Auto Penal 514/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 806/2024 de 13 de marzo del 2024

PRIMERO.- Por la citada representación de D. Manuel, según escrito de 21/02/2024, discrepando de los razonamientos del auto impugnado, y por ende, del de 25/01/2024, viene a sostener la infracción del art. 86.2 CP, así como la infracción del art. 25 CE. Se mantuvo al respecto que su representado había cometido un nuevo delito, teniendo la pena suspendida, pero que tal ilícito penal había sido sancionado con la pena de multa, de la que se dijo que el penado la abonaría una vez que fuese requerido para ello.

Se expuso que en ningún momento se había causado una reiteración delictiva, debiéndose tener en cuenta, además, que los hechos objeto de la presente ejecutoria ocurrieron hace más de dos años y medio, dado que el delito de quebrantamiento de medida cautelar se produjo en fecha 13/07/2021, siéndole suspendida la condena por un periodo dos años, y comenzando tal suspensión en fecha 17/07/2023, por lo que, según se señaló, había transcurrido entre el delito y la suspensión de la pena más de dos años. Se incidió, según esa representación, que faltarían para el cumplimiento de los dos años de suspensión poco más de 90 días, a la par, de indicar, que tal sentencia fue dictada en trámite de conformidad, pero que se había dilatado su tramitación por causas ajenas a su representado. Se recalcó que la carga de los Juzgados y Tribunales, por falta de medios, no podía afectar al reo hasta el punto que dependiese su libertad de ello, ya que ello atentaría contra la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, y la función resocializadora prevista en el art. 25 CE.

Y con expresa mención del art. 86.2 CP, se mantuvo que no tenía sentido que el Juzgado de Ejecutorias acogiese esa facultad revocatoria, dado que podría imponer nuevas prohibiciones al penado, o bien prórroga de plazo de suspensión.

Se indicó también la infracción del art. 84.1.3º CP, y de nuevo el art. 25 CE, ya que el ingreso en prisión del penado supondría un grave perjuicio para él y para su familia, afectando a su resocialización, por lo que tal medida carecería de toda justificación. Se sostuvo que, a lo sumo, procedía aumentarse en un año más el periodo de suspensión de la pena privativa, o imponer trabajos en beneficio de la comunidad, tal y como facultaba el artículo citado al Juzgado, consentimiento, que según también se dijo, ya se prestaba por esa representación procesal.

Y según el concreto suplico del recurso interpuesto, tras los oportunos trámites procesales, se interesó que de dejase sin efecto el auto impugnado, sin que se produjese el alzamiento de la inicial suspensión decretada.

Por el Ministerio Fiscal, en su escrito de fecha 27/02/2024, se impugnó tal apelación, remitiéndose a anteriores informes emitidos, y al testimonio de las actuaciones.

Por la Magistrada a quo, en el auto objeto de recurso, de fecha 12/02/2024, haciendo expresa mención del iter procesal habido en esa Ejecutoria, se expuso que "Con fecha 28/10/2021 se dictó Sentencia de conformidad entre las partes, en la que se concedía al penado el beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad por el plazo de dos años; resolución que condicionaba la suspensión, tal y como exige el legislador en el art. 83 del C.p ., a que el penado no delinquiera en el plazo indicado, quedando revocada la suspensión si lo cometiere (folios número 119 a 124).

