Auto Penal 3/2024 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 21, Rec. 585/2023 de 03 de enero del 2024

Primero.Respecto de la doctrina que la Sala aplica en relación con la medida de prisiónprovisional diremos que desde la perspectiva del derecho a la libertad ( art. 17 CE), y en relación con la incidencia de la adopción de la prisión provisional en dicho derecho fundamental, recordamos que aquélla se sitúa entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito y asegurar la presencia del inculpado en el juicio oral y el deber estatal de asegurar el ámbito de libertad del ciudadano.

Ciertamente, la prisión provisional, es decisión que se adopta en una situación de necesidad en la que están en juego diversos bienes y derechos constitucionales. Y se adopta en un contexto de incertidumbre acerca de la responsabilidad penal de la persona sobre cuya privación de libertad se discute. En tales casos la legitimación de la medida sólo exige que recaiga en supuestos donde la pretensión acusatoria ( STC 35/2007) tiene un fundamento razonable, esto es, allí donde existan indicios racionales de criminalidad", donde concurran en el afectado "sospechas razonables de responsabilidad criminal" ( STC 128/1995, FFJJ 3 y 4).

Segundo. Su legitimidad exige que su aplicación tenga como presupuesto, objetivo, fundamento y objeto lo siguiente:

A) Como presupuesto la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva que se atribuye al investigado; reflejado en el art 503.1.1ª. y 1. 2 º LECRM.

B) Como objetivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida a través de la conjura de ciertos riesgos relevantes para el desarrollo normal del proceso o para la ejecución del fallo que parten del imputado como su sustracción a la acción de la Justicia, la obstrucción de la instrucción penal y, en un plano distinto, aunque íntimamente relacionado, la reiteración delictiva, sin que en ningún caso pueda perseguirse con la prisión provisional fines punitivos, de anticipación de la pena, o de impulso de la instrucción sumarial, propiciando la obtención de pruebas o declaraciones de los imputados. Fines que expresamente se detallan en el art. 503.1. 3ª y 2 LECRM.

Debe también añadirse que entre estos fines no está combatir la alarma social. Como señala la STC 156/1997 la alarma social que provoca el delito perseguido no contiene un fin constitucionalmente legítimo y congruente con la naturaleza de la prisión provisional.

C) Como fundamento, la ponderación de las circunstancias concretas que, de acuerdo con el presupuesto legal y la finalidad constitucionalmente legítima, permitan la adopción de la medida ( SSTC 62/1996, de 16 de abril, FJ 5; 44/1997, de 10 de abril, FJ 5; 66/1997, de 7 de abril, FJ 4; 33/1999, de 8 de marzo, FJ 3, y 14/2000, de 17 de enero, FJ 4), reflejado en los art 502,503 y 504 LECRM

D) Como objeto que se la conciba, en su adopción y mantenimiento, como medida basada en el principio de legalidad ( nulla custodia sine lege) de aplicación excepcional ( in dubio pro libertate), subsidiaria, provisional, y proporcionada para el logro de la consecución de los fines que la justifican, reflejado en el art 502 LECRM.

E) Como presupuesto funcional, su petición por alguna de las acusaciones.

Tercero. Su adopción o mantenimiento debe acordarse de forma fundada, razonada, completa y acorde con los fines de la institución [ STC 128/1995, FJ 4 b)] constatando si la fundamentación que las resoluciones judiciales exponen es:

A) Suficiente, por referirse a todos los extremos que autorizan y justifican la medida.

B) Razonada, por expresar el proceso lógico que individualiza la aplicación de las exigencias constitucionales al caso concreto.

C) Proporcionada, esto es, si ha ponderado los derechos e intereses en conflicto del modo menos gravoso para la libertad.

D) Reforzada por referirse a la libertad personal (por todas STC 204/00).

Para que la motivación de la resolución judicial que acuerde tal medida se considere suficiente y razonable, es preciso que la misma sea el resultado de la ponderación de los intereses en juego (la libertad de la persona, por un lado; la realización de la Justicia penal, por otro), que constituye una exigencia formal del principio de proporcionalidad, y que esta ponderación no sea arbitraria, en el sentido de que resulte acorde con las pautas del normal razonamiento lógico y especialmente con los fines que justifican la prisión provisional ( SSTC 128/1995, de 26 de julio, FJ 4; 33/1999, de 8 de marzo; 14/2000, de 17 de enero; 47/2000, de 17 de febrero, FJ 2; 164/2000, de 12 de junio; 165/2000, de 12 de junio, y 29/2001, de 29 de enero, FJ 3).

Por demás como señala la STC 5/2020 de acuerdo con la reciente STC 50/2019, de 9 de abril, FJ 4: la adopción o el mantenimiento de medidas cautelares limitativas de derechos fundamentales, como es el caso de la de prisión provisional, puede contener una motivación por remisión a otra previa e inmediata resolución judicial, que tenga por presupuesto los mismos indicios racionales de criminalidad respecto de semejantes hechos delictivos, además de igual calificación jurídica provisional que la anterior, en cuanto que es esta resolución la que tiene por objeto directo la valoración de la suficiencia de los elementos fácticos y jurídicos de cargo.

La adopción de esta grave medida cautelar debe tomar en consideración, además de las características y gravedad del delito imputado y de la pena con que se le amenaza, las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado. Y valorar la incidencia que el transcurso del tiempo ha de tener en la toma de la decisión de mantenimiento de la prisión, de modo que en un primer momento, la necesidad de preservar los fines constitucionalmente legítimos de la prisión provisional así como los datos de que en ese instante disponga el instructor, pueden justificar que el decreto de la prisión se lleve a cabo atendiendo solamente al tipo de delito y a la gravedad de la pena, dado que de este dato puede inferirse razonablemente la existencia de riesgo de fuga (por todas, STC 8/2002, de 14 de enero, FJ 4). Sin perjuicio de que el paso del tiempo pueda modificar estas circunstancias lo que obliga, en cada momento procesal en el que se deba resolver en relación con la libertad del investigado, a ponderar los datos personales y los del caso concreto conocidos en momentos posteriores [entre otras, SSTC 128/1995, de 26 de julio, FJ 4 b),37/1996, de 11 de marzo, FJ 6 a), 62/1996, de 16 de abril, FJ 5, y 33/1999, de 8 de marzo].

En suma, la medida de prisión provisional debe responder en todo momento a los fines constitucionalmente legítimos de la misma, y así debe poder deducirse de la motivación de la resolución que la acuerda, aunque en un primer momento estos fines pueden justificarse atendiendo a criterios objetivos como la gravedad de la pena o el tipo de delito [por todas, STC 44/1997, de 10 de marzo, FJ 5 b)].

Cuarto.En el caso en particular de este recurso, al aplicar cuanto llevamos dicho y revisando sistemáticamente los elementos que deben concurrir, en primer lugar, debemos señalar que la motivación del auto recurrido es suficiente y cumple el canon de motivación antes expuesto. Seguidamente debemos referirnos al pronóstico objetivo de comisión, de acaecimiento del hecho conforme a los artículos 503 1. 1º y 503.1. 2º LECRIM.

Considera la Sala que hay indicios suficientes de la realización de los hechos delictivos denunciados. Estos indicios resultan:

F) De las declaraciones del perjudicado Belarmino en sede policial en fechas 24 de octubre y 2 de noviembre de 2023 en relación con las llamadas telefónicas realizadas exigiéndole una cantidad de dinero con el fin de evitar la difusión de imágenes perjudiciales para su empresa.

G) De la declaración testifical de Angelica en sede policial que da cuenta de la presencia en la empresa afectada del investigado Pedro Jesús.

i. De la grabación - y sus correspondientes transcripciones - de las conversaciones mantenidas entre el investigado Pedro Jesús y Belarmino, en relación con la exigencia de dinero a cambio de no facilitar ciertas imágenes e información perjudicial para la sociedad.

ii. De las imágenes de las cámaras de seguridad de la empresa afectada que recogen la presencia en el lugar del investigado Pedro Jesús en fecha 13 de octubre de 2023.

iii. Del informe policial de imágenes en las que se capta al investigado Pedro Jesús en el número 27 de la calle Vía Augusta, donde estaba prevista la supuesta entrega de dinero.

