Auto Penal 44/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera, Rec. 62/2022 de 02 de febrero del 2023

PRIMERO. La extradición entre el Reino de España y la República de Argelia se encuentra amparada, conforme al artículo 13.3 de la Constitución Española, por:

- El Convenio relativo a la extradición entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular, hecho en Argel el 12 de diciembre de 2006 (Instrumento de Ratificación dado en Madrid el 12 de mayo de 2008, publicado en el B.O.E. de 24-7-2008);

- Y supletoriamente, por la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva.

SEGUNDO. No se cuestiona la identidad ni la nacionalidad de la persona reclamada, respecto de la que no consta que actualmente se siga procedimiento penal alguno en España.

T al y como reconoció en la declaración de la fase de instrucción y en la vista extradicional, se trata del nacional argelino Severiano (nombre de pila) Severiano (primer y único apellido), nacido en El Eulma/Setif (Argelia), el NUM001 de 1979.

E l interesado en la extradición ha sido oído tanto en sede del juzgado de instrucción como en esta sede, estando en ambos casos asistido de abogado e intérprete de árabe. En las dos oportunidades pudo significar que no consentía la extradición y que no renunciaba al principio de especialidad.

TERCERO. Se han cumplido las formalidades documentales que establece el artículo 5.2 del Convenio, atendidos los documentos remitidos vía diplomática por las autoridades del Estado requirente y que se han especificado en los Hechos de la presente resolución.

A sí, se presentó la solicitud de extradición por la Embajada de Argelia en Madrid ante el Ministerio de Asuntos Exteriores español, y acompañada de copia de la orden de arresto a nivel internacional, que contiene exposición suficiente de los hechos imputados al reclamado, con identificación completa de éste y con indicación de disposiciones legales aplicables, y siempre adicionado con las preceptivas traducciones.

CUARTO. También se cumplen en el presente caso los principios de doble incriminación y mínimo punitivo (artículo 2.1.a) del referido Convenio), respecto de los hechos que podrían ser constitutivos de delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud, puesto que los relatados en la solicitud de extradición, los consistentes en la entrada en territorio argelino de 190 gramos de cocaína, se castigarían en España, conforme al artículo 368 párrafo primero del Código Penal, con pena mínima de prisión por tiempo de tres años, y además con pena de multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito. Según la información extradicional, esos mismos hechos estarían castigados en Argelia, como delito de tráfico de sustancias estupefacientes y/o psicotrópicas -y sin perjuicio de que fueren también delito de contrabando-, con pena de prisión superior a dos años, siendo éste el mínimo punitivo conforme al artículo 2.1 a) del Convenio últimamente mencionado.

M ás concretamente se informa desde las autoridades argelinas de que ese delito podría castigarse con cadena perpetua, lo cual, por sí solo y según el repetido Convenio bilateral de extradición, no es óbice para que pueda acordarse la extradición. No obstante esta Sala, en aplicación de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de nuestro Tribunal Constitucional (Sentencia de 6 de octubre de 2021, que recoge la del T.E.D.H.), viene exigiendo que el país reclamante ofrezca garantías suficientes de que, en caso de imponerse dicha pena, ello no supondrá de manera indefectible un encarcelamiento de por vida, por existir en su ordenamiento mecanismos legales que permitan efectivamente la posibilidad de revisión de aquella pena, o de aplicación de medidas de clemencia.

E n España el delito de contrabando queda absorbido por el mencionado delito contra la salud pública, o de tráfico de drogas.

A hora bien, dicho principio de doble incriminación no se encuentra respecto de un presunto delito de blanqueo de capitales, por cuanto que del relato de los hechos facilitado por el Estado argelino no cabe posibilidad alguna de que los mismos, en España, pudieran ser tenidos como delito de blanqueo de capitales.

