Auto Penal 637/2023 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 9, Rec. 371/2023 de 01 de junio del 2023

PRIMERO.- Para dar respuesta a los alegatos de la apelación que acabamos de exponer, y en base a los antecedentes descritos que recogen el contenido del auto apelado, sus motivos, los elementos que la sala constata en el testimonio recibido y la posición del fiscal, diremos respecto de la doctrina que la Sala aplica en relación a la medida de prisión provisional que desde la perspectiva del derecho a la libertad ( art. 17 CE), y en relación con la incidencia de la adopción de la prisión provisional en dicho derecho fundamental, recordamos que aquélla se sitúa entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito y asegurar la presencia del inculpado en el juicio oral y el deber estatal de asegurar el ámbito de libertad del ciudadano.

Ciertamente, la prisión provisional , es decisión que se adopta en una situación de necesidad en la que están en juego diversos bienes y derechos constitucionales. Y se adopta en un contexto de incertidumbre acerca de la responsabilidad penal de la persona sobre cuya privación de libertad se discute.

En tales casos la legitimación de la medida sólo exige que recaiga en supuestos donde la pretensión acusatoria STC 35/2007 tiene un fundamento razonable, esto es, allí donde existan indicios racionales de criminalidad", donde concurran en el afectado "sospechas razonables de responsabilidad criminal" ( STC 128/1995, FFJJ 3 y 4).

Por lo demás, esta apreciación de una cierta probabilidad de responsabilidad penal no necesariamente se sustentará en los elementos de prueba disponibles para el enjuiciamiento de fondo de la causa, por lo que resulta posible que ,a una medida de prisión provisional adoptada de un modo constitucionalmente irreprochable, pueda seguir una Sentencia absolutoria de quien sufrió la medida.

SEGUNDO.- Su legitimidad exige que su aplicación tenga como presupuesto, objetivo, fundamento y objeto los siguientes:

A) Como presupuesto la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva; reflejado en el art 503.1.1ª. y 503 1.3º LECRM)

B) Como objetivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida, y así, la conjura de ciertos riesgos relevantes para el desarrollo normal del proceso ,o para la ejecución del fallo, que parten del imputado como su sustracción de la acción de la Justicia, la obstrucción de la instrucción penal y, en un plano distinto, aunque íntimamente relacionado, la reiteración delictiva, sin que en ningún caso pueda perseguirse con la prisión provisional fines punitivos, de anticipación de la pena, o de impulso de la instrucción sumarial, propiciando la obtención de pruebas o declaraciones de los imputados, etc. Todos estos criterios ilustrarían, en fin, la excepcionalidad de la prisión provisional ( STC 128/1995, FJ 2, por todas) reflejada en el art. 503.1.3ª LECRM.

C) Como fundamento, la ponderación de las circunstancias concretas que, de acuerdo con el presupuesto legal y la finalidad constitucionalmente legítima, permitan la adopción de la medida ( SSTC 62/1996, de 16 de abril, FJ 5; 44/1997, de 10 de abril, FJ 5; 66/1997, de 7 de abril, FJ 4; 33/1999, de 8 de marzo, FJ 3, y 14/2000, de 17 de enero, FJ 4).reflejado en los art 502,503 y 504 LECRM

D) Como objeto que se la conciba, en su adopción y mantenimiento, como medida basada en el principio de legalidad (nulla custodia sine lege) de aplicación excepcional (in dubio pro libertate), subsidiaria, provisional, y proporcionada para el logro de la consecución de los fines que la justifican, reflejado en el art 502 LECRM.

E) Como presupuesto funcional, su petición por alguna de las acusaciones.

TERCERO.- Su adopción o mantenimiento debe acordarse de forma fundada, razonada, completa y acorde con los fines de la institución [ STC 128/1995, FJ 4 b)] constatando si la fundamentación que las resoluciones judiciales exponen es:

A) Suficiente (por referirse a todos los extremos que autorizan y justifican la medida),con reflejo en los dispuesto en el art 506 LECRM.

B) Razonada (por expresar el proceso lógico que individualiza la aplicación de las exigencias constitucionales al caso concreto) con reflejo en los dispuesto en el art 506 LECRM.

