Auto Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 225/1987 de 25 de noviembre del 1999

PRIMERO.- El 4 de julio de 1997 le fue notificada a Don Cesar la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio del mismo año, en la que se declaraba el derecho del recurrente "a percibir la cantidad equivalente a la totalidad de las retribuciones que hubiera percibido como Magistrado del Tribunal Supremo en activo durante el período comprendido entre los seis meses siguientes a la fecha en que se hizo efectiva la suspensión provisional de funciones acordada por el Consejo General del Poder Judicial el 27 de febrero de 1984 y el 13 de mayo de 1986, descontando de la suma que resulte lo que hubiere percibido mientras permaneció en situación de suspensión".

Dando cumplimiento a la sentencia, el Ministerio de Justicia le abonó la suma de 5.148.542 pesetas y, una vez cobradas, el interesado suplicó a la Sala que se ordenara a la Administración que le abonase los intereses legales de dicha cantidad desde la interposición de la demanda, el 29 de enero de 1988, hasta el efectivo pago de la cantidad a que había sido condenada, el 26 de marzo de 1998, todo ello con revalorización al momento actual del importe de la condena.

SEGUNDO.- Fundándose la petición del recurrente en la liquidez de la cantidad a que había sido condenada la Administración, sin embargo no tiene en cuenta que el ámbito procesal en que formula su pretensión es un incidente de ejecución de sentencia, en el que lo único atendible para acceder a lo solicitado por las partes es el contenido de lo resuelto en la sentencia que se trata de ejecutar, cuyo infranqueable límite nos impide considerar la posibilidad de otorgar en vía de ejecución lo que no había sido otorgado en la sentencia, principio que hace inviables las peticiones del recurrente relativas a los intereses derivados de la eventual condición de líquida de la obligación pretendida en la demanda o su actualización en función del I.P.C., visto que ninguno de estos aspectos había sido recogido en el fallo que ha de ejecutarse y ni siquiera había sido traído a colación en parte alguna de la sentencia.

Por otra parte, si en el incidente que resolvemos se alude a la larga duración del proceso, en parte motivado por su extravío, esto podría dar lugar a algún otro tipo de responsabilidad, como con acierto indica el Abogado del Estado, pero en ningún caso procede resolver la cuestión alterando el contenido exacto de lo acordado en la sentencia.

TERCERO.- Ponderando que no se discute por la Administración la fecha dada por el señor Cesar como de abono efectivo de la cantidad que debía pagarse según la sentencia --26 de marzo de 1998 -- y que la condena debe calificarse de líquida, al ser numéricamente exactas y prefijadas las cantidades sobre las que la Administración tenía que operar para traducir a cifras los conceptos delimitadores contenidos en el fallo, conforme a la disposición transitoria cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es aplicable al caso el artículo 106 de la misma , que ordena que cuanto la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, a esta cantidad se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia.

CUARTO.- No ha lugar a especial declaración de costas.