Auto Penal 726/2023 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 9, Rec. 400/2023 de 23 de junio del 2023

PRIMERO.- Para dar respuesta a los alegatos de la apelación que acabamos de exponer, y en base a los antecedentes descritos que recogen el contenido del auto apelado, sus motivos, los elementos que la sala constata en el testimonio recibido y la posición del fiscal, diremos respecto de la doctrina que la Sala aplica en relación a la medida de prisión provisional que desde la perspectiva del derecho a la libertad ( art. 17 CE), y en relación con la incidencia de la adopción de la prisión provisional en dicho derecho fundamental, recordamos que aquélla se sitúa entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito y asegurar la presencia del inculpado en el juicio oral y el deber estatal de asegurar el ámbito de libertad del ciudadano.

Ciertamente, la prisión provisional , es decisión que se adopta en una situación de necesidad en la que están en juego diversos bienes y derechos constitucionales. Y se adopta en un contexto de incertidumbre acerca de la responsabilidad penal de la persona sobre cuya privación de libertad se discute.

En tales casos la legitimación de la medida sólo exige que recaiga en supuestos donde la pretensión acusatoria STC 35/2007 tiene un fundamento razonable, esto es, allí donde existan indicios racionales de criminalidad", donde concurran en el afectado "sospechas razonables de responsabilidad criminal" ( STC 128/1995, FFJJ 3 y 4).

Por lo demás, esta apreciación de una cierta probabilidad de responsabilidad penal no necesariamente se sustentará en los elementos de prueba disponibles para el enjuiciamiento de fondo de la causa, por lo que resulta posible que ,a una medida de prisión provisional adoptada de un modo constitucionalmente irreprochable, pueda seguir una Sentencia absolutoria de quien sufrió la medida.

SEGUNDO.- Su legitimidad exige que su aplicación tenga como presupuesto, objetivo, fundamento y objeto los siguientes:

A) Como presupuesto la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva; reflejado en el art 503.1.1ª. y 503 1.3º LECRM)

B) Como objetivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida, y así, la conjura de ciertos riesgos relevantes para el desarrollo normal del proceso ,o para la ejecución del fallo, que parten del imputado como su sustracción de la acción de la Justicia, la obstrucción de la instrucción penal y, en un plano distinto, aunque íntimamente relacionado, la reiteración delictiva, sin que en ningún caso pueda perseguirse con la prisión provisional fines punitivos, de anticipación de la pena, o de impulso de la instrucción sumarial, propiciando la obtención de pruebas o declaraciones de los imputados, etc. Todos estos criterios ilustrarían, en fin, la excepcionalidad de la prisión provisional ( STC 128/1995, FJ 2, por todas) reflejada en el art. 503.1.3ª LECRM.

C) Como fundamento, la ponderación de las circunstancias concretas que, de acuerdo con el presupuesto legal y la finalidad constitucionalmente legítima, permitan la adopción de la medida ( SSTC 62/1996, de 16 de abril, FJ 5; 44/1997, de 10 de abril, FJ 5; 66/1997, de 7 de abril, FJ 4; 33/1999, de 8 de marzo, FJ 3, y 14/2000, de 17 de enero, FJ 4).reflejado en los art 502,503 y 504 LECRM

D) Como objeto que se la conciba, en su adopción y mantenimiento, como medida basada en el principio de legalidad (nulla custodia sine lege) de aplicación excepcional (in dubio pro libertate), subsidiaria, provisional, y proporcionada para el logro de la consecución de los fines que la justifican, reflejado en el art 502 LECRM.

E) Como presupuesto funcional, su petición por alguna de las acusaciones.

TERCERO.- Su adopción o mantenimiento debe acordarse de forma fundada, razonada, completa y acorde con los fines de la institución [ STC 128/1995, FJ 4 b)] constatando si la fundamentación que las resoluciones judiciales exponen es:

A) Suficiente (por referirse a todos los extremos que autorizan y justifican la medida),con reflejo en los dispuesto en el art 506 LECRM.

B) Razonada (por expresar el proceso lógico que individualiza la aplicación de las exigencias constitucionales al caso concreto) con reflejo en los dispuesto en el art 506 LECRM.

C) Proporcionada (esto es, si ha ponderado los derechos e intereses en conflicto del modo menos gravoso para la libertad).

D) Reforzada por referirse a la libertad personal (por todas STC 204/00)

Para que la motivación de la resolución judicial que acuerde tal medida se considere suficiente y razonable, es preciso que la misma sea el resultado de la ponderación de los intereses en juego (la libertad de la persona , por un lado; la realización de la Justicia penal , por otro), que constituye una exigencia formal del principio de proporcionalidad, y que esta ponderación no sea arbitraria,en el sentido de que resulte acorde con las pautas del normal razonamiento lógico y especialmente con los fines que justifican la prisión provisional ( SSTC 128/1995, de 26 de julio, FJ 4; 33/1999, de 8 de marzo; 14/2000, de 17 de enero; 47/2000, de 17 de febrero, FJ 2; 164/2000, de 12 de junio; 165/2000, de 12 de junio, y 29/2001, de 29 de enero, FJ 3).

CUARTO.- Concretando dichas directrices, los criterios de enjuiciamiento en la motivación de la medida cautelar son:

1. El primero, tomar en consideración, además de las características y gravedad del delito imputado y de la pena con que se le amenaza, las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado.

2. El segundo introduce una matización en el anterior, al valorar la incidencia que el transcurso del tiempo ha de tener en la toma de la decisión de mantenimiento de la prisión, de modo que, si bien es cierto que, en un primer momento, la necesidad de preservar los fines constitucionalmente legítimos de la prisión provisional así como los datos de que en ese instante disponga el instructor, pueden justificar que el decreto de la prisión se lleve a cabo atendiendo solamente al tipo de delito y a la gravedad de la pena, dado que de este dato puede inferirse razonablemente la existencia de riesgo de fuga (por todas, STC 8/2002, de 14 de enero, FJ 4), también es verdad que el paso del tiempo modifica estas circunstancias y obliga a ponderar los datos personales y los del caso concreto conocidos en momentos posteriores [entre otras, SSTC 128/1995, de 26 de julio, FJ 4 b),37/1996, de 11 de marzo, FJ 6 a), 62/1996, de 16 de abril, FJ 5, y 33/1999, de 8 de marzo].

En suma, la medida de prisión provisional debe responder en todo momento a los fines constitucionalmente legítimos de la misma, y así debe poder deducirse de la motivación de la resolución que la acuerda, aunque en un primer momento estos fines pueden justificarse atendiendo a criterios objetivos como la gravedad de la pena o el tipo de delito [por todas, STC 44/1997, de 10 de marzo, FJ 5 b)].

QUINTO.- La aplicación necesaria de la doctrina expuesta al caso concreto pasa entonces por cumplir la exigencia que el Tribunal tiene de expresar las finalidades concretas que se entienden alcanzables con el mantenimiento en este estadio del proceso de la prisión provisional así como las razones exigibles para ello.

SEXTO.- En el caso en particular de este recurso, al que aplicar cuanto llevamos dicho, y revisando sistemáticamente los elementos que deben concurrir, en primer lugar debemos referirnos al pronóstico objetivo de comisión, de acaecimiento del hecho conforme a 503 1.1º. y 503.1.2º LECRM examinando si puede hablarse de indicios que superando la mera sospecha u opinión funden la medida

Pues bien examinado el testimonio recibido, con el atestado y lo actuado la sala concluye que es posible compartir que los indicios son de tal intensidad como para poder fundar la prisión provisional excluyendo que no pueda producirse un error en la identificación del apelante como autor de los hechos

Consta en el testimonio remitido que las actuaciones se inician por atestado en el que consta -según la minuta policial que obra en el atestado testimoniado que se tenían indicios de la participación del apelante y otro en diversos delitos de las que considera el auto apelado y hay indicios de comisión de al menos 2 delitos de extorsión.

