Auto Penal 976/2022 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 9, Rec. 838/2022 de 02 de diciembre del 2022

PRIMERO.- Resolvemos un recurso de apelación contra mantenimiento de la prisión provisional del ahora apelante que se extiende por algo más de cuatro meses desde su adopción por la presunta comisión indiciaria de un robo en casa habitada en base a los argumentos y elementos expuestos ampliamente con detalle en los antecedentes que precedent que recoge el contenido esencial de lo instruido el contenido del auto dictado por el juzgado instructor de gran detalle y correcta motivación y el contenido del amplio escrito de recurso y que tiene por precedent que un auto dictado por esta misma sala en el mes de septiembre el que se acordo mantener la prisión provisional.

Adelantamos que combatiremos con el juzgado su valoración de la existencia aún de indicios suficientes de autoría y compartiremos con el juzgado su valoración acerca de los elementos que ponderar en relación con el arraigo y el riesgo de fuga.

Ahora bien adelantamos ya desde ahora lla presencia al menos cuatro elementos que concurren al dictado del auto apelado que no concurrían cuando la sala dictó el anterior auto en apelación confirmando la previa decisión del juzgado de mantener la prisión provisional .

Elementos que en su conjunto nos llevaran a un pronunciamiento diferente por una revaloración de factor de proporcionalidad de la medida de prisión provisional en relación al congreso de su dictadoi a los elementos presentes antes y ahora y que respecto de los que no estaban presentes cuando la sala se pronuncio en setembre y sí lo están ahora son :

a) el hecho de que en la diligencia de investigación lofoscópica a partir de los restos de huellass obtenidos en especial en ocular de la vivienda haya dado resultado negativo de manera que ninguna de las huellas por ahora podido ser identificada como correspondiente alguno de los investigados en particular tampoco la pena

b) el hecho de que ya han transcurrido un desde nuestro anterior pronunciamiento prácticamente dos meses más de privación de libertad

c) el hecho de que se entenderá por acreditado una determinada circunstancia que afecta al apelante cuanto es una relación sentimental y manifiesta haberse generado en este periodo de tiempo aunquese con los efectos limitados que se vera.

d) por último la circunstancia de que en buena medida como se decía en el auto un anterior se confirmaba hace dos meses una decisión de prisión adoptada muy el inicio de la instrucción de acuerdo con la doctrina constitucional con arreglo la cualel hecho de adoptarse la medida , en un primer momento, siendo que la necesidad de preservar los fines constitucionalmente legítimos de la prisión provisional así como los datos de que en ese instante disponga por el instructor, pueden justificar que el decreto de la prisión se lleve a cabo atendiendo solamente al tipo de delito y a la gravedad de la pena, dado que de este dato puede inferirse razonablemente la existencia de riesgo de fuga, circunstancia que más predicable de este momento pues han transcurrido más de cuatro meses desde el inicio de investigación .

Estableceremos más adelante el alcance de cada uno de estos factores

SEGUNDO.- Previamente para dar respuesta a los alegatos de la apelación que acabamos de exponer, y en base a los antecedentes descritos que recogen el contenido del auto apelado, sus motivos, los elementos que la sala constata en el testimonio recibido y la posición del fiscal, diremos respecto de la doctrina que la Sala aplica en relación a la medida de prisión provisional que desde la perspectiva del derecho a la libertad ( art. 17 CE), y en relación con la incidencia de la adopción de la prisión provisional en dicho derecho fundamental, recordamos que aquélla se sitúa entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito y asegurar la presencia del inculpado en el juicio oral y el deber estatal de asegurar el ámbito de libertad del ciudadano.

Ciertamente, la prisión provisional , es decisión que se adopta en una situación de necesidad en la que están en juego diversos bienes y derechos constitucionales. Y se adopta en un contexto de incertidumbre acerca de la responsabilidad penal de la persona sobre cuya privación de libertad se discute.