A tal efecto, y tal y como consta en las actuaciones y se recoge en el Auto recurrido, con fecha 31/07/2023 el penado fue condenado en virtud de sentencia firme dictada por el juzgado de lo Penal número 35 de Madrid, por la comisión de un delito de lesiones y maltrato familiar, perpetrado el día 17/07/2023 ; esto es, poco menos de dos años después de la fecha del dictado de la resolución de la concesión del beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad. Manuel, conocedor del contenido de la Sentencia firme que aquí se ejecuta, puesto que, con independencia de la notificación personal de la misma, esta fue dictada de conformidad entre las partes, aceptó de conformidad las penas impuestas así como a la suspensión de la pena de prisión con la advertencia de no cometer delito durante el plazo de los dos años de suspensión; haciendo caso omiso de su contenido y con un absoluto desprecio al Fallo de la Sentencia por la que fue condenado, en un plazo inferior a dos años desde su imposición cometió un nuevo delito cuya naturaleza y gravedad de entidad suficiente, al tratarse de un delito cometido en el ámbito de la violencia de género, aconseja la revocación del beneficio en su día concedido. Consecuencia de todo ello es el incumplimiento de lo acordado en la Sentencia firme de 28/10/2021 y, en aplicación de lo establecido en el art. 86.1.a) del C.P . (vigente y aplicable en el momento de aplicación en la fecha de comisión de los hechos) ha de concluirse que no procede reformar el Auto de revocación del beneficio de suspensión, debiendo cumplir la pena inicialmente impuesta de seis meses de prisión por el delito de quebrantamiento de medida cautelar a que ha sido condenado"

Y en la resolución de 25/01/2024, con mención del art. 86 CP, se acordó la revocación, por igual motivo, de la suspensión previamente concedida.

SEGUNDO.- Conviene precisar, a los efectos del presente recurso, que el beneficio de la remisión condicional de la condena ( STC núm. 224/1992) viene inspirado por la necesidad de evitar el cumplimiento de penas cortas privativas de libertad por aquellos condenados que presenten un pronóstico favorable de no cometer delitos en el futuro, dado que, en tales casos, la ejecución de una pena de tan breve duración no sólo impediría alcanzar resultados positivos en materia de resocialización y readaptación social del penado, sino que ni siquiera estaría justificada dada su falta de necesidad desde el punto de vista preventivo". La condena condicional -según explicita la STC núm. 165/1993- "está concebida para evitar el probable efecto corruptor de la vida carcelaria en los delincuentes primarios y respecto de las penas privativas de libertad de corta duración, finalidad explícita en el momento de su implantación".

Como también recoge la jurisprudencia (STAP Vizcaya de 17/01/2019, con cita del ATC de 4/04/2006) la finalidad de las formas sustitutivas de las penas privativas de libertad es la de "favorecer la reinserción y rehabilitación social de los penados con penas cortas privativas de libertad mediante su suspensión condicional o su sustitución por otras medidas distintas que eviten el eventual efecto desocializador que podría tener el efectivo ingreso en prisión durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, no puede sostenerse que la única finalidad de las penas sea la reinserción o la rehabilitación, ni puede descartarse la prisión en todos los casos de ejecución, como hace el recurso, puesto que la articulación concreta del modo de ejecutar una condena penal dependerá en última instancia del equilibrio de finalidades concurrentes que deban tenerse en cuenta y especialmente de las circunstancias que concurran sobre el pronóstico del sujeto, o sobre la valoración de su peligrosidad criminal".

Así, y sobre la doctrina constitucional sobre la ponderación de los elementos en juego al adoptar la decisión que nos ocupa, es criterio reiterado ( STC 15/11/2004, con cita de la de 16/09/2002 y la de 31/01/2000) el que afirma que "dado que esta institución afecta al valor libertad personal, en cuanto modaliza la forma en que la ejecución de la restricción de la libertad tendrá lugar y habida cuenta de que constituye una de las instituciones que tienden a hacer efectivo el principio de reeducación y reinserción social contenido en el art. 25.2 CE, la resolución judicial debe ponderar 'las circunstancias individuales del penado, así como de los valores y bienes jurídicos comprometidos en la decisión, teniendo en cuenta la finalidad principal de la institución, la reeducación y reinserción social, y las otras finalidades, de prevención general, que legitiman la pena privativa de libertad'".

