, especialmente, la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, se dirige a garantizar el conocimiento de determinadas condiciones en la contratación bancaria, pero su observancia no implica que sea fruto de negociación individual (así las SSTS de 2 de marzo de 2011 y 9 de mayo de 2013). Igual ocurre con la intervención notarial, que da fe únicamente del resultado contractual final pero no de los tratos preliminares.

2) que se trate de una cláusula definitoria de uno de los elementos esenciales del contrato de préstamo no excluye su consideración como condición general de la contratación. Así lo declara la propia STS de 9 de mayo de 2013 (" El hecho de que se refieran al objeto principal del contrato en el que están insertadas, no es obstáculo para que una cláusula contractual sea calificada como condición general de la contratación, ya que ésta se define por el proceso seguido para su inclusión en el mismo.")

3) el hecho de que se haya otorgado el día 24 de julio de 2008 una escritura de novación del préstamo hipotecario celebrado el día 19 de abril de 2005 que no alteró el tipo de interés de la cláusula suelo no implica negociación individual, pues no cabe confundir capacidad de elección con la de negociación. Así la STS de 9 de mayo de 2013, según la cual " Tampoco equivale a negociación individual susceptible de eliminar la condición de cláusula no negociada individualmente, la posibilidad, cuando menos teórica, de escoger entre diferentes ofertas de distintos empresarios".

4) tampoco supone negociación individual la existencia de posibles ofertas de contrato procedentes de la misma entidad, si estas están también sometidas a condiciones generales de la contratación (STS 9 de mayo de 2013 "No puede equipararse la negociación con la posibilidad real de escoger entre pluralidad de ofertas de contrato sometidas todas ellas a condiciones generales de contratación aunque varias de ellas procedan del mismo empresario".

5) como indica la STS 9 de mayo de 2013, "es notorio que en determinados productos y servicios tanto la oferta como el precio o contraprestación a satisfacer por ellos están absolutamente predeterminados», «entre ellos, como se ha indicado, se hallan los servicios bancarios y financieros, uno de los más estandarizados», y "las cláusulas suelo forman parte inescindible del precio que debe pagar el prestatario. Definen el objeto principal del contrato.

" La conclusión a la que llegamos es que la cláusula suelo es una condición general de contratación que define el objeto principal del contrato”.

En el campo de la contratación con consumidores la carga de la prueba del carácter negociado de las cláusulas corresponde a la entidad demandada, según se desprende de lo establecido en la STS de 22 de abril de 2015, que en su Fundamento de derecho 3º, apartado 3 determina: “Es un hecho notorio que en determinados sectores de la contratación con los consumidores, en especial los bienes y servicios de uso común a que hace referencia el Art. 9 TRLCU, entre los que se encuentran los servicios bancarios, los profesionales o empresarios utilizan contratos integrados por condiciones generales de la contratación. De ahí que tanto la Directiva ( art. 3.2) como la norma nacional que la desarrolla ( art. 82.2 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ) prevean que el profesional o empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba de esa negociación. Así lo recuerda la STJUE de 16 de enero de 2014, asunto C-226/12, caso Constructora Principado, en su párrafo 19.

Para que se considere que las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores en estos sectores de la contratación no tienen el carácter de condiciones generales, o de cláusulas no negociadas, y se excluya el control de abusividad, no basta con incluir en el contrato predispuesto un epígrafe de "condiciones particulares" o menciones estereotipadas y predispuestas que afirmen su carácter negociado ni con afirmar sin más en el litigio que la cláusula fue negociada individualmente.

Para que la cláusula quede excluida del control de abusividad es preciso que el profesional o empresario explique y justifique las razones excepcionales que le llevaron a negociarla individualmente con ese concreto consumidor, en contra de lo que, de modo notorio, es habitual en estos sectores de la contratación y acorde a la lógica de la contratación en masa, y que se pruebe cumplidamente la existencia de tal negociación y las contrapartidas que ese concreto consumidor obtuvo por la inserción de cláusulas que favorecen la posición del profesional o empresario. Si tales circunstancias no son expuestas y probadas adecuadamente, la alegación de que ha existido negociación es solo una fórmula retórica carente de contenido real, y supone identificar contratación voluntaria y prestación de consentimiento libre en documento intervenido notarialmente con negociación contractual. Tal ecuación no es correcta. En definitiva, el sector bancario se caracteriza porque la contratación con consumidores se realiza mediante cláusulas predispuestas e impuestas por la entidad bancaria, y por tanto, no negociadas individualmente con el consumidor, lo que determina la procedencia del control de abusividad previsto en la Directiva 1993/13/CEE y en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, salvo que se pruebe el supuesto excepcional de que el contrato ha sido negociado y el consumidor ha obtenido contrapartidas apreciables a la inserción de cláusulas beneficiosas para el predisponente”.

CUARTO.- Del control de incorporación y la comprensibilidad real de la cláusula:

Examinando el tenor literal de la cláusula se observa que su comprensión gramatical resulta innecesariamente compleja: [ESPECIFICAR_CLÁUSULA_SUELO].

Y aunque no fuese así y se tratase de una redacción sencilla, es cuestión distinta que sea comprensible en el sentido de que exponga de manera transparente el funcionamiento del contrato de forma que un consumidor medio, normalmente informado, pudiera evaluar basándose en criterios precisos las consecuencias económicas y jurídicas derivadas a su cargo, cuestión que afecta al segundo control de transparencia que se examinará posteriormente.

Así lo ha establecido el Tribunal Supremo reiteradamente, entre otras en la Sentencia de 23 de diciembre de 2015 (STS), Fundamento de Derecho 4º: “Por tanto, que las cláusulas en los contratos concertados con consumidores que definen el objeto principal del contrato y la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, se redacten de manera clara y comprensible no implica solamente que deban posibilitar el conocimiento real de su contenido mediante la utilización de caracteres tipográficos legibles y una redacción comprensible, objeto del control de inclusión o incorporación (arts. 5.5 y 7.b de la Ley española de Condiciones Generales de la Contratación -en adelante, LCGC). Supone, además, que no pueden utilizarse cláusulas que, pese a que gramaticalmente sean comprensibles y estén redactadas en caracteres legibles, impliquen subrepticiamente una alteración del objeto del contrato o del equilibrio económico sobre el precio y la prestación, que pueda pasar inadvertida al adherente medio”.

En el caso de autos, ni la cláusula en la que se recoge ni el límite fijado como “suelo” aparece resaltada de ningún modo, con la intención clara de pasar desapercibido para el consumidor medio que, en todo momento e igual que el Sr./Sra [NOMBRE_CLIENTE] cree que está contratando una Hipoteca a Tipo de Interés Variable y que se calculará conforme al índice EURIBOR más el diferencial pactado, sin nada más y sin ninguna limitación a esta sencilla y clara ecuación.

Lo anterior fue lo que aceptó mi mandante y LA OFERTA QUE LA ENTIDAD DEMANDADA LE REALIZÓ, lo que nos lleva a reafirmar la falta de transparencia con la que se introduce en el contrato de préstamo y la imposibilidad, absoluta, de que D./Dña. [NOMBRE_CLIENTE], aun utilizando su mayor diligencia, comprendiese no sólo su significado y consecuencias, sino la existencia misma del límite mínimo a la variación del Tipo de Interés.

En conclusión, la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender como una obligación no sólo de que la cláusula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera transparente sus consecuencias.

El carácter de condición general de las cláusulas cuya nulidad se interesa en este procedimiento no impide su control por la vía de incorporación, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 5.5 LCGC: "La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez" y el Art. 7 del mismo texto legal dispone que: “No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato..”.

La doctrina jurisprudencial en esta materia ha considerado que la Orden Ministerial de 5 de Mayo de 1994 – aplicable al contrato objeto de la presente Litis y vigente hasta JULIO de 2012 - garantizaba razonablemente la observancia de los requisitos exigidos por la LCGC para la incorporación de las cláusulas suelo a los contratos de hipoteca, ya que establecía la obligación de entregar oferta vinculante que recogiese todas las condiciones financieras de la hipoteca (insistimos que en el caso de autos NO SE ENTREGÓ ESTA OFERTA VINCULANTE al ahora actor). En el caso concreto de mi mandante no se cumplió ninguno de estos requisitos, por lo que la cláusula no superaría ni siquiera el primer nivel de control, denominado de incorporación.

Ahora bien, aun cuando se hubiesen observado las obligaciones indicadas, y por tanto se hubiese producido la correcta incorporación de la/s cláusula/s, ello sería insuficiente para eludir el control de abusividad de una cláusula no negociada individualmente, aunque describa o se refiera a la definición del objeto principal del contrato, debiendo la misma superar el ya citado control de transparencia.

Así se ha interpretado por nuestra jurisprudencia, según se recoge en la STS de 8 de Septiembre de 2014 cuando dispone que:

“El control de transparencia, como parte integrante del control general de abusividad, no puede quedar reconducido o asimilado a un mero criterio o contraste interpretativo acerca de la claridad o inteligencia gramatical de la formulación empleada, ya sea en la consideración general o sectorial de la misma, sino que requiere de un propio enjuiciamiento interno de la reglamentación predispuesta a los efectos de contrastar la inclusión de criterios precisos y comprensibles en orden a que el consumidor y usuario pueda evaluar, directamente, las consecuencias económicas y jurídicas que principalmente se deriven a su cargo de la reglamentación contractual ofertada”.

También lo interpreta así la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Primera, entre otras en la Sentencia de 4 de junio de 2015, al establecer en su Fundamento de derecho tercero:

“No obra ninguna prueba relativa a que se entregara al cliente ningún folleto informativo con carácter previo a la suscripción del préstamo hipotecario o su novación, ni sobre el funcionamiento de la cláusula, ni se acredita que se le hubiere informado de su derecho a examinar el préstamo hipotecario tres días antes de la firma ante el Notario de la escritura pública, ni que éste, al margen de leer la citada escritura, les explicara a los prestamistas expresamente que dicho préstamo hipotecario contenía una cláusula suelo, del mismo modo que el contrato novado, ni las repercusiones económicas y jurídicas que ello comportaba, ni tampoco la existencia de simulaciones, una vez que admitimos que la oferta vinculante no fuera imperativa. De ahí concluimos que aunque los términos literales de la cláusula la hicieran comprensible, ésta no se destacaba suficientemente, impidiendo al consumidor conocer con sencillez tanto la "carga económica" que realmente le suponía la incorporación de dicha cláusula y la onerosidad o sacrificio patrimonial que le iba a conllevar a cambio de la prestación económica que pretendía obtener, así como la "carga jurídica" del mismo, es decir, "la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo". (FJ 210). De tal manera que la cláusula suelo convirtió para el consumidor un préstamo a interés variable en otro fijo sin poder beneficiarse de las bajadas del tipo de referencia”.

Por tanto, la comprensibilidad de la cláusula por el consumidor ha de ser real, no formal, de tal modo que alcance una total conciencia de las consecuencias jurídicas que asume con respecto al producto que está contratando en cada una de sus estipulaciones. En el presente supuesto, la cláusula suelo recoge farragosamente su umbral mínimo, dejando al consumidor/mi mandante/ en una posición vulnerable al no llegar a comprender que en ningún caso se podría beneficiar de posteriores caídas del EURIBOR por debajo del citado suelo, ni tampoco que la cláusula suelo convierte el interés variable en fijo a favor del Banco por debajo del límite establecido. Además su inclusión en la cláusula referida al interés variable no sólo resulta contradictoria, sino que puede inducir a confusión u ocultar el alcance de tal cláusula. Debería haberse incorporado dotándola de sustantividad propia, con la debida prevención de que constituye una excepción al interés variable.

En el momento de contratar estos servicios, corresponde a la entidad financiera la obligación de proporcionar los recursos necesarios para que el consumidor alcance la comprensibilidad total, ya que puede prestar mayor atención a otras estipulaciones que considera que le afectarán de forma más inmediata. Así se reconoce por el propio Banco de España (vid. Informe del Banco de España, BOCG, Senado nº 457 p. 20) a raíz de lo manifestado por las propias entidades financieras consultadas: “el principal interés de los prestatarios en el momento de contratar un préstamo hipotecario se centra en la cuota inicial a pagar, y por ello, como estas cláusulas se calculaban para que no implicasen cambios significativos en dichas cuotas, no llegaban a afectar de manera directa a las preocupaciones inmediatas de los prestatarios”.

QUINTO.- Del control de transparencia propiamente dicho.

A la hora de entrar en el examen de la transparencia de la escritura pública en la que se contiene la cláusula cuya nulidad se interesa en el presente asunto, llama la atención el exceso de información intranscendente que contiene la misma.

La limitación a la variabilidad del interés (cláusula suelo) se inserta en la cláusula financiera [NÚMERO_CLAUSULA] de la escritura de préstamo, integrada por cinco carillas. Se encuentra ubicada tras recogerse las condiciones financieras que directamente afectarían al actor, pero la cláusula limitativa de la variabilidad del interés aparece convenientemente situada tras el diferencial a adicionar sobre el EURIBOR, e, incluso, tras los Tipos sustitutivos que, en su caso, sustituirán al EURIBOR, con el más que probable fin de atraer hacia las mismas la atención del consumidor.

Por tanto, por un lado el exceso de información y su extensión dificultan la percepción de lo que es verdaderamente importante, que se difumina en el conjunto de la escritura, y por otro, la ubicación de la estipulación relativa al límite de variabilidad del interés le resta toda relevancia documental y visual, llevando al prestatario a fijarse en aspectos secundarios a pesar de tratarse de un elemento esencial en la medida en que afecta directamente al tipo de interés que devengará el principal prestado a lo largo de la vida del préstamo.

