Auto Penal 563/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera, Rec. 77/2023 de 13 de diciembre del 2023

PRIMERO.

La extradición entre el Reino de España y la República de Chile está regulada por la siguiente normativa:

- El Tratado de Extradición entre ambos Estados, firmado en Santiago (de Chile) el 14 de abril de 1992 (B.O.E. de 25-01-1994), que entró en vigor el 21 de enero de 1995.

- Y subsidiariamente, por la Ley 4/1985, de Extradición Pasiva, de 21 de marzo de 1985, y por el artículo 13.3 de la Constitución Española.

SEGUNDO.

No se cuestiona la identidad de la persona reclamada, cuyas circunstancias personales han quedado expresadas, y tampoco que tuviera exclusivamente nacionalidad chilena, y no consta que actualmente se siga procedimiento penal alguno en España contra la misma.

TERCERO.

A) Se han cumplido las formalidades documentales que establece el Tratado en su Artículo 15, atendidos los documentos remitidos vía diplomática por las autoridades del Estado requirente y que se han especificado en el Hecho 5 de la presente resolución.

B) La persona reclamada ha sido oída, por dos diferentes órganos jurisdiccionales españoles, siempre con asistencia letrada, y en todos sus extremos viene respetándose el principio de legalidad, aplicando el Tratado de Extradición y la Ley mencionados, según procediere.

C) No se ha alcanzado la prescripción del delito, según la ley española en el momento de recibir la solicitud, toda vez que, de conformidad con lo establecido en el artículo 131.1 del Código Penal, los delitos que tuvieren señalada pena de prisión que superare los diez años años y no alcanzare los quince, tendrán un plazo de prescripción de quince años.

Conforme a lo previsto en el artículo 9 inciso c) del Tratado bilateral mencionado, no se concederá la extradición cuando de acuerdo a la ley de alguna de las Partes se hubiera extinguido la pena o la acción penal correspondiente al delito por el cual se solicita la extradición.

La prescripción de la acción penal, según la legislación chilena, no puede haberse alcanzado, por lo que se ha informado acerca de la cuestión en la propia solicitud:

" Artículo 94 bis del Código Penal: No prescribirá la acción penal respecto de los crímenes y simples delitos descritos y sancionados en los artículos (...) 361, 362 y 365 bis...".

Es decir, tal y como viene expresado en la solicitud de extradición, la acción penal, en Chile, respecto del delito de violación del artículo 361 del Código Penal chileno, no prescribe.

Estamos en una reclamación para someter a proceso penal, por todas sus fases, en Chile, al interesado en la extradición, al que se imputa la realización de unos hechos que son de tener, presuntamente, por constitutivos de delito tanto en Chile como en España. Esos hechos habrían acontecido el 21 de octubre de 2017, y, según declara la autoridad judicial chilena reclamante, a la fecha de hoy no estarían prescritos.

De conformidad con nuestro Código Penal (artículos 131.1, 178 y 179), la prescripción del delito contra la libertad sexual que constituiría el comportamiento atribuido al interesado en la extradición tiene un plazo de quince años, así que en el presente caso la acción penal no estaría prescrita, si se computara desde la fecha de los hechos, de haber ocurrido los mismos en España.

CUARTO.

Concurren los principios de doble incriminación y mínimo punitivo, por cuanto los hechos por los que se solicita la entrega constituirían conforme a la legislación aplicable de Chile un delito de violación.

Así se especifica en la solicitud de extradición, al transcribirse en ésta el artículo 361 del Código Penal chileno, en los siguientes términos:

"Artículo 361. La violación será castigada con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio.

Comete violación el que accede carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona mayor de catorce años, en alguno de los casos siguientes:

1º Cuando se usa de fuerza o intimidación.

2º Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha su incapacidad para oponerse.

3º. Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima".

Por otro lado, se informa en la misma fuente de que, por aplicación del artículo 56 del Código Penal chileno, el dicho delito de violación tiene una extensión, en cuanto a su pena de privación de libertad, de cinco años y un día a quince años.

