Auto Penal 20224/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 20428/2023 de 05 de marzo del 2024

PRIMERO.- La presente cuestión de competencia negativa se suscita entre el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Murcia y el Juzgado Central de Instrucción núm.3.

Expone la exposición razonada remitida a esta Sala por el Juzgado de Murcia que los hechos objeto de investigación tienen por objeto el esclarecimiento de las actuaciones de una organización criminal, compuesta por un grupo importante de individuos, dedicado al tráfico ilícito internacional de vehículos entre España y países del Este, consistiendo la mecánica en la creación y/o utilización de empresas dedicadas a diferentes actividades y sedes repartidas por la geografía española para contratar servicios de renting de vehículos; una vez el vehículo en su poder, tras llevar a cabo la falsificación de su documentación, son trasladados a países del Este como destino, utilizando falsos contratos de compraventa entre el falso propietario y el individuo que se encarga del traslado a los diferentes destinos, y en otras ocasiones llevándose a cabo la venta dentro del propio territorio nacional a personas del entorno delincuencial a bajo precio, procediendo estos seguidamente a su venta a terceros, que de buena fe adquieren dichos vehículos bajo la cobertura de una documentación falsificada.

Enumera identificados a partir de las en diligencias policiales NUM033: a) como "conseguidores" a once personas físicas, actuando por sí o a través de diversas sociedades; b) como "tratantes intermediarios" que se encargarían de introducir en el mercado legal los vehículos de ilícita procedencia, a tres personas físicas; c) como "hombres de paja", "mulas", que facilitan su identidad para el cambio fraudulento de propiedad de los vehículos, otras dos personas físicas; d) como pasadores al mercado legal, responsables de establecimientos de compraventas que realizan las transacciones provenientes de las personas interpuestas, otras veintidós personas físicas más, en dos de los casos a través de personas jurídicas; y e) como gestoría facilitadora que transfiere los vehículos para la entrada en el tráfico legal, dos personas físicas desde una empresa con domicilio en Martos.

Tras ello, adiciona otro número relevante de otras empresas, encargadas de la obtención de vehículos y de otros individuos encargados de dar salida a los mismos, tanto en territorio nacional como en el extranjero, provenientes de otras diligencias policiales, recogidas entre otros, en el Atestado NUM034, o en el NUM039, donde se indica que a lo largo de esa investigación se han tramitado las siguientes diligencias policiales

- NUM035, remitidas al Juzgado de Instrucción UNO de Hellín, Albacete.

- NUM036, remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Caravaca de la Cruz, Murcia.

- NUM037, remitidas a los Juzgados de Instrucción de Jaén, Villacarrillo y La Carolina, en funciones de Guardia.

- NUM038, remitidas al Juzgado de Instrucción CUATRO de Murcia.

- NUM040, remitidas al Juzgado de Instrucción CUATRO de Alicante y CUATRO de Benidorm.

- NUM041, remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Alicante.

- NUM042, remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Murcia.

- NUM043, remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Murcia, Alcoy, y Madrid.

- NUM044, remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid.

- NUM045, remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Alicante.

- NUM033, remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Zaragoza.

- NUM046, remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Alicante. - NUM047, remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Murcia.

- NUM048, remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Alicante.

- NUM049, remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Castellón.

- NUM050, remitidas al Juzgado de Instrucción CUATRO de Murcia.

- NUM051, remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Almería

- NUM052, remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Castellón.

- NUM053, remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid.

- NUM054, remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid.

- NUM055, remitidas al Juzgado de Instrucción CUATRO de Murcia.

- NUM056, remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Alicante.

- NUM034, remitidas al Juzgado de Instrucción CUATRO de Murcia.

- NUM057, remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Almería.

SEGUNDO.- Consecuentemente, la cuestión debe ser dirimida, de conformidad con el criterio constante manifestado por esta Sala Segunda en la interpretación del 65, 1.° c) de la LOPJ, que atribuye a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el enjuiciamiento (y por ende la instrucción a los Juzgados Centrales), de las " defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia".

El precepto establece dos requisitos para que pueda atribuirse la competencia a la Audiencia Nacional:

1º- Que se trate de un delito de "defraudaciones" o de "maquinaciones para alterar el precio de las cosas".

2°- Que se produzca o pueda producir uno solo de los tres resultados siguientes: a) Grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil.

b) Grave repercusión en la economía nacional.

c) Perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia.

Donde la exigencia de generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia ha de ser interpretada finalísimamente, en función de posibilidad de instrucción, valorando la transcendencia económica así como si la necesidad de una jurisdicción única sobre todo el territorio servirá para evitar dilaciones indebidas (Acuerdo de Sala de 30 de abril de 1999, reiterado en múltiples resoluciones, como el ATS 27 de octubre de 2011, C_c 20253/2011).

Como indicamos en el ATS 20723/2022, de 23 de noviembre, cuestión de competencia núm. 20445/2022, con cita de varias resoluciones anteriores, partiendo de la excepcionalidad del ámbito competencial que la LOPJ reserva a la Audiencia Nacional que sugiere un criterio restrictivo como norma general.