C) Proporcionada (esto es, si ha ponderado los derechos e intereses en conflicto del modo menos gravoso para la libertad).

D) Reforzada por referirse a la libertad personal (por todas STC 204/00)

Para que la motivación de la resolución judicial que acuerde tal medida se considere suficiente y razonable, es preciso que la misma sea el resultado de la ponderación de los intereses en juego (la libertad de la persona , por un lado; la realización de la Justicia penal , por otro), que constituye una exigencia formal del principio de proporcionalidad, y que esta ponderación no sea arbitraria,en el sentido de que resulte acorde con las pautas del normal razonamiento lógico y especialmente con los fines que justifican la prisión provisional ( SSTC 128/1995, de 26 de julio, FJ 4; 33/1999, de 8 de marzo; 14/2000, de 17 de enero; 47/2000, de 17 de febrero, FJ 2; 164/2000, de 12 de junio; 165/2000, de 12 de junio, y 29/2001, de 29 de enero, FJ 3).

CUARTO.- Concretando dichas directrices, los criterios de enjuiciamiento en la motivación de la medida cautelar son:

1. El primero, tomar en consideración, además de las características y gravedad del delito imputado y de la pena con que se le amenaza, las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado.

2. El segundo introduce una matización en el anterior, al valorar la incidencia que el transcurso del tiempo ha de tener en la toma de la decisión de mantenimiento de la prisión, de modo que, si bien es cierto que, en un primer momento, la necesidad de preservar los fines constitucionalmente legítimos de la prisión provisional así como los datos de que en ese instante disponga el instructor, pueden justificar que el decreto de la prisión se lleve a cabo atendiendo solamente al tipo de delito y a la gravedad de la pena, dado que de este dato puede inferirse razonablemente la existencia de riesgo de fuga (por todas, STC 8/2002, de 14 de enero, FJ 4), también es verdad que el paso del tiempo modifica estas circunstancias y obliga a ponderar los datos personales y los del caso concreto conocidos en momentos posteriores [entre otras, SSTC 128/1995, de 26 de julio, FJ 4 b),37/1996, de 11 de marzo, FJ 6 a), 62/1996, de 16 de abril, FJ 5, y 33/1999, de 8 de marzo].

En suma, la medida de prisión provisional debe responder en todo momento a los fines constitucionalmente legítimos de la misma, y así debe poder deducirse de la motivación de la resolución que la acuerda, aunque en un primer momento estos fines pueden justificarse atendiendo a criterios objetivos como la gravedad de la pena o el tipo de delito [por todas, STC 44/1997, de 10 de marzo, FJ 5 b)].

QUINTO.- La aplicación necesaria de la doctrina expuesta al caso concreto pasa entonces por cumplir la exigencia que el Tribunal tiene de expresar las finalidades concretas que se entienden alcanzables con el mantenimiento en este estadio del proceso de la prisión provisional así como las razones exigibles para ello.

Adelantamos que compartimos l posición del Ministerio Fiscal al oponerse al recurso en lo coincidente con cuanto digas teniendo presente las razone y motivos expuestos también por la fiscklaía en el informe tras la comparecencia del art 505 de 7 de mayo de 2023 al que se remite su informe de oposición al recurso de apelación de 18.5.2023

SEXTO.- En el caso en particular de este recurso, al que aplicar cuanto llevamos dicho, y revisando sistemáticamente los elementos que deben concurrir, en primer lugar debemos referirnos al pronóstico objetivo de comisión, de acaecimiento del hecho conforme a 503 1.1º. y 503.1.2º LECRM examinando si puede hablarse de indicios que superando la mera sospecha u opinión funden la medida

Pues bien examinado el testimonio recibido, con el atestado y lo actuado la sala concluye que es posible compartir que los indicios sean de tal intensidad como para poder fundar la prisión provisional excluyendo que no pueda producirse un error en la identificación del apelante como autor de los hechos

Para que no haya duda insistimos: hay indicios que superan la sospecha, pero entendemos que la adopción de la prisión provisional como medida cautelar exige la presencia de una serie de indicios que deben ser sólido a lo que debe contribuir tanto la actividad policial como la instructora, de manera que sea posible afirmar que concurren con tal intensidad que pueden fundar sin peros una prisión provisional cuando al momento de acordarse , en el servicio ee guardia, aunque no se han practicado o no se han podido practicar actuaciones alguna elementales, que consolidan los indicios a los que se refiere el auto como suficientes o de suficiente intensidad para apodar la más grave de las medidas cautelares personales.