En nuestra legislación el comportamiento de la Notificación Roja, que está también en la solicitud de extradición, es también delictivo, como delito contra la libertad sexual.

En otro orden de cosas, el delito contra la libertad sexual por el que se solicita la extradición no es de carácter político, ni militar, ni los hechos que basan la petición de extradición son objeto de proceso penal en España ni se conoce que hubieren sido objeto de proceso penal en un tercer Estado.

Las autoridades judiciales chilenas que solicitan la extradición cuentan con jurisdicción para someter a proceso penal al reclamado por los repetidos hechos, pues éstos han ocurrido en territorio chileno.

En el año 2017, en que supuestamente aconteció, en Chile, el presunto delito de violación que subyace a la solicitud de extradición que nos ocupa, los artículos 178 y 179 del Código Penal tenían el siguiente tenor literal:

"178. El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cinco años".

"179. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a doce años".

Esos preceptos legales se reformaron por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, en primer lugar. En virtud de dicha reforma, el comportamiento del caso estaría incardinado en el texto siguiente:

"Artículo 178. 1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona.

2. A los efectos del apartado anterior, se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad".

"Artículo 179. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de cuatro a doce años".

Y aún se ha dado una segunda modificación legal, de manera que desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, en fecha 29 de abril de 2023, esos dos preceptos legales tienen el siguiente tenor literal:

"Artículo 178.1 Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona.

2. Se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad".

"Artículo 179.1. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de cuatro a doce años.

2. Si la agresión a la que se refiere el apartado anterior se cometiere empleando violencia o intimidación o cuando la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad, se impondrá la pena de prisión de seis a doce años".

Pues bien, se han transcrito las regulaciones, en nuestro Código Penal, del delito contra la libertad sexual en el que cabe incardinar la descripción de los hechos de la solicitud de extradición que nos ocupa, sucesivamente, desde la que estuvo vigente en todo el año 2017, hasta la que está vigente hoy. Son tres. En las tres, el comportamiento descrito es típico, y está castigado, en cuanto a su pena máxima, con pena de prisión por tiempo no inferior a un año. Así que concurre el requisito de mínimo punitivo y de doble incriminación, recogido en el Artículo segundo de la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva, cuyo texto es:

"Se podrá conceder la extradición por aquellos hechos para los que las Leyes españolas y las de la parte requirente señalen una pena o medida de seguridad cuya duración no sea inferior a un año de privación de libertad en su grado máximo o a una pena más grave...".

Antes aun es de aplicar el Artículo 2.1 del Tratado, que reza así:

"Hechos que dan lugar a extradición. 1. Darán lugar a extradición los hechos sancionados, según las leyes de ambas Partes, con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a un año".

QUINTO.

El objeto de la reclamación extradicional viene referido a un delito común, y no se advierte ni se ha alegado en este caso motivación espuria en la demanda.

Por otra parte, el interesado en la extradición dijo de sí mismo ser nacional de Chile, y de ningún otro Estado, y entre la documentación conocida de él no se halla motivo que lo cuestione.

SEXTO.

En la oposición a la extradición, contenida en escrito de 11 de noviembre de 2023, se ha argumentado que existen alternativas menos gravosas que la extradición, porque la persona interesada por ésta cuenta con residencia legal en España, con trabajo estable y arraigo social en nuestro país.

Son aseveraciones de la parte, y no del Tribunal, porque éste considera que no debe entrar en las mismas, pues, fueren o no verdaderas, por acreditadas, no serían, como ha señalado el Ministerio Fiscal, motivos en los que pueda basarse la denegación de la solicitud de extradición.

En efecto, según el varias veces mencionado Tratado bilateral, los dos Estados, firmándolo, quedan obligados a entregarse recíprocamente las personas que les fueren pedidas, de modo que esa obligación, que es la regla, sólo puede no ser cumplida en el caso de que el propio Tratado contenga la excepción. Y no es el caso, en absoluto, para las alegaciones efectuadas (por ser persona residente en el otro Estado, o por trabajar en éste, o por decir que tenga arraigo en éste, e incluso por tener arraigo efectivamente), de modo que es irrelevante lo del arraigo, trabajo, residencia, etc., alegado por el interesado en la extradición: España, como Estado, tiene que cumplir la obligación adquirida para con Chile, como Estado, y entregar.