iv. De la declaración en sede policial del testigo Gaspar que regenta el locutorio Cat Mobil sito en el número 90 de la calle Travessera de Gràcia de Barcelona, en relación con la recarga efectuada por el investigado Pedro Jesús del teléfono número NUM001, a través del que se realizaron las conversaciones telefónicas entre el investigado y Belarmino.

v. De la intervención al investigado Pedro Jesús de dos terminales telefónicos, uno de ellos asociado al número NUM001, a través del que se realizaron las conversaciones telefónicas entre el investigado y Belarmino.

vi. Del análisis inicial y provisional de uno de los teléfonos móviles intervenidos en el que consta en un hilo del aplicativo WhatsApp una captura del contacto y nombre de la víctima y una serie de imágenes de obradores y estancias relacionadas.

vii. De las pesquisas, vigilancias y reportajes fotográficos realizados por la Policía judicial que constan en el atestado policial.

Los indicios existentes en este momento inicial de la instrucción son sólidos, relevantes y suficientes a los efectos de acreditar, indiciariamente, los hechos punibles denunciados y la participación del investigado Pedro Jesús en su comisión. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que todos los indicios expuestos son relevantes, pero únicamente en relación con los hechos denunciados en fecha 16 de octubre de 2023. Respecto a los hechos de la misma naturaleza - posible delito de extorsión o de amenazas condicionales - denunciados en fecha 15 de febrero de 2023 la Sala constata que en este momento procesal no existen indicios sólidos, relevantes y suficientes de la participación del investigado Pedro Jesús en estos hechos.

Las partes y el magistrado juez instructor califican provisionalmente los hechos como posiblemente constitutivos de un delito de extorsión, previsto y penado en el artículo 243 del Código Penal y que tiene una pena señalada entre un año y cinco años de prisión. La cuestión controvertida, en la que el recurrente centra su recurso, es si se trata de un delito consumado o bien si se trata de un delito ejecutado en grado de tentativa. También se discute la continuidad delictiva.

Es cierto que la respuesta, siquiera provisional en este momento procesal, a estas cuestiones, es relevante a los efectos de la adopción de la medida cautelar adoptada de la prisión provisional comunicada y sin fianza del recurrente. Pero no porque de ello dependa la concurrencia del primero de los requisitos legalmente exigidos por el artículo 503.1. 1º LECrim, sino por su incidencia en el riesgo de fuga real al que se refiere el artículo 503.1. 3º a) LECrim.

En efecto, el primer requisito legal es, como ya se ha dicho, que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado o encausado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso. En el supuesto que nos ocupa la pena del posible delito de extorsión, a los efectos del cumplimiento de este requisito legal, tiene que ser contemplada en abstracto, sin atender a la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal o al grado de ejecución del delito. Y la pena, así contemplada, supera con creces los dos años de prisión. Y por lo que se refiere a los antecedentes penales del investigado Pedro Jesús, a la vista de su hoja histórico penal la Sala constata que los antecedentes penales que allí constan en la fecha de inicio de la comisión de los hechos denunciados - 11 de octubre de 2023 - todos ellos eran susceptibles de cancelación, salvo un delito de robo con violencia o intimidación en casa habitada, edificio o local ( Sección 7ª AP Barcelona, Procedimiento abreviado 112/2013) cometido el 11 de octubre de 2011. Consta en la diligencia policial de antecedentes del investigado Pedro Jesús dos requisitorias cumplimentadas de busca, detención e ingreso en prisión una de fecha 28 de febrero de 2020, por lo que habían transcurrido más de dos años en el momento de su actual detención (2 de noviembre de 2023). No consta que se haya contrastado judicialmente la existencia de estas requisitorias.

Luego se cumple el primer requisito legal. Otra cosa es que el grado de la ejecución del delito o la existencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, en cuanto que conllevan una pena que se concreta en una horquilla penal más reducida que la correspondiente al delito en abstracto, conlleve un menor riesgo real de fuga del investigado, en cuanto que este se asocie exclusivamente a la gravedad de la pena, cuestión que seguidamente abordamos, al tratar de esta finalidad de la prisión preventiva.