A nálogamente, no se halla, en el relato de los hechos obrante en el expediente, proveniente de las autoridades argelinas, la organización criminal, pues que en el texto de las normas legales argelinas que ha sido facilitado en la información complementaria puede leerse lo siguiente:

&El legislador argelino no destacó un texto específico para definir la , y que la justicia argelina adopta la misma definición contenida en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con fecha del 15/11/2000, ratificada por Argelia, en virtud del Decreto Presidencial núm. 02-55 con fecha del 05/02/2002, que define el grupo delictivo organizado como

P ues bien, si se repasa el texto que contiene el relato de los hechos que es la base de la solicitud de extradición, no hay modo de hallar las tres personas que estuvieren concertadas ni hacia el delito contra la salud pública ni hacia ningún otro delito, pues sólo se detectan dos personas involucradas en aquél: el que se dice sobrino del ahora interesado en la extradición y éste mismo, o sea, respectivamente nombrados Eduardo y Severiano. De aquí que se acceda a la extradición, pero no por delito de organización criminal, sino por delito contra la salud pública y contrabando.

Q uedan fuera de la extradición, por consiguiente, la organización criminal y el blanqueo de capitales, y dentro el delito contra la salud pública, modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, y el delito de contrabando.

Q UINTO. El delito contra la salud pública, que en la solicitud de extradición se propugna cometido en el día 22 de noviembre del año 2020 -día de la llegada del vehículo Peugeot al puerto de Argel, procedente del de Marsella, en el que supuestamente se habría encontrado la cocaína y las sustancias psicotrópicas-, no estaría prescrito ni conforme a la legislación argelina -según se informa desde las correspondientes autoridades contestando la petición de información complementaria- ni conforme a la española. En ésta, según el artículo 131.1 del Código Penal, el plazo de prescripción es de diez años. El mismo plazo que en Argelia, conforme al artículo 07 de su ley de Procedimiento Penal.

D icho delito tampoco es de carácter político ni militar, ni conexo a ellos, y tampoco está castigado en Argelia con pena de muerte.

A nálogamente, y por continuar con la verificación del cumplimiento, en el presente expediente, de los requisitos establecidos en el meritado Convenio bilateral, procede significar que no consta que, por los mismos hechos, se siguiere procedimiento penal en España contra el reclamado, ni que tales hechos hubieran sido juzgados por la jurisdicción de un tercer Estado.

E l reclamado no es nacional español, y su estancia en España es irregular.

Y cabe reconocer jurisdicción sobre los hechos al Estado argelino, porque los mismos tuvieron lugar en su territorio.

S EXTO. El Ministerio Fiscal advirtió acertadamente de que, aunque el delito de tráfico de sustancias estupefacientes estuviere castigado en Argelia con la cadena perpetua, según la solicitud de extradición, aparentemente como pena única, el Convenio bilateral referido no contiene previsión de denegación o condicionamiento por esa causa.

N o obstante, se solicitó expresamente a Argelia, a instancias del Ministerio Fiscal, como información complementaria, que Argelia facilitare a España copia de las disposiciones legales, en su caso, que regulen la forma en que se puede remitir la cadena perpetua o que acrediten la existencia de medidas de clemencia en este sentido, de modo que la imposición de la misma no supusiere de manera indefectible un encarcelamiento de por vida.

A lo que se ha respondido, por parte de las autoridades argelinas, en los términos literales siguientes:

&En cuanto a los textos legales relativos a la reducción de la pena perpetua o que definen las circunstancias atenuantes de esta pena:

A rtículo 53 del Código Penal: Las penas previstas por la ley contra la persona física declarada culpable, a favor de la cual se hayan acordado las circunstancias atenuantes, podrán ser reducidas hasta siete años de prisión si el crimen conlleva una pena perpetua.

A rtículo 134 del código de organización penitenciaria y reinserción social de los presos: El preso que haya cumplido el periodo de prueba de la pena dictada en su contra puede ser admitido al beneficio de la libertad condicional si demuestra una buena conducta y presenta garantías reales de enmienda.

E l tiempo de prueba del preso primario se fija en la mitad de la pena por la que está condenado.

E ste periodo de prueba se aumenta en dos tercios de la pena para los condenados reincidentes, sin que sea inferior a un año.

E l periodo de prueba para los condenados a una pena perpetua se fija en quince años.

C on excepción del caso previsto en el párrafo anterior, los indultos de que se beneficie el condenado a favor de una gracia presidencial se considerarán como efectivamente cumplidos y tomados en consideración para el cálculo del tiempo de prueba.

A rtículo 91 (7 y 8) de la Constitución: Además de los poderes que le confieren expresamente otras disposiciones de la Constitución, el Presidente de la República disfruta de los siguientes poderes y prerrogativas:

7 ) Firma los decretos presidenciales;

8 ) Tiene derecho al indulto, derecho a la remisión o a la conmutación de una pena.

A rtículo 182 de la Constitución: El Consejo Superior de la Magistratura emite una opinión consultiva previa al ejercicio del derecho de indulto por el Presidente de la República".

E l tribunal considera entonces que Argelia, que es el Estado reclamante, con la indicación de la posibilidad de obtención de la libertad condicional del artículo 134 recién transcrito, ofrece garantías suficientes de que en caso de imponerse la pena de cadena perpetua, ello no supondrá de manera indefectible un encarcelamiento de por vida, pues dicho precepto legal conlleva un mecanismo que permite de manera efectiva la posibilidad de revisión de la pena, y además deja abierta una medida de clemencia.

S ÉPTIMO. El artículo 1 del Convenio bilateral contiene una rúbrica elocuente: "Obligación de extraditar", es decir, que la regla, la razón de ser del tratado entre los dos países, es conseguir recíprocamente la entrega de los nacionales que se encontraren refugiados en el otro país; y si concebimos esta la norma, las faltas a ésta han de ser consideradas como sólidamente fundamentadas.

E l texto en sí mismo está cargado de significado: "se comprometen a entregarse recíprocamente (...) a las personas que se encuentren en el territorio de la otra Parte, y que sean reclamadas para su enjuiciamiento (...) por un delito que dé lugar a la extradición...".

E n el presente caso estamos cabalmente en ese supuesto fáctico: Argelia pide la entrega de Severiano a España para someterle a proceso penal por un presunto delito de tráfico de drogas y sustancias estupefacientes y por otro presunto delito de contrabando.

A partir de esa auténtica declaración de principios, se dejan anunciadas las salvedades: "de acuerdo con las reglas y condiciones determinadas por el presente Convenio".

P ero el objetivo, lo que los dos Estados soberanos están pretendiendo con el Convenio, es que se les entreguen las personas que reclamaren, por más que hayan de concurrir ciertas condiciones y no concurrir otras para que tal entrega se hiciere efectiva.

E n esa línea de razonamiento han de interpretarse los siguientes tres artículos del Convenio. Particularmente el 4 se ocupa de los "Motivos de denegación".

E n el artículo 4 del Convenio bilateral mencionado se estableció:

&1. La extradición será denegada si:

a) La Parte requerida considera que el delito por el que se solicita la extradición es un delito político o conexo con un delito político;

b) La persona reclamada es objeto de un procedimiento penal por delitos cometidos en el territorio de la Parte requerida por los hechos por los que se ha solicitado la extradición;

c) La infracción ha sido juzgada definitivamente en el Estado requerido o en un tercer Estado;

d) La acción penal o la pena han prescrito según la legislación de la Parte requirente o de la Parte requerida en el momento de la recepción de la solicitud por la Parte requerida;

e) El delito ha sido cometido fuera del territorio de la parte requirente por un extranjero a esta Parte, y la legislación de la parte requerida no autorice la persecución de las mismas infracciones cometidas fuera de su territorio por un extranjero;

f) El delito por el que se solicita la extradición constituye un delito exclusivamente militar, de acuerdo con las leyes de la Parte requerida;

g) Se ha concedido una amnistía o un indulto total en la Parte demandante o en la Parte requerida;

h) Cuando el delito por el que se solicita la extradición está castigado con la pena de muerte por la legislación de la Parte requirente y la pena de muerte no está prevista por la legislación de la Parte requerida por tal delito, la extradición será denegada, a menos que la Parte demandante ofrezca garantías, consideradas suficientes por la Parte requerida, de que la pena de muerte no será solicitada, y de que si se impone, no será ejecutada".

El tribunal cree que no nos hallamos ante ninguno de tales supuestos.

Y sigue el artículo 4 del Convenio:

"2. La extradición podrá ser denegada si:

a) La Parte requerida posee fundados motivos para pensar que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, sexo, religión, nacionalidad, u opiniones políticas, o que la situación de la persona en el procedimiento judicial se pueda ver perjudicada por alguno de estos motivos;

b) En circunstancias excepcionales, la Parte requerida, pese a tener en cuenta la gravedad del delito y los intereses de la parte requirente, considere que la extradición sería incompatible con consideraciones humanitarias, a la vista de la edad de la persona, su salud o cualquier otra circunstancia del caso".

El señor abogado del interesado, y éste, han alegado que subyace a la petición de extradición un interés punitivo vinculado a una conversión al catolicismo por parte de aquel.

El interesado manifiesta que no sólo ha engrosado las filas del catolicismo, formalmente, sino que lo practica con regularidad, desde mayo de 2020., en Lyon.

En la vista el señor abogado del interesado en la extradición aportó copia de escrito de petición de asilo en la que puede leerse que su mandante "se ha convertido a la religión católica ortodoxa (sic), cuya fe profesa actualmente (...), habiendo abandonado el Islam, y teme represalias".

Lo cierto es que en el correspondiente documento, emitido por la "Eglise Catholique a Lyon", no se aprecia referencia alguna a la rama ortodoxa del Cristianismo.

En cualquier caso en el presente expediente no se detecta, a modo de fumus boni iuris, en la totalidad de la extradición la menor huella de que el interesado estuviere siendo reclamado por las autoridades judiciales de su país por razones religiosas.

La misma conversión y sus hipotéticas negativas consecuencias han sido esgrimidas por la misma parte para solicitar asilo ("solicitud de protección internacional y asilo"), a lo que procede significar que la realidad de esa petición tampoco afecta a que este tribunal, ahora, deba decidir acerca de la extradición. Será después, y en el caso de concederse tal asilo por la autoridad competente, cuando se le tendrá que atribuir la eficacia prevista en Derecho.

En cuanto al supuesto excepcional de la letra b), el interesado no es persona que tenga una edad provecta (es nacido en 1979), ni por fortuna sufre padecimientos de salud.

Por otro lado, señaló el mismo señor abogado que su defendido contaba con arraigo en nuestro país, aportando, para convencer de ello, documento extraído del Registro de la Propiedad de Alicante.

Mas esta circunstancia no debe menoscabar la virtualidad de lo pactado en el Convenio por los dos Estados soberanos, habida cuenta de que no la contemplaron en absoluto en sus cláusulas.

O CTAVO. Como recuerda el a uto número 9/2020, de fecha 5 de junio del corriente año 2020, de la Sección Primera de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, "... la extradición pasiva es un proceso instrumental de cooperación judicial internacional cuyo origen se encuentra en el proceso penal de otro Estado, en el presente caso en trámite y en fase de preparación del juicio. Nuestro ordenamiento jurídico establece varios requisitos dentro del principio de legalidad extradicional, a los fines exclusivos de verificar el cumplimiento de las garantías relativas a la entrega que afectan a derechos fundamentales, singularmente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no sufrir penas o tratos inhumanos o degradantes, la libertad ideológica, el derecho a residir en España o los relacionados con el derecho a la tutela judicial efectiva y el proceso debido ( artículos 15, 16, 17 y 24 de la Constitución) ... sólo en supuestos de acreditada y rigurosa situación de violación sistemática y genérica de los derechos fundamentales, el Juez de la extradición puede desestimar la solicitud para evitar un hipotético y probable riesgo de vulneración indirecta de los derechos fundamentales en el Estado requirente. Existiendo un convenio bilateral de extradición hay obligación de entregar al sujeto procesal que se esconde en el territorio de otro Estado, siempre que se supere el canon de enjuiciamiento que establece el principio de legalidad extradicional, que comprende la posible vulneración de derechos con ocasión de la entrega ... Será el Gobierno, que tiene la competencia en materia de relaciones internacionales, el que en el ámbito de su competencia podrá examinar, con exacto conocimiento de la situación política del Estado requirente y del respeto a las garantías de los derechos humanos básicos, si concurren motivos para pensar que su entrega ... puede poner en peligro sus derechos fundamentales ( artículo 6 de la Ley de Extradición Pasiva) ".

Por cuanto antecede,