Efectivamente como hemos dicho antes la prisión la funda el auto apelado como ya hemos recogido en el antecedente de hecho y procesal CUARTO que precede

La Sala comparte la evaluación del auto pues entiende que, a pesar de loa manifestado por el apelante, su versión se enfrenta a la de mayor entidad debido a los indicios de esta que son a criterio de la Sala los siguientes, ya recogidos antes:

a) consta en el testimonio remitido que las actuaciones inician por atestado en el que consta -según la minuta policial que obra en el atestado testimoniado- que sobre las 2.15 horas del pasado 5 de mayo de Barcelona el denunciante Rubén hallándose en compañía de un amigo Secundino y de un Silvio que presenciaron los hechos ,se le acercaron dos hombres jóvenes y una chica joven ,los dos ellos de apariencia magrebí ,a los que había visto alguna vez ,y con los que con uno de ellos había tenido problemas anteriormente -nunca denunciados- siendo este hombre magrebí con el que había tenido problemas el ahora apelante natural de Marruecos, quedándose la chica apartada que cree es pareja del hombre al que se refiere llamado Roberto .Acercándose los dos hombres hay por tanto Roberto una navaja en la mano haciéndole movimientos como para querer pincharle o cortarle a la altura del pecho y de la cara pudiendo evitarlo el agredido, indicándole el aqgresor que le cortaría el cuello insultándole y diciéndole cayendo en un momento dado la navaja al suelo tras sujetar la mano del agresor el denunciante , ,siendo sujetado por el otro agresor desde la espalda no los ha podido retener han escapado ,no ha sufrido lesiones y momentos después se ha fijado en que le faltaba el móvil que llevaba colgado del que desconoce modelo y número de serie en los que podría reconocer practicándose rueda de reconocimiento, así como que el denunciante identificara al ahora apelante y a ese otro interviniente identificado inicialmente como Luis Alberto a quienes se detienen horas después resultando que los agentes actuantes durante el registro de las personas detenidas no pudieron localizar ningún teléfono móvil.Que el denunciante refiere que ambas personas denunciadas estaban de acuerdo en robo

b) Consta que el del denunciante declara en sede judicial reiterando en esencia lo mismo que refiriendo que al acabar la pelea no encontró móvil por ninguna parte y que el que le cogió por detrás no le pegó, sólo lo inmovilizó por detrás y el otro le hizo un gesto de que ya tenían lo que querían y le soltó a un gesto del investigado .No ha recuperado el teléfono y reclamó por el objetivo cree era quitarle el móvil y cree que la chica vigilada por si apafrecían policías el que le cogió la cómplice del otro porque no tenía sentido que recogida por detrás y que el objetivo de robarle porque si fuera porque estuvieran borrachos bastaba insultarse . El declarante dice llevaba el móvil colgado se quedó con la cuerda y la carcasa y aunque no vió cómo cogían el móvil en el altercado uno de los dos seguro que le cogió el móvil pero por el pánico que tenía no puede precisar quién. Sus objetos personales los dejó el suelo sus objetos no se los llevaban porque estaban cerca de su amigo Con Marco Antonio había tenido ni siente anterior en la calle desde que salió su casa hasta que le roban no usó el móvil que estaba encendido .Sus amigos se quedaron paralizados no entraron en la pelea para separarles

c) No manifiesta la magistrada que ha recibido esa declaración que le parezca inveraz o increíble o falta de fidelidad a lo sucedido .

d) el declarante vió cómo detenían a estas personas

e) Consta que en rueda de reconocimiento judicial el denunciante reconoce sin lugar a dudas al ahora apelante como el responsable de los hechos

f) el testigo Adriano declara en la policía que estaba junto a la víctima, llegaron dos chicos y una chica, se conocían con anterioridad, y el presunto autor provocó a la víctima y discutieron con faltas de respeto por parte del joven hacia la víctima, los jóvenes marcharon poco después volvieron volvieron a discutir y encararse con la víctima iniciándose la pelea en el transcurso de la cual uno de los agresores saca un objeto sin definir y lo pasó ante la cara a la víctima habiendo el testigo intentado separa a las personas.