Examinado el testimonio de las actuaciones resulta que hay dos personas denunciantes Carlos Antonio esta causa

Por una parte el primero Ser Blas ante la policía y luego ante el juzgado declaró que regenta una agencia inmobiliaria y por otra parte Celestino que dirige junto a sus socios Cristobal y Darío una empresa de venta de vehículos y otra de alimentos para animales de compañía en DIRECCION000 . Ambos se conocen desde hace años

Del contenido del atestado ,de las denuncias obrantes en el mismo, de las declaraciones y ratificaciones de las denuncias efectuadas en el juzgado de instrucción que consta testimoniado resulta indiciariamente que en septiembre de 2021 ? Don Cristobal ,al parecer investigado en un delito de estafa que se estudia en la Audiencia nacional ,pidió ayuda al Sr. Blas para procurarse seguridad privada porque estaba recibiendo amenazas.

Don Blas le facilitó al contacto del ahora apelante ?Don Carlos José alias " Gerardo" .

A partir de ese momento a el Sr. Carlos José alias " Gerardo" pudiera ser el encargado de la seguridad personal del Sr. Cristobal.

Tiempo después, en octubre 22, el ahora apelante Carlos José alias " Gerardo" ,acompañado de otras dos personas, se persona en la oficina de ?Don Celestino reclamándoles 100000 € por el servicio de seguridad prestado al Sr. Cristobal, al que no conseguían localizar, y el 29 de noviembre, valiéndose de su superioridad numérica ,valiéndose de amenazas, y valiéndose de intimidación ambiental creada, indicándole que nosaldría hasta que pague alguna manera el Sr. Celestino, este les entregó le siguió un Ferrari Testarrosa matrícula .... STT que tenía estacionado en el garaje del inmueble y para documentar la operación, y bajo las circunstancias descritas, el Sr. Celestino cumplimentó un contrato de compraventa por el referido importe de 100000 €.

Vehículo que el investigado y sus acompañantes se llevaron, y luego vendieron ,cumpliendo con el plan previamente concebido y aprovechándose de la situación creada , el ahora apelante Carlos José volvió para pedirle otros 10000 € al Sr. Celestino por haber evitado que le agredieran las personas que le acompañaban consiguiendo su propósito y recibiendo dinero a través de la transferencia.

En connivencia con el Carlos José alias " Gerardo" ,ahora apelante, unos días después acudió a la oficina otra de las personas que acompañaron el primer día y que responde al nombre de Miguel y con la misma excusa de haber salvado su vida logró que le entregara un Volkswagen golf matrícula .... wjm y que le abonara la prima del contrato de seguro.

En paralelo a dicho proceder ,siempre actuando en connivencia y guiados por un ánimo depredatorio, en el mes de diciembre Sr. Carlos José alias " Gerardo" , ahora apelante, y quienes se hacía pasar por integrante del grupo criminal se presentaron en la agencia inmobiliaria que dirige el Sr. denunciante. Le explicaron que los responsables de dicha banda estaba planeando atentar contra él por qué había ofrecido falsamente servicios de DIRECCION013 y para evitarlo le reclamaron otros 20000 € que el Sr. Blas abonó en el 16 de diciembre por transferencia en efectivo al ahora apelante Sr. Carlos José.

En días posteriores el investigado obtuvo luego el pago de los 5000 € por sus servicios así como que le abonara los 5000 € por la renta y otros gastos de la vivienda donde residía situado en DIRECCION001.

Entre enero y febrero, y siempre prevaliéndose del clima de miedo que habían generado intencionadamente, el Sr. Celestino ahora apelante, le exigió que realizara dos facturas a nombre de un tal Jose Francisco parece ser que administrador de DIRECCION002 por importe de 9680 y 7260 euros en concepto de comisiones para que el cobrarlas le entregara su importe .

Cuando se las iba a entregar, el 13 de febrero pasado ,en la RAMBLA000 de DIRECCION003 el ahora apelante fue detenido por una dotación de los mossos d'esquadra que se había movilizado con ocasión de la denuncia presentada por el denunciante por lo que se sigue en otras diligencias previas en este partido de Vilanova

Actuando coordinadamente y teniendo a las dos víctimas identificadas con Celestino y Blas el 16 de enero pasado tres hombres ,uno respondiendo al nombre de Alejandro , acudieron a la empresa del Sr. Celestino presentándose como miembros de la mafia marsellesa y preguntaron por otro de sus socios el Sr. Darío contestando el Sr. Celestino que desconocía su paradero.

Ante esta situación ,insinuando con gestos que portaban armas ,lo acorralaron en su oficina y víctima de extrema violencia e intimidación le amenazaron con matarle a él y a su familia o cortarle los dedos y mal estaba 50000 €. Ante esta situación el Sr. Celestino llamó al antes mencionado Miguel con el que mantenía una falsa relación de amistad fruto de la dependencia psicológica que había creado y en poco más de media hora llegó, en compañía del ahora apelante Sr. Celestino.

Una vez que se presentó como miembro de los DIRECCION013 se iniciaron una suerte de negociación totalmente simulada porque todos estaban compinchitos entre ellos consiguiendo que le fueron entregados 10000 € para evitar que los supuestos integrantes de la mafia marsellesa atentaran contra su vida o su familia.

El grado de intimidación provocado en el Sr. Celestino ha determinado que haya cambiado sus hábitos domicilio teléfono incluso la relación con su hijo menor de edad para evitar con el anterior

El ahora apelante es nacional tiene domicilio conocido tiene antecedentes penales cancelables por robo lesiones amenazas y quebrantamiento de condena .

Todos estos indicios, cuyo relato recoge el primer auto de prisión que se dictó de 16 de febrero de 2023 por el juzgado instrucción cuatro de DIRECCION003 ,constata la sala que derivan ,conforme al testimonio recibido ,del atestado elaborado a partir de las denuncias ,donde consta ,no sólo las manifestaciones concordantes con lo que hemos señalado de los denunciantes ,sino también la diligencias de reconocimiento fotográfico folios 8 de lo recibido y 9 que efectúan los denunciantes del ahora apelante Celestino como el " Gerardo " al que se referían en todas sus declaraciones.

Constan también aportadas la documentación tras la declaración del Sr. Celestino al folio doce a la documentación, de la operación con el vehículo Ferrarientre los folios 20 de y siguientes así como también operación con el Volkswagen matrícula .... wjm folios 22 y siguientes y el contrato de seguro.

También consta aportada una fotografía obtenida del entorno DIRECCION004 por uno de los denunciantes ,donde se observaba a los implicados referidos anteriormente compartiendo mesa y mantel, lo que le permitió deducir que estaban todos compinchados entre ellos sin responder realmente a los perfiles que anunciaron cuando se presentaban ante el denunciante.

En igual sentido obra la declaración de denunciante Ser Blas al folio 31 en sede policial que en esencia refleja lo que antes hemos reseñado y la documentación que entre los folios 37 a 48 soporta su denuncia a y las trasferencias y pago a que la misma hace referencia ,amén de las actas de reconocimiento fotográfico a la que antes hemos aludido, y las diligencias de informes policiales que complementan lo señalado ,en el folio 58 y 59 CC, y la referidas a las circunstancias de la detención al folio 60, así como informe resumen policiales a los folios 71 de lo testimoniado en relación a la denuncia del Sr. Celestino hasta el folio 73, y por lo que hace al otro denunciante sra ser , entre los folios 73 a los folios 75 donde se resume la secuencia de los hechos que indiciariamente acreditan todos estos elementos que la sala constata soportan el relato a que antes hemos hecho referencia.

