Auto Penal 35/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 9/2024 de 15 de enero del 2024

PRIMERO. - En fecha 14 de diciembre se recibe en el Juzgado Central de Instrucción nº 3 comunicación de SIRENE ESPAÑA dando cuenta de la detención en Puerto Real (Cadiz), el 24 de octubre de 2023 a las 09:30 horas del ciudadano de nacionalidad española Florentino, nacido el NUM000/1987, objeto de orden internacional de detención cursada por las Autoridades judiciales de Luxemburgo (referencia 707/2023/CD de fecha 07/06/2023 ) para enjuiciamiento con una de pena prevista de 20 años de prisión por delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, blanqueo del producto del delito y participación de organización delictiva.

En fecha 25 de octubre se celebró la preceptiva comparecencia, en el curso de la cual el reclamado, asistido de su abogado, manifestó que SÍ presta su consentimiento a dicha entrega. ? NO renuncia al principio de especialidad.

Por Auto de la misma fecha el Juzgado Central de Instrucción nº 3 acordó su prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La situación de prisión provisional que sufre el reclamado ha sido mantenida, según hemos expuesto en los antecedentes de hecho de la presente resolución, por Auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, que es la resolución objeto de recurso.

SEGUNDO.- La cuestión que se debate es el mantenimiento de la situación de prisión.

En tales circunstancias, y atendido la necesaria referencia a la proporcionalidad de la medida privativa de libertad en orden a la consecución del pretendido fin de entrega del reclamado a la autoridad judicial del país de emisión de la orden, hemos de decir que la resolución impugnada hace referencia a la existencia de fundado riesgo de fuga del reclamado hoy apelante, al tiempo que señala la distinta naturaleza de los procesos seguidos en aplicación de la Orden Europea de Detención y entrega, en cuanto a que no se entra en el análisis del contenido del proceso penal que se sigue contra el reclamado, sino que se aplica al aseguramiento de la efectividad de la orden, y como fundamