Auto Penal 1501/2023 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 27, Rec. 890/2023 de 13 de septiembre del 2023

PRIMERO.- Por la expresada representación de Dª. Trinidad, según escrito de 27/02/2023, se fundamenta su apelación, mostrando su disconformidad con el auto recurrido, por vía de la vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, con efectiva indefensión, además por la infracción del art. 9.3 CE, puesto que tal resolución ponía fin al procedimiento penal, impidiendo así la obtención de una resolución sobre el fondo de la cuestión planteada en sede jurisdiccional. Se entendió que sí concurrían indicios racionales de criminalidad para continuar las actuaciones por los trámites de procedimiento abreviado, por los presuntos delitos de acoso, amenazas, coacciones, injurias y daños, además de alegar que la resolución no era respetuosa con el derecho al Juez Ordinario predeterminado por la Ley, al concluir el Instructor que los hechos carecían de entidad suficiente para poder ser consideradas como constitutivos de un delito del art. 172.2 CP.

Y con referencia a los términos de la testifical de la denunciante -que se tienen por reproducidos-, se mantuvo que la cuenta corriente de donde se había sacado dinero por la denunciante era porque estaba autorizada, y que, de manera unilateral, y posteriormente, el denunciado le había desautorizado. Se indicaron, a su vez, las dificultades económicas que sufría la Sra. Trinidad, perfectamente conocidas por el denunciado, además de alegar que éste no había contestado a los diferentes mensajes remitidos al investigado solicitando su ayuda económica. Se adjuntó al efecto determinada documental.

Se mantuvo, a su vez, que todos los ahorros que disponía el matrimonio eran comunes, pero que el investigado los había hecho suyos, por lo que, según se dijo, si existían indicios por el indicado delito de coacciones en el ámbito familiar, y ello con expresa mención de la jurisprudencia atinente a los elementos valorativos que han de ser tenidos en cuenta en el análisis de toda prueba testifical -que se dan igualmente por reproducidos-.

Se señaló, por otra parte, que la resolución recurrida se limitaba, a través de una fórmula genérica y estereotipada, a sobreseer las actuaciones, pero sin concretar los elementos que conformaban dicha decisión, considerándose que debía continuar la causa para el esclarecimiento de los hechos además de dictarse resolución para continuar por los trámites de procedimiento abreviado por el citado delito de coacciones, y siendo este el concreto suplico del recurso interpuesto.

Por el Ministerio Fiscal, en su escrito de fecha 13/03/2023, y por la representación de D. Salvador, en el suyo de 8/03/2023, se formuló impugnación al recurso interpuesto, por los distintos motivos y causas que se alegaron al efecto.

El Magistrado-Juez a quo, en su auto de fecha 10/02/2023, tras aludir al iter procesal habido en la causa, en su Fundamento de Derecho Único se expuso que " De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa, habida cuenta que se denuncia un presunto delito de coacciones (económicas), al haber dejado sin dinero el denunciado a la denunciante y haberla retirado de las cuentas comunes, pero con la documental aportada por el denunciado se aprecia que ella vació la cuenta corriente en la que estaba autorizada, no siendo cierta la afirmación de que la había dejado sin dinero. No se cumplen los requisitos del delito de coacciones, son cuestiones económicas entre cónyuges que deberán resolver en el Juzgado de Familia, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 779.1.1 º y 641.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones".

SEGUNDO.- Centrada así la cuestión, conviene recordar sobre la decisión de sobreseimiento provisional adoptada, conforme dispone el art. 777 LECRIM, que en el ámbito de las diligencias previas de procedimiento abreviado, lo que es igualmente extrapolable al ámbito de las diligencias urgentes de juicio rápido, por vía de lo dispuesto en los arts. 795 y 796 LECRIM, se han de practicar las actuaciones necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, la persona o personas responsables de los mismos y el órgano competente para el enjuiciamiento, dictándose una vez realizadas sin demorar las diligencias pertinentes cualquiera de las resoluciones a que se refiere el art. 779 LECRIM, entre las que se encuentra el sobreseimiento de las actuaciones conforme al art. 641 de igual Ley Rituaria, si no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a las actuaciones.