Así lo ha entendido la Audiencia Provincial de A Coruña en sentencia de 3 de marzo de 2015:

“De las estipulaciones anteriores, remisión a la cláusula no financiera novena de préstamo número 1.303, no identificada debidamente ni transcrita, así como a otras incorporadas previamente del préstamo subrogado y ulteriores modificativas, generan una confusa redacción, que entorpece claramente la comprensión del contenido económico real del contrato y de las obligaciones asumidas por el consumidor demandante. Se hace pasar por un préstamo a interés variable cuando realmente se trata de un fijo del 4% con variabilidad al alza (hasta un tope máximo). Con lo sencillo que sería haber reseñado en el contrato que el tipo de interés es fijo al 4%, que siempre como mínimo debe pagar el consumidor, y que, no obstante lo cual, se podría revisar el mismo al alza, si el índice de referencia o Euribor más el porcentaje diferencial, éste último susceptible de reducción por bonificaciones dentro de unos concretos parámetros, fuera superior al mentado 4%, de manera tal que el índice de referencia (Euribor) únicamente operaría en perjuicio de los consumidores para elevar el interés fijo pactado, hasta un tope máximo o techo. De esta manera la cláusula suelo en cuestión, como elemento definitorio del objeto principal del contrato, y de máxima incidencia en su economía, se encuentra diluida y confundida en el clausulado contractual, al final de muchas páginas referidas a intereses y bonificaciones, como algo meramente accidental o muy secundario y sin verdadera expresión de su importancia real, dificultando de esta forma que el consumidor tome constancia de su entidad y efectivo costo del contrato de préstamo con garantía hipotecaria suscrito, como de las reales características de las eventuales modificaciones del tipo de interés impuesto, además de propiciar a la hora de contratar un reparto desigual de los riesgos obligacionales (el banco se protegía conociendo de antemano que como mínimo cobraría el 4% y el consumidor asumía los riesgos derivados de que el Euribor fuera superior y no se beneficiaría de las bajadas derivadas de las condiciones del mercado). No consideramos las cláusulas indicadas debidamente transparentes”.

Para que se supere este segundo control y quede vedado el examen del carácter abusivo de la cláusula en base al principio de autonomía contractual que se contiene en el artículo 1.255 del Código Civil, es preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato.

En la ya citada STS de 9 de mayo de 2013, se establecen por el Alto Tribunal una serie de requisitos para que las cláusulas suelo superen el control de transparencia impuesto: “las cláusulas analizadas, no son transparentes ya que:

a) Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato.
b) Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación de las mismas.
c) No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar.
d) No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad -caso de existir- o advertencia de que al concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas.
e) Se ubican entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor”.

En el presente caso, la entidad financiera ha dado un trato impropiamente secundario a la cláusula de limitación del tipo de interés de referencia, toda vez que no aparece destacada como un elemento principal con la importancia que merece. A diferencia de otras cláusulas que definen elementos esenciales del contrato (como el capital del préstamo, el plazo o el tipo de interés), la cláusula suelo aparece relegada al final de la cláusula que regula el Tipo de Interés VARIABLE y el porcentaje fijado como suelo, del 3,40%, sólo se contiene por referencia al tipo mínimo que se aplicará en caso de subasta del inmueble.

Si bien el futuro a medio o largo plazo resulta imprevisible, en la realidad los riesgos de oscilación del tipo mínimo de referencia en los términos contenidos en la cláusula cuya nulidad se interesa, da cobertura exclusivamente a los riesgos que para la entidad financiera pudieran tener las oscilaciones a la baja del índice de referencia, frustrando las expectativas del consumidor de abaratamiento del crédito como consecuencia de la minoración del tipo de interés pactado como variable. Al entrar en juego una cláusula suelo previsible para el empresario, convierte el tipo nominalmente variable al alza y a la baja, en fijo variable exclusivamente al alza.

No acompañan a la escritura, ni se entregaron, con anterioridad a la firma, a mi mandante simulaciones de posibles escenarios que se producirían a lo largo de la vida del préstamo, de interés teóricamente variable, que estaba contratando. Tampoco tuvo lugar la realización de simulaciones de las cuotas a pagar en el supuesto de que entrase en juego la cláusula suelo.

Además, en el momento de producirse la contratación del préstamo se ofertó a mi mandante la posibilidad única de adherirse al mismo y no de negociar su clausulado, cosa que mi mandante aceptó bajo la falsa creencia de que estaba contratando una hipoteca de tipo variable, entendiendo que las variaciones a la baja del EURIBOR en todo caso afectarían a su cuota, sin conocer ni comprender que la cláusula suelo inserta en la hipoteca le impediría disfrutar de ese beneficio. Tampoco se le explicó otras alternativas de préstamos de la misma naturaleza que la entidad estuviese ofertando en aquel momento, por lo que no existió posibilidad real de escoger condiciones. En particular, nada se le dice acerca de la posibilidad de contratar un diferencial más alto con posibilidad de aprovechar las bajadas del tipo de interés.
Se precisa por el Alto tribunal en la misma sentencia de mayo de 2013 que:

“a) La prestación del consentimiento a una cláusula predispuesta debe calificarse como impuesta por el empresario cuando el consumidor no puede influir en su supresión o en su contenido, de tal forma que o se adhiere y consiente contratar con dicha cláusula o debe renunciar a contratar.

b) No puede equipararse la negociación con la posibilidad real de escoger entre pluralidad de ofertas de contrato sometidas todas ellas a condiciones generales de contratación aunque varias de ellas procedan del mismo empresario.

c) Tampoco equivale a negociación individual susceptible de eliminar la condición de cláusula no negociada individualmente, la posibilidad, cuando menos teórica, de escoger entre diferentes ofertas de distintos empresarios.

d) La carga de la prueba de que una cláusula prerredactada no está destinada a ser incluida en pluralidad de ofertas de contrato dirigidos por un empresario o profesional a los consumidores, recae sobre el empresario”.

Con la redacción y ubicación de tan importante cláusula, se consigue por la entidad financiera distraer la atención del consumidor, de tal forma que pueda no reparar en la inclusión de la misma. En la misma cláusula [NÚMERO_CLÁUSULA_SUELO] en la que se inserta la limitación a la variabilidad del interés, se recogen: el índice de referencia que se aplicará durante la vigencia del préstamo con su definición y el diferencial, el tipo de interés sustitutivo a aplicar para el caso de que deje de publicarse el ordinario, y tras todo ello, la cláusula suelo.

En este sentido, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de A Coruña en el Fundamento de derecho Quinto de la Sentencia de 3 de mayo de 2014 establece al examinar estas cuestiones:

“La cláusula suelo en cuestión, como elemento definitorio del objeto principal del contrato, y de máxima incidencia en su economía, se encuentra diluida y confundida en el clausulado contractual, al final de muchas páginas referidas a intereses y bonificaciones, como algo meramente accidental o muy secundario y sin verdadera expresión de su importancia real, dificultando de esta forma que el consumidor tome constancia de su entidad y efectivo costo del contrato de préstamo con garantía hipotecaria suscrito, como de las reales características de las eventuales modificaciones del tipo de interés impuesto, además de propiciar a la hora de contratar un reparto desigual de los riesgos obligacionales”.