En tales casos la legitimación de la medida sólo exige que recaiga en supuestos donde la pretensión acusatoria STC 35/2007 tiene un fundamento razonable, esto es, allí donde existan indicios racionales de criminalidad", donde concurran en el afectado "sospechas razonables de responsabilidad criminal" ( STC 128/1995, FFJJ 3 y 4).

Por lo demás, esta apreciación de una cierta probabilidad de responsabilidad penal no necesariamente se sustentará en los elementos de prueba disponibles para el enjuiciamiento de fondo de la causa, por lo que resulta posible que ,a una medida de prisión provisional adoptada de un modo constitucionalmente irreprochable, pueda seguir una Sentencia absolutoria de quien sufrió la medida.

Su legitimidad exige que su aplicación tenga como presupuesto, objetivo, fundamento y objeto los siguientes:

A) Como presupuesto la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva; reflejado en el art 503.1.1ª. y 503 1.3º LECRM)

B) Como objetivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida, y así, la conjura de ciertos riesgos relevantes para el desarrollo normal del proceso ,o para la ejecución del fallo, que parten del imputado como su sustracción de la acción de la Justicia, la obstrucción de la instrucción penal y, en un plano distinto, aunque íntimamente relacionado, la reiteración delictiva, sin que en ningún caso pueda perseguirse con la prisión provisional fines punitivos, de anticipación de la pena, o de impulso de la instrucción sumarial, propiciando la obtención de pruebas o declaraciones de los imputados, etc. Todos estos criterios ilustrarían, en fin, la excepcionalidad de la prisión provisional ( STC 128/1995, FJ 2, por todas) reflejada en el art. 503.1.3ª LECRM.

C) Como fundamento, la ponderación de las circunstancias concretas que, de acuerdo con el presupuesto legal y la finalidad constitucionalmente legítima, permitan la adopción de la medida ( SSTC 62/1996, de 16 de abril, FJ 5; 44/1997, de 10 de abril, FJ 5; 66/1997, de 7 de abril, FJ 4; 33/1999, de 8 de marzo, FJ 3, y 14/2000, de 17 de enero, FJ 4).reflejado en los art 502,503 y 504 LECRM

D) Como objeto que se la conciba, en su adopción y mantenimiento, como medida basada en el principio de legalidad (nulla custodia sine lege) de aplicación excepcional (in dubio pro libertate), subsidiaria, provisional, y proporcionada para el logro de la consecución de los fines que la justifican, reflejado en el art 502 LECRM.

E) Como presupuesto funcional, su petición por alguna de las acusaciones.

TERCERO.- Su adopción o mantenimiento debe acordarse de forma fundada, razonada, completa y acorde con los fines de la institución [ STC 128/1995, FJ 4 b)] constatando si la fundamentación que las resoluciones judiciales exponen es:

A) Suficiente (por referirse a todos los extremos que autorizan y justifican la medida),con reflejo en los dispuesto en el art 506 LECRM.

B) Razonada (por expresar el proceso lógico que individualiza la aplicación de las exigencias constitucionales al caso concreto) con reflejo en los dispuesto en el art 506 LECRM.

C) Proporcionada (esto es, si ha ponderado los derechos e intereses en conflicto del modo menos gravoso para la libertad).

D) Reforzada por referirse a la libertad personal (por todas STC 204/00)

Para que la motivación de la resolución judicial que acuerde tal medida se considere suficiente y razonable, es preciso que la misma sea el resultado de la ponderación de los intereses en juego (la libertad de la persona , por un lado; la realización de la Justicia penal , por otro), que constituye una exigencia formal del principio de proporcionalidad, y que esta ponderación no sea arbitraria,en el sentido de que resulte acorde con las pautas del normal razonamiento lógico y especialmente con los fines que justifican la prisión provisional ( SSTC 128/1995, de 26 de julio, FJ 4; 33/1999, de 8 de marzo; 14/2000, de 17 de enero; 47/2000, de 17 de febrero, FJ 2; 164/2000, de 12 de junio; 165/2000, de 12 de junio, y 29/2001, de 29 de enero, FJ 3).

CUARTO.- Concretando dichas directrices, los criterios de enjuiciamiento en la motivación de la medida cautelar son:

1. El primero, tomar en consideración, además de las características y gravedad del delito imputado y de la pena con que se le amenaza, las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado.

2. El segundo introduce una matización en el anterior, al valorar la incidencia que el transcurso del tiempo ha de tener en la toma de la decisión de mantenimiento de la prisión, de modo que, si bien es cierto que, en un primer momento, la necesidad de preservar los fines constitucionalmente legítimos de la prisión provisional así como los datos de que en ese instante disponga el instructor, pueden justificar que el decreto de la prisión se lleve a cabo atendiendo solamente al tipo de delito y a la gravedad de la pena, dado que de este dato puede inferirse razonablemente la existencia de riesgo de fuga (por todas, STC 8/2002, de 14 de enero, FJ 4), también es verdad que el paso del tiempo modifica estas circunstancias y obliga a ponderar los datos personales y los del caso concreto conocidos en momentos posteriores [entre otras, SSTC 128/1995, de 26 de julio, FJ 4 b),37/1996, de 11 de marzo, FJ 6 a), 62/1996, de 16 de abril, FJ 5, y 33/1999, de 8 de marzo].

En suma, la medida de prisión provisional debe responder en todo momento a los fines constitucionalmente legítimos de la misma, y así debe poder deducirse de la motivación de la resolución que la acuerda, aunque en un primer momento estos fines pueden justificarse atendiendo a criterios objetivos como la gravedad de la pena o el tipo de delito [por todas, STC 44/1997, de 10 de marzo, FJ 5 b)].

QUINTO.- La aplicación necesaria de la doctrina expuesta al caso concreto pasa entonces por cumplir la exigencia que el Tribunal tiene de expresar las finalidades concretas que se entienden alcanzables con el mantenimiento en este estadio del proceso de la prisión provisional así como las razones exigibles para ello.

SEXTO.- En el caso en particular de este recurso, al que aplicar cuanto llevamos dicho, y revisando sistemáticamente los elementos que deben concurrir, en primer lugar debemos referirnos al pronóstico objetivo de comisión, de acaecimiento del hecho conforme a 503 1.1º. y 503.1.2º LECRM examinando si puede hablarse de indicios que superando la mera sospecha u opinión funden la medida

Pues bien examinado el testimonio recibido, la sala concluye que por tales indicios deben ser tenidos, cuanto hemos recogido ampliamente en el antecedente primero de esta resolución al que nos remitimos, en esencia:

a) sigue habiendo indicios que pueden soportar la prisión provisional cuales son el hecho de que el apelante portaba personalmente la mochila sustraída, llevaba puestas las zapatillas igualmente sustraídas ,tenía su cartera 1050 €, EL dominio del vehículo en el que se Encuentra el resto de bienes sustraídos en su poder las llaves del mismo- indicó que se lo había prestado a él .

No es extrapolable a este apelante la argumentación desplegada respecto de los otros investigados a quienes no se les interceptó ninguno de los objetos sustraídos y respecto de los cuales no reconocieron ninguna relación lo que hace que los diferentes presupuestos de partida provoque en hoy ha provocado hasta este momento diferente resoluciones sin que ello afecte al principio de igualdad de trato respecto de los otros co imputados que han quedado libertad con fianza porque como decimos el alcance y el Valor de los indicios no son los mismos respecto a quien ha negado tener ninguna relación con los objetos de sustraídos indiciariamente que quien ha admitido esta relación como es el apelante que no solo los llevaba consigo y afirman que son suyos. .