Nos parece, igualmente, oportuno reseñar que la STC de 10/10/2005 sostiene que "la finalidad del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena prevista en los arts. 80 y siguientes del Código Penal, no es otra que la necesidad de evitar en ciertos casos el cumplimiento de penas cortas privativas de libertad por aquellos condenados que presenten un pronóstico favorable de no cometer delitos en el futuro, dado que en tales supuestos no sólo la ejecución de una pena de tan breve duración impediría alcanzar resultados positivos en materia de resocialización y readaptación social del penado, sino que ni siquiera estaría justificada dada su falta de necesidad desde un punto de vista preventivo, y en este sentido ha de analizarse y valorarse las circunstancias concurrentes del reo" ( STC de 8/10/2007).

Recordar también que la doctrina ( STS de 6/10/2015, y las Audiencias Provinciales de Zaragoza, Sección 3ª, Auto de 29/11/2002; de Barcelona, Sección 6 ª, Auto de 19/01/2004 y Madrid, Sección 6ª, Auto de 13/12/2011) entendió que en el ámbito del análisis de las circunstancias del penado puede atenderse a antecedentes penales, bien previos, bien posteriores, a los concretos efectos del análisis de la peligrosidad del penado.

Y sobre el tema de los bienes jurídicos de los delitos cometidos, debe precisarse, partiendo del criterio sentado por la STAP de Badajoz, de fecha 14/12/2018, que respecto de los ilícitos penales a tener en cuenta en tal valoración delictual o de peligrosidad, afirma que debe atenderse a que "... en el estudio respecto a la peligrosidad del sujeto -que de ordinario habrá de derivar del contenido de la hoja histórico penal actualizada que se une a la Ejecutoria- será, usualmente, determinante para la concesión o denegación del beneficio y en cuanto habrá de permitir (Exposición de motivos IV de la LO 1/2015, de 30/03) a Jueces y Tribunales valorar si aquellos antecedentes penales tienen, por su naturaleza y circunstancias, relevancia para valorar su posible peligrosidad, siempre en la intención básica de esta decisión se justifica desde la óptica del art. 25.2 CE, de modo que la rehabilitación y reinserción social ha de ser la finalidad perseguida tanto por la ejecución propiamente dicha de la pena como también por la suspensión de la ejecución de la misma ( STC 224/1992)".

Y sigue manteniendo esta doctrina a este respecto que "la conveniencia de introducir una mayor flexibilidad y discrecionalidad judicial en el régimen de la suspensión se reforzaba por el hecho de que, ahora, transpuesta plenamente la Decisión Marco 2008/675/JAI, se establezca la plena equivalencia entre los antecedentes correspondientes a condenas impuestas por los Tribunales españoles y las impuestas por cualesquiera otros Tribunales de Estados miembros de la Unión Europea. Y entrando en el conocimiento de esta nueva normativa será preciso deslindar el concepto de lo que el Legislador integra en la expresión ["...Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a los delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros..."]; en cuanto la norma aporta -en su Exposición de Motivos- los parámetros que Jueces y Tribunales habrán de tener en cuenta a tales efectos, será preciso para resolver, el estudio prioritario de los antecedentes del penado para calibrar si aquellos, por su naturaleza y circunstancias, tienen relevancia para valorar una posible peligrosidad y, en consecuencia acceder o no al beneficio de la suspensión". Añade esta sentencia que "(...) deslindando este concepto este Tribunal ha venido precedentemente manteniendo que con un carácter más o menos general -sin perjuicio del estudio singularizado de cada caso-, no se computarán los delitos imprudentes (ex artículo 80.2. Condición primera); aquellos otros cancelados o susceptibles de cancelación (80.2 en relación con el artículo 136) así como los, ahora, denominados delitos leves que anteriormente se integraban en el Libro Tercero del Código Penal y conceptuados como faltas. Por el contrario, la comisión de delitos dolosos [máxime si se apreciara reiteración delictiva] presupone, de inicio, un pronóstico desfavorable y por ende la aplicación del precepto mencionado. En principio, habrá que valorar la entidad de los delitos cometidos. Hay delitos, que, por su gravedad, o por la frecuencia en su comisión, revelan ya la peligrosidad del condenado, y determinarán una denegación de la suspensión. En cambio, pueden constar en la hoja de antecedentes delitos de distinta naturaleza que aquel cuya suspensión se está considerando. La distinta naturaleza debe residenciarse en la identidad del bien jurídico protegido de los delitos anteriores con el de referencia. Si el bien jurídico protegido es distinto, puede formularse un pronóstico negativo de reiteración en la comisión de delitos futuros. La más importante a considerar será el plazo de comisión del delito o delitos anteriores. No es equiparable la comisión de delitos en un plazo corto que el transcurso de un largo lapso de tiempo con el delito anterior. Hay que tener en cuenta que no solo es importante la fecha de la condena, sino también la fecha de comisión del delito, que puede ser, y de hecho es lo habitual, muy anterior a la de la condena. No se pueden proporcionar reglas temporales generales, pero desde luego un delito cometido varios años antes del que se pretende suspender, y con un bien jurídico distinto, si de poca gravedad, permite considerar la concesión del beneficio, porque permite fundamentar la confianza depositada en el condenado en que no va a cometer otros delitos".

