Demanda por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública (demandante persona jurídica)

AL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE [LOCALIDAD]/ A LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE [COMUNIDAD_AUTÓNOMA]

D./D.ª [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador/a de los Tribunales de [LOCALIDAD], con n.º de colegiado/a [NÚMERO_COLEGIADO_PROCURADOR_CLIENTE] actuando en nombre y representación de [NOMBRE_MERCANTIL], con [CIF], representación que consta acreditada en autos de referencia, bajo la dirección técnica de D./D.ª [NOMBRE_ABOGADO_CLIENTE], Abogado/a con número de Colegiado/a [NÚMERO_COLEGIADO_ABOGADO_CLIENTE] del Iltre. Colegio de Abogados de [LOCALIDAD] (1), comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO:

Que con fecha [FECHA] se me ha notificado la Diligencia de Ordenación de [FECHA], por la que se me hace entrega del expediente administrativo (ESPECIFICAR), y dentro del indicado plazo y mediante el presente escrito vengo a formalizar la DEMANDA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, conforme al artículo 52 apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, frente a [ESPECIFICAR], y todo ello en base a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Que con fecha [FECHA], por causa  imputable a la actuación de esa Administración a la que me dirijo, se me produjeron los siguientes daños y perjuicios que no tengo el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley [DESCRIPCIÓN].

SEGUNDA.- De los anteriores hechos resulta evidente la inequívoca relación de causalidad entre los daños producidos y el funcionamiento de los servicios públicos de esa Administración.

TERCERA.- La cantidad a satisfacer por esa Administración se cifra en la cantidad total de [CANTIDAD] €, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios producidos.

CUARTA.- Para la comprobación de los hechos alegados se acompañan los siguientes documentos  que acreditan su veracidad.

-N.º 1 [ESPECIFICAR]

-N.º 2 [ESPECIFICAR]

A los hechos anteriores resultan de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS 

I.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

El artículo 1 apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa indica que los Juzgados y Tribunales del Orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujetas a Derecho Administrativo. Por su parte, corresponde el conocimiento de la presente pretensión al órgano al que me dirijo de conformidad con el artículo 8 de la LJCA.

II.- CAPACIDAD PROCESAL Y LEGITIMACIÓN

El artículo 19 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa legitima activamente ante esa jurisdicción a las personas que ostenten un interés legítimo y el artículo 21 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, atribuye legitimación pasiva a la Administración demandada.

III.- POSTULACIÓN

Por lo que respecta a la postulación, esta parte se encuentra representada por procurador y asistida técnicamente por letrado de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (2).

IV.- AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA

El acto que se recurre ha puesto fin a la vía administrativa en virtud de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

V.- PROCEDIMIENTO

La demanda se tramitará por los cauces del procedimiento [ORDINARIO/ABREVIADO] (3), de conformidad con el artículo 78 de la LJCA.

VI.- FONDO DE ASUNTO

El artículo 106 apartado 2 de la CE proclama la responsabilidad patrimonial de la Administración: «Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos».

En el mismo sentido el artículo 32 apartado 1 de la Ley 40/2015: «Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la