d) dicho ello recogemos el argumento expuesto por esta misma sala conforme al cual resulta poco plausible que quien hubiera entrado en un domicilio ajeno y decidido a aprender de la tubería de objetos accesibles a robar y zapatillas luego abandone sus mismos efectos en un contenedor tal como sostiene el investigado que mantiene que lo encontró la mochila junto a un contenedor abandonar y procedido a lavar la ropa

e) se considera igualmente improbable que los propietarios dichos efectos denuncien el robo de 1100 € en billetes de 50 y que quien supuestamente encuentra aquellos objetos tiene también en su cartera precisamente 1050 € en billetes de 50

f) las circunstancias temporales y espaciales entre los hechos y la detención y que la defensa aluda ocho horas en lo uno ni lo otro lo cierto es que no consta el robo se haya perpetrado precisamente a las dos de la mañana sino en entre dicho momento y las seis de la mañana y aunque se me ha cometido a las dos el apelante fue identificado con los fines en su poder antes de las 9,25 luego seguiremos estando en un marco de evidente inmediata es temporal

Todo ello lo que nos llevó a rechazar y ahora nos sigue llevando a rechazar la primera alegación del recurso validando la tesis del instructor respecto de la concurrencia indicios de criminalidad .Reiteramos lo que ya dijo la audiencia el sentido de que tal cúmulo de circunstancias son suficientes para afirmar una base indiciaria de la autoría del hecho respecto al ahora apelante .La hipótesis más razonable es la de considerar que todos estos elementos apunta a la autoría de los hechos investigados

Desde este punto de vista estos hechos indiciariamente así soportados y así referidos , revisten caracteres de infracción criminal , incardinable a priori en lo dispuesto en los tipos referidos de robo ocn fuerza en casa habiotada y pueden calificarse de motivos bastantes - "sospechas razonables de responsabilidad criminal" ( STC 128/1995, FFJJ 3 y 4)- para creer responsable a la persona contra la que se ha dictado el auto de prisión. (503 1.1º. y 503.1.2º LECRM.).

Ciertamente , no se ha podido establecer el recorrido del gps por razones ya expuestas, aujhnque no ocnsta que se haya recabado información del operador de la señal del mismo , lo cierto es que por el propio aparato señlala el instructor que no se ha podido obtener información hàbil al respecto.

TYampoco hay un resultado indiciairo de carga oa partir de la prueba lofoscópica negativa ,negativo aunque no exactamente en el sentido en que le indica la defensa pues el no se tratan de que hayan aparecido huellass de terceros sino que no han podido ser identificades las halladas .

Aún así los elementos señalados osn suficientes, y este sentido compartimos el criterio del instructor , para tenerlos por plurales indicios de los hechos suficientes en el momento en el que se adopta la decisisón combatida.

Y a la par consta cumplido el parámetro relativo a la cantidad de pena imponible, (503 1.1º. LECRM.) que en el tipo, supera en todo caso los dos años, , para adoptar la prisión provisional y mantenerla y a la gravedad objetiva de la pena vinculada al tipo imputado, pero ahora consta ya cumplido el parámetro exigible, máxime si tenemos en cuenta que ya consta escrito de acusación del ministerio fiscal por el que pide una pena de cinco años de prisión más multa robo con violencia tras lesiones.

En este caso además la gravedad del delito , robo en cada habitada , consumado indiciariamente y lesiones cometido , y la pena a imponer en su caso, cumplen el parámetro exigido para justificar ,como hace el Juzgado, desde esta perspectiva indiciaria la medida cautelar adoptada per se ,en unión de la constancia de los indicios referidos

SEPTIMO .- Podemos entonces avanzar y comprobar en este caso si la prisión provisional persigue alguno de los fines que debe ponderar el juez al aplicar el artículo 503. Uno. Tres. Comprobación que es totalmente necesaria toda vez que participación como pronóstico subjetivo es una condición necesaria pero no suficiente para el mantenimiento de la medida de prisión provisional si ésta, a la vez, no cumple con los requisitos de la misma vinculados a sus fines en el contexto de una sociedad democrática y de unas medidas precisas necesarias proporcionales en relación a dichos fines.

OCTAVO -En este caso ponderamos, el instructor haya valorado la necesidad de neutralizar con la medida adoptada el el riesgo de fuga.

Respecto del primero, el riesgo de fuga a neutralizar, valoramos lo siguiente :

a) la gravedad del delito robo en casa habitada

b) la gravedad la pena máxima asociada al delito más grave por el que por ahora viene imputado el apelante

c) la ausencia de família con lazos de depdencia no constándole trabajo remunerado alguno ni aportando justificación de trabajo regular alguno.

f) el apelante es nacional de Alabania sin un permiso de residencia, la huída a su país es viable

g) no consideramos que sea una situación de arraigo el solo hecho de acompañarse de documento en copia simple que acreditan a una petición asilo pues no se trata sino de la petición de asila no resuelta R y que no acredita el arraigo preciso para neutralizar un riesgo de fuga que por la naturaleza de los hechos y la pena imponible puede desconocerse

H) la defensa aduce de que en el domicilio constante en Francia y habitual es el que consta en la petición de asilo , pero examinando el documento a no se puede compartir esta conclusión documento " Introduction d une demanda dŽasile" que no expresa que el domicilio que se señal que es "Forum Refugiees Reue Garibaldi, " sea un domicilio habitual o personal del sujeto sino simplemente lo es a efectos de comunicación pero no nos dice nada propósito de que ese domicilio ser habitual o estable de la odissea que cuánto tiempo que se disponga el mismo. De hecho en el documento de " Attestatio de demand d asile " no aparece nada en el apartado del domicilio .

I) en cuanto a que dispone de una hermana en Francia que tiene concedida un titulo o de estància, no se acrerdita que con ella se mantenga una convivencia a las circunstancias propias para establecer un arraigo

j) Lo mismo sucede como ya esta sala dijo a su anterior auto con el hecho de tener mayoritaria que tanga también reconocido un permiso de estància

k) Y lo mismo sucede con la mencionada relación sentimental que al parecer desde hace tres meses pudiera mantener con una professional de ámbito penitenciario cuyos avatares antes hemos expuesto , porque como bien señala el ministerio fiscal en línea con el auto apelado ,tal circunstancia no puede llevarnos a la conclusión de que tiene o ha tenido arraigo en España suficientemente neutralizador de un riesgo de ilocalización derivado de la importancia de la pena asociada al delito presuntamente cometido. Como bien señala el ministerio fiscal en su informe línea con lo expuesto por el juzgado incluso se tenga por existente la relación con la educadora no ofrece por sus características ni proporcional un arraigo suficiente neutralitzador por sí mismo del riesgo de fuga. Tampoco la mera solicitud de asilo huelga arraigo y armas en territorio extranjero aunque sea, a comunitaria

Parafraseando la doctrina del tribunal europeo a propósito del arraigo .aunque sea en relación a la expulsión del territorio nacional referido al extranjero - debiera entenderse -máxime en un caso en el que se alega arraigo domiciliario ni tampoco laboral o tampoco social y solo se pretende el arraigo familiar o equivalente - se precisaría para su consideración la acreditación de relaciones estables de convivencia o dependencia.. Debe tratarse, en todo caso, de relaciones con parientes próximos: cónyuge o pareja de hecho, hijos, padres o hermanos ( STEDH 17 de febrero de 2009, Onur FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 18 contra el Reino Unido), sin descartar otros parientes en situación de dependencia material del penado ( art. 3.2 Directiva 2004/38/CE). Deben ser relaciones genuinas, que entrañen convivencia o asistencia material, lo que aquí en modo alguno se acredita de ninguna manera ,para cuya acreditación no basta la alegación de un vínculo formal ( SSTEDH 30 de noviembre de 1999, Baghli contra Francia; 11 de julio de 2002, Amrollahi contra Dinamarca; 13 de febrero de 2001, Ezzouhdi contra Francia; 17 de abril de 2003, Yilmaz contra Alemania; y 15 de julio de 2003, Mokrani contra Francia).

Debe haber una relación de convivencia real y estable, no basta alegar la existencia de una relación de parentesco.

No se encuentra en esta situación quien es soltero, no tiene hijos, y no ha demostrado mantener relaciones estrechas ni con sus padres ni con sus hermanos y hermanas que habitaban en el país de acogida ( STEDH de 30 de noviembre de 1999, Baghli contra Francia).

No basta con demostrar la existencia formal del matrimonio, es preciso que se acrediten otros factores que pongan en evidencia la efectividad de la vida en familia de la pareja ( STEDH de 11 de julio de 2002, Amrollahi contra Dinamarca);

No es suficiente probar que se tienen hijos residentes en el país receptor, es preciso que haya constancia de una efectividad de relaciones paterno filiales ( SSTEDH de 7 de noviembre de 2000, Kwattie-Nti y Dufie contra Países Bajos; de 13 de febrero de 2001, Ezzouhdi contra Francia; de 17 de abril de 2003,Yilmaz contra Alemania; de 15 de julio de 2003, Mokrani contra Francia).

Para poder reconocer la existencia de arraigo familiar no es suficiente con probar la permanencia en el Estado de acogida de familiares más próximos, es preciso acreditar la existencia de relaciones reales y efectivas de vida familiar, incluso de mutua dependencia.

Para valorar el grado de dependencia es necesario tener en cuenta la edad de los hijos ( STEDH de 2 de febrero de 2001, Boultif contra Suiza) y las condiciones adicionales de dependencia. Cuanto de menor edad sean los hijos, más necesitados estarán de asistencia familiar. Del mismo modo, la relación de dependencia se acentuará en caso de que el expulsado adolezca de un precario estado de salud (STEDH de 12 de enero de FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 20 2010, Khan contra el Reino Unido) o padezca de deficiencias físicas o psíquicas que solo pudieran ser atemperadas por la atención y cuidados de sus más allegados, o cuando la familia fuera el lugar idóneo donde encontrar un mínimo de equilibrio psicológico y social ( STEDH de 13 de julio de 1995, Nasri contra Francia).

f) Vinculación del afectado con el país de donde procede. Por fin, otro de los factores delimitadores del arraigo familiar en el país de acogida lo constituye la intensidad de los vínculos del afectado con su nación de origen. En efecto, el arraigo familiar no solo exige el dato positivo de que el núcleo familiar más próximo permanezca en el Estado de acogida, sino también el negativo de carecer de lazos sociales, culturales o familiares con su país de origen ( SSTEDH 18 de febrero de 1991, Moustaquin contra Bélgica; de 26 de septiembre de 1997, Mehemi contra Francia; de 17 de abril 2003, Yilmaz contra Alemania; de 15 de julio de 2003, Mokrani contra Francia; de 12 de enero de 2010, Khan contra el Reino Unido). Al margen de las circunstancias del hecho y la existencia de arraigo hay que tomar en consideración otras circunstancias personales que pueden afectar al juicio de proporcionalidad.

Elementos que explican que el el juzgado considerara en la razonable apreciación de un riesgo de fuga y de reiteración que por las características señaladas debía conjurarse en este caso mediante la medida de prisión provisional

NOVENO.- -Sobre la necesidad y proporcionalidad de la medida

Es aquí donde debemos efectuar una ponderación de los elementos que anunciamos al principio de la fundamentación de este auto, alguno de ellos omitido en el auto o apelado o tenido en cuenta de una forma aquí no es a criterio de la sala exacta.