g) también declaró en sede judicial el testigo Adriano que en esencia refiere como presencia del encontronazo un forcejeo no había manera de separarlos cree que uno sacó un mechero el bolsillo que era un arma blanca muy pequeña, que amenazaba la víctima en un momento dado caen cosas personales del atracador dinero el móvil no vió sirvan el móvil en la segunda pelea nos acercaron a primeras y que se engancharon y hay sabe que la víctima había comentado que había tenido problemas con estas personas de antes la víctima cogió al cónclave les pedía que llamar a la policía puede ser que en ese momento cogiera el móvil y se dieron cuenta de que el móvil no estaba una vez que se habían marchado los agresores quizás aprovechar el momento en que estaban todos pegados en la primera pelea de las lascivo denunciado el inmovilizado la víctima todo le sucedió en unos 20 minutos con un impasse de quince minutos entre la primera de la segunda pelea y en la segunda vio un utensilio pequeño la punta pequeña como de cortaúñas cree que se sacó para asustar a la víctima y el denunciado lo movía quizás unos 60 centímetros de la víctima con lo que evitaba que se le acercara y el culpable momento me cogió por la cabeza a la víctima seguramente estaba drogado la víctima se tocaba el bolsillo consideran cogido el móvil del bolsillo entre otros aspectos de su declaración

h)El testigo Braulio en su declaración policial señala, tras describir los hechos que presencia correlativos a lo manifestado por el denunciante ,que vio cómo se inicia la pelea en los términos que se describen por el denunciante ,en esencia ,como uno de los atacantes saca una navaja del bolsillo de los pantalones, la exhibe, y la mueve ante la víctima, intentó sacar le la navaja de las manos ,y que el otro se abalanzó sobre su amigo por detrás E inmovilizándolo , luego de los hechos estando bastante convencido de que era una actuación preparada y estudiada para robar porque cuando le sacaron el teléfono móvil que portaba colgado a su amigo marcharon

i) Este segundo testigo identifica también en rueda fotográfica ,como lo hace el testigo Adriano al apelante como el agresor que portaba la navaja que recuperada por la policía serie fotografía en el informe fotográfico que se acompaña

I) indica la policía , que el apelante tiene numerosas detenciones por robos y robos violentos que se habían incrementado en los meses de abril y marzo hasta tres veces al mes cuando 2022 era detenido una vez al mes acreditándose momento de la actividad delictiva y señalando que en establecer policial que de acuerdo con el estudio del modus operandi la provocación inicial y posterior pelea fue una excusa o preliminar del auténtico objetivo que era la sustracción mediante violencia física y una propiedad ajena a una víctima situación vulnerable siendo este modo de operar parte de su modus operandi aprovechándose de la presencia de una segunda persona que inmoviliza la víctima perdiendo capacidad de defensa delante de la sustracción

La hipótesis más razonable es la de considerar que todos estos elementos apunta a la autoría de los hechos investigados

Cabría añadir por demás, que la medida se adopta tras la puesta a disposición del detenido ante el juzgado, es decir al inicio mismo de la actuación judicial y que ya hemos expuesto para rebatir uno de los argumentos del apelante conforme al cual no se puede atender solo la gravedad de la pena que es doctrina asentada que ,en un primer momento, la necesidad de preservar los fines constitucionalmente legítimos de la prisión provisional así como los datos de que en ese instante disponga por el instructor, pueden justificar que el decreto de la prisión se lleve a cabo atendiendo solamente al tipo de delito y a la gravedad de la pena, dado que de este dato puede inferirse razonablemente la existencia de riesgo de fuga (por todas, STC 8/2002, de 14 de enero, FJ 4),

Desde este punto de vista estos hechos indiciariamente así soportados y así referidos revisten caracteres de infracción criminal , incardinable a priori en lo dispuesto en los tipos referidos y pueden calificarse de motivos bastantes - "sospechas razonables de responsabilidad criminal" ( STC 128/1995, FFJJ 3 y 4)- para creer responsable a la persona contra la que se ha dictado el auto de prisión. (503 1.1º. y 503.1.2º LECRM.).