Y sobre la posibilidad de revocación, por vía del art. 86 CP, cual ocurre al caso de autos, es significativo el criterio sentado por el Auto del Excmo. TSJ de Cataluña, de 12/12/2016, que sostiene que "la expectativa en cuestión hace referencia al pronóstico al que el art. 80.1 CP también reformado por la LO 1/2015 supedita ahora la decisión de suspender la pena, al autorizar al tribunal a adoptarla, potestativa y motivadamente "cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos". De ello se desprende, en consonancia con el sentido global de la reforma operada en los arts. 80 y ss. del CP, que: Por un lado y a diferencia de la concesión del beneficio, su revocación es obligada ( artículo 86.1 CP) -lo que no obsta para que, si bien ello no se dice expresamente, deba estar mínimamente motivada, pues de otra forma no tendría sentido la necesidad de oír al Fiscal y a las partes y la posibilidad de acordar la realización de diligencias de comprobación ( artículo 86.4 CP)- para el caso de producirse alguna de las eventualidades previstas en el artículo 86.1 CP, con la única salvedad contemplada en el artículo 86.2 CP; y, por otro lado, el supuesto de revocación específicamente previsto en el apartado a) del art. 86.1 CP no es automático, sino que precisa atender a la naturaleza y circunstancias del nuevo delito a fin de valorar de qué forma pueda afectar al juicio prospectivo que justificó en su día la concesión del beneficio. Este planteamiento no exige, sin embargo, la homogeneidad o la unidad sistemática de tipos delictivos, ni tampoco la equivalencia punitiva entre la infracción cuya pena haya sido suspendida y la que se hubiere cometido en el plazo de suspensión, aunque, sin duda, excluye del nuevo pronóstico a los delitos imprudentes y a los delitos leves por el hecho de hallarse exceptuados ex lege de la formulación de la expectativa inicial ( artículo 80.2.1ª CP), así como, por la misma razón, a aquellos otros "delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros" ( art. 80.2.1ª CP). Pues bien, sin aspirar a agotar el examen de la rica problemática a que está llamada a atender la nueva regulación sobre la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, es posible concluir que la previsión del legislador para el instrumento regulado en los artículos 80 y siguientes del CP es la de evitar, sin ejecutar condicionalmente las penas cortas de prisión, la comisión de nuevos o futuros delitos de toda clase, y no solo la de los que sean similares de cualquier forma a aquel cuya pena se haya visto suspendida, excluyendo solo los imprudentes, los leves y aquellos otros que, por su naturaleza y circunstancias -pero no por su calificación típica- no evidencien una probabilidad razonable de reiteración criminal por su autor, puesto que la denegación automática e inmoderada respecto de este tipo de infracciones de aquellos instrumentos previstos como alternativa rehabilitadora condicional al estricto cumplimiento de las penas se revela no solo ineficaz a los fines de prevención general o especial, sino, incluso, contraproducente y contradictoria con los fines de una justicia penal individualizada. Ahora bien, cuando la comisión de un nuevo delito en el periodo de suspensión de la ejecución de la pena de que se trate revele la habitualidad de su autor ( artículo 94 CP) o, simplemente, su tendencia a la reiteración criminal, de modo que el beneficio otorgado en su día hubiere llegado a perder su sentido de alternativa rehabilitadora al cumplimiento de la pena corta de prisión, será obligada la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena para dar irremediablemente curso inmediato a esta".