Así también a los folios 120 y siguientes la ratificación judicial de las declaraciones de las víctimas ,y la aportación de mayor documental, que acreditaría los hechos folios 120 y 152 en la declaración del primero se hace referencia a las amenazas que vertía ,no sólo sobre el denunciante sino también como verá amenazado con represalias graves al declarante y a su familia amén de sus negocios afirmando que sabe también del colegio de sus hijos, siendo investigado que en su oficina trabaja su mujer y dando detalles sobre las aportaciones que tuvo que hacer y del efectivo del kgb con tarjeta 2000 o en ventanilla ,y las referencias eran a la cuenta bancaria de Celestino , aportados , y explica que la mecánica las facturas , el apelante le decía que tenía cobrar las comisiones con la empresa citada y el declarante bajo amenazas emite esas facturas contra la empresa del Sr Jose Francisco al que no conoce , facturas a nombre de DIRECCION002 y que no conocen a las entidad, y también documental donde refiere el pago del alquiler del apartamento en DIRECCION005 que se hizo por la amenaza del apelante de ir a la oficina en otro caso a matarle .

Por su parte el Sr. Celestino declara también judicialmente ratificando su denuncia ampliamente a los folios 156 157 refiriendo cómo recibía las amenazas, en particular e indicándole que sabían dónde están sus hijos, donde estaba su trabajo,y los supuestos marselleses que visitaron como miembros de la mafia que representan , fueron a la trastienda de la tienda le dice le pegarán dos tiros, y continuaría con su hijo con su ex mujer y continuas amenazas ; y por eso llamó a Miguel para decir que está amenazado de muerte creyendo que tenían pistolas , habiendo aportado imágenes del comercio y garaje indicando los denunciados que sabía de dónde estaban sus empresas ,dónde estudian a sus hijos , que no denunciara que tenía para entrar por la situación generada , que se notaba por todo ello desbordado y ha tenido que cortar la relación con su hijo por temor , que como puso denuncia y Miguel fue a la tienda y preguntó a la trabajadora por el declarante , que tuvo cambiar de móvil y por así de todo eso le causaba interior

Luego vió que en la foto en la que están todos juntos también la foto en la que aparecía en todos los mencionados dándose cuenta entonces de que todos se conocían los denunciados y que estaban coordinados para provocar la extorsión

La sala examinando el testimonio constata que el denunciado no quiso prestar declaración en sede policial que en sede judicial

Comparte la sala con los autos dictados que todo ello se soporta en indicios suficientes . Así considerando:

a) primero, las declaraciones de los denunciantes que ,como señala expresamente el magistrado instructor, lo hicieron de manera veraz a juicio del mismo sin que el dictado de aquella resolución se aprecia circunstancia alguna que con el debido rigor permite inferir que mentían

b) vídeo que confirman los hechos denunciados

c) sus manifestaciones encontraban corroboradas señaló el mismo juez instructor por los documentos anexos al atestado donde se recogen las transacciones realizadas de que ha sido beneficiario el ahora apelante seguramente imbuido de la sensación de impunidad propia de quien sometió a sus víctimas y no tuvo reparo añade en constar nominalmente en las transferencias bancarias

d) siendo la vivienda de DIRECCION001 la que ocupaba antes de trasladarse a DIRECCION005

e) el documento número dos contrato cuenta corriente aportado por su defensa durante la tarde del día anterior

f) añadiendo que es los ocho dvd es unidos a la causa deberán ser objeto de un análisis pormenorizado para localización y citación de las horas de grabación de garaje y de la tienda que regenta el Sr. Celestino

g) pero en una primera aproximación cabe confirmar que el investigado ahora apelante- dice que aquél auto - en compañía de otras personas se llevaron el referido Ferrari constando así en el dvd número tres tras 3:26:00 de grabación cadena ser 29 de noviembre a las 1326 y el episodio que se refiere la mafia marsellesa también parece reflejarse en el dvd número cuatro datado el 22 de noviembre las 1322 horas donde se puede observar a cuatro personas de corpulencia sentados junto al denunciante y al investigado que como se dicho simuló ser un mediador hora tres min 22 y el 28 de noviembre a las 1105 según consta la parte superior de la pantalla ,se puede observar otra reunión entre tres personas el ahora apelante y el denunciante dvd número cuatro Bora uno min 05

h) el cd aportado se corresponde con los mensajes que el ahora apelante dejó el buzón de voz del Sr. Bartolomé y señala el instructor que destacan dos hechos el 13 de febrero en uno de ellos quien parece ser el investigado le espeta malhumorado " haz trasferencias ya y sacar dinero ya ", y en el segundo de nuevo se refiere la "puta transferencia".

i) La clave de su descubrimiento de su modo de operar fue la foto de estado que publicó el Sr. Carlos José junto a los integrantes de su grupo criminal aquellos que se la pasa por menos de la mafia marsellesa localizada por los dos denunciantes , momento en que descubren haber sido víctimas de la celada bien orquestada y que está unido a la causa.

j) añadió el instructor que sí lo anterior no fuera suficiente en términos indiciarios que el letrado de la acusación presentó en una comparecencia un extracto de las llamadas recibidas por el denunciante de parte del investigado entre enero y febrero sumando 142 propio del ambiente de acoso al que sometieron a los dos denunciantes para conseguir su propósito criminal de enriquecerse a su costa

k) haciendo finalmente la observación del instructor de que no fue posible obtener la versión alternativa o exculpatoria del ahora apelante porque hizo uso de su derecho constitucional a no contestar ninguna de las preguntas

Con ello se desestiman los argumentos del apelante en relación a la debilidad de los indicios, que no es tal.

r) Señala el apelante que se desdibujan los indicios y así respecto de la denuncia al Sr. Celestino por los hechos producidos entre septiembre 21 de octubre 22 en su local comercial no se explica porqué la denuncia se interpone DIRECCION003 y no en la población de DIRECCION000 indicando que están siendo investigados por los mossos d'esquadra de DIRECCION007 y por ello es sustrato fáctico no de forma parte de este procedimiento . No es argumento que pueda neutralizar la ponderación de los indicios y su realidad, el hecho de que se haya puesto la denuncia en un lugar u otro es irrelevante a estos efectos.

s) Tampoco lo es que otra unidad policial en su caso contribuya a investigar los hechos que no constan judicializados en otro procedimiento al tiempo del dictado de la medida que ahora se combate.

t) Se dice que los videos que aporta no permite observar ningún tipo de amenaza situación incriminatoria ni visualizar ninguna suerte de extorsión,

u) Pero de ello no deriva para los instructores pérdida de la credibilidad que le otorgan a la denuncia y su ratificación a presencia judicial pro los denunciantes corroboradas en parte por las imágenes aunque no tengan audio Como señala la acusación particular, en cuanto lo denunciado por el Sr. Blas hay que hacer mención a las grabaciones de sonido aportados en su denuncia y a los documentos que acreditan las trasferencias que realizó directamente la cuenta del defendido bien para hacer pagos en beneficio su y pone como ejemplo las grabaciones tituladas conversa 9 de enero carpeta acaba del documento 01 del conteo del investigado. c) dice textualmente lo siguiente al Sr. Blas seguía me pongo y lo que haga falta de quienes están apoya toda la gente que te tengo de carácter juro por mi Madre. Seguro para ti ago quince de esto se acabó No me vacila ni tú ni un mar y con como tú por lo que hace las grabaciones de Audio podemos citar los siguientes ejemplo me quiere escoger. Teléfono las nueve de la mañana quince cine de hacerla transferencia que acaba de hacer la operación amena referencia ella y sacar dinero cabeza, o hace falta mayor argumentación dice la acusación particular que se opone al recurso para sostener que negociar con empleado por el apelante es más propio de un extorsionador. En cuanto a los momentos bancarios ya en la denuncia se aportaron hojas de transferencia y efectivo que habían beneficiado al investigado además por escrito de la acusación de 27 de abril del 23 se aportaron los certificados de estas transferencias y retiradas efectivo y entre ellas pagos de alquiler del Sr. Carlos José y transferencias directas a su cuenta la más grande de ellas de 5000 € hecha de 24 de enero del 23 prefiriendo la defensa apelante ignorar la existencia de estas grabaciones y transferencias debido obviamente aquí no hay otra explicación a las mismas que nos sea dada por el denunciante.