Tampoco debe descartarse que los hechos denunciados puedan ser constitutivos de un delito de amenazas condicionales, previsto en el artículo 169 del Código Penal que, para el caso que el culpable no hubiere conseguido su propósito tiene una pena asociada entre seis meses y tres años de prisión. En este caso no habría dudas en que estaríamos ante un delito consumado y la pena en abstracto supera también los dos años de prisión.

No siempre es fácil, como nos recuerda la STS 849/2022, de 27 de octubre, la distinción entre ambos delitos: la extorsión y las amenazas condicionales. La referida sentencia señala que "no parece cuestionable que el delito de extorsión del artículo 243 y el de amenazas del artículo 169.1º, ambos CP, comparten elementos de tipicidad, tanto objetivos como subjetivos, y finalidades de protección de bienes jurídicos coincidentes. Lo que sugiere un genuino concurso de normas cuya superación obliga a acudir a las reglas del artículo 8 CP. En particular, a la de especialidad." Y señala como elementos diferenciadores la inmediatez y la realización de un acto o negocio con forma jurídica en el caso de la extorsión y el diferimiento en el tiempo y una prestación sin especial forma jurídica, en el caso de las amenazas condicionales. Pero, en uno y otro caso, el objeto de la denuncia versa sobre hechos punibles que presentan indiciariamente los caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo legal excede los dos años y aparecen, según los razonamientos expuestos, motivos bastantes para creer responsable criminalmente de estos hechos punibles al investigado Pedro Jesús; sin perjuicio de que la calificación provisional inicial como un delito de extorsión pueda ser modificada a la vista del resultado de las diligencias que puedan practicarse en la fase de instrucción.

La Sala muestra su conformidad con que deben ser tenidos por tales indicios los indicados, y hace expresa mención de que se valoran en su conjunto y por las interacciones de unos con los otros, Y tras examinar las diligencias que constan en el testimonio remitido llega a la conclusión de que la hipótesis más razonable es la de considerar que todos estos elementos apuntan a la autoría, junto con otro, por el investigado Pedro Jesús de los hechos investigados.

Quinto. Podemos entonces avanzar y comprobar en este caso si la prisión provisional persigue alguno de los fines que debe ponderar el juez al aplicar el artículo 503. 1.3º LECRIM. Comprobación que es totalmente necesaria toda vez que la participación del investigado en el hecho punible como pronóstico subjetivo es una condición necesaria pero no suficiente para el mantenimiento de la medida de prisión provisional si ésta, a la vez, no cumple con los requisitos también legalmente exigidos y vinculados a sus fines en el contexto de una sociedad democrática y de unas medidas precisas necesarias proporcionales en relación con dichos fines.

En primer lugar, procede examinar el riesgo de fuga del investigado que es uno de los fines, el principal, con el que el auto justifica la necesidad de la medida y su mantenimiento.

Como señala la STC 5/2020 es objetivo de la medida cautelar, precisamente, anticiparse al momento en que la huida se lleve a efecto, y ya no pueda ser prevenida. Como hemos dicho en muchas ocasiones, nunca puede asegurarse a priori que la fuga o no localización no vayan a suceder por más cautelas que se pongan a una libertad provisional. Cualquier imputado puede representarse que el devenir del procedimiento pueda serle desfavorable y representarse, como una opción a seguir, eludir la acción de la Justicia, poniéndose fuera del alcance de los tribunales lo que conlleva que deban realizarse esfuerzos singulares para su localización en las fases posteriores del proceso.

Cabe pues determinar en el caso concreto si esta posibilidad de que el investigado se sustraiga a la acción de los Tribunales se considera una hipótesis probable o, por el contrario, si concurren factores de los que racionalmente pueda inferirse como más probable la hipótesis de que el investigado se sujetará al control del Tribunal o del Juzgado. Se trata en definitiva de comprobar si hay elementos que contrabalanceen ese riesgo, valorados de una forma razonable y presidida esa valoración por los criterios antes expuestos de suficiencia, razonabilidad y proporcionalidad, ponderado los derechos e intereses en conflicto del modo menos gravoso para la libertad.