Y también se interpreta así por la Audiencia Provincial de Orense en el Fundamento Primero de la Sentencia de 25 de septiembre de 2015: “La nulidad de la cláusula suelo-techo pactada en la póliza de préstamo con garantía hipotecaria, fue acertadamente declarada en la instancia, por cuanto, como ya ha tenido ocasión de declarar esta Sala de apelación, resolviendo supuestos análogos, no guarda el debido equilibrio entre las prestaciones que se atribuyen a ambas partes contratantes en la misma, ni cumple el requisito de la transparencia, y sin que la entidad bancaria apelante hubiese acreditado en forma alguna que se había prestado al consumidor una información personal, adecuada y suficiente. La cláusula no cumple los requisitos de transparencia e incorporación, que vienen siendo exigidos jurisprudencialmente, siendo plenamente aplicable la doctrina recogida en precedentes resoluciones de esta Sala (Auto de 16 de abril de 2015 , entre otras) conforme a la cual, pese a definir la cláusula el objeto principal del contrato, no se destaca de forma adecuada, ni se le da la relevancia que corresponde, sino que la propia entidad bancaria predisponente le da un tratamiento impropiamente secundario, incluyéndola entre un conjunto de cláusulas accesorias y de datos irrelevantes, en una redacción farragosa y difícilmente comprensible, de modo que no responde a las exigencias del control de transparencia que impone la STS de 9 de mayo de 2013, dictada en interpretación de la normativa protectora de los derechos de los Consumidores.Como indica dicha resolución jurisprudencial, "está enmascarada entre informaciones abrumadoramente exhaustivas, que, en definitiva, dificultan su identificación y proyectan sombras sobre lo que, considerado aisladamente, sería claro". "La forma de incorporación dificulta gravemente al consumidor su identificación como cláusula esencial del contrato, que incide de modo relevante en el contenido de su obligación de pago, ya que, se predispone junto con otras accesorias y entre un conjunto de datos irrelevantes, lo que vulnera lo dispuesto en el Art.80-1 del TRLCU, pues tal como se indica en la STS precedentemente citada, la cláusula se ubicó en la escritura entre una cantidad importante de datos accesorios, "diluyendo la atención del consumidor". Tampoco se proporcionó una información al consumidor, precisa y clara, sobre cuál era verdaderamente el tipo de interés a abonar y sobre la carga económica del contrato; cuando menos no se probó por la entidad bancaria. Siendo susceptible de originar error en el consumidor, no solo por las razones precedentemente expuestas, sino porque la cláusula tampoco responde a las exigencias de la buena fe, ni guarda el necesario equilibrio entre las prestaciones derivadas del contrato. Es decir, la cláusula suelo así pactada era susceptible de inducir a error al cliente sobre un aspecto fundamental del contrato y llevarle a elegir una oferta cuyo tipo variable era inferior, pero que, por efecto de la cláusula-suelo, en realidad lo es a un tipo superior durante la vida del contrato, que otra oferta del mercado a tipo variable "puro" con un diferencial superior, pero que se aprovecha de las bajadas en el tipo de referencia, ilimitadamente. Como indica la resolución apelada, mientras que lo elevado del suelo hacía previsible que las oscilaciones a la baja del índice de referencia no repercutirían en el prestatario, también lo elevado del techo hacía altamente improbable que pudiera llegar a beneficiarse para el supuesto de ascenso de los tipos de interés, por encima del 12,5%”.

El artículo 5.5 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación establece la obligación de que la redacción de las cláusulas generales se haga de acuerdo con criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez.

Por su parte, el artículo 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, prevé:

“No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales:

a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo 5.

b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato.”

La sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 8 de septiembre de 2014, nº Recurso 1217/2013, en relación con la caracterización del control de transparencia, establece: “En el marco del específico y diferenciado presupuesto causal y régimen de eficacia que informa el fenómeno de las condiciones generales de la contratación, anteriormente señalado, el control de transparencia, como proyección nuclear del principio de transparencia real en la contratación seriada y, por extensión, en el desarrollo general del control de inclusión, (artículo 5 de la Directiva 93/13 , artículos 5.5 y 7.b de la LCGC y artículo 80.1 a TR- LGDCU) queda caracterizado como un control de legalidad en orden a comprobar, primordialmente, que la cláusula contractual predispuesta refiera directamente la comprensibilidad real, que no formal, de los aspectos básicos del contrato en el marco de la reglamentación predispuesta, de forma que el consumidor y usuario conozca y comprenda las consecuencias jurídicas que, de acuerdo con el producto o servicio ofertado, resulten a su cargo, tanto respecto de la onerosidad o sacrificio patrimonial que realmente supone para el consumidor el contrato celebrado, como de la posición jurídica que realmente asume en los aspectos básicos que se deriven del objeto y de la ejecución del contrato.”

También la Sentencia el Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2014, nº Recurso 1125/2012, entiende el control de transparencia como: “un plus u obligación que tiene el contratante predisponente en orden a que la cláusula considerada no solo sea clara e inteligible, gramaticalmente para el contratante consumidor, sino que también resulte transparente tanto en la comprensión de la carga económica que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, respecto de la onerosidad o sacrificio patrimonial que debe realizar a cambio de la prestación que quiere o espera obtener, como de la comprensión, clara y sencilla, de la carga jurídica del contrato, es decir, de la posición jurídica que asume en los aspectos básicos que definen el contrato celebrado, como en la respectiva asignación o distribución de los principales riesgos del contrato celebrado.”

El Supremo en la Sentencia de 8 de septiembre de 2014 concluye que “el control de transparencia, como parte integrante del control general de abusividad, no puede quedar reconducido o asimilado a un mero criterio o contraste interpretativo acerca de la claridad o inteligencia gramatical de la formulación empleada, ya sea en la consideración general o sectorial de la misma, sino que requiere de un propio enjuiciamiento interno de la reglamentación predispuesta a los efectos de contrastar la inclusión de criterios precisos y comprensibles en orden a que el consumidor y usuario pueda evaluar, directamente, las consecuencias económicas y jurídicas que principalmente se deriven a su cargo de la reglamentación contractual ofertada. Este es el alcance que, en plena armonía con la doctrina jurisprudencial expuesta de esta Sala, contempla a estos efectos la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea, de 30 de abril de 2014, C-26/13 , declarando, entre otros extremos, que: 'El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, en relación con una cláusula contractual como la discutida en el asunto principal, la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender como una obligación no sólo de que la cláusula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de conversión de la divisa extranjera al que se refiere la cláusula referida, así como la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas relativas a la entrega del préstamo, de forma que ese consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo'”.

SEXTO.- Del control de abusividad.