Se dice que sobre los hechos denunciados por el Sr. Celestino en los días no se ve ninguna extorsión pero dista de ser el único elemento de prueba aportado y visto todo ello su conjunto se acredita perfectamente la extorsión denunciada no pudiendo negarse de contrario que en los mismos aparezca el apelante con varias personas que acuden al taller del Sr. Celestino hasta que un día se retiró Ferrari

a) Se dice por el apelante que en cuanto que está rosa el Ferrari no consta ningún indicio de que se haya transmitido a la mercantil Expo marco morales como consecuencia de actos de extorsión amenazas , pero no es esto lo que se discute sino que se apropiaran de él de parte del denunciante a consecuencia de la extorsión no que lo vendieran a terceros a causa de esta. visto todo ello su conjunto se acredita indiciariamente la extorsión denunciada no pudiendo negarse de contrario que en los mismos aparezca el apelante con varias personas que acuden al taller del Sr. Celestino hasta que un día se retiró Ferrari cuya titularidad cambio a los pocos días de ser retirado admitiendo el contrario tácitamente que estaba en el lugar o querella extorsión pronosticando que hacía allí y, en porque fue trasmitido el vehículo sino bajo extorsión la firma que fue pagado ni que la venta fue ilegítima ni haber trabajado colaborado con la empresa que hará constar como titular

b) Niega el carácter de indicio prueba de los medios siendo que el apelante lo contractual propio entorno del denunciante para pedirle servicios de seguridad privada por problemas vinculados al socio Cristobal desconociéndose una contexto sus servicios el alcance de los problemas que deberá ser aclarados en la instrucción, pero a ello se enfrenta la valoración que los instructores han hecho de lla credibilidad y fiabilidad de las denuncias.

c) en cuanto a la denuncia de Blas y en lo referido a la supuesta obligación de librar por el Sr. Blas unas facturas contra la empresa de alquiler de Jose Francisco para que éste pagar a la empresa de aquél y éste finalmente tuviera que entregar ese dinero al apelante, y tras criticar que el sr. Jose Francisco por acuerdo del juzgado haya tenido que declarar en calidad investigado ,señala que, practicaba la declaración del 27 de abril del 23 ,a la vista de la documental aportada por su representación letrada estima que ha quedado acreditado que las facturas que son objeto de denuncia son fruto de un negocio jurídico real lícito habiéndose apropiado el denunciante Sr. Blas de la nada desdeñable cantidad de 9680 € que corresponden al apelante ,lo que sitúa al denunciante en una posición de relación crediticia que no puede sino llevarnos a concluir la concurrencia de motivos espurios en su denuncia ,restando credibilidad a sus manifestaciones, pues tal y como declara Sr. Jose Francisco el ahora apelante dedicándose a promover el inmobiliario, el ahora apelante se dedican al mercado de la intermediación de productos financieros como créditos bancarios hipotecas cobrando sus comisiones. Y esa declaración la Ser Jose Francisco ha servido para poner de relieve la existencia de la relación profesional y de colaboración entre el apelante y el , habiendo manifestado el Sr. Jose Francisco que el apelante ha ayudado a rentabilizar sus propiedades inmobiliarias y en el marco de dicha colaboración entre el apelante y el Sr. Blas en materia de intermediación financiera , e intervinieron junto a la sociedad DIRECCION008 para la obtención de créditos bancarios para la empresa DIRECCION002 , créditos bancarios que se negociaron con las entidades Bankinter , Banco de Sabadell, BBVA y Amadís y que el apelante por no ser autónomo no podía emitir factura por tales servicios de intermediación del Sr. Blas como acción de buena voluntad y sin que ningún momento hubiere extorsión y amenaza de ningún tipo dice el apelante siendo dos facturas a nombre de su empresa DIRECCION009 y aportando su número de cuenta bancaria efectos de cobrar las dichas cantidades para acto seguido pagarse las al apelante siendo las facturas la NUM002 de 24 de enero del 23 por la intermediación financiera de Bankinter Banco de Sabadell y BBVA a razón de 9680 euros documento tres aportado por la representación del Sr. Blas en su declaración y siendo la factura NUM000 por la intermediación financiera de Amadís la razón de 7260 euros documento aportado por la representación del Sr. Blas en su escrito de 27 de abril del 23 ; y a tales efectos y como ha declarado el propio sr. Jose Francisco el Sr. Blas pedía dichas facturas manifestando que lo había pedido Carlos José y sin que le manifestara que era fruto de extorsión .

Y que las facturas dice el apelante corresponden a un negocio jurídico licitud real lo acredita no sólo lo manifestado por el Sr. Jose Francisco en su declaración sino el hecho de que el propio Señor les emitió su propio factura por dichos servicios de intermediación documento número cuatro aportado por la representación del Sr. Jose Francisco en su declaración así como el resto de documental aportada que consiste ,entre otros, en el contrato de tratamiento de datos personales entre capital focus y DIRECCION002 de un documento ocho la póliza de crédito concedido por Bankinter a DIRECCION002 un documento once del contrato de apertura de cuenta de crédito entre Bankinter y DIRECCION002 aseveró documento doce así, ni la de correos electrónicos relativos a la operación financiada con el bbva documento.

Señala el apelante que de conformidad con la documental aportada por el Sr. Jose Francisco es documento cinco y según lo manifestado por éste en sede judicial se recibió de DIRECCION002 los 9680 euros la factura NUM001 sin que procediera entregar dicha cantidad al apelante por el el Sr. Blas a pesar de haberse comprometido con el apelante tras cobrar la factura para luego entregarle dicha cantidad.

Así el apelante se ha apropiado indebidamente de 9680 € por lo que la eventual reclamación de dicha cantidad por parte del apelante al Sr. Blas no es fruto de ningúna extorsión ni supone la realización de un negocio jurídico en perjuicio del patrimonio del denunciante y sí hay perjuicio lo es del apelante privado de los 9680 euros a los que tiene derecho por sus servicios intermediación financiera y añade además que como declaró Señores tres ante el hecho de que el Sr. Blas sigue optarse por mantener a dicha cantidad a la apelante se decidió en relación con la segunda factura por la intermediación financiera Amadía emite la factura de esta vez por el propio apelante a efectos de evitar un nuevo acto de apropiación de los fondos por parte del Sr. Blas así como para garantizar el pago de los servicios de intermediación llevados a cabo por el apelante, tal y como se recoge en el documento cuatro aportado por la representación del Sr. Jose Francisco ,,siendo por tanto así que esta situación de relación crediticia entre el contrario y el apelante lleva a concluir que las manifestaciones vertidas en su denuncia lo fuera con ánimo espurio y no cumplen con el requisito de credibilidad subjetiva porque es precisamente el denunciante Sr. Blas quien debe dinero al ahora apelante dice su defensa existiendo un error en valoración de los indicios por parte del juzgado al decretar primero y mantener después la situación de prisión provisional interesando de la sala que valore todo ello I revoque la medida.

Frente cuanto queda expuesto debemos señalar que no solo se investiga al apelante por la cuestión referida la emisión de facturas sino por más hechos a él referidos, y por una actuación más amplia coordinada y organizada que ya antes hemos referido y en la que se ve involucrado de donde , un en el caso, y lo decimos hipotéticamente de que dialécticamente hubiéramos de prescindir de los elementos referidos a la emisión y cobro de las facturas que referimos como indicios, seguirían permaneciendo todos aquellos referidos a los demás hechos investigados que seguirían soportando la calificación provisional y la gravedad de los hechos y las penas asociadas de forma suficiente para tenerlos como base de la adopción de la medida como ha quedado expuesto hasta ahora.