Y sobre tener en cuenta condenas por delitos leves, la propia Audiencia Provincial de Barcelona en sus ATAP 12/03/2018, de 27/01/2016, y de 1/03/2019, respectivamente, a este mismo efecto ha sostenido que "aunque las condenas por delitos leves no puedan apreciarse para integrar la agravante de reincidencia, los antecedentes penales no dejarán de tener otros efectos directos, además de los estigmatizantes. Así, se exige carecer de aquéllos para acceder a la función pública o para trabajar, aun cuando sea sometido al régimen laboral, en algunas instituciones públicas o en determinadas profesiones vinculadas con el transporte o la seguridad. Por otro lado, aun cuando no sirvan para apreciar la reincidencia, nada impide que sean valorados por el Juzgador para graduar la pena, o por el Instructor para adoptar medidas cautelares, o para fundar un siempre discutible pronóstico de peligrosidad, o para revocar la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad (artículo 86)". Y en este mismo sentido la STAP de Cádiz, de 18/01/2017, cuando condenó por un delito leve de lesiones, "ordenó remitir testimonio al Juzgado de lo Penal número 2 de ese misma Ciudad, para que surtiese sus efectos en la ejecutoria en que por este Juzgado se había suspendido la pena en una condena por delito de lesiones".

Y sin obviar que la jurisprudencia ( AAP de Tarragona, Sección 4ª, núm. 443/2012 de 10/09) afirma que "la ejecución de penas privativas de libertad de corta duración, deben ceder a favor de medidas suspensivas condicionadas o sustitutivas cuando, además de concurrir los presupuestos legales, exista un pronóstico razonable que, mediante el cumplimento de la pena privativa de libertad en forma específica, pueden frustrarse expectativas personales de reinserción o resocialización en la persona condenada. Es cierto, no obstante, que la concesión de las medidas suspensivas o sustitutivas se condiciona al juicio de oportunidad del Juez de la Ejecución, por lo que no puede afirmarse que exista un derecho incondicionado a tal concesión".

TERCERO.- A fin de esclarecer el tema sometido a esta alzada, conviene, de nuevo incidir, como ya se hizo en la previa resolución dictada el día 25/01/2024, como en la de 12/02/2024, que en correcta técnica procesal han de ser valoradas de forma conjunta e integral, que el penado, y hoy Recurrente, fue condenado en el Juicio Rápido núm. 528/2017, por sentencia dictada en trámite de conformidad, por el Juzgado de lo Penal núm. 34 de Madrid, la núm. 558/2021, de 28/10, por hechos cometidos el día 13/07/2021, como autor criminalmente responsable de un delito de quebrantamiento de medida cautelar respecto a la persona beneficiada por esa orden de protección, Dª. Verónica, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, por el que se le impuso al acusado la pena de prisión de seis meses, con las oportunas accesorias legales, pronunciamiento condenatorio que fue declarado firme inmediatamente, dado tal trámite de conformidad, y conteniendo tal resolución la concesión de este beneficio, pero condicionada, eso sí, a "no delinquir por el plazo de suspensión de dos años".

Y obra también en este Rollo de Apelación, según se ha podido recabar por esta alzada, que el hoy Apelante está ingresado en el Centro Penitenciario Madrid III por la presente Ejecutoria núm. 55/2022, desde el día 28/02/2024.