Se considerarán cláusulas abusivas, según lo dispuesto en el artículo 82.1 TRLGDCU, “todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”. En su apartado 2 in fine dispone además que “El empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba”.

Sin embargo, de la literalidad de las cláusulas integrantes del contrato de préstamo hipotecario por ambas partes suscrito, se deduce un importante desequilibrio contractual a favor de la demandada, lo cual no puede ser aceptado por esta parte a pesar de resultar una práctica habitual en el mercado, debiendo recordarse que, tal y como dice el artículo 1288 Código Civil, “la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad”.

También ha de observarse lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Directiva 93/13: "Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato".

En el contrato de préstamo con garantía hipotecaria aportado como documento núm. [NÚMERO], la cláusula objeto de la presente litis en ningún caso, como ya se ha expuesto, fue objeto de negociación individual con el actor, resultando además de la aplicación de la misma, un claro perjuicio económico para el consumidor que cree estar contratando un préstamo hipotecario de tipo variable cuando en realidad se trata de un tipo mixto, fijo a la baja y variable únicamente al alza. Puede deducirse que la introducción de la cláusula limitativa de la variación del tipo de interés obedecía únicamente a proteger los intereses económicos de la demandada en perjuicio de los del consumidor, tratándose este de uno de los derechos básicos a proteger en materia de contratación con consumidores, como dispone el Art. 8 b) del TRLGDCU.

En este sentido se ha interpretado, entre otras muchas, por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Orense de 20 de octubre de 2015, en cuyo fundamento jurídico segundo se dispone que: “La falta de claridad de la condición general que describe o define el objeto principal del contrato, posibilita el control de abusividad, pero no implica necesariamente que la misma deba ser declarada abusiva y expulsada del contrato. Para ello es necesario que, en contra de la exigencia de la buena fe, causen en perjuicio del consumidor o usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Así el artículo 3.1 de la Directiva 93/13 dispone que "las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato", y en la misma forma se establece en el Artículo 82.1 TRLCU. El TJUE en la sentencia de 14 de marzo de 2013 , indica que para determinar si una cláusula causa en detrimento del consumidor un "desequilibrio importante" entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, deben tenerse en cuenta, en particular, las normas aplicables en Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes en ese sentido y para analizar en qué circunstancias se causa ese desequilibrio, pese a las exigencias de la buena fe, el juez nacional debe comprobar si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de este tipo en el marco de una negociación individual. El Tribunal Supremo en la sentencia de 9 de mayo de 2013 señala que para valorar el equilibrio de las cláusulas suelo carentes de claridad, debe atenderse al real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos en abstracto y, en el caso examinado, concluye que las cláusulas impugnadas daban cobertura exclusivamente a los riesgos que para la entidad crediticia pudieran tener las oscilaciones a la baja y frustraban las expectativas del consumidor del abaratamiento del crédito como consecuencia de la minoración del tipo de interés pactado como variable. Al entrar en juego una cláusula suelo previsible el empresario, convertía el tipo nominalmente variable al alza y a la baja, en fijo variable exclusivamente al alza, y por tal motivo las declara nulas. El Tribunal Supremo en base a todo lo expuesto concluye que las cláusulas suelo serán lícitas siempre que su transparencia permita al consumidor identificar la cláusula como definidora del objeto principal del contrato y conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos. Es necesario que esté perfectamente informado del comportamiento previsible del índice de referencia cuando menos a corto plazo, de tal forma que cuanto el suelo estipulado lo haga previsible, esté informado de que lo estipulado es un préstamo a interés fijo mínimo, en el que las variaciones del tipo de referencia a la baja probablemente no repercutirán o lo harán de forma imperceptible en su beneficio”.

También ha seguido esta interpretación la Audiencia Provincial de Murcia en Sentencia de 29 de octubre de 2015: “lo que justifica aquí la abusividad no es el desequilibrio contemplado en el art 10 bis LGDCU ( actual art 82 LGDCU ) en los términos propuestos por la entidad bancaria, sino el perjuicio del consumidor que ve frustradas sus legítimas expectativas económicas al comprobar que el precio por una determinada contraprestación (que fue lo que tuvo en consideración para decidirse a contratar con ese empresario) se ve alterado a posteriori por la aplicación de una cláusula definitoria del objeto esencial del contrato, pero que no se tuvo en cuenta por la ausencia de trasparencia. Alteración que será perjudicial para el consumidor-adherente (pues de lo contrario no tiene sentido plantearse su nulidad, art 8.1 LCGC) al implicar una mayor carga económica para obtener el producto o servicio respecto de la que razonable estaba prevista En el caso concreto de la cláusula suelo, la abusividad no deriva, pues, de que en sí misma no sea clara y comprensible (ello afecta a la incorporación) sino si esa cláusula, por falta de transparencia, en su aplicación en el conjunto del contrato, implica una quiebra de las expectativas legítimas del consumidor sobre el tipo de interés que estimaba que estaba contratando: pensaba que contrataba un préstamo con interés variable (ya a la baja ya al alza) cuando solo podía serlo, llegado un momento, al alza, de manera que se distorsiona así el acuerdo económico que motivó el contrato”.

Las cláusulas abusivas, que deben ser declaradas nulas son las siguientes:

- La redacción otorgada por la Cláusula [NÚMERO_CLÁUSULA_SUELO], del contrato de préstamo hipotecario.

- La redacción otorgada por los apartados [NÚMEROS] concerniente a la Cláusula [NÚMERO_CLÁUSULA_VENCIM_ANTICIPADO], del contrato de préstamo hipotecario.

SÉPTIMO.- Los efectos de las cláusulas abusivas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 83 LGDCU: "Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas", lo que implica no sólo su declaración de oficio por el Juez que resuelva la controversia, sino también el no sometimiento de dicha nulidad a un plazo de caducidad o de prescripción.

La cláusula impugnada al tener la consideración de abusiva, deberá ser declarada nula, de acuerdo con lo previsto en los artículos 82 y 83 de la LGDCU.

La nulidad de la cláusula abusiva no conlleva la ineficacia del contrato. El artículo 83 de la LGDCU prevé lo que a continuación se expresa:

“Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas.”

Es por este motivo que el contrato suscrito por mis mandantes se mantendrá vigente una vez se elimine del mismo, la mencionada cláusula suelo y cláusula de vencimiento anticipado. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2012 establece en este sentido que: “los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma. En efecto, el contrato en cuestión debe subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato sea jurídicamente posible.”

A este respecto el artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, expresa: “Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.”

La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, en relación con la subsistencia de los contratos, establece:

“Como hemos indicado las cláusulas suelo se refieren al objeto principal del contrato -de ahí que el control de su abuso nada más sea posible cuando haya falta de claridad en los términos indicados-. También hemos indicado que no cabe identificar 'objeto principal' con 'elemento esencial' y, en contra de lo sostenido por alguna de las recurridas, el tratamiento dado a las cláusulas suelo por las demandadas es determinante de que no forme 'parte inescindible de la definición contractual del tipo de interés aplicable al contrato de préstamo y con ello de su objeto y causa'. Más aún, las propias imponentes han escindido su tratamiento.