En todo caso en particular en lo relativo a estas supuestas dinámicas, las explicaciones del testigos Jose Francisco a presencia judicial no ha enervado la credibilidad y fiabilidad que los instructores han otorgado hasta ahora al relato de los denunciantes .

Además como señala la acusación particular al respecto, en cuanto a la piedra angular de la defensa del apelante lo es por adhesión al relato del investigado , afirmó que el Sr. Carlos José intervino en operación de intermediación financiera con el y que se decidió que cobraría por sus servicios a través de una empresa. Del Sr. Señor El único documento añade la acusación particular al oponerse al recurso que analizamos, en el que aparece el Sr. Carlos José es una factura que no consta ni pagada, ni aceptada ,ni declarada por la empresa a la que va dirigida y que por alguna razón no la ha podido aportar televisora mismo ,sino otro investigado ,es más, la fecha consignada en la misma sería de marzo de 23 ,posterior a entrar en prisión del Sr. Carlos José por lo que se impugnan su validez. Por último otro elemento a cuestionar a lo alegado por las defensas son los actos importes percibidos por esta supuesta intermediación financiera.

Así el Sr. Carlos José percibirían 4% del importe del capital prestado través de la empresa Els srs. En el documento número tres de los aportados por la defensa del Sr. Blas, Els srs. 3.4% de los mismos préstamos documento cuatro mientras la empresa que lo gestión o cobro 12000 € por sus servicios documento seis en conclusión el prestatario Bartolomé pagando tanto o más por la intermediación financiera que como tipo de interés 1000.008,2% según él. Tres dos del documento número. El resultado de todo lo anterior sería que el Sr. Carlos José sólo enero de 2023 debería haber cobrado 16.940 euros documento número tres aportado por la representación del Sr. Jose Francisco ser su declaración y factura de 31 de enero de 2023 aportada por esta parte acusadora por escrito de 27 de abril de 2023 lo que locas en absoluto con alguien que no está dado de alta en el régimen de autónomos.

Si no era autónomo el apelante añade y no podía cobrar , porqué pide transferencias.

Señala en su oposición al recurso de apelación acusación particular que más allá de la absoluta falsedad de tal afirmación aunque fuera cierta sólo explicar y una pequeña parte de los hechos por los que fue denunciado el Sr. Carlos José y nada nos diga por ejemplo de las transferencias directamente realizadas a su cuenta bancaria desde la de que el denunciante o de lenguaje intimidatoria. En cualquier caso- añade- su versión sería que el denunciante para ayudar al apelante que no podía factura al no estar estado de alta. Carece de cualquier lógica que de ser intermediario financiero, no esté dado de alta de auto teniendo en cuenta los elevados importes que cobró en un solo mes. Su versión, añade, tampoco encaja con el mensaje de Audio guasa de Audio de 2023 del 13 de febrero ante 12.18 . 50 enviado el día que fue detenido que en referencia al dinero de esa transferencia dice. Se acaba de hacer la operación ... sacar el dinero ya cabezón, contexto impropio de lo que se pretende por la defensa. Añade que no hay ningún contrato que acredite la relación en esa condición con la empresa que supuestamente recibió la financiación ni tampoco con la empresa que gestionaba el G, no hay correos electrónicos enviados o recibidos por tal investigado, y por si fuera poco las supuestas pólizas de crédito que se aportan ni están fechadas ni están firmadas ,y sólo son de uno de los tres bancos de los que supuestamente sostuvo financiación. s) Las facturas tiene fecha posterior a la entrada en prisión, la póliza seguros no está firmado los correros originales no tienen al paleantern i al os denunciantes , las facturas no cnstan pagadas, y los impórteles son desproporcionados . El arriendo de la vivienda lo firman otras personas y fecha de firma el día de detención el contrato de cuanta bancaria tiene un domicilio diferente del contrato de arriendo y ningún coinciden con el de las bases de datos policiales, el documento de un particular de colaboración con una empresa no viene soportado por contratos facturas o documentos que acrediten esa relación

En conclusión siguen existiendo los indicios apreciados en el auto de prisión provisional ya de 16 de febrero del 23 de mera ratificación de la misma de 21 de febrero del 23 que nunca fueron recurrido por la defensa del apelante y a los que se remite por economía procesal

Para que no haya duda insistimos: hay indicios que superan la sospecha, pero entendemos que la adopción de la prisión provisional como medida cautelar exige la presencia de una serie de indicios que deben ser sólidos, a lo que debe contribuir tanto la actividad policial como la instructora, de manera que sea posible afirmar que concurren con tal intensidad que pueden fundar sin peros una prisión provisional cuando al momento de acordarse , en el servicio ee guardia, aunque no se han practicado o no se han podido practicar actuaciones alguna elementales, que consolidan los indicios a los que se refiere el auto como suficientes o de suficiente intensidad para apodar la más grave de las medidas cautelares personales.

Efectivamente como hemos dicho antes la prisión la funda el auto apelado como ya hemos recogido en el antecedente de hecho y procesal CUARTO que precede

La hipótesis más razonable es la de considerar que todos estos elementos apunta a la autoría de los hechos investigados

Desde este punto de vista estos hechos indiciariamente así soportados y así referidos revisten caracteres de infracción criminal , incardinable a priori en lo dispuesto en los tipos referidos y en los autos citados que acuerda y mantienen la medida pueden calificarse de motivos bastantes - "sospechas razonables de responsabilidad criminal" ( STC 128/1995, FFJJ 3 y 4)- para creer responsable a la persona contra la que se ha dictado el auto de prisión. (503 1.1º. y 503.1.2º LECRM.).

Los elementos señalados son suficientes para tenerlos por plurales indicios de los hechos suficientes en el momento en el que se adopta la decisión combatida pues las lesiones objetivadas, la circunstancia de que los agentes presencian la huida de la presunta Žvíctima y como el apelante persigue y empuja a esta, con elementos corroborativos en principio de la tesis del juzgado

Y a la par consta cumplido el parámetro relativo a la cantidad de pena imponible, (503 1.1º. LECRM.) que en el tipo, supera en todo caso los dos años, para adoptar la prisión provisional y mantenerla y a la gravedad objetiva de la pena vinculada al tipo imputado, pero ahora consta ya cumplido el parámetro exigible, recordemos que se adoptó sobre la base de la investigación de dos delitos continuados de extorsión previstos y penados en los artículos 74.1 y 243 del código penal siendo la pena en abstracto para cada uno de los delitos de un a cinco años de prisión y por su naturaleza continuada la horquilla sería de tres años y un día a cinco años por cada uno de los delitos y adicionalmente podría calificarse de un delito de pertenencia a grupo criminal del 570 ter uno A del código penal sancionado con pena de uno a 4 años de prisión. Sea cual sea la perspectiva se observa que se supera con holgura el límite de dos años a que se refiere el art. 503.1. Primero la ley de enjuiciamiento criminal

En este caso además la gravedad de los l delitos , consumado indiciariamente cometido y las penas a imponer ya referidas , en su caso, cumplen el parámetro exigido para justificar como hace el Juzgado la medida cautelar adoptada per se ,en unión de la constancia de los indicios referidos y los riesgos a conjurar de los que hablaremos por lo que estimaremos su necesidad.

SEPTIMO .- Podemos entonces avanzar y comprobar en este caso la prisión provisional persigue alguno de los fines que debe ponderar el juez al aplicar el artículo 503. Uno. Tres. Comprobación que es totalmente necesaria toda vez que participación como pronóstico subjetivo es una condición necesaria pero no suficiente para el mantenimiento de la medida de prisión provisional si ésta, a la vez, no cumple con los requisitos de la misma vinculados a sus fines en el contexto de una sociedad democrática y de unas medidas precisas necesarias proporcionales en relación a dichos fines.