La fase instructora del procedimiento penal, a tenor de los arts. 299, 777.1 y 795 LECRIM, está dirigida al esclarecimiento de hechos en apariencia delictivos y de las circunstancias que puedan influir en su calificación, así como a la identificación de las personas que pudieran haber participado en aquellos, de forma que si tras esa indagación se advirtieren indicios racionales de criminalidad, esto es, datos objetivos derivados de la investigación penal de los que quepa deducir razonablemente un juicio provisional de responsabilidad penal respecto de persona concreta, estará justificada la continuación del procedimiento por los trámites que corresponda; pero si tras la investigación que se desarrolla bajo la dirección del Juez de Instrucción, las diligencias practicadas no aportan esos indicios, debe procederse al sobreseimiento de las actuaciones. En este sentido, la doctrina ( ATS de 31/07/2013) señala como ante unos hechos, que de ser ciertos, tendrían relevancia penal, "habrá que acordar la continuación del procedimiento ( art. 780.1) salvo que no aparezca "suficientemente justificada su perpetración" en la fórmula del art. 779.1.1ª y 798 LECRIM, en cuyo caso habrá que decretar "el sobreseimiento que corresponda", que será el previsto, bien en el art. 637.1º, bien el contemplado por el art. 641.1º, supuestos ambos de fronteras poco nítidas y de eficacia muy dispar (el primero lleva aparejado el efecto de cosa juzgada del que carece el segundo). Parece que la terminología del art. 779.1. 1ª evoca el art. 641.1º, aunque no puede rechazarse en este momento la adopción de la otra resolución: no sería lógico vedar al Instructor ese tipo de decisión en este instante, y autorizárselo en un momento inmediatamente posterior (art. 783.1), además, también en discrepancia con la petición de apertura de juicio oral de alguna acusación".

La posibilidad del Instructor (sigue diciendo dicha resolución), de decretar el sobreseimiento asume el papel del juicio de acusación en este modelo procesal, pues para entrar en el acto del juicio oral no basta con una parte legitimada dispuesta a sostener la acusación (art. 782.2). Es necesario, además, que un órgano con funciones jurisdiccionales considere "razonable" esa acusación, lo que en el procedimiento abreviado se lleva a cabo, eventualmente, en un doble momento: al elegir por alguna de las opciones legales en el trámite del art. 779; o, en su caso, una vez que las acusaciones han exteriorizado su pretensión, al decretar la apertura del juicio oral (art. 783.1). El canon de "suficiencia" de los indicios no es diverso en cada uno de esos momentos. Por eso algunos han criticado esa duplicidad. No tendría sentido mantener en manos del Instructor las llaves para cerrar el trámite procesal por razones que ya descartó al adoptar la resolución prevista en el art. 779.1.4ª. No obstante, ese filtro duplicado no solo se explica por vicisitudes legislativas: tiene su razón de ser. La acusación puede hacer pivotar su pretensión en extremos diferentes de los valorados por el Instructor, o puede aportar datos que permitan aquilatar la decisión anterior. En consecuencia, pueden surgir razones antes no evaluadas para denegar la apertura del juicio oral, pese a las gotas de contradicción que eso puede comportar con la decisión, que ha de ser motivada, casi inmediatamente anterior, de continuar el trámite de preparación del juicio oral ( arts. 780 y ss. LECRIM).

Interesa este discurso para destacar que, si se considera procedente cualquier género de sobreseimiento, éste es momento apto y procedente para acordarlo, sin que sea ni necesario, ni siquiera procesalmente lo más correcto, aguardar a que las acusaciones hayan fijado posición exteriorizando una pretensión formal acusatoria. La reforma de 2002, en sintonía con lo que ya había ensayado la jurisprudencia constitucional ( STC núm. 186/1990, de 15/11) ha resaltado esa función de la resolución del art. 775.1.4 y, por contraste, de su reverso -el sobreseimiento-. Solo procede aquélla si "está justificada de forma suficiente" la comisión del delito. Y es que la fase preliminar de investigación en el proceso penal sirve no solo para preparar el juicio oral sino también para evitar la apertura de juicios innecesarios. La decisión del art. 779.1.4 es mucho más que un acto de trámite".