Los elementos señalados son suficientes para tenerlos por plurales indicios de los hechos suficientes en el momento en el que se adopta la decisión combatida pues las lesiones objetivadas, la circunstancia de que los agentes presencian la huida de la presunta Žvíctima y como el apelante persigue y empuja a esta, con elementos corroborativos en principio de la tesis del juzgado

Y a la par consta cumplido el parámetro relativo a la cantidad de pena imponible, (503 1.1º. LECRM.) que en el tipo, supera en todo caso los dos años, , para adoptar la prisión provisional y mantenerla y a la gravedad objetiva de la pena vinculada al tipo imputado, pero ahora consta ya cumplido el parámetro exigible, máxime si tenemos en cuenta que ya consta escrito de acusación del ministerio fiscal por el que pide una pena de cinco años de prisión más multa robo con violencia tras lesiones.

En este caso además la gravedad del delito , robo violento con, consumado indiciariamente cometido y la pena a imponer en su caso, cumplen el parámetro exigido para justificar como hace el Juzgado la medida cautelar adoptada per se ,en unión de la constancia de los indicios referidos y los riesgos a conjurar de los que hablaremos por lo que estimaremos su necesidad.

SEPTIMO .- Podemos entonces avanzar y comprobar en este caso la prisión provisional persigue alguno de los fines que debe ponderar el juez al aplicar el artículo 503. Uno. Tres. Comprobación que es totalmente necesaria toda vez que participación como pronóstico subjetivo es una condición necesaria pero no suficiente para el mantenimiento de la medida de prisión provisional si ésta, a la vez, no cumple con los requisitos de la misma vinculados a sus fines en el contexto de una sociedad democrática y de unas medidas precisas necesarias proporcionales en relación a dichos fines.

OCTAVO -.- En el caso analizado sobre la inferencia racional de un riesgo de fuga (art.503 3ª a) LECRM.) también pivota la decisión del Juzgado, que se expresa en su fundamento del auto apelado. Pues pondera el riesgo como existente derivado de la gravedad del delito y de las penas y en relación con el momento procesal de la causa , y la carencia de arraigo bastante que frente al mismo sea suficientemente neutralizador del riesgo de ilocalización o fuga ,

Como hemos dicho en muchas ocasiones entiende el Tribunal, nunca puede asegurarse a priori que la fuga o ilocalización no vayan a suceder por más cautelas que se pongan a una libertad provisional . Ese riesgo siempre existe, al menos teóricamente y no puede descartarse que, de ser puesto en libertad, un imputado ,o el ahora apelante, opte por ponerse fuera del alcance de la Administración de Justicia , teniendo presente que sabe que, hasta este momento, sus tesis exculpatorias y su alegato de inocencia no ha merecido la confianza, ni del instructor, ni del Fiscal que formuló y ha sostenido una oposición a la libertad , a pesar de la labor de su defensa

En cualquier causa penal puede suceder .Quede claro no decimos que esto vaya a ser así, ni que deba ser así, sino que es razonable pensar que, a la vista de que hasta este momento no han prosperado de manera efectiva, en sus efectos más severos como es la privación de libertad, las tesis de la defensa, pueda un imputado, cualquier imputado representarse que el devenir del procedimiento pueda serle desfavorable y representarse, por consecuencia, como la opción a seguir, eludir la acción de la Justicia ,poniéndose fuera del alcance de los tribunales. Huida no necesariamente novelesca, sino entendida como la puesta fuera del alcance de la Administración o debiendo esta realizar esfuerzos singulares para su localización en las fases posteriores del proceso.

Ahora bien, el problema no es si eso pude suceder, que siempre es posible que suceda, sino si en el caso concreto creemos razonable pensar que, se represente la puesta fuera del alcance de los Tribunales como la única alternativa a una posible condena. Y si hay algún factor que, racionalmente pueda considerarse que haga más probable la hipótesis de que se sujetará al control del Tribunal o del Juzgado, que la contraria, en una ponderación complicada y compleja siempre.