OCTAVO -.- En el caso analizado sobre la inferencia racional de un riesgo de fuga (art.503 3ª a) LECRM.) también pivota la decisión del Juzgado, que se expresa en su fundamento del auto apelado al señalar que es necesario asegurar la presencia del investigado en el proceso artesanos el riesgo racional de fuga en atención a las penas de prisión sin que las circunstancias familiares enfrentadas por el investigado justifique modificar la medida cautelar . Pues pondera el riesgo como existente derivado de la gravedad del delito y de las penas y en relación con el momento procesal de la causa , y la carencia de arraigo bastante que frente al mismo sea suficientemente neutralizador del riesgo de ilocalización o fuga ,

Como hemos dicho en muchas ocasiones entiende el Tribunal, nunca puede asegurarse a priori que la fuga o ilocalización no vayan a suceder por más cautelas que se pongan a una libertad provisional . Ese riesgo siempre existe, al menos teóricamente y no puede descartarse que, de ser puesto en libertad, un imputado ,o el ahora apelante, opte por ponerse fuera del alcance de la Administración de Justicia , teniendo presente que sabe que, hasta este momento, sus tesis exculpatorias y su alegato de inocencia no ha merecido la confianza, ni del instructor, ni del Fiscal que formuló y ha sostenido una oposición a la libertad , a pesar de la labor de su defensa

En cualquier causa penal puede suceder .Quede claro no decimos que esto vaya a ser así, ni que deba ser así, sino que es razonable pensar que, a la vista de que hasta este momento no han prosperado de manera efectiva, en sus efectos más severos como es la privación de libertad, las tesis de la defensa, pueda un imputado, cualquier imputado representarse que el devenir del procedimiento pueda serle desfavorable y representarse, por consecuencia, como la opción a seguir, eludir la acción de la Justicia ,poniéndose fuera del alcance de los tribunales. Huida no necesariamente novelesca, sino entendida como la puesta fuera del alcance de la Administración o debiendo esta realizar esfuerzos singulares para su localización en las fases posteriores del proceso.

Ahora bien, el problema no es si eso pude suceder, que siempre es posible que suceda, sino si en el caso concreto creemos razonable pensar que, se represente la puesta fuera del alcance de los Tribunales como la única alternativa a una posible condena. Y si hay algún factor que, racionalmente pueda considerarse que haga más probable la hipótesis de que se sujetará al control del Tribunal o del Juzgado, que la contraria, en una ponderación complicada y compleja siempre.

Se trata en definitiva de ponderar si hay elementos que contrabalanceen ese riesgo, valorados de una forma razonable y presidida esa valoración por los criterios a los que antes aludimos en el fundamento segundo y tercero especialmente al referirnos a la suficiencia y razonabilidad y proporcionalidad esto es, si ha ponderado los derechos e intereses en conflicto del modo menos gravoso para la libertad, en la ponderación.

Y entre esos factores el inmediato en relación con este aspecto de la medida cautelar adoptada es ,y suele ser ,el arraigo. Arraigo entendido como elemento neutralizador del riesgo de fuga, de forma que si una ponderación racional nos lleva a pensar que el nivel del arraigo puede ser tal que puede considerarse razonablemente que puede neutralizar el destacado riesgo de fuga ,en forma suficiente para hacerlo menos probable, que probable, esos criterios de ponderación expuestos nos debieran llevar ,especialmente si se han ponderado los derechos e intereses en conflicto del modo menos gravoso para la libertad, a estimar que el riesgo de fuga no es existente o ni siquiera hipotéticamente es razonablemente mayor y más trascendente que el valor de la libertad personal.

Debemos pues ponderar si el Tribunal entiende que la puesta en libertad del ahora penado propiciaría y vendría acompañado de una alta probabilidad de riesgo de fuga, que haría ciertamente dificultoso, si no inalcanzable, la realización de la justicia penal en los términos indicados.

Sobre la inferencia racional de un riesgo de fuga (art.503 3ª a) LECRM.) la sala tras detenido estudio debe manifestar que para constatar el peligro de fuga hay que tener en cuenta conjuntamente la naturaleza, la gravedad de la pena y la situación laboral social y económica, además de la inminencia del juicio oral y ponderar todas las circunstancias personales ,objetivas, y subjetivas para establecer la medida cautelar más adecuada para neutralizar el riesgo en función de su intensidad.

Como señala la STC 50/2019, de 9 de abril, FJ 5 b) "todo juicio que expresa el pronóstico de un comportamiento futuro se funda en diversos factores y, entre ellos, en máximas de experiencia, que se ven más o menos reforzadas en función de los datos fácticos concurrentes

Para valorar el riesgo de fuga o ilocalización no puede obviarse el hecho de que, el ahora recurrente,

En este caso ponderamos, como ha hecho el instructor, la necesidad de neutralizar con la medida adoptada el riesgo de fuga y desde luego el de reiteración atendido.

Respecto del primero, el riesgo de fuga a neutralizar, valoramos para entenderlo concurrente lo siguiente :

a) la gravedad del delito ya expuesta, teniendo presente además circunstancias concretas y específicas de su comisión como son la duración y prolongación en el tiempo de las acciones delictivas presuntamente, , la pluralidad de víctimas , la coordinación del apelante con otros supuestos coautores en una actuación organizada . A ello se remite el Fiscal en su informe de oposición a la apelación

b) la gravedad la pena máxima asociada al delito más grave por el que por ahora viene imputado el apelante

Todo ello justifica razonablemente pensar que el riesgo de ilocalización es real y debe ser proporcionalmente atajado con la medida impuesta

Se opone a ello la parte apelante significando que se mostró sorprendido porque en el auto ahora referencia al riesgo de fuga cuando el primer auto en que acordó la prisión provisional se fundó en la evitación de ocultación alteración de destrucción de fuentes de prueba relevantes art. 503.1.3 B de la ley , que el investigado o encausado pueda actuar contra otros bienes jurídicos mencionados al ex Novo .La finalidad de evitar el riesgo de fuga que fue descartada por el juzgado cuatro de Vilanova y que dice el apelante -aunque como veremos no es eso lo recoge el acta- que ni tan siquiera fue referida por el fiscal y la acusación en la comparecencia del 505 .

Frente a ello ha indicado la acusación particular que en relación al riesgo de fuga difiere de la consideración del apelante de que el auto peca de arbitrariedad y flaqueza de argumentos por mencionar ex novo la existencia de riesgo de fuga ; se recuerda que a pesar de lo que dice el primer auto de prisión sí se agregó por la acusación particular en la vista del 505 al que se centrará más en otros fines de la medida también la del riesgo de fuga y así el acta de comparecencia de 15 de febrero de 2023 recoge que la acusación particular manifestó que las circunstancias podría facilitar incluso medios para fugarse por lo que concurre el riesgo de fuga , no siendo cierto tampoco en que esta finalidad aparezca ahora en este auto ex Novo pues ya fue mencionado en el auto de 21 de febrero del 23 del juzgado cargo de instrucción tres de Vilanova mencionando el párrafo que ello se dedicaba siendo por último perfectamente legítimo que un juzgado fundamente la prisión preventiva en una finalidad y otro conocer posteriormente de manera distinta

No podemos validar el argumento del apelante .

Efectivamente como hemos hecho mención, la sala examinando el testimonio constata que tanto el ministerio fiscal como la acusación particular ,en nombre de las dos víctimas, solicitaron la prisión provisional de forma clara ambos por el riesgo de reiteración delictiva, y el riesgo de que atentara contra bienes jurídicos de las víctimas, ante la situación generada en ellos, y además el letrado de la acusación particular solicitó e hizo mención a que la capacidad que tenían de influir a terceros pudiera facilitar obtener medios para fugarse por lo que concurre el riesgo de fuga y tiene que ser evitadomediante la medida de prisión que solicita la folio 562 bis de la numeración el testimonio recibido.