Asimismo, respecto a qué significa "justificación suficiente" de la perpetración del delito, dicha Sala, señala que "esta decisión despliega en el procedimiento abreviado una función paralela a la del procesamiento en el procedimiento ordinario. Por tanto, la cota indiciaria exigible es equiparable a los "indicios racionales de criminalidad" mencionados en el art. 384 LECRIM. Son algo más que la mera posibilidad o sospecha más o menos fundada. Es necesaria la probabilidad. Solo ese nivel justifica la apertura del plenario que, indudablemente, encierra también cierto contenido aflictivo para el acusado, aunque sea difuso. La probabilidad de comisión del delito, se traduce en negativo, expuesto de forma poco matizada, en la racional posibilidad de que recaiga una condena. No pueden extremarse las exigencias en esta fase anticipando valoraciones que solo procederían tras examinar la prueba practicada en el juicio oral. Pero sí ha de cancelarse el proceso cuando racionalmente quepa hacer un pronóstico fundado de inviabilidad de la condena por insuficiencia del material probatorio con que se cuenta. Si tal bagaje se revela desde este momento como insuficiente para derrotar a la presunción de inocencia y, con igual juicio hipotético, no pueden imaginarse ni variaciones significativas ni introducción de nuevos materiales, procederá abortar ya el procedimiento en aras de esa finalidad complementaria de la preparatoria del juicio oral: evitar la celebración de juicios innecesarios que, entre otras cosas, supondrían la afectación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, también el de las partes acusadoras que verían inútilmente postergada en el tiempo la decisión final ya pronosticable, y dilapidadas energías no solo procesales sino también económicas y personales cuando se trata de parte no institucional. El procesamiento exige que la hipótesis de la comisión del delito y la participación en él del inculpado sea al menos tan posible o fuerte como la contraria. Estamos en un escalón superior al necesario para tomar declaración como imputado y por supuesto, muy por encima de la verosimilitud que justifica la incoación de unas diligencias penales...".

TERCERO.- Debe indicarse sobre la documental aportada en el escrito de interposición, esto es, las supuestas conversaciones mantenidas inter partes, así como un extracto bancario sobre el abono de una pensión no contributiva por importe de 484.61 €, y recibos de pago de un alquiler, cada uno, por el importe de 400 €, que, además de no haberse sido solicitado su oportuno cotejo ante la instancia, la decisión jurisdiccional adoptada y ahora recurrida, lo fue sin haber aportado tales diligencias documentales, siquiera por vía de la interposición de una previa reforma contra el auto recurrido.

Y ante tal circunstancia, debe recordarse que es doctrina reiterada la que afirma (por todas, STS núm. 657/2012, de 19/07 y núm. 129/2016 de 23/02) que el ámbito de la casación y en general de los recursos, se ciñe estrictamente a las cuestiones, temas o pretensiones que fueron planteadas formalmente en la instancia por las partes. No pueden introducirse " per saltum y ex novo" cuestiones diferentes, hurtándolas del necesario debate contradictorio y de una primera respuesta que podría haber sido objeto de impugnación por las otras partes. Es consustancial al recurso de casación -hoy de Apelación- circunscribirse al examen de los posibles errores legales que pudo cometer el Juzgador de instancia al enjuiciar los temas que las partes le plantearon ( SSTS núm. 545/2003 de 15/04, núm. 1256/2002 de 4/07, núm. 344/2005 de 18/03 y núm. 157/2012 de 7/03). Esta Sala necesita resolver siempre sobre aquello que antes ha sido resuelto en la instancia tras el correspondiente debate contradictorio ( SSTS núm. 1237/2002, de 1/07 y núm. 1219/2005, de 17/10). En caso contrario, el Tribunal de casación -insistimos, hoy de Apelación- estaría resolviendo por primera vez, es decir, como si actuase en instancia, y no en vía de recurso, sin posibilidad de ulterior recurso sobre lo resuelto en relación con estas cuestiones nuevas ( SSTS núm. 1256/2002 de 4/07 y núm. 545/2003 de 15/04)".