Se trata en definitiva de ponderar si hay elementos que contrabalanceen ese riesgo, valorados de una forma razonable y presidida esa valoración por los criterios a los que antes aludimos en el fundamento segundo y tercero especialmente al referirnos a la suficiencia y razonabilidad y proporcionalidad esto es, si ha ponderado los derechos e intereses en conflicto del modo menos gravoso para la libertad, en la ponderación.

Y entre esos factores el inmediato en relación con este aspecto de la medida cautelar adoptada es ,y suele ser ,el arraigo. Arraigo entendido como elemento neutralizador del riesgo de fuga, de forma que si una ponderación racional nos lleva a pensar que el nivel del arraigo puede ser tal que puede considerarse razonablemente que puede neutralizar el destacado riesgo de fuga ,en forma suficiente para hacerlo menos probable, que probable, esos criterios de ponderación expuestos nos debieran llevar ,especialmente si se han ponderado los derechos e intereses en conflicto del modo menos gravoso para la libertad, a estimar que el riesgo de fuga no es existente o ni siquiera hipotéticamente es razonablemente mayor y más trascendente que el valor de la libertad personal.

Debemos pues ponderar si el Tribunal entiende que la puesta en libertad del ahora penado propiciaría y vendría acompañado de una alta probabilidad de riesgo de fuga, que haría ciertamente dificultoso, si no inalcanzable, la realización de la justicia penal en los términos indicados.

Sobre la inferencia racional de un riesgo de fuga (art.503 3ª a) LECRM.) la sala tras detenido estudio debe manifestar que para constatar el peligro de fuga hay que tener en cuenta conjuntamente la naturaleza, la gravedad de la pena y la situación laboral social y económica, además de la inminencia del juicio oral y ponderar todas las circunstancias personales ,objetivas, y subjetivas para establecer la medida cautelar más adecuada para neutralizar el riesgo en función de su intensidad.

Como señala la STC 50/2019, de 9 de abril, FJ 5 b) "todo juicio que expresa el pronóstico de un comportamiento futuro se funda en diversos factores y, entre ellos, en máximas de experiencia, que se ven más o menos reforzadas en función de los datos fácticos concurrentes

Para valorar el riesgo de fuga o ilocalización no puede obviarse el hecho de que, el ahora recurrente,

En este caso ponderamos, como ha hecho el instructor, la necesidad de neutralizar con la medida adoptada el riesgo de fuga y desde luego el de reiteración atendido.

Respecto del primero, el riesgo de fuga a neutralizar, valoramos para entenderlo concurrente lo siguiente :

a) la gravedad del delito robo con violencia

b) la gravedad la pena máxima asociada al delito más grave por el que por ahora viene imputado el apelante

c).Poniéndose de manifiesto que por las múltiples requisitorias cumplimentadas sólo cuando ha sido detenido se le ha podido localizar con imposibilidad encontrar a esta persona un domicilio fijo pues señala un domicilio en la CALLE000 de Vilanova donde no se encuentra desde abril del 23 teniendo conocimiento de que facilita este domicilio en sus detenciones sin vivir allí y que allí sólo residen los abuelos de su pareja , desconociéndose policialmente su domicilio actual habiéndosele en ocasiones localizado ocupando un inmueble que originó otras diligencias policiales de donde marchó

e) constando en el sistema de información policial catorce requisitorias judiciales, seis por averiguación de domicilio ,once citaciones judiciales comandadas a la policía por no encontrársele en la dirección por él indicada como su domicilio y haciendo constar que en ocho de los catorce requerimientos sólo fue posible su cumplimentación al ser detenido, no habiéndosele podido localizar previamente y habiéndose sólo el último año cumplimentadas dos órdenes de búsqueda y captura y presentación judiciales, L OQUE evidencia un riesgo de ilocalización que debe neutralizarse como lo justifica el auto apelado.

f) siendo el apelante nacional de Marruecos sin residencia legal en España con un decreto de expulsión vigente como consta en el certificado sobre situación administrativa en España que se aporta

e) la ausencia de familia con lazos de dependencia

f) no constándole trabajo remunerado alguno ni aportando justificación de trabajo regular alguno.