Por demás que el primer auto de prisión dijera que no es así, lo que se manifiesta como un error material, no impide que el Juzgado que ahora dicta el auto apelado considera ese riesgo máxime cuando ya fue instado por la acusación particular ,si considera que concurren sus presupuestos , sin que se vea compelido a seguir el criterio antes mantenido por otro instructor, y sin que opere una especie de principio acusatorio en este extremo que, insistimos, se cierra en todo caso teniendo presente que fue instado desde el primer momento por la acusación particular y estimamos concurren sus presupuestos

Se opone la defensa porque dice siendo español tiene potente arraigo acreditado documentalmente su pieza de situación personal pareja que ha abortado por la tensión de esta causa, no tiene procedimientos penales por este tipo de delitos no tiene antecedentes. Se aportó por la defensa al folio uno de la pieza contrato de arrendamiento del domicilio del Sr. Carlos José sito en DIRECCION005 haciéndose constar el razón tercera que era su vivienda habitual ,a contrato cuenta bancaria que acredita la titularidad de cuenta del bbva del Sr. Carlos José , documento tres por el Sr. Alejandro administrador de la sociedad una sociedad que certifica que el Sr. Carlos José colaboración la citada compañía prestando servicios intermediación financiera y de aportación de clientes lo que a juicio de la defensa reforzaría la tesis conforme a la cual la prisión es desproporcionadamente de domicilio conocido ser español desarrolla actividad profesional en España no le constan antecedentes penales computables siendo que el contrato de arrendamiento a tiene fecha 14 de febrero de 2023 coincidente con el momento de la detención y el documento o de emergente un solar Powell tiene fecha de 15 de febrero de 2023 precedente también con esa circunstancia se añade que en la raíz de la prisión preventiva acordada la Sra. Emma pareja del apelante y por entonces estado de embarazo tuvo que acudir urgències el 17 de febrero del 23 por una entidades trabaje intensa disertación de náuseas que determinó la provocación de un aborto tú baricco espontánea y el 24 de marzo de 23 tuvo que acudir nuevamente urgencias por dolor siendo diagnosticado un folículo hemorrágico por el que recibe medicación y se le ha recomendado recurso de acuerdo con la documentación aportada en escrito de petición de libertad lo que no hace sino debilitar la situación actual del entorno del apelante siendo necesaria su puesta en libertad para poder asistir acompañar a su pareja sentimental en estos momentos de salud precaria

No se trata de tanto de negar que tenga arraigo, que no se niega, sino de valorar si ese arraigo se manifiesta de tal intensidad que neutralice el riesgo de fuga que por los motivos antes expuestos , que consideramos intenso .

Debemos valorar como lo hace en esencia la acusación particular que en cuanto al arraigo, al menos os documentos de referencia no acreditan un arraigo tan intenso como el que quieren poner de manifiesto si se atienda a que los documentos aportados por la defensa no puede neutralizar con éxito la necesidad de prevenir la sustracción de la justicia del preso siendo sorprendente la poca documentación que ha podido aportar una persona de casi 45 años española de trabajar en España . El contrato de arrendamiento de vivienda- señala la acusación- es de credibilidad dudosa porque está firmado el 14 de febrero del 23 día de la detención y ni tan siquiera consta firmado por el apelante siendo evidente que el apelante no ha podido vivir en inmueble citado estando privado de libertad desde que se firmó el contrato . La vivienda supuestamente arrendada no coincide con la que consta en la base de datos policiales y así en el acta de declaración de detenido el domicilio del apelante es DIRECCION010 y la vivienda objeto del contrato DIRECCION005. Por lo que hace al contrato de cuenta bancaria lo puede tener la incluso personas que no viven en España

Debe repararse, llama la atención la acusación ,en y debemos reparar que fija una dirección en DIRECCION001 como su domicilio que no coincide ,ni con el contrato de arriendo, ni con la base de datos policial. En cuanto al documento firmado por un particular que afirma que el apelante es colaborador de cierta empresa escasa o ninguna veracidad puede darse a una manifestación consignada por un particular en un documento privado de fecha del mismo posterior a la detención. Llamando la atención que no se haya llamado a testificar, al administrador de esta compañía para que ratifique lo que señala el escrito . En cuanto la documentación médica que aporta la representación del investigado no es bastante para admitir que sea su pareja por los argumentos expuestos por la acusación . Pareciere pues que el apelante no tiene trabajo fijo de donde cabe derivar la inexistencia de un riesgo de sustracción, no se han aportado nóminas de contratos de trabajo,ni alta de seguridad social como autónomo , ni como trabajador ,ni volante de empadronamiento nada que acredite que tiene pareja que sea derecho ni certificación de ingresos ni declaraciones tributarias ni propiedades ni cargas ni pago de suministros, luego la localización del investigados, como señala la acusación, puede estimarse compleja porque vive sin prácticamente deja rastro documental y su localización se antoje difícil propiciando riesgo de fuga, cuya neutralización por esta medida mantenida validamos.

N OVENO.- Respecto del riesgo de reiteración delictiva señala la resolución apelada que este es indiscutible atendido que debe confirmar el riesgo de reiteración delictiva por la prolongación en el tiempo de los hechos que indiciariamente se atribuyen al investigado debe conjurarse en este caso mediante la medida de prisión provisional, tan necesaria como proporcional.

Señala el apelante que no tiene antecedentes, pero ello no invalida el criterio del juzgado que atiende a una conducta, aun de forma indiciaria, plural reiterada y contumaz a lo largo de meses .

Señalándose así que concurre la necesidad de evitar la reiteración delictiva pues los hechos no han tenido carácter aislado sino que se han venido realizando de forma reiterada

DECIMO.- -Respecto del riesgo de ocultación alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado en concreto aparece la instrucción es compleja en el tiempo y lo será porque se atisba una organización una puesta en escena y una coordinación de los integrantes del grupo que hacen presumir no estará ante hechos aislados y es evidente que su identificación justifica que respecto del apelante se dicte uan medida cautelar que neutralice la coordinación que podría llevar a hacer inútil la investigación localización y puesta a disposición de los otros que aparecen como presuntos implicados la menos en parte de los hechos investigados encontrándose algunas persona relacionarse las declaraciones en paradero desconocido concurre la necesidad de evitar que el investigado pueda ocultar alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el esclarecimiento de los hechos

Se señala de contrario que no se puede mantener la prisión en base a la necesidad de localizar identificar a los testigos callemos y había que estaban los DIRECCION006 que se reputa sólo posible si la pena de sabio libertad cuando mediante escrito de 20 de marzo 23 la representación de los denunciantes aportó los datos de contacto y filiación de dichos individuos y por providencia de 11 de abril se señaló fecha para tomarles declaración aunque es cierto que los mismos no han podido ser citados

Pero lo cierto es que , por una lado, de lo instruido se han podido localizar ya testigos presenciales de los hechos así la esposa del Sr. Blas así el empleado del Sr. Celestino - que no ocnsta hayan sido oídos en el testimonio remitido- presenten los hechos de 16 de enero o su anterior esposa y teniendo cuenta la violencia edad o intimidación empleada el ahora apelante Sr. Carlos José directamente a través de terceros podría influir en su declaración para evitar la continuación del procedimiento por hallarse ante un grupo de personas altamente especializadas en torcer la voluntad de otros creando una situación de intimidación, angustia extrema, a lo que se añade , por otro lado que como la apelante reconoce, aún no ha sido posible al dictado del auto según lo que obra en el testimonio, identificar a localizar al resto de los integrantes del grupo investigado.