(…) la nulidad de las cláusulas suelo no comporta la nulidad de los contratos en los que se insertan, ya que la declaración de nulidad de alguna de sus cláusulas no supone la imposibilidad de su subsistencia.”

OCTAVO.- De la consideración de abusivos y desproporcionales y, por ende, su declaración de nulidad, de los apartados [NÚMEROS] de la cláusula [NÚMERO] de los supuestos de vencimiento anticipado.

Conforme a los criterios antes expuestos sobre la abusividad, falta de transparencia, etc., así como por la Doctrina Jurisprudencial, en cuanto a tal tipo de cláusulas, ya marcada por nuestro Alto Tribunal en las Sentencias indicadas en los Hechos de esta demanda, la mencionada cláusula DEBE SER DECLARADA NULA, no procediendo su moderación de forma alguna.

En este sentido, en cuanto a los apartados a y g de la cláusula que regula el vencimiento anticipado nos remitimos a los Fundamentos recogidos en la STS de 23-12-2015 y reproducimos, además, una reciente Sentencia dictada por nuestra Audiencia Provincial de A Coruña que declara nulos estos mismos apartados que se recogen en la cláusula de vencimiento anticipado, esgrimiendo los siguientes y correctos fundamentos:

Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, de fecha 26-01-2017 (Ponente el Ilmo. Sr. Pablo Socrates González Carreo Fojon), Número de Recurso 4/2017:

“Sobre cláusulas semejantes (refiriéndose a los mismos apartados de la cláusula de vencimiento anticipado cuya nulidad solicitamos en el presente procedimiento) ya hemos tenido oportunidad de pronunciarnos en resoluciones anteriores de esta misma Sala (sentencias 379/2014, de 28 de noviembre y 258/2015, de 28 de julio). La misma sentencia del TS de 23 de diciembre de 2015 establece que una cláusula de vencimiento anticipado QUE PERMITE LA RESOLUCIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO DE UN SOLO PLAZO, INCLUSO PARCIAL Y RESPECTO DE UNA OBLIGACIÓN ACCESORIA, DEBE SER REPUTADA COMO ABUSIVA, dado que no se vincula a parámetros cuantitativa o temporalmente graves.

En nuestra anterior sentencia nº 258/2015, de 28 de julio, ya sostuvimos, a partir de la doctrina del TJUE (ST 14 de Marzo de 2013) y de los condicionantes de validez de cláusulas de vencimiento anticipado que establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que su proyección sobre un único incumplimiento en el pago de la cuota o sobre la inobservancia de cualquier obligación contractual, incluso accesoria, desequilibra gravemente en perjuicio del consumidor adherente la posición jurídica que, en ausencia de la cláusula, le permitiría resistir eficazmente la pretensión del banco de dar por vencido anticipadamente el plazo y reclamar la totalidad de lo adeudado. Porque es doctrina jurisprudencial reiterada, bien que generada sobre la base de la facultad resolutoria por incumplimiento grave o esencial, el que frustra definitivamente o amenaza con quebrar la razón económica del contrato, justifica la resolución; del mismo modo, en contratos unilaterales como un préstamo en el que la obligación de restitución del prestatario se ha de cumplir en plazos mensuales a lo largo de varios años, la mera inefectividad de una cuota o de una obligación accesoria, por cualquier causa y aunque no tenga significación de definitivo incumplimiento sino de mero retraso, no habilita ordinariamente al prestamista para vencer anticipadamente el préstamo y privar al prestatario del plazo, como lo demuestra el hecho de que la norma dispositiva del Código Civil (artículo 1129 del Cc) sólo contemple supuestos de certeza de incumplimiento (deudor insolvente) o de grave y riesgo de inefectividad (no otorgar las garantías comprometidas o pérdida de su valor por actos propios del deudor). Las cláusula combatidas quiebran así el equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes que del régimen normal del contrato se derivan; lo hacen, además, en perjuicio del adherente consumidor y de forma grave o importante, pues no se limitan a reconocer al prestamista una facultad de vencimiento anticipado sobre supuestos normalmente reveladores de una negativa definitiva o de imposibilidad de cumplimiento, sino que se proyectan sobre cualquier supuesto de inefectividad de cualquier cuota de amortización de capital y/o intereses o sobre alguna de las obligaciones del contrato, incluso las accesorias. Se trata, por tanto, de cláusulas abusivas en el sentido del artículo 82.1 de la LGDCU y es procedente, por ello, su declaración de nulidad conforme a lo establecido en el artículo 8.2 de la LCGC” .

NOVENO.- De la devolución de las cantidades.

El artículo 1303 del Código Civil reconoce que: “Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses.”

En base a lo dispuesto en este artículo, una vez declarada la nulidad de la cláusula abusiva, se debe proceder a la restitución de las cantidades abonadas sobre la base de la cláusula suelo, desde la fecha de la firma del contrato de préstamo hipotecario.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, venía a establecer que una vez “se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013".

Tras ello, la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada el pasado 21 de Diciembre de 2016, en los asuntos acumulados C-154/15, Francisco Gutiérrez Naranjo/Cajasur Banco, S.A.U., C-307/15, Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., y C-308/15 , Banco Popular Español, S.A./Emilio Irles López y Teresa Torres Andreu Sentencia (ECLI: EU: C: 2016: 980 ), ha clarificado, de forma definitiva, el debate sobre el momento a partir del cual despliega sus efectos la nulidad de las cláusulas que se declaran abusivas en contratos celebrados entre profesionales y consumidores, en aplicación de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993.

La mencionada STJUE de 21 de diciembre de 2016 establece:

"61. De las consideraciones anteriores resulta que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar, en principio, que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula.

62. De lo anterior se deduce que la obligación del juez nacional de dejar sin aplicación una cláusula contractual abusiva que imponga el pago de importes que resulten ser cantidades indebidamente pagadas genera, en principio, el correspondiente efecto restitutorio en relación con tales importes.

66. Por consiguiente, si bien es verdad que corresponde a los Estados miembros, mediante sus respectivos Derechos nacionales, precisar las condiciones con arreglo a las cuales se declare el carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato y se materialicen los efectos jurídicos concretos de tal declaración, no es menos cierto que la declaración del carácter abusivo de la cláusula debe permitir que se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva, concretamente mediante la constitución de un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor en virtud de la cláusula abusiva.

72. Pues bien, la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, equivale a privar con carácter general a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula abusiva de ese tipo del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria sobre la base de la cláusula suelo durante el periodo anterior al 9 de mayo de 2013.

73. De lo anterior se deduce que una jurisprudencia nacional –como la plasmada en la sentencia de 9 de mayo de 2013- relativa a la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de carácter abusivo de una cláusula contractual, en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, sólo permite garantizar una protección limitada a los consumidores que hayan celebrado un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula suelo con anterioridad a la fecha de pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró dicho carácter abusivo. Así pues, tal protección resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el Artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 60).