Sobre la inferencia racional de un riesgo de fuga (art.503 3ª a) LECRM) la Sala entiende que para constatar el peligro de fuga hay que tener en cuenta conjuntamente la naturaleza, la gravedad de la pena y la situación laboral social y económica, además de la inminencia del juicio oral y ponderar todas las circunstancias personales, objetivas, y subjetivas para establecer la medida cautelar más adecuada para neutralizar el riesgo en función de su intensidad.

Como señala la STC 50/2019, de 9 de abril, FJ 5 b) todo juicio que expresa el pronóstico de un comportamiento futuro se funda en diversos factores y, entre ellos, en máximas de experiencia, que se ven más o menos reforzadas en función de los datos fácticos concurrentes.

Y en el caso concreto que nos ocupa y en relación con el investigado Pedro Jesús el riesgo de fuga se fundamenta por el instructor en la gravedad de la pena asociada al delito que se le imputa, un delito continuado y consumado de extorsión, así como en la existencia de antecedentes penales, policiales y de dos requisitorias de fecha 28 de febrero de 2020 y 15 de noviembre de 2022.

Es aquí donde despliega todo su potencial la cuestión controvertida, alegada por el recurrente, en relación con la consumación o no del delito y la continuidad delictiva.

El delito de extorsión tiene una naturaleza peculiar, que ponen de relieve tanto el instructor como el recurrente. La STS 1009/2022, de 11 de enero de 2023, a la que ambos aluden, explica con claridad esta naturaleza singular en los siguientes términos:

"El art. 243 CP sanciona al que con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.

Se trata, por ello, en cuanto a su naturaleza jurídica, de un delito pluriofensivo en el que no hay un único bien jurídico a proteger, pues se castiga el peligro o daño al patrimonio y la lesión a la libertad, con independencia de que en la complejidad del tipo quepan otros como la integridad física y/o moral. No obstante su ubicación sistemática pone el acento en el aspecto patrimonial. En este sentido la STS 966/2009, de 13-10 , precisa como: "esta modalidad delictiva conocida como extorsión se ha mantenido a lo largo de toda la historia legislativa de nuestros Códigos Penales si bien con variantes que ahora alcanza una mayor perfección técnica en el actual artículo 243 del Código Penal vigente. Mantiene su naturaleza de delito contra el patrimonio reuniendo como móvil o propósito el ánimo de lucro. Desarrolla la acción objetiva en términos parecidos a la de los delitos contra la libertad al describir la acción típica como una forma de obligar a otro, con violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.

Durante mucho tiempo, la doctrina la asemejó a una modalidad de robo, sin embargo esta comparación no parece la más acertada ya que el modus operandi es completamente distinto. En esta modalidad delictiva se actúa con fuerza sobre las cosas o con violencia o intimidación para acceder directamente al patrimonio ajeno, mientras que en la extorsión la forma de actuar consiste en una amenaza física o intimidativa destinada a conseguir, por medio de un acto o negocio jurídico, que evidentemente sería radicalmente nulo, un beneficio económico propio.

Si centramos nuestra atención en este elemento típico, obligar a otro a realizar un acto con violencia o intimidación, enlazamos de manera natural con los tipos de los delitos contra la libertad, coacciones y amenazas. En definitiva, la esencia del delito consiste en obligar a otro, por la vía coactiva, a realizar lo que no quiere. Este matiz tiene importancia en cuanto a la calificación de la tentativa como acabada o inacabada. Si se realizan los actos violentos o intimidativos, como ha sucedido en el caso que nos ocupa, y no se consigue el beneficio económico, nos encontramos incuestionablemente ante una tentativa acabada, lo que influiría en la determinación de la pena."

El delito de extorsión es calificado en la doctrina como un "delito de encuentro" o "experimental" ciertamente de encuentro forzado porque el sujeto pasivo perjudicado es obligado a facilitar el acto o documento que incorpora un valor económico del que resulta un perjuicio para el extorsionado o bien para un tercero ( STS 426/2017, de 14-6 ). Es decir, se precisa una cierta colaboración de la víctima que elige ceder a la presión en vez de arriesgarse a denunciar.

También concurre la condición de ser un delito de "resultado cortado", pues no se precisa la producción de un efectivo perjuicio patrimonial, siendo suficiente para la consumación que se realice u omita el acto o negocio jurídico apto para producir el perjuicio.

