Auto Contencioso-Administrativo Nº 124/2019, Tribunal Superior de Justicia de Pais Vasco, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 864/2019 de 17 de Octubre de 2019

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BARROETA ALDAMAR, 10-2ª Planta-CP: 48001

TEL.: 94-4016655 FAX: 94-4016996

NIG PV: 20.05.3-18/001004

NIG CGPJ: 20069.33.3-2018/0001004

Procedimiento: Recurso apelación 864/2019 - Seccion 2ª AMS

Juzgado origen: Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

Procedimiento origen: Ordinario 338/2018

Apelante :DARALCA S.L.U. y INMOBILIARIA VASCONGADA S.A.

Representado por: JAVIER CIFUENTES ARANGUREN y INMOBILIARIA VASCONGADA S.A.

Apelado:AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA. DIRECCION DE URBANISMO SOSTENIBLE.

Representado por: PABLO BUSTAMANTE ESPARZA

RESOLUCIÓN JUDICIAL RECURRIDA: Sentencia 29 de mayo de 2019

AUTO Nº 124/2019

ILMOS. SRES.:

PRESIDENTE: ANA ISABEL RODRIGO LANDAZABAL

MAGISTRADOS: ANGEL RUIZ RUIZ

JOSE ANTONIO ALBERDI LARIZGOITIA

Siendo Ponente D. Ángel Ruiz Ruiz.

En Bilbao, a diecisiete de octubre de dos mil diecinueve.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la parte apelada en el presente recurso de apelación, se ha alegado ante el Juzgado la inadmisibilidad del recurso, por razón de la cuantía.

SEGUNDO.- Dado traslado de dicha alegación a la apelantes, por ellas se presentó escrito de oposición.

Fundamentos

PRIMERO.-El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián se opone a la admisión del presente recurso de apelación alegando que su cuantía es inferior a la prevista por el artículo 81.2. a) LJCA.

Razona al efecto que aun cuando la cuantía haya sido considerada indeterminada por el Juzgado difícilmente puede superar la cantidad de 30.000 euros, ya que a tales efectos no pueden tomarse en cuenta los eventuales perjuicios o efectos posteriores sino exclusivamente el coste de la inversión realizada.

Las mercantiles apelantes se oponen al incidente propugnando la admisibilidad del recurso, razonando que en la demanda señaló la cuantía como indeterminada, en lo que coincidió el Ayuntamiento en su escrito de contestación [- por ello se habla de actuación contra sus propios actos-], recayendo decreto que la fijó como indeterminada.

Se remiten y reproducen lo que plasmaron con el recurso de apelación, en el apartado tercero sobre los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación.

Por ello destacan (i) que el coste económico de las obras e instalaciones realizadas para el ejercicio de la actividad de vivienda de uso turístico ascendió a 163.537,36 euros, con remisión a la licencia de primera utilización y (ii) que se recurría el cese de la actividad, incidiendo en los prejuicios por obras no necesarias pasa el uso de vivienda privada y en la pérdida de rentas.

SEGUNDO.-La determinación de la cuantía como indeterminada efectuada en la instancia, incluso la conformidad entre las partes, no impide su reconsideración por la Sala, por tratarse de una cuestión de orden público procesal, de acuerdo con una reiterada doctrina jurisprudencial que, por conocida, disculpa su cita.

Por ello, no es relevante la alegación con la que se achaca al Ayuntamiento ir contra sus propios actos, porque con la contestación defendió la cuantía como indeterminada.

La resolución recurridaordena la clausura de la actividad de uso turístico de la vivienda, y siendo la pretensión ejercitada su anulación, el valor económico de la pretensión no puede coincidir con el valor económico de la vivienda, porque permanecen inalterados los demás usos que son propios a su carácter residencial.

Puesto que se trata de una clausura de actividad respecto del uso de arrendamiento turístico de una vivienda, permaneciendo inalterado el uso residencial que le es propio de acuerdo con el planeamiento, ya sea en propiedad o en régimen de arrendamiento, el valor económico de la pretensióndebe cifrarse, tal y como postula el Ayuntamiento de San Sebastián, en el coste económico de las obras e instalaciones realizadas para su efectividad.

En efecto, así lo establecen reiterados pronunciamientosdel Tribunal Supremo, que aun cuando se pronuncian sobre la admisión del recurso de casación , su doctrina resulta trasladable a la admisión del recurso de apelación dada la identidad de razón concurrente, puesto que en ambos supuestos se trata de determinar el valor económico de la pretensión aun cuando las cuantías que abren paso a ambos recursos sean diferentes, pronunciamientosentre los que cabe citar los autos de 12/03/1999 (recurso 3563/1998) en un supuesto de clausura de la actividad de taller de ebanistería, de 26/04/1999 (recurso 5334/1998) sobre clausura de una clínica, de 29/05/2000 (recurso 583/1999) sobre clausura de una granjade cría y engorde de cerdos y conejos, de 13/11/2000 (recurso 3970/1999) sobre clausura del establecimiento de ganado ovino, de 26/03/2001 (recurso 1901/1999) sobre clausura de taller de artes gráficas, de 12/07/2002 (recurso 4143/2000) sobre clausura de residencia de ancianos, de 18/01/2007 (recurso 1245/2005) sobre clausura temporal de establecimiento, y, sin ánimo de exhaustividad, de 15/02/2007 (recurso 3378/2005) en un supuesto de clausura de una emisora de radio, del que resulta pertinente reproducir los fundamentos jurídicos 3º y 4º, del siguiente tenor literal:

" TERCERO.- En este asunto, la cuantía del recurso contencioso-administrativo no puede alcanzar el límite de 25 millones de pesetas establecido en el artículo 86.2.b) de la LRJCA para acceder al recurso de casación, puesto que para su determinación habrá de estarse al valor económico de la pretensión ejercitada por la entidad recurrente, valor que, notoriamente, no puede exceder la expresada cantidad teniendo en cuenta el montante económico de la sanción de 100.000 euros impuesta a la recurrente, y el valor en que razonablemente pueden cuantificarse los componentes de las instalaciones de una emisora de radio por ondas cuyo precinto se acuerda, dada la naturaleza de emisora instalada -y que en este caso la propia recurrente no concreta, la cuantía, por notoriedad, en ningún caso podrá rebasar el límite casacional establecido en el citado artículo 86.2 .b), lo que determina que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 93.2.a) de la LRJCA , deba declararse la inadmisión del presente recurso, por no ser susceptible de casación la resolución impugnada.

CUARTO.- No obsta a lo anterior que la entidad recurrente, en su escrito de alegaciones, declare que las consecuencias económicas del cierre -valor de equipamientos, pérdida de audiencia y contratos publicitarios, así como compromisos laborales- superaran en cualquier caso los 25 millones de pesetas, pues como ha declarado esta Sala, a los efectos de la admisión o inadmisión del recurso de casación por razón de la cuantía litigiosa no pueden tenerse en cuenta efectos posteriores o de futuro(Autos de 24 de mayo de 1995, 22 de diciembre de 1997, 20 de abril, 15 de junio, 28 de septiembre, 26 de octubre de 1998 y 23 de septiembre de 2002 ), como serían los relativos a las expectativas de negocio, o criterios que por su carácter aleatorio y difuso no pueden servir como parámetros de valoración(Auto de 19 de febrero de 2001 ), como servían los relativos a clientela, fondo de comercio y prestigio profesional (Auto de 10 de febrero de 2003 ) quedando también al margen de la determinación de la cuantía para el acceso al recurso de casación el abono de las nóminas de los trabajadores, de los correspondientes pagos a la Seguridad Social o de reclamaciones derivadas de los mismos

En definitiva es doctrina reiterada de esta Sala (por todos, Auto de 26 de abril de 1999 y 11 de noviembre de 2002 ) que a efectos de determinación de la cuantía no pueden tomarse en consideración situaciones de futuro como las que plantea la recurrente relativas a los daños y perjuicios derivados del cese de la actividad, o del precinto de los equipos correspondientes de las instalaciones radioeléctricas.

Finalmente debe señalarse que esta Sala ha declarado la inadmisión por razón de la cuantía, respecto de recursos interpuestos por el Abogado del Estado o por las empresas sancionadas, en supuestos análogos (así Autos de 11 de junio, 9 de julio y 22 de octubre de 2001, 7 de marzo de 2002 y 14 de enero de 2003 -recursos nº 3339/99, 3336/99, 4005/2000, 6340/99 y 6404/99, respectivamente-) ".

En consecuencia,el valor económico de la pretensión viene determinado por el coste de las instalaciones necesarias para el ejercicio de la actividad clausurada, de arrendamiento de vivienda turística, instalaciones que no son otras que aquellas que posibilitan el uso propio residencial de la vivienda en el régimen de posesión que sea (propiedad, arrendamiento, precario¿).

Por ello, no es relevante que se recurra el cese de la actividad, la pérdida de rentas.

Las apelantes alegan que el coste económico de las obras e instalaciones realizadas para el ejercicio de la actividad de vivienda de uso turístico ascendió a 163.537,36 euros, con remisión a la licencia de primera utilización.

A juicio de la Sala no cabe aceptar que tales inversiones sean requeridas específicamente por su destino a la actividad de arrendamiento turístico, ya que las instalaciones y equipamiento realizadas, ya sean necesarias o meramente convenientes, sirven con la idéntica utilidad al uso residencial que le es propio, ya sea en propiedad o arrendamiento, aun cuando hayan sido realizadascon ocasión del destino de la viviendaal uso turístico. No resulta equiparable la situación a la de inversiones realizadas para el desarrollo de una actividad económica que devienen inservibles tras su clausura.

Procede en consecuencia inadmitir el recurso de apelación interpuesto de conformidad con lo previsto por el art. 81.1.a) LJCA.

TERCERO.-Costas.

Pese a la estimación del incidente y la inadmisión del recurso interpuesto, no ha lugar a la imposición de las costas habida cuenta de que la parte siguió la indicación efectuada por la sentencia apelada sobre su pertinencia ( art. 139 LJCA).

En atención a lo expuesto este Tribunal,

Fallo

PRIMERO.-Declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto.

SEGUNDO.-Sin costas.

Con pérdida del depósito constituido, que deberá ser transferido por el Juzgado de origen a la cuenta de depósitos de recursos inadmitidos y desestimados.

Modo de impugnar esta resolución: mediante recurso de reposición, por escrito presentado en esta Sala en el plazo de cinco días, contados desde el siguiente a su notificación, no obstante lo cual se llevará a efecto la resolución impugnada ( artículo 79.1 LJCA).

Para la interposición del recurso será necesaria la previa consignación en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano jurisdiccional en el Banco Santander, con nº 4697 0000 01 0864 18, de un depósito de 25 euros, debiendo indicar en el campo concepto del documento resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso'. Quien disfrute del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos están exentos de constituir el depósito ( DA 15ª LOPJ).

Así por este su auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados antes nombrados, componentes de este Tribunal, de lo que yo, Letrado de la Administración de Justicia, doy fe.