74. En tales circunstancias, dado que para resolver los litigios principales los órganos jurisdiccionales remitentes están vinculados por la interpretación del Derecho de la Unión que lleva a cabo el Tribunal de Justicia, dichos órganos jurisdiccionales deberán abstenerse de aplicar, en el ejercicio de su propia autoridad, la limitación de los efectos en el tiempo que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, puesto que tal limitación no resulta compatible con el Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C-173/09 , EU:C:2010:581, apartados 29 a 32; de 19 de abril de 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, apartados 33 y 34; de 5 de julio de 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, apartado 36, y de 8 de noviembre de 2016, Ognyanov, C-554/14, EU:C:2016:835 , apartados 67 a 70).

75. De todas las consideraciones anteriores resulta que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión.”

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve así, de forma clara y contundente, que no cabe limitar en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad sin contravenir el Derecho comunitario, fijando una doctrina jurisprudencial que se superpone a la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo al versar sobre la aplicación del Derecho comunitario, tal y como se prevé en el Tratado de la Unión Europea y recoge ahora de forma expresa el Artículo 4 bis LOPJ , tras la reforma llevada a cabo por LO 7/2015, de 7 de junio, al disponer que: "1. Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea."

Doctrina comunitaria que HA SIDO ACOGIDA por el TS, MODIFICANDO SU PROPIA DOCTRINA JUSRISPRUDENCIAL (fijada en STS de 25-03-2015 que limitaba la eficacia temporal de la declaración de nulidad de la cláusula suelo al 9-05-2013), mediante Sentencia de fecha 24-02-2017, Recurso de Casación 740/2014, que resuelve:

Fundamento de Derecho Quinto, apartado 3:

“PROCEDE MODIFICAR LA JURISPRUDENCIA DE ESTA SALA SOBRE LOS EFECTOS RETROACTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LA DENOMINADA CLÁUSULA SUELO, toda vez que la citada STJUE de 21 de diciembre de 2016 ha considerado que:

(reproduce la Sentencia del TJUE ya mencionada)

En su virtud, puesto que la sentencia recurrida se ajustaba a lo que ha venido a resolver posteriormente la STJUE de 21 de diciembre de 2016, el recurso de casación ha de ser desestimado, ya que aunque en su momento lo planteado en dicho recurso era acorde con la jurisprudencia de esa Sala, NO LO ES UNA VEZ QUE LA MISMA HA DE ACOMODARSE A LO RESUELTO POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN”.

Por ello, a la vista de la Sentencia dictada por el TJUE en fecha 21-12-2016, la declaración de nulidad de la cláusula suelo inserta en el préstamo hipotecario otorgado por la entidad demandada a favor de mi mandante, deberá tener efectos retroactivos a la fecha de celebración del contrato (`FECHA]), debiendo la demandada devolver a mi mandante las cantidades cobradas en exceso por aplicación de la cláusula desde dicha fecha hasta el momento de su efectiva eliminación, más sus intereses legales de las cantidades cobradas de más en cada pago mensual, y los procesales desde la fecha de la sentencia.

VII. INTERESES: Las cantidades que corresponda devolver a mi representado, por la aplicación de la cláusula suelo cuya nulidad solicitamos desde el inicio del contrato, y en su caso las devengadas por el Tipo de Interés Fijo, devengarán los intereses correspondientes. Y los intereses debidos son los legales del dinero, calculados desde la fecha de cada uno de los abonos realizados por mi representada, sustituidos por los moratorios procesales a partir del dictado de la sentencia de primera instancia (Artículo 576 de la LEC).

VIII. COSTAS: De conformidad con el Artículo 394 LEC, procede la imposición de las costas a la parte demandada por su más que evidente mala fe y temeridad, al no haber devuelto a mi representado todas las cantidades cobradas de más en aplicación de las cláusulas cuya nulidad se interesan, más sus intereses legales desde cada cobro y haber desatendido injustificadamente todas las reclamaciones de mi representado.

Todo lo anterior ha obligado a D./Dña. [NOMBRE_CLIENTE] impetrar el auxilio de los Tribunales para reestablecer todos sus derechos, como hacemos con la presente demanda, lo que debe conllevar la expresa imposición de costas a la parte demandada.

IX. IURA NOVIT CURIA: Y en todo lo no invocado resulta de aplicación los principios iuranovit curia y da mihifactum, dabo tibi ius, plasmados en el Artículo 218.1 de la LEC.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO: Se tenga por presentado este escrito de demanda con los documentos y copias que se acompañan, se sirva admitirlo y, en mérito al mismo, de conformidad con las manifestaciones que contiene, tenga por interpuesta DEMANDA DE JUICIO DECLARATIVO ORDINARIO DE ACCIÓN INDIVIDUAL DE NULIDAD DE CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN y RECLAMACIÓN DE CANTIDADES, contra la entidad demandada [NOMBRE_PARTECONTRARIA], se me tenga por parte demandante en la representación acreditada, mandando se entiendan conmigo las sucesivas diligencias y previo cumplimiento de los trámites procesales de rigor, se dicte Sentencia por la que se DECLARE:

I.- La NULIDAD, por tener el carácter de cláusula abusiva, de la limitación a la variabilidad del interés (Cláusula Suelo), contenida en la escritura de Préstamo Hipotecario de fecha [FECHA], formalizada ante la Sra. Notario D./Dña. [NOMBRE_NOTARIO], al número [NÚMERO] de su orden de protocolo.

II.- La NULIDAD del ACUERDO PRIVADO de fecha [FECHA] que la entidad demandada puso a la firma de mi representado, sin ningún tipo de información y bajo el señuelo de una bajada del Tipo de Interés sin explicarle las consecuencias, abusivas y contrarias a derecho, que esta bajada le iba a generar.

III.- Que la entidad [NOMBRE_PARTECONTRARIA], debe devolver las cantidades abonadas de más por la aplicación del referido límite a la variación del tipo de interés aplicable DESDE LA FECHA DEL INICIO DEL CONTRATO ([FECHA]) HASTA FECHA DE SU EFECTIVA ELIMINACIÓN, así como las cantidades cobradas de más por la aplicación de un TIPO DE INTERÉS FIJO desde la fecha de la firma del acuerdo (fecha de efecto el [FECHA]) hasta la sentencia que recaiga en este procedimiento.

De forma subsidiaria, la entidad demandada, debe devolver a mi representando las cantidades abonadas en aplicación de la cláusula suelo desde el inicio del contrato hasta la fecha de su efectiva eliminación.

Ambas cantidades resultarán a determinar en ejecución de sentencia, sobre las bases de las sumas reales que se hayan abonado conforme a la cláusula suelo, y su diferencia con lo que se hubiera debido cobrar de haber aplicado el Tipo de Interés resultante de incrementar al EURIBOR el diferencial pactado en la escritura, así como los intereses legales desde la fecha de cada uno de los abonos realizados por mi patrocinado.