Y es por ello, que esta Sección de Apelación, en el ámbito de su actuación revisora, no puede pronunciarse sobre la valoración y análisis sobre la pertinencia y/o relevancia de tales documentos, los cuales, como se ha anticipado, no fueron presentados, en tiempo y forma, por la propia Parte Recurrente en el trámite legalmente establecido.

CUARTO.- Partiendo de estos criterios interpretativos, y sobre la decisión jurisdiccional relativa al sobreseimiento provisional adoptado, ha de coincidirse con la instancia con la existencia de una significativa crisis inter personal, debiendo residenciarse la cuestión ahora planteada ante esta alzada ante la jurisdicción civil, como la competente, para dilucidar los extremos relativos al fin de esa relación matrimonial.

Y sobre la posible existencia de indicios racionales de criminalidad por el aludido delito de coacciones, aunque anteriormente se hiciese referencia a otros tipos penales como amenazas, acoso, injurias y daños, aunque ello, ya anticipamos, se alegase de forma absolutamente genérica, y sin fundamentación probatoria alguna, debe, de nuevo, coincidirse por esta alzada con el razonamiento de la instancia, por cuanto que sobre aquellos supuestos hechos -la cancelación de acceso a la cuenta corriente que, según dijo, tenían en común-, y que según la documentación aportada por la Defensa, correspondía a la Entidad CaixaBank, con número de terminación NUM000 (folios 48 a 50), concurren versiones contrapuestas.

Y sin que sobre la cuestión atinente a la retirada de cierto importe se haya justificado por la Parte Apelante, ya que consta debidamente acreditado por esa misma documentación, que la persona con la identidad NUM001, que es el DNI de la denunciante, según consta en su propia testifical (folios 41 y 42), realizó un reintegro de tal cuenta corriente por el importe de 1395 € el día 18/11/2022, dejando la misma con un saldo, tras el pago de otro recibo, de un euro, y obrando además que en tal cuenta se realizó el ingresó del importe de una pensión por valor de 1398,04 €, que, según declararon ambas partes, corresponde a la del propio investigado.

No consta, como se alega, que en tal cuenta corriente obre o conste o se haya depositado ningún otro montante común, ya que incluso por la documentación extemporáneamente aportada ante esta alzada, la cuenta de ingreso de la pensión de la denunciante esta residenciada en otro banco, la de Entidad ING (folio 113).

No está debidamente acreditado, incluso en el ámbito indiciario en el que actualmente nos movemos, más allá de las versiones contrapuestas inter partes, que por la cancelación del acceso a la denunciante a una cuenta corriente que parece corresponder al investigado -ab initio, y sin ánimo de prejuzgar- se haya ocasionado afectación al bien jurídico protegido por el delito de coacciones del art. 172.2 CP, su libertad personal, y sin perjuicio- volvemos a insistir, de formular ante la jurisdicción oportuna los trámites correspondientes a la finalización de esa relación matrimonial, con las consiguientes consecuencias económicas derivadas, en su caso, de la extinción del pretendido régimen de gananciales que las partes dijeron existente entre ellos mismos.

Concurren versiones contrapuestas entre la mantenida por la denunciante, y la sostenida por el investigado (folios 45 y 46), sobre esta cuestión, y sin que pueda llegarse a ninguna adveración sobre una u otra, a los efectos del análisis de la verosimilitud en el testimonio. Y sin atender, a su vez, al de ausencia de incredibilidad subjetiva, dada la finalización de esa relación sentimental, pero sin haberse iniciado los correspondientes trámites ante la jurisdicción de familia.