Y en una labor impropia de esta alzada, ya que sus funciones son revisoras, que no complementadoras de las atribuidas al Órgano de Ejecución, debe decirse, coincidiendo solo parcialmente con la Magistrada de Ejecución, que el penado D. Manuel, no solo ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal 35 de Madrid, en sentencia firme de 31/07/2023, por un delito de lesiones/maltrato en el ámbito de la Violencia de Género, por hechos del día 17/07/2023, a la pena de 60 días de trabajo en la comunidad, estando tal pena, y sus accesorias, todas pendientes de cumplimiento, sino también: por sentencia firme de 3/10/2022, por hechos del 31/07/2020, por un delito de quebrantamiento de condena/medida cautelar, igualmente en el ámbito de la Violencia de Género, a la pena de prisión de seis meses, que le fue suspendida por resolución de 3/10/2022 por término de tres años; por sentencia firme de 16/06/2022, por otro delito de lesiones/maltrato en igual ámbito delictual, por el suceso del día 16/06/2022, por la que se le impuso la pena de 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad, que están pendientes de cumplimento, pero ya cumplidas las penas accesorias de prohibición impuestas; por sentencia firme de 10/05/2022, por otro delito de lesiones/maltrato de Violencia de Género, por hechos del día 2/05/2021, por el que fue sancionado a otros 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad, cuyo cumplimiento está en fase de ejecución, estando cumplidas sus accesorias por la preventiva adoptada en esa causa, y también por un delito leve de vejaciones/injurias del art. 173.4 CP, necesariamente, en igual ámbito de la Violencia de Género, también a la pena de 5 días de trabajos en beneficio de la comunidad, cuyo cumplimiento no consta.

Y todo ello, según certificación del SIRAJ obrante en la presente ejecutoria, que estuvo a disposición de ese Juzgado de lo Penal núm. 32 de Madrid.

CUARTO.- Y sobre la cuestión esencial formulada por la Parte Apelante, esto es, la viabilidad del mantenimiento de ese beneficio, conforme a lo ya expuesto, determina que esta alzada deba coincidir con la instancia en la revocación de esta suspensión, cualesquiera que fuese el momento de su efectivo cumplimiento, y sin que conste en las actuaciones ninguna actuación de la Defensa tendente a su más pronta observancia.

Y del análisis de comportamiento delictual del ahora Recurrente se revela, conforme así interesa el art. 25.2 CE, que las previsiones tenidas en cuenta al momento de la concesión de este beneficio de suspensión, hayan quebrado de forma evidente, al demostrar el penado una indudable intención de no querer reinsertarse o resocializarse. Atender, incluso que después de esta concesión del presente beneficio, el ahora revocado, se le concedió otro por resolución de 3/10/2022, según sentencia firme de 3/10/2022, por lo que cabe inferir, necesariamente, que el ahora Apelante ignoró y desdeñó estas posibilidades legales, sin que le sirviesen del más mínimo acicate para, como hemos anticipado, lograr los fines constitucionales en los que debe justificarse tal concesión, lo que han determinado su actual revocación.

Por ello, no obstante, lo dispuesto por la Magistrada de Ejecución, sin perjuicio de las indicaciones realizadas por esta alzada, ha de tenerse en cuenta todo ese historial delictual, y a través del mismo, solo puede sostener que los fines constitucionales, ya antes aludidos, en los que se basó tal beneficio han decaído indefectiblemente.

Por todo ello, y coincidiendo con la instancia sobre la esencia de la cuestión debatida, con plena justificación respecto al Acuerdo de Unificación de doctrina de las Secciones Penales de esta Ilma. Audiencia Provincial de 6/06/2012 que determina que "al momento en el que se debe valorar la existencia y vigencia de antecedentes penales previos a los efectos de conceder la suspensión de condena, es al propio momento de la concesión o denegación de la suspensión", lo que es plenamente extrapolable a los supuestos de revocación, es por lo que la comisión de delitos sancionados con esas penas menos graves y leves, en los términos establecidos, aunque alguno de sus bienes jurídicos puedan entenderse diferentes al protegido por el delito quebrantamiento, objeto de la actual ejecutoria, pero todos ellos imbuidos en el ámbito de la Violencia de Género, son perfectamente reveladoras de una trayectoria criminal, mantenida en el tiempo, que necesariamente invalida las expectativas que fueron tenidas en cuenta al momento de su inicial concesión.