IV.- La nulidad de la CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO (apartados [NÚMEROS]) por abusiva, desproporcionada, falta de transparencia, y no cumplir el justo equilibrio de prestaciones entre las partes, en cuanto permite a la entidad bancaria DECLARAR VENCIDO LA TOTALIDAD del préstamo por el posible incumplimiento de una sola mensualidad, o por la inobservancia de cualquier otra obligación contractual, aunque sea ACCESORIA.

Y en concordancia con lo declarado, que en la referida sentencia se CONDENE a la entidad [NOMBRE_PARTECONTRARIA]:

A) A tener por nula y eliminar del contenido de la escritura pública de préstamo hipotecario de fecha [FECHA] (número de protocolo Nº [NÚMERO]) la citada cláusula financiera [NÚMERO_CLÁUSULA_SUELO], en lo atinente a la comúnmente denominada cláusula suelo por ser nula de pleno derecho y carecer de efectos, así como la de los apartados [NÚMEROS] de la cláusula [NÚMERO_CLÁUSULA_VENCIM_ANTICPADO] que regula el vencimiento anticipado; así como a realizar el cálculo del importe de las cuotas periódicas según la fórmula de cálculo incluida en el clausulado de la escritura sin tomar en consideración la denominada cláusula suelo declarada nula; y a recalcular las cuotas periódicas de amortización e intereses que fueron abonadas por el ahora demandante desde el [FECHA] hasta la fecha en que se eliminó la cláusula suelo, así como las posteriores coutas devendagas al Tipo de Interés Fijo [PORCENTAJE_ACUERDO], conforme a la fórmula que se hace constar en la escritura, pero sin tomar en consideración la cláusula suelo ni el Tipo de Interés Fijo.

Subsidiariamente, se recalculen las cuotas periódicas de amortización e intereses que fueron abonadas por mi mandante desde el INICIO DEL CONTRATO hasta la fecha en la que se eliminó la cláusula suelo, conforme a la fórmula de cálculo que se hace constar en la escritura, pero sin tomar en consideración la cláusula suelo..

B) A abonar a la parte actora la diferencia entre el importe de cada cuota periódica ya abonada y la que resulte del nuevo cálculo llevado a cabo sin cláusula suelo ni Tipo de Interés Fijo del [PORCENTAJE]. Importes a determinar en ejecución de sentencia, sobre las bases ya indicadas, así como los intereses legales desde la fecha de cada abono realizado por mi mandante, y los procesales desde la fecha de la sentencia.

C) A abonar las costas de este proceso y a estar y pasar por tal declaración con todos los efectos legales correspondientes.

PRIMER OTRO SÍ DIGO, que esta parte cree haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley para la validez de los actos procesales, si bien manifiesta desde este momento, que, si por cualquier circunstancia de la índole que fuere, esta representación hubiera incurrido en algún defecto, ofrece su subsanación inmediata a requerimiento de este Juzgado, a los efectos de los dispuesto en el artículo 231 LEC, y 243.3 LOPJ.

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por efectuada la anterior manifestación, se sirva admitirlas a los efectos procesales oportunos.

Por ser de hacer Justicia que, respetuosamente, pido en [LOCALIDAD], a [DÍA] de [MES] de [AÑO].

FDO/LETRADO:

FDO/PROCURADOR:

(1) Especificar la redacción dada a la cláusula suelo o límite a la variabilidad del tipo de interés en la escritura de préstamo hipotecario.

(2) Se trata de la cláusula del acuerdo que establezca que se dejará de estar sujeta a un tipo de interés variable y pasa a un tipo fijo. POR EJEMPLO: “Conforme a lo acordado entre el cliente y el Banco se conviene a la novación modificativa de la Operación identificada en el expositivo I en el sentido de que se dejará de estar sujeta a un tipo de interés variable y pasará a devengar el tipo de interés fijo del [PORCENTAJE] por todo el plazo de duración comprendido entre la fecha de efecto de este contrato del día [FECHA] y hasta el vencimiento de la Operación ”.

(3) Se debe plasmar la cláusula que digan que el cliente desiste de realizar cualquier reclamación en virtud de las cláusulas relativas a las condiciones financieras de la operación o, específicamente, al tipo de interés aplicable y la cláusula suelo que corresponda. POR EJEMPLO: "Cuarto: El cliente se compromete a desistir de cualquier reclamación y a no reclamar contra el Banco o su grupo de empresas en virtud de las cláusulas relativas a las condiciones financieras de la operación, en especial respecto del tipo de interés aplicable y la cláusula de limitación de variabilidad del tipo de interés..."

(4) Si la hubiere, también debe dejarse constancia del “estipulan” que determine que el cliente da conformidad a las liquidaciones de la Operación hipotecaria practicadas por el Banco con aplicación del límite a la variación de tipo de interés pactado, renunciando, desde este momento y para el futuro, a no pedir ni reclamar por dichos conceptos. POR EJEMPLO: "Sexto: “Con la firma del presente Acuerdo las partes asumen el contenido y todos los efectos legales que puedan derivarse del mismo, dando su plena ratificación y conformidad con relación a la todas las estipulaciones contractualmente establecidas en la escritura y en el presente acuerdo…El cliente da conformidad a las liquidaciones de la Operación hipotecaria practicadas por el Banco hasta la fecha del presente documento con aplicación del límite a la variación de tipo de interés pactado, renunciando desde este momento y para el futuro a nada más pedir ni reclamar por dichos conceptos.”

(5) Especificar redacción literaria del préstamo hipotecario sobre los apartados concretos de la cláusula acerca del vencimiento anticipado que se consideren abusivos. POR EJEMPLO: “No obstante la vigencia pactada inicialmente, el Banco podrá declarar vencido de pleno derecho el préstamo y exigibles la totalidad de las obligaciones contraídas por los prestatarios cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: A). Cuando la prestataria incumpliere CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES contraídas en virtud del presente documento. Con respecto a la falta de pago, BASTARÁ LA DE UNA SOLA CUOTA MENSUAL DEL PRÉSTAMO O UNA LIQUIDACIÓN DE INTERESES, de una prima se seguro de las fincas hipotecadas o de un recibo de contribución o impuesto que grave las fincas, aun cuando la prima o el recibo hayan sido pagados por el Banco, adelantando las cantidades precisas, teniendo el Banco la facultad para exigir el reembolso de las cantidades anticipadas y sus intereses, al tipo pactado en este contrato, más el correspondiente recargo de demora previsto en el mismo. G). Cuando concurra cualquier otra causa establecida en derecho que autorice el vencimiento anticipado de las obligaciones".

(6) Cantidad dineraria destinada al pago de la finalidad del préstamo hipotecario (el dinero que presta el banco).

(7) Especificar la redacción dada en la escritura a la finalidad para la que se prestó el dinero que se debe devolver (normalmente es compra de vivienda pero también es posible que se haya utilizado para otros menesteres, por ejemplo, para realizar obras en la vivienda habitual).