Y todo ello, sin poder obviar que la doctrina (STAP de Tarragona, Sección 4ª, núm. 512/2011 de 14/11), afirma que "los jueces tienen la obligación de no ampliar de manera injustificada los espacios de prohibición acudiendo a reglas de interpretación analógica extensivas que superen el sentido literal posible de los elementos descriptivos o normativos de los tipos (principio de interpretación estricta). También tienen la obligación de no castigar conductas que carezcan de contenido material para lesionar el bien jurídico. La lesividad o, mejor dicho, el "potencial laedente" de una determinada acción u omisión deben medirse en términos normativos de antijuricidad. No basta una mera antijuricidad formal para que la acción caiga dentro del espacio de protección de la norma. Si no hay lesión del bien jurídico no puede existir responsabilidad penal (principio de exclusiva protección de bienes jurídicos o de exigencia de antijuricidad material en la conducta infractora). Partiendo de dichas coordenadas, resulta evidente que el tipo de coacciones aun en su forma contravencional lo que protege es la libertad personal frente a ataques graves, típicamente relevantes. La hoja de ruta del juicio normativo resulta evidente. No puede apreciarse coacción de la sola perturbación del estado de ánimo. El núcleo de la tipicidad reside en la lesión de la libertad personal, entendida como una compulsión directa, violenta y causalmente relevante para que la persona que la sufre se vea directamente obligada a realizar lo que no quiere o dejar de hacer lo que tiene derecho a realizar. La violencia, aun en su forma in rebus -como parece suceder al caso de autos- o intimidación debe ser percibida en términos sensoriales, como un ataque directo a la libertad de autodisposición del sujeto pasivo. La perturbación penalmente intolerable debe proyectarse en términos de causalidad en la conducta del sujeto pasivo, que debido a la violencia se ve obligado a renunciar al ejercicio de su libertad. Sólo el ataque directo por violencia o intimidación en los términos descritos en el artículo 172.2 CP puede ser penalmente relevante".

Criterio que es igualmente afirmado por la reciente STS núm. 98/2022, de 9/02 al sostener que "el Tribunal de instancia tiene que identificar en los hechos probados todos los elementos de la acción típica y describir aquellas circunstancias que permitan también valorar normativamente su gravedad. No puede apreciarse coacción por la sola existencia de una perturbación del estado de ánimo o de otros intereses de los que una persona sea titular. El núcleo de la tipicidad reside en la lesión de la libertad personal mediante una compulsión directa, violenta o intimidatoria, y causalmente relevante para que la persona que la sufre se vea obligada a realizar lo que no quiere o dejar de hacer aquello a lo que tiene derecho. Solo el ataque directo contra la libertad por los modos descritos en el artículo 172 CP puede ser penalmente relevante. El tipo de coacciones no puede convertirse en un cajón de sastre donde ubicar conductas antijurídicas variopintas, pero de tipicidad dudosa".

Y sobre los demás hechos que se dicen cometidos, ya antes referenciados, concurren igualmente versiones plenamente contrapuestas inter partes, y sin que existan, a los efectos del expresado elemento valorativo de la verosimilitud del testimonio, otras pruebas ciertas, objetivas e imparciales, que los pudiesen siquiera corroborar.

Y sin tampoco olvidar que al respecto de todos estos sucesos, más allá de la remisión a la testifical de Dª. Trinidad en el escrito de interposición, no se justifica, en correcta técnica procesal, los motivos por los que se pretende, insistimos, por la sola manifestación de la denunciante, sin refrendo probatorio alguno, que en esta fase procesal indiciaria -reiteramos, a priori- deba y pueda atribuírsele mayor valor frente a la propia declaración del investigado.

Y aunque se sustenta el escrito de interposición en la supuesta vulneración de la tutela judicial efectiva, en su vertiente de falta de motivación, tal pedimento debe ser desestimado, por cuanto que es evidente que el Juzgador a quo, de forma lógica y argumentada, analizó la totalidad del acervo probatorio, proporcionado así una respuesta racional a las pretensiones formuladas, en la forma ya antes aludida.

Destacar, en consecuencia, que los testimonios contradictorios, si bien no suponen, ni conllevan, su neutralización, deberán ser valorados por el Órgano de Instancia en lo referido a su veracidad y credibilidad, bajo los principios de contradicción y de inmediación, lo que así ha acaecido en el presente caso, y con la debida motivación, pues el Instructor, desde su posición privilegiada que le concede este principio de inmediación no ha concedido el suficiente valor probatorio a la prueba de cargo, indiciariamente hablando, que a la de descargo, y atendiendo que el investigado se encuentra amparado por el principio de presunción de inocencia.