Debe indicarse también que las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para la concesión por vía extraordinaria, por cauce del art. 80.3 CP, de este beneficio, son ya extrañas, a tenor de lo dispuesto en el art. 86.1.a) CP, a la resolución sometida a esta alzada, que versa, única y exclusivamente, en la valoración del incumplimiento de la condición principal impuesta, es decir, la de no delinquir durante el periodo del beneficio atribuido. Y sin perjuicio, por supuesto, de las oportunas decisiones jurisdiccionales que se deban adoptar en las otras Ejecutorias incoadas, sobre el efectivo cumplimiento de las penalidades impuestas, extremos que han de situarse como ajenos de este recurso, no obstante, las facultades atribuidas al Juzgado de Ejecutorias.

QUINTO.- Por tanto, el incumplimiento de la obligación principal de no delinquir, más allá de las alegaciones vertidas en el recurso, ha de conllevar, según esa concreta hoja histórico penal, y a diferencia de lo expuesto en el recurso, que el auto recurrido en sus Razonamientos Jurídicos, ya antes referidos, si expuso la "ratio decidendi" en la que la Magistrada de Instancia basó su pronunciamiento desestimatorio, es decir, el incumplimiento por parte del penado de la obligación principal a la que se sometió la inicial concesión del beneficio ahora revocado, es decir, la comisión de nuevos hechos delictivos durante el periodo de suspensión de dos años, lo que ha quedado acreditado por las expresadas sentencias condenatorias, en los términos ya antes reseñados. Y de ello, de nuevo, solo cabe necesariamente referir, de una forma lógica y racional, que el penado ha vulnerado aquella obligación principal durante tal periodo de suspensión, como seguidamente y posterior al mismo, atendiendo al extenso historial delictual del hoy Recurrente, lo que conlleva, a criterio de esta Sala de Apelación, que deba de coincidirse con la Juzgadora de Ejecución sobre que tal hecho ha de ser calificado como grave y reiterado, y atentatorio a tal obligación esencial.

Y sin poder obviar, lógicamente, que esa misma hoja histórico penal, es plenamente reveladora de la peligrosidad de D. Manuel, y a su vez, demostrativa de una tendencia criminal mantenida, como hemos anticipado, a lo largo del tiempo, y ello a los efectos del art. 86.1.a) CP.

En consecuencia, y en modo alguno, puede entenderse, teniendo en cuenta lo ya expuesto, por la naturaleza de los hechos por los que fue condenado en la presente causa, junto a las posteriores condenas por comisión de hechos dolosos, algunos de significativa gravedad, conforme a lo ya dicho, debe concluirse la tendencia del penado a infringir la Ley Penal, frustrando con ello la inicial expectativa existente habida en la inicial concesión de la suspensión, además de no apreciarse en el penado una mínima voluntad de reinserción o de reeducación por la comisión de los diferentes delitos por los que ha sido condenado, insistimos, todos ellos en el ámbito de Violencia de Género.

Y sin que los motivos sostenidos en el recurso, aludidos de forma genérica, sin justificación documental alguna, permitan desvirtuar esa voluntad persistente y mantenida en el tiempo por parte del penado a vulnerar la Legislación Penal.

El recurso, en consecuencia, debe ser desestimado.

SEXTO.- No se encuentran motivos para imponer a la Parte Apelante, por temeridad o mala fe, las costas de esta alzada, que se declaran de oficio de conformidad con lo establecido en el art. 240.1 LECRIM.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,