Y ello será más difícil o no será si el Sr. Carlos José queda libertad con o sin medidas de control

Como señala la acusación particular, se concreta a fin de evitar interferencias en instrucción , se trata de localizar a estas personas para que declaren libremente y sin coacciones algunos investigados aún no han sido localizados y en cuanto intervinientes en los hechos estaba el sr. David y los otros sujetos que aparecen en la foto y en los medios aportados con la denuncia habiéndose acordado por el juzgado por auto de 7 de marzo 23 la declaración del sr. David como investigado que se tuvo que suspender por diligencia de ordenación de 22 de marzo del 23 por no haber sido encontrado como también se acordó la declaración testifical de Darío previo requerimiento de los datos de filiación que comunicó esta acusación particular por escrito de 20 de marzo de 23 y que se acordaron por providencia 12 de abril de 23 y que tampoco pudieron ser practicadas por dificultades en la citación, cuando por demás tampoco ha sido identificadas las personas que aparecen en la fotografía aportada con loa denuncia como tampoco ha habido éxito en la diligencia acordada por providencia de 14 de abril del 23 que dispuso requerir información al administrador de la mercantil a la que fue cambiado el nombre del titular del Ferrari que se obtuvo indiciariamente por extorsión y tampoco se ha localizado a pesar de haberse ordenado a los mossos d'esquadra que aún no lo han conseguido , luego quedan por practicar diligencias respecto de las cuales puede haber interferencias del apelante .

No está de más hacer referencia al argumento de la acusación particular cuando expone en su oposición al recurso ex abundantia que en cuanto al riesgo de reiteración delictiva se ha demostrado efectiva la prisión para cesar el clima intimidatorio a que fueron sometidos durante meses, evitando que se coordinen con otros intervinientes para que sigan actuando no siendo difícil pensar que se ha mantenido al margen, precisamente por las consecuencias de sus actuaciones l,uego la medida es proporcional y necesaria desde todos los puntos de vista dado que el Sr. Carlos José ha ha demostrado no tener miramientos a la hora de actuar dejando un rastro de su actividad criminal de lo que cabe inferir que no le deba detener una simple orden de alejamiento o de acudir a ciertos lugares.

DECIMOPRIMERO.- En cuanto al riesgo para las presuntas víctimas garantizar la integridad de las víctimas resulta necesario atendida la indiciaria peligrosidad criminal exhibida por el investigado y la gravedad de los hechos que se le atribuyen afectando considerablemente la vida de los denunciantes que concurre el riesgo de como represalia por la denuncia interpuesta puedan seguir siendo intimidados atendida la capacidad de intimidación mostrada por las acciones del investigado que podría influir en su declaración

Se señala de contrario que las medidas que se propone como alternativas a la prisión se justifica porque patrocinado no tiene antecedentes penales computables que no hay riesgo de que atente contra la integridad de los denunciantes no hay ningún riesgo real para integridad física de los denunciantes o de terceros patente y cuando el trascurso estos tres meses que no hay riesgo alguno para los bienes de los denunciantes nadie les ha contactado una les ha congelado nadie se intimidad tampoco consta la causa que el apelante y efectuado coacción atentado contra la libertad del Sr. Celestino

Dice la acusación oponiéndose a ello que debe recordarse que el Sra. Celestino le pagó un seguro de un vehículo que previamente le había comprado y figuraba nombre del investigado y que el Sr. Bartolomé transfirió dinero a su cuenta personal bajo extorsión siendo que la fianza de libertad ,la orden de alejamiento, o de no acudir a ciertos lugares ,no impedirá que obstaculicen la instrucción ocultando o trasmitiendo por ejemplo los vehículos o influyendo en testigos investigados , incrementándose el riesgo de coordinación del investigado con las personas con las que actuó porque sobre estas no pesan una medida restrictiva de su libertad y podrían actuar contra los denunciantes. Añadirá en la vista que se ha amenazado durante meses, se ha obtenido pingues beneficios se ha amenazado en la tienda a su familia, así aparece su hijo en la tienda en momento de ser amenazado que incluso se desplaza a donde trabaja la mujer del denunciante, así por ejemplo oe l13.2.2023 el DIRECCION011 del día de la denuncia no usando un lenguaje de bróker sino de extorsionador, lo que hace recional valorar que puede darse este riesgo del que hablamos que ocn la prisisón se intenta neutralizar.

La sala considera que es necesario garantizar la integridad de las víctimas que resulta de la peligrosidad criminal exhibida por el investigado y la gravedad de los hechos que se le atribuyen afectando considerablemente la vida de los denunciantes que concurre el riesgo de como represalia por la denuncia interpuesta puedan seguir siendo intimidados y ello es racionalmente valorable por los argumentos expuestos.

Como señala la Fiscalía en su oposición al recurso hay riesgo de que se atente contra bienes jurídicos de las víctimas sometidas a situación de temor constante que condiciona su vida y podría haberse agravado ante la interposición de la denuncia y aunque la defensa refiera que en dos meses no se ha acreditado situación de riesgo esto no es así pues la misma viene acreditado indiciariamente por las declaraciones de los investigados y por la expulsión de los hechos muy graves que venían haciéndose de manera continuada del tiempo y que han parado gracias la prisión provisional

D ECIMOSEGUNDO.- Sobre la necesidad y proporcionalidad de la medida estimamos por ello, en relación a los elementos obrantes en el rollo y en ausencia de designa de particulares, necesaria y proporcional en este momento la medida adoptada en relación a la petición fiscal del mantenimiento de la prisión y la confirmación del Auto apelado.

Señala el apelante que lleva tres meses preso desde su detención

En cuanto a su duración en relación a la concreta pena asociada debemos referirnos nuevamente a la pena para el delito como la que tenemos que tener por referencia como antes hemos indicado módulo normativo ya referido y no a la que pudiera resultar según lo alegatos de la apelación.

Respecto a la duración de la prisión provisional está hasta este momento plenamente justificada en relación al procedimiento mismo en los términos del art 504.1 LECRM por cuanto queda dicho y diremos.

Estamos dentro de los módulos normativos que rigen el máximo de la prisión provisional en el momento dictarse el auto ahora recurrido (504.2 LECRM).La limitación temporal de la prisión provisional integra aunque no agota la garantía constitucional de la libertad establecida en el artículo 17. Cuatro CE y no debe exceder de un plazo razonable conforme al Convenio Europeo de derechos humanos guardando ello un estrecho paralelismo con el derecho a un proceso sin dilación indebida.

Este concepto de plazo razonable es un estándar jurídico que ha de ser integrado en cada caso concreto, mediante el examen de la naturaleza del objeto procesal, de la actividad del órgano judicial del propio ,comportamiento del recurrente, que haría que no pudieran merecer el calificativo de indebidas las dilaciones que obedezcan exclusivamente a la intencionada conducta de la parte que la pretende, lo que no es el caso.

En este caso ha transcurrido poco tiempo desde se adoptó la medida de prisión y no se denuncia paralización indebida alguna en la instrucción. Hay que entender correctamente adoptada la medida al cumplir el módulo del art 504.1 LECRM en lo relativo a su duración, subsistiendo los motivos que justificaron su adopción en relación al fin perseguido por cuanto queda dicho.

Las penas asociadas a la imputación vigente según el testimonio al adoptarse el auto ,en toda su extensión imponible son claramente superiores al plazo de prisión provisional ya cumplido.

ULTIMO.- Nada obsta que la petición de libertad se pueda reproducir en cualquier momento y singularmente pueda ser valorada y atendida incluso por el instructor con total libertad de criterio en función de elementos que no podemos valorar por desconocer, como son el grado de profundización de la instrucción, , su conclusión o si la instrucción o el avance de la causa sufren dilaciones no justificadas, o se aportan elementos nuevos en la valoración de los elementos de arraigo o en los términos que ya lo contemplaba el auto apelado o de otro tipo que han sido analizados, en el ámbito propio de su investigación que debe estar regida por lo dispuesto en el art 2 de la LECRIM y lo señalado en el art 777 LERCRIM y 779.1 LECRIM .Visto lo dispuesto en el art. 502, 503 1.1º. , 503.1.2º art.503 3ª a), 504 1 y 2 , 506 .1 y 7 ,507.1 y 766 LECRM.