Recurso de amparo ante Tribunal Constitucional (frente a actos u omisiones judiciales del juez de vigilancia penitenciaria)

Los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución Española serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los tribunales de Justicia. Igual protección será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución. (Art. 41 de la LOTC).

El recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la que se expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. En todo caso, la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso. (Art. 49 de la LOTC).

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional distingue tres modalidades de recurso de amparo en razón del origen del acto del poder público al que se le imputa la vulneración de los derechos fundamentales:

a) Recurso de amparo contra decisiones parlamentarias (art. 42 de la LOTC).

b) Recurso de amparo contra decisiones gubernativas y administrativas (art. 43 de la LOTC).

c) Recurso de amparo contra decisiones judiciales (art. 44 de la LOTC).

Los plazos para la interposición del recurso de amparo contra decisiones gubernativas o administrativas y del recurso de amparo contra decisiones judiciales es de 20 y 30 días, respectivamente, desde la notificación de la resolución que pone fin a la vía judicial previa. El plazo para la interposición del recurso de amparo contra decisiones parlamentarias es de 3 meses desde que con arreglo a las normas internas de las cámaras sean firmes.