En la C_c 20062/2012, resuelta por Auto de 12 de mayo de 2102, se desestima la competencia del Juzgado Central en supuesto con 66 perjudicados identificados y posibilidad de llegar a afectar la estafa a 600 personas residentes a lo largo del territorio nacional, si bien, cuanto el valor defraudado en cada caso, no era relevante; y en la C_c, 20632/2019, resuelta por Auto de 24 de octubre de 2019, igualmente se niega la competencia del Juzgado Central, en una defraudación de seis millones de euros (no alcanzan la dimensión de grave daño a la economía nacional o a la seguridad mercantil ) y con 11 perjudicados (no afectan a una generalidad de personas), aunque medie la captación en páginas webs de inversiones extranjeras.

En el mismo sentido, el ATS de 19 de febrero de 2014, C_c 20666/2013, entiende evidente que en ese caso no concurre el requisito de generalidad, pues las diligencias practicadas unidas a los informes policiales no serían superiores a cien, cifra que no puede alcanzar la calificación de "generalidad de personas".

Y en sentido contrario, en el ATS 20005/2024, de 10 de enero, cuestión de competencia 20005/2024, se estimó la competencia de la Audiencia Nacional, ante la previsión de 2.000 perjudicados; así mismo en el ATS 20786/2023, de 19 de diciembre, cuestión de competencia 20336/2023, pues las víctimas por todo el territorio nacional eran varios cientos; en el ATS 20685/2023, de 15 de noviembre, cuestión de competencia 20378/2023, con 186 perjudicados localizados; y en el ATS 20413/2023, de 22 de junio, cuestión de competencia 20766/2022, en supuesto similar al de autos, al ser los afectados un número significativo de personas, más de doscientas, en su mayor parte al menos consumidores finales de los vehículos adquiridos.

TERCERO.- En autos, resulta una extensa trama criminal organizada, con diversas ramificaciones, que aparece que se desenvuelve por diferentes provincias del territorio nacional y se extiende a ubicaciones extranjeras, con una pluralidad de sujetos pasivos igualmente diseminados y también con un número muy relevante de personas investigadas, con un número de vehículos difícilmente acotable, objeto del fraude:

-Volkswagen Arteon, matrícula NUM000

-Opel Insignia, matrícula NUM001

-Jeep Compass, matrícula NUM002

-BMW 318D, matrícula NUM003

-Peugeot 3008, matrícula NUM004

-BMW X1 XDrive 18D, matrícula NUM005

-Citroen Jumpy, matrícula NUM006

-Mercedes GLW 350, matrícula NUM007

-Ford Transit, matrícula NUM008

-Volkswagen Multivan, matrícula NUM009

-BMW 850I, matrícula NUM010

-BMW 840I, matrícula NUM011

-Volvo XC90, matrícula NUM012

-Renault Master, matrícula NUM013

-BMW X6, matrícula NUM014.

-Porsche Panamera, matrícula NUM015

-BMW 420I, matrícula NUM016

-Peugeot Expert, matrícula NUM017

-BMW X6 M50D, matrícula NUM018

-BMW 730D, matrícula NUM019

-Jeep Compass, matrícula NUM020

-Land Rover Evoque, matrícula NUM021

-Mercedes X350D, matrícula NUM022

-BMW X2, matrícula NUM023

-Land Rover Velar, matrícula NUM024

-Volkswagen Tiguan, matrícula NUM025

-Nissan Qashqai matrícula NUM026

-Porsche Panamera, matrícula NUM015

-BMW, modelo X6, matrícula NUM018

-Volvo, modelo XC90, matrícula NUM027

-Volkswagen Touareg, matricula NUM028

-Land Rover Range Rover Sport NUM029

-BMW modelo 730, matrícula NUM030.

-Peugeot Expert blue, matrícula NUM017

-BMW modelo 318D, matrícula NUM003

Relación inicial a la que se adicionan, los 7 vehículos relacionados con la entidad MOMTUBER; los 26 que Segundo, contratados a través de seis personas o entidades diversas, habría dado salida al mercado ilícito internacional a través, fundamentalmente, de tratantes de origen rumano e italiano, así como en el mercado ilícito nacional, a través de tratantes españoles.