Ciertamente decimos que sigue habiendo indicios pero sería atentamente voluntarista a afirmar que existe la misma cara indiciaria que había cuando la sala confirmo anteriormente otro auto previo y ello por cuanto como hemos expuesto el resultado de la y potente y de la prueba al ojos copita es negativo. Si hay indicios cierto pero la carga indiciaria es menor gasto es un factor que me traer a colación de proporcionalidad de la medida porque si no altera que sigamos afirmando que hay indicios del hecho no podemos desconocer siendo objetivos y plenamente imparciales que la circunstancia de que ninguna huella haya podido ser por ahora vinculada alguno de los investigados en concreto al apelante producción afectación en la cantidad de cargo indiciaria de que se dispone.

En segundo lugar afirmamos que no hay un arraigo suficientemente neutralitzador del riesgo de fuga en los términos que hemos expuesto pero sería estrictamente voluntarista también no ser objetivo y consecuente con la circunstancia de que no se puede negar que cuanto menos con los elementos con los que barra disponemos se pone de manifiesto una relación sentimental con ciudadana española que ofrece domicilio y habitación en los términos expuestos y el contexto de una relación sentimental de pareja al apelante.

No hay motivos para pensar que estemos ante una patraña ni mucho menos nada de eso parecía los ojos del instructor que ha tenido presente a la testigo que con evidente riesgo jurídico ha declarado en dos ocasiones ante el juzgado exponiendo las circunstancias de esa relación en términos que la hace creïble.

Ello como decimos no comporta en relación a los demás argumentos expuestos que estemos ante un arraigo suficientemente neutralitzador del riesgo de fuga pero sí introduce un elemento que en conjunción con los demás permite valorar si ese riesgo de fuga que debe seguir siendo neutralizado debe serlo necesariamente a través de la prisión provisional o con otras medidas de menor intensidad.

Ni en la adecuación se introduce también un factor que tanto del auto apelado con un informe del fiscal mencionó en y qué debe ser corregido puesto que se apoya en que la prisión está justificada resaltado al inicio de la investigación.

Ya hemos expuesto la doctrina del tribunal constitucional al respectoel hecho de adoptarse la medida , en un primer momento, siendo que la necesidad de preservar los fines constitucionalmente legítimos de la prisión provisional así como los datos de que en ese instante disponga por el instructor, pueden justificar que el decreto de la prisión se lleve a cabo atendiendo solamente al tipo de delito y a la gravedad de la pena, dado que de este dato puede inferirse razonablemente la existencia de riesgo de fuga.

Pero ya no estamos al inicio de investigación si lo que han transcurrido cuatro meses y medio desde el inicio de la misma y desde entonces ha mantenido la situación de prisión provisional. Está misma doctrina del tribunal constitucional antes expuesta a boca aquí ahora no podamos fundar como señala el auto pelado y el recurso del fiscal la prisión provisional esa inmediatez adoptada respectoel inicio de la investigación, y que por tanto esa sola en ella decía lo justifica la prisión sino que hay que entender entonces al conjunto de elementos que no sales in y eso es lo que estamos haciendo ahora.

Y a ello se añade por último el hecho de que cuatro meses y medio son un período significado de prisión provisional en relación a las circunstancias del caso aguas y lo aprecia la sala.

Es la conjunción de todos estos factores y no solo de ellos por separado el que llevan a la sala a concluir que en términos de proporcionalidad la reducción de la calidad indiciaria los términos expuestos la incorporación de un factor de índole personal, la distancia ya con el inicio de la instrucción y el tiempo transcurrido en la misma relación a las circunstancias de la investigación misma no es un caso complejo ni con multitud de investigados, determinan que se estime como más proporcionan y adecuado a ese conjunto de circunstancias la revocación de la prisión provisional sustitución por una libertad provisional con medidas que vienen exigidas por la permanencia en el riesgo de fuga si se quiere mínimamente atenuado por las circunstancias personales expuestas pero que sigue justificando la adopción de medidas cautelares personales no la prisión provisional que los y las que diremos pues solo así entendemos que se logra un equilibrio entre los bienes en conflicto en una resolución de este orden y se alcanza una proporcionalidad entre el rigor de las medidas que residían y los factores antes expuestos que es aconsellable el mantenimiento de la prisión provisional .