En definitiva, el acto o negocio jurídico ha de ser apto para producir un perjuicio patrimonial, si bien la consumación no precisa de un efectivo empobrecimiento, ya que esta consecuencia es accesoria en relación con la perfección de la ejecución, y se considera un mero agotamiento de la misma.

De esta forma se adelanta el momento de la intervención penal al de la lesión de la libertad a la voluntad del sujeto y al del peligro para el patrimonio. La tentativa será posible, entonces, cuando tras utilizar la violencia o intimidación la víctima utiliza su margen de voluntad para decidir no ceder a la presión y no realizar el acto o negocio jurídico. Es precisamente en este espacio de libertad que queda al sujeto donde radica una de las diferencias con el robo. El extorsionado dispone de una oportunidad de defensa que la víctima del robo no tiene."

Y en el supuesto que nos ocupa lo cierto es que, como señala el recurrente, el perjudicado denunció los hechos a la policía y optó desde un primer momento, tras recibir la amenaza, por no ceder a la presión y no realizar el pago exigido. Lo que, a la vista de la reciente jurisprudencia expuesta, conllevaría una calificación provisional de ejecución del delito en grado de tentativa, con la consiguiente minoración de la horquilla penológica que se situaría en un grado inferior al de la pena asociada al delito en abstracto (entre seis meses y un año). Sin que quepa apreciar, al menos en este momento procesal, la continuidad delictiva en relación con el recurrente, pues, como ya se ha dicho, no existen indicios sólidos, relevantes y suficientes en relación con su participación en los hechos delictivos denunciados en fecha 15 de febrero de 2023.

Además, como ya se dijo, la Sala entiende que, en este caso concreto, sin perjuicio del resultado de la instrucción de la causa, ante la ausencia de un acto o negocio jurídico, más allá del simple pago de la cantidad exigida, los hechos podrían calificarse también provisionalmente como constitutivos de un delito de amenazas condicionales, en el que el culpable no consigue su propósito. Al haberse efectuado las amenazas por teléfono la pena debe aplicarse en su mitad superior ( art. 169.1 in fine CP), por lo que se concretaría en una horquilla entre los veintiún meses y un día de prisión y los tres años.

En uno u otro supuesto la gravedad de la pena por si sola no justificaría la finalidad de la prisión preventiva en cuanto no puede inferirse racionalmente de este solo hecho un riesgo de fuga. Debe atenderse, pues, al arraigo del investigado y a sus otras circunstancias personales, entre ellas sus antecedentes penales y requisitorias vigentes. Del atestado policial pocos datos se desprenden en relación con el arraigo del investigado. El investigado es español, no se le conocen vínculos en otros países ni consta que actúe en el marco de una organización criminal. No se disponen de datos sobre su actividad laboral, social y circunstancias familiares.

En cuanto a los antecedentes penales y requisitorias emitidas ya se ha dicho, tras revisar los antecedentes penales del investigado y el atestado policial, que, pese a lo afirmado por el instructor, la Sala constata un solo antecedente computable por un delito de robo con violencia en casa habitada, los antecedentes policiales no pueden ser valorados y las dos requisitorias que constan en el atestado policial (no contrastadas a nivel judicial) son ambas de fecha 28 de febrero de 2020 y por tanto con una antigüedad superior a los dos años en el momento de la detención del recurrente, por lo que no es de aplicación el supuesto contemplado en el artículo 503.1.3º a) in fine LECrim. Pero, en todo caso, la naturaleza del hecho, la existencia de un antecedente penal computable y el hecho de que llegaran en su día a emitirse dos requisitorias según se desprende del atestado policial aconsejan la imposición de una fianza para eludir la prisión provisional y con el fin de neutralizar, en la medida de lo posible, un eventual riesgo de fuga. No constando la disponibilidad económica del investigado Pedro Jesús, más allá de la cuantía ofrecida por su representación procesal en concepto de fianza (4000 euros) y ante la falta de otros datos se considera correcto, y ajustado a la finalidad perseguida, el referido importe. Con la imposición de la fianza cabe esperar razonablemente que el posible riesgo de fuga derivado de la gravedad del delito y sobre todo de sus circunstancias personales - antecedentes penales y requisitorias emitidas - queda neutralizado, o es menos probable, máxime si se atiende a las medidas alternativas menos gravosas que también se impondrán y a las que seguidamente se hará mención. En todo caso, ponderados los derechos e intereses en conflicto del modo menos gravoso para la libertad, lleva a la Sala a estimar que con la imposición de la fianza y las demás medidas cautelares a adoptar para el caso de que la fianza se preste, el riesgo de fuga no será razonablemente mayor y más trascendente que el valor de la libertad personal.