Además de estar pendiente por determinar la contratación y posterior tráfico ilícito de los vehículos contratados a través de las empresas SECOON EUROPA SL, SURESTE 2001 SL y Sixto, identificando a este individuo como el nexo de unión y principal tratante de vehículos en el entramado investigado, con relación directa con el resto de tratantes:

- Torcuato (relacionado con la trata de vehículos en la provincia de Alicante)

- Victorino y Virgilio, relacionado con la trata de vehículos en la provincia de Jaén

- Jose Carlos y Samuel, relacionados en la trata de vehículos en la provincia de Tarragona

- Jose Antonio, relacionado con la trata de vehículos en la provincia de Almería

- Jose Daniel y resto de ciudadanos rumanos que se relacionan en las diligencias, por su participación en la trata de vehículos en el extranjero, fundamentalmente con países del Este de Europa, relacionándolo igualmente con Carlos Alberto (quien, en el momento de su detención, portaba gran cantidad de documentación relacionada con vehículos, anotaciones manuscritas, contables, entre la que destaca un contrato de compraventa de un vehículo Mercedes, matrícula portuguesa NUM031, que pertenece a una empresa de renting portuguesa, constando Carlos Alberto como comprador -contrato de enero de 2021 firmado en Madrid- y el ciudadano Juan Manuel como vendedor, apareciendo el coche denunciado en Portugal por apropiación indebida y que podría encontrarse en Italia actualmente; igualmente se intervino en su poder un documento donde se le autorizaba a realizar el traslado del vehículo VW GOLF NUM032 a la empresa Le Mans LTD de Bulgaria).

- Juan Pablo, relacionado con la trama de vehículos en Murcia y Alicante.

También se pone de manifiesto su relación con Luis María, responsable, junto con Miguel Ángel de la trata de vehículos obtenidos a través de las empresas CAMCOR CAPITAL SL y GRUPO FINANCIERO ORDITEL. Luis María (ya objeto de investigación en otras diligencias que se tramitan en el Juzgado Central de Instrucción nº 1), del que las actuaciones policiales dan cuenta de Juzgado Central de Instrucción nº 1), tanto en relación al estudio del contenido del teléfono intervenido al mismo (atestado NUM038) como en la identificación de otros participantes en la trama, encargados de la adquisición de vehículos - Manuel , identificado en el móvil como " Capazorras", relacionándose numerosas conversaciones de interés entre ambos sobre la forma de realizar los contratos de renting, de los negocios para adquirir vehículos, de una modalidad de renting tecnológico, de contactos en notarías, concesionarios de vehículos así como fotografías de los vehículos objeto de estas actuaciones (vehículo Mercedes matrícula NUM058, que al parecer habría comprado un ciudadano del este, figurando desde 29-6-2021 como sustraído, siendo su propietario la mercantil LEASE PLAN y desde 305-2021 aparece matriculado simultáneamente en Francia; vehículo Mercedes, matrícula NUM059, que está matriculado en España a nombre de Segismundo y de forma simultánea en Francia desde 3-4-2021, vehículo al que le consta un embargo de la AEAT y que, a tenor de las conversaciones, Manuel reconoce que lo tiene en su garaje); se relacionan conversaciones en relación a los vehículos contratados en renting para venta ilegal a través de CAMCOR CAPITAL SL, también en relación a vehículos contratados a través de la mercantil ACTIVIDADES BRISEIRA SL (siendo su administrador Jose Ramón) (en concreto sobre los vehículos - BMW, matrícula NUM060, - Fiat 500, matrícula NUM061, Ford Kuga, matrícula NUM062, - Audi Q3, matrícula NUM063,- Audi Q3, matrícula NUM064).

De donde cabe concluir la cumplimentación del requisito perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia, en función de la efectiva posibilidad de instrucción, con entidad bastante para colmar la competencia de la Audiencia Nacional.

No olvidamos, la impronta restrictiva de esa competencia, dada la excepcionalidad de sus normas competenciales frente al principio general de territorialidad. Pero, al mismo tiempo, como recuerda el ATS 20413/2023, de 22 de junio, cuestión de competencia 20766/2022, hemos insistido también en que los criterios de atribución contenidos en los arts. 65.1.c y d de la Ley Orgánica del Poder Judicial han de ser interpretados sin perder de vista la singular dificultad de una instrucción en el territorio donde se cometió el delito y la posibilidad de generar una lesión al derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. En este contexto, se destaca también como criterio relevante para la determinación de la competencia la complejidad de la investigación generada por la existencia de numerosos perjudicados radicados en distintos territorios (por todos, ATS 22-10- 2020, cc 20536/2020; ATS 5-7-2021, cc 20166/2021; y ATS 8-6-2018, cc 20262/2018).

Recuerda el ATS 20047/2023, de 25 de enero, cc 20767/2022 que los Juzgados Centrales disponen de mejores medios que los territoriales y jurisdicción sobre todo el territorio, lo que permite considerar que, llevada la instrucción por uno de ellos, será previsiblemente más ágil y evitará mayores dilaciones, con lo que, de esta manera, no hacemos sino seguir el espíritu que informó la creación de la Audiencia Nacional, como apunta el preámbulo del Real Decreto-Ley 1/1977, de 4 de enero, de creación de dicho órgano, en el que, por razón de las limitaciones en la investigación, dificultades de actuación, acumulación de asuntos y retrasos inevitables que, entre otras circunstancias, puede generar una delincuencia compleja, la concibe como órgano para hacer frente a tales problemas.

La concurrencia de estas circunstancias lleva a concluir, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, que se cumplen los requisitos para que la competencia sea de los Juzgados Centrales de Instrucción y que se aprecia la conveniencia de que la investigación sea llevada por un órgano especializado en este tipo de defraudaciones.