A lo que no es ajeno valga decir, aunque en este caso no sea estrictamente determinante, que hace pocos meses se suscribió el Acuerdo entre el Reino de España y la República de Albania complementario del Convenio Europeo de Extradición de 1957, hecho en Madrid el 4 de octubre de 2021. BOE" núm. 81, de 5 de abril de 2022, páginas 45701 a 45702 (2 págs.) Referencia: BOE-A-2022-5459echa de entrada en vigor: 16/03/2022 que ,deseando complementar lo dispuesto en el Convenio Europeo de Extradición de 13 de diciembre de 1957 (el "Convenio Europeo de Extradición") y facilitar su aplicación entre las Partes, en particular, por lo que respecta a la extradición de sus respectivos nacionales, convienen estas en extraditar mutuamente a sus nacionales a fin de ejercer acciones penales por la comisión de delitos, para la ejecución de una pena o la aplicación de una medida de seguridad de conformidad con las disposiciones del Convenio Europeo de Extradición y las Partes convienen en que la nacionalidad no constituirá un obstáculo para la extradición de sus propios nacionales (art. 1) siendo de aplicación a los delitos cometidos antes o después de la fecha de su entrada en vigor (art 3.1) lo que puede disminuir el riesgo de fuga o ilocalización cobró vida a su propio país de un ciudadano la ley es pues éste sabía que desde hace pocos meses no le protege la nacionalidad como antes si no sucedía en frente una petición de extradición que pudiera librar o cursar un tribunal español

ULTIMO.- Consecuentemente, no concurren los presupuestos necesarios para mantener esta medida cautelar y procede estimar el recurso de apelación interpuesto, revocando el auto apelado y dejando sin efecto la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza del apelante , decretando, en su lugar, su libertad provisional y adoptando como medidas cautelares las que esta Sala entiende adecuadas a las circunstancias del caso, a saber:

a. Estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la defensa se le impone al apelante la medida cautelar de prisión provisional eludible mediante el pago de una fianza de 2500 € el pues la mayor carga indiciaria respecto de este apelante que respecto de los otros co investigado dos permite estimar que la tentación de huída o o ilocalización pudiera ser menor y se garantiza el major manera con un importe de la fianza superior al impuesto a los otros investigados.

b. Se le impone igualmente la prohibición de salida del territorio nacional, a cuyo fin el apelante deberá entregar su pasaporte ante el Juzgado instructor antes de las 14 horas del día siguiente a su puesta en libertad, incluso en el juzgado de guardia, de no tenerlo consigo , quien lo retendrá y, en todo caso, se prohíbe su expedición, a cuyo fin se comunicará esta prohibición al Consulado de Albania en Barcelona. Se cursarán, asimismo, las órdenes oportunas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a fin de que garanticen el cumplimiento de esta medida cautelar efectuando las oportunas anotaciones en sus registros informáticos.

b. Se le impone igualmente la obligación Apud acta de comparecer el primer , tercer y quinto día hábil de cada semana y cuantas veces sea llamado directamente ante el Juzgado instructor o el Juzgado de lo oenal u órgano de enjuiciamiento competente en cada momento de la causa, debiendo en caso de imposibilidad o fuerza mayor que se lo impida comunicarlo de forma immediata, personalmente o a través de su letrado en el plazo máximo de 24 horas , indicando su paradero.

c. se le impone igualmente la obligación de facilitar un domicilio y un teléfono de contacto y/ dirección electrónica donde pueda ser en cualquier momento citado o localizado localizado para facilitar sus citaciones y comparecencias, antes de las 14 horas del día siguiente a su puesta en libertad, incluso en el juzgado de guardia, debiendo comunicar cualquier cambio de estos el primer día hábil siguiente de que estos cambios se produzcan.

d.- Se le recuerda la obligación de comparecer siempre que sea llamado por el juzgado o tribunal que conozca de la causa