En base a todo lo expuesto, habiéndose acordado, al amparo del art. 779.1.1º y 641.1º LECRIM, tras la práctica de las diligencias que se consideraron esenciales, el sobreseimiento provisional, que no libre, en exposición razonada y razonable, el auto recurrido debe ser mantenido, no habiéndose alegado ni hechos, ni argumentos, que desvirtúen los que fueran tenidos en cuenta por el Juzgador a quo al tiempo de su dictado.

QUINTO.- Recordar, por otra parte, y según los demás motivos argüidos en el escrito de interposición, que la jurisprudencia (por todas, las SSTS núm. 599/2012, de 11/07, y núm. 1282/2001, de 29/08) mantiene que "la tutela judicial efectiva, desde el prisma de la parte acusadora, sólo se instala en el ámbito propio de la mera legalidad, lo cual significa que tiene derecho a acudir a los Jueces y Tribunales para obtener la justicia que demanda, pero una decisión en cualquier sentido, clara y no vinculada necesariamente a la versión y criterio interesado de dicha parte, por lo que no equivale a que, en todo caso, la pretensión haya de ser atendida, cualquiera que sea la razón que asista al postulante, esto es, que la tutela judicial efectiva la concede el Texto Constitucional "in genere" y que, por ello, no habrá denegación de justicia cuando las pretensiones no prosperan, máxime cuando los órganos jurisdiccionales, forzosamente han de fallar en pro de una de las partes, sin que el acogimiento de las formuladas por la parte contraria entrañen falta de tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos. Por ello, debe señalarse que no existe un derecho constitucional a obtener la condena penal de otra persona que pueda esgrimirse frente al Legislador o frente a los Órganos judiciales ( SSTC núm. 199/96 de 3/12, núm. 41/97 de 10/03, y núm. 21/2000 de 31/01)".

Tal criterio sigue afirmando que "el Tribunal Constitucional al analizar el control de constitucionalidad en materia de recursos de amparo contra sentencias absolutorias -hoy auto de sobreseimiento provisional- ( STC núm. 45/2005 de 28/02, núm. 145/2009 de 15/06) ha recordado que la víctima de un delito no tiene un derecho fundamental a la condena penal de otra persona (por todas SSTC núm. 157/1990 de 18/10, núm. 199/96 de 3/12 y núm. 168/2011 de 16/07), sino que meramente es titular del "ius ut procedatur" -según así indicó el escrito de impugnación del Ministerio Fiscal- es decir, del derecho a poner en marcha un proceso, substanciando de conformidad con las reglas del proceso justo, en el que pueda obtener una respuesta razonable y fundada en Derecho (por todas STC núm. 120/2000 de 10/05), que ha sido configurado por este Tribunal como una manifestación especifica del derecho a la jurisdicción (por todas, SSTC núm. 16/2001 de 29/01) y que no se agota en un mero impulso del proceso o mera comparecencia en el mismo, sino que de él derivan con naturalidad y necesidad los derechos relativos a las reglas esenciales del desarrollo del proceso ( SSTC núm. 218/97 de 4/12 y núm. 215/99 de 29/11) y, por consiguiente, el análisis y la declaración de vulneración de los derechos procesales invocados es ajeno a la inexistencia de un derecho de la víctima del proceso penal a la condena penal de otro y ha de efectuarse tomando como referente el canon de los derechos contenidos en los artículos 24.1 y 2 CE".

Y llega también a afirmar este criterio que "la función de este Tribunal Supremo se limita a enjuiciar si las resoluciones judiciales impugnadas han respetado el "ius ut procedatur" del justiciable que ha solicitado protección penal de los derechos que las Leyes en vigor reconocen. Supuesto éste en que si es posible declarar la nulidad de la sentencia penal absolutoria al haber sido dictada en el seno de un proceso penal substanciado con lesión de las más esenciales garantías procesales de las partes, pues toda resolución judicial ha de dictarse en el seno de un proceso, respetando en él las garantías que le son consustanciales ( SSTC núm. 215/99 de 29/11 y núm. 168/2001 de 16/07), o en fin, por poder incurrir la sentencia absolutoria en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente, no satisfaciendo así las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva".