En la misma línea cualesquiera ofrecimientos, por parte del interesado en la extradición, de colaborar con las autoridades chilenas competentes para el conocimiento de los hechos: si el Tratado contempla la entrega, nada puede objetarse que comporte una suerte de debilitamiento de ésta, fueren videoconferencias, comisiones rogatorias encaminadas a la obtención de pruebas o cualesquiera maneras descubiertas o imaginables.

Indica también la parte que el interesado en la extradición ha de ser equiparado a un nacional español, por su acostumbrada vida y actividad profesional en Barcelona.

De nuevo a ello tiene que responder el Tribunal que, más allá de que estemos ante una aseveración puramente de la parte, en la que no entra la Sala, porque no lo necesita, lo constatable es que el mismo Tratado bilateral, respecto de los auténticos nacionales españoles, contempla la posibilidad de no entregar como una facultad, no como una obligación: el Artículo 7.1, rubricado Extradición de nacionales, reza así: "Cuando el reclamado fuere nacional de la Parte requerida, ésta podrá rehusar la concesión de la extradición de acuerdo a su propia ley..."

Pues bien, la Sala, considerando un delito tan grave como es una violación, y en los términos tan básicos, tan poco dudosos, en que viene planteada su presunta comisión, no alcanza a encontrar motivo alguno para denegar la solicitud de extradición: aunque estuviéramos ante un genuino nacional español, de origen, se estimaría improcedente la denegación de la solicitud de extradición.

El último argumento que esgrime el interesado en la extradición se refiere a perjuicios que se le irrogarían por ser entregado a las autoridades de su país, para que éstas lo sometieran a un proceso penal.

Haciendo abstracción de la concurrencia de verdaderas pruebas de tales perjuicios, cabe significar que de nuevo estamos ante alegaciones irrelevantes ante la obligación de entregar que dimana del Tratado bilateral.

Es de subrayar que la extradición está regida, en primer lugar, por el Tratado bilateral mencionado, y sólo es de aplicación la española Ley de Extradición Pasiva (4/1985, de 21 de marzo) en lo no regulado por aquél.

El Artículo 1 del tratado acabado de mencionar tiene el siguiente tenor literal:

"Las Partes Contratantes se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y condiciones establecidas en los artículos siguientes, las personas contra las cuales se haya iniciado un procedimiento penal o fueren buscadas para la ejecución de una pena que consista en privación de libertad".

Es claro entonces que la regla es la entrega, o sea, que ahora España, que es una de las dos Partes Contratantes, está en la obligación de entregar a Chile, que es la otra Parte contratante, al reclamado, pues que éste último Estado se lo pide porque lo persigue por un delito contra la libertad sexual, y España sólo podrá denegar esa extradición si las reglas y condiciones del Tratado se lo permiten, y este permiso ha de venir definido con claridad meridiana, pues constituye excepción a la regla.

El artículo 1 de la Ley de Extradición Pasiva mencionada subraya la prioridad en la aplicación de los Tratados: "Las condiciones, los procedimientos y los efectos de la extradición pasiva se regirán por la presente Ley, excepto en lo expresamente previsto en los Tratados en los que España sea parte".

Existiendo un Convenio bilateral de extradición hay obligación de entregar al sujeto procesal que se esconde en el territorio de otro Estado.

No hay justificación para incumplir la obligación de entrega que incumbe a España, al haberse formulado la demanda extradicional en forma correcta, y en virtud del repetido Tratado bilateral de extradición, que vincula a ambas partes suscribientes del mismo.

En definitiva, no se aprecian por el Tribunal motivos para denegar en esta vía o sede judicial la extradición solicitada respecto de este reclamado, esto es, el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España; por todo lo que deberán efectuarse, en consecuencia, los pronunciamientos a expresar en la parte dispositiva de esta resolución.

Por cuanto antecede,