Todo ello justifica razonablemente pensar que el riesgo de ilocalización es real y debe ser proporcionalmente atajado con la medida impuesta

N OVENO.- Respecto del riesgo de reiteración delictiva este es indiscutible atendido que el detenido ahora apelante teniendo la consideración de persona multireincidente haciendo referencia a sus 23 detenciones, trece en los últimos meses, cinco robos violentos que presuntamente habrían tenido lugar en menos de diez meses, y ocho detenciones en lo que va del año 2023 de los cuales tres lo han sido con uso de violencia física y de armas blancas haciéndose eco detallado el atestado de las diligencias policiales y además la defensa no cuestiona que tiene antecedentes penales refiere tres solo uno dice computable , y no se cuestiona tampoco que en el informe del Ministerio fiscal que instó la prisión se refiera al menos el antecedente penal con sentencia firme de31.7.2020 penal 2 Cartagena robo violento a 15 meses de prisión suspendida por cuatro años desde 1.23.2022 pendiente de cumplimiento, elementos todos elos que objetivan la consideración de una razonable apreciación de un riesgo de reiteración que por las características señaladas debe conjurarse en este caso mediante la medida de prisión provisional, tan necesaria como proporcional

DECIMO.- -Sobre la necesidad y proporcionalidad de la medida estimamos por ello, en relación a los elementos obrantes en el rollo y en ausencia de designa de particulares, necesaria y proporcional en este momento la medida adoptada en relación a la petición fiscal del mantenimiento de la prisión y la confirmación del Auto apelado.

En cuanto a su duración en relación a la concreta pena asociada debemos referirnos nuevamente a la pena para el delito como la que tenemos que tener por referencia como antes hemos indicado módulo normativo ya referido y no a la que pudiera resultar según lo alegatos de la apelación.

Respecto a la duración de la prisión provisional está hasta este momento plenamente justificada en relación al procedimiento mismo en los términos del art 504.1 LECRM por cuanto queda dicho y diremos.

Estamos dentro de los módulos normativos que rigen el máximo de la prisión provisional en el momento dictarse el auto ahora recurrido (504.2 LECRM).La limitación temporal de la prisión provisional integra aunque no agota la garantía constitucional de la libertad establecida en el artículo 17. Cuatro CE y no debe exceder de un plazo razonable conforme al Convenio Europeo de derechos humanos guardando ello un estrecho paralelismo con el derecho a un proceso sin dilación indebida.

Este concepto de plazo razonable es un estándar jurídico que ha de ser integrado en cada caso concreto, mediante el examen de la naturaleza del objeto procesal, de la actividad del órgano judicial del propio ,comportamiento del recurrente, que haría que no pudieran merecer el calificativo de indebidas las dilaciones que obedezcan exclusivamente a la intencionada conducta de la parte que la pretende, lo que no es el caso.

En este caso ha transcurrido poco tiempo desde se adoptó la medida de prisión y no se denuncia paralización indebida alguna en la instrucción. Hay que entender correctamente adoptada la medida al cumplir el módulo del art 504.1 LECRM en lo relativo a su duración, subsistiendo los motivos que justificaron su adopción en relación al fin perseguido por cuanto queda dicho.

Las penas asociadas a la imputación vigente según el testimonio al adoptarse el auto ,en toda su extensión imponible son claramente superiores al plazo de prisión provisional ya cumplido.

ULTIMO.- Nada obsta que la petición de libertad se pueda reproducir en cualquier momento y singularmente pueda ser valorada y atendida incluso por el instructor con total libertad de criterio en función de elementos que no podemos valorar por desconocer, como son el grado de profundización de la instrucción, , su conclusión o si la instrucción o el avance de la causa sufren dilaciones no justificadas, o se aportan elementos nuevos en la valoración de los elementos de arraigo o en los términos que ya lo contemplaba el auto apelado o de otro tipo que han sido analizados, en el ámbito propio de su investigación que debe estar regida por lo dispuesto en el art 2 de la LECRIM y lo señalado en el art 777 LERCRIM y 779.1 LECRIM .Visto lo dispuesto en el art. 502, 503 1.1º. , 503.1.2º art.503 3ª a), 504 1 y 2 , 506 .1 y 7 ,507.1 y 766 LECRM.