Incidir, a mayor abundamiento, tal como ha venido reiterando el Tribunal Constitucional, que el contenido de la indefensión con relevancia constitucional queda circunscrito a los casos en que la misma sea imputable a actos u omisiones de los órganos judiciales, y que tenga su origen inmediato y directo en tales actos u omisiones; esto es, que sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional, estando excluida del ámbito protector del art. 24 CE, la indefensión debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que la representen o defiendan (por todas, SSTC núm. 109/2002, de 6/05, núm. 141/2005, de 6/06 y núm. 160/2009, de 29/06). Además, la jurisprudencia se ha enfatizado también que "para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúe al interesado al margen de toda posibilidad de alegar y defender en el proceso sus derechos, no basta con una vulneración meramente formal, sino que es necesario que de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, con real menoscabo del derecho de defensa y con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado" ( SSTC núm. 185/2003, de 27/10, núm. 164/2005, de 20/06 y núm. 25/2011, de 14/03).

Y sin tampoco obviar que corresponde al Juzgador a quo la pertinencia en la fase instructora de la valoración de la prueba indiciaria de cargo, a efectos de determinar si procede o no la continuación de la tramitación de las actuaciones o el sobreseimiento de las mismas, pudiendo hacerse mención en este punto a la doctrina constitucional ( STC de 22/04/1997, y núm. 186/1990), según la cual, "la Ley concede al Juez de Instrucción -no al Órgano de Enjuiciamiento- la facultad de controlar la consistencia o solidez de la acusación que se formula, pues la LECRIM, tras enunciar la regla general de la vinculación del Instructor con la petición de apertura del juicio, permite al Juez denegar la apertura del juicio en dos supuestos, a saber: cuando el hecho no sea constitutivo de delito, o ante la inexistencia de indicios racionales de criminalidad contra el acusado, en cuyo caso acordará el sobreseimiento que corresponda. Pero este juicio acerca de la improcedencia de abrir el juicio oral -en definitiva, de la improcedencia de la acusación formulada- de existir, es un juicio negativo en virtud del cual el Juez cumple funciones de garantía jurisdiccional".

Añade también tal doctrina que "el ofendido por el delito no ostenta ni un derecho absoluto a la tramitación de toda la instrucción penal, ni un derecho a la práctica de todas las pruebas que las partes soliciten -como se pretende de forma genérica por la Recurrente en el escrito de apelación-. Tampoco se tutela constitucionalmente un derecho incondicionado a la apertura del juicio oral -como parece también instarse por la hoy Apelante-. Este Tribunal tiene declarada la conformidad con los principios y normas del Ordenamiento Constitucional, tanto de los autos de inadmisión de la "notitia criminis", los cuales pueden dictarse "inaudita parte", como los de sobreseimiento, pues el derecho de querella no conlleva el de la obtención de una sentencia favorable a la pretensión penal ( SSTC núm. 203/1989, núm. 191/1992, y núm. 37/1993, entre otras)".

Es por todo ello, por lo que no puede afirmarse en esta alzada que el juicio de razonabilidad sobre los hechos objeto de investigación, conforme las citadas diligencias y conforme la doctrina antes aludida, pueda entenderse que implique o conlleve una valoración ilógica, irracional, o carente de fundamento por parte del Magistrado de Instancia, o suponga la infracción de alguna norma, sin que se haya, por otra parte, producido la causación de una indefensión material en la Parte Recurrente, ya que ésta, como ya hemos anticipado, ha tenido la oportuna respuesta jurisdiccional, debidamente motivada, sobre los hechos sometidos a investigación, y sin que ello implique vulneración de derecho constitucional alguno, aunque la Parte Recurrente, en su legítimo derecho a la defensa, no comparta aquéllos.

SEXTO.- No se encuentran motivos para imponer a la Parte Apelante, por temeridad o mala fe, las costas de esta instancia, que se declaran de oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 240.1 LECRIM.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,