Por lo que se refiere a las demás finalidades en las que el instructor justifica la adopción de la prisión provisional del recurrente, la Sala no comparte el criterio del instructor. Grabadas las conversaciones entre el investigado y la víctima, incautado el terminal móvil utilizado para llevar a cabo las posibles amenazas, existiendo imágenes grabadas del investigado en los lugares en que se producen algunos de los hechos punibles denunciados, no se atisba, ni tampoco se mencionan en el auto recurrido, qué fuentes de prueba pueden verse alteradas o modificadas. En todo caso, la prohibición de aproximación y comunicación respecto de la víctima y la empresa afectada que el propio recurrente propone en su escrito de interposición del recurso, y que se adoptará, resulta suficiente a los fines de asegurar las fuentes de prueba.

Tampoco se aprecia que la medida cautelar de la prisión provisional sea idónea a los efectos de evitar que pueda atentarse de nuevo contra bienes jurídicos de la víctima. La posible extorsión o las amenazas condicionales no han conseguido su propósito. Si se revelara la información o imágenes que pudieran perjudicar a la empresa afectada nos hallaríamos eventualmente - previa valoración jurídica de este supuesto concreto - ante otros posibles hechos punibles diferentes que agravarían la situación penal del investigado, lo que constituye un freno a esta conducta. Por otra parte, esta información e imágenes se hallan ya a disposición de un exempleado de la empresa y de su entorno familiar, según se hace constar en el atestado. La medida cautelar de prisión provisional no resulta, pues, idónea a los efectos de impedir su divulgación.

La medida cautelar adoptada se justifica asimismo en la finalidad de evitar la reiteración delictiva. La Sala no comparte sin embargo la concurrencia de esta finalidad. Los hechos se refieren a un hecho puntual, no constan indicios suficientes contra el investigado Pedro Jesús de la existencia de otros hechos similares, ni antecedentes penales computables por hechos de la misma naturaleza. Como señala la sentencia 30/2019 del Tribunal Constitucional, sección 1, de 28 de febrero, (recurso 6198/2017; ROJ: STC 30/2019 - ECLI:ES:TC:2019:30), la finalidad de conjurar el peligro de reiteración delictiva en la línea de lo dispuesto en el art. 5.1 CEDH debe contemplarse con la cautela de considerar esta finalidad de modo compatible con la garantía del derecho a la presunción de inocencia del que goza el investigado o encausado. Y, a la vista de las circunstancias expuestas, no existen elementos objetivos que acrediten, siquiera indiciariamente, la posible y reiterada comisión por el investigado de delitos de la misma naturaleza que el que se le imputa en este procedimiento, por lo que no resulta debidamente justificada la finalidad de evitar la reiteración delictiva que alega el magistrado juez instructor en su resolución.

Sexto. El corolario de lo expuesto es que debe estimarse parcialmente el recurso y modificar la situación actual de prisión provisional comunicada y sin fianza del investigado Pedro Jesús y, en su lugar, decretar su prisión provisional y comunicada que podrá ser eludida si presta fianza en la cuantía de cuatro mil (4000) euros, en cualquiera de las formas previstas en Derecho. Y, para el caso que prestara la fianza, acordar como medidas cautelares las que propone el propio recurrente en su escrito de interposición del recurso y las que esta Sala entiende adecuadas a las circunstancias del caso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 530 y 763 LECrim y que se dirán en la parte dispositiva de esta resolución.

Y todo ello sin perjuicio de que pudiera acordarse de nuevo la medida cautelar penal de prisión provisional comunicada y sin fianza a instancia de alguna de las partes acusadoras en el caso de que el investigado, prestada la fianza, incumpliera con cualquiera de las obligaciones que mediante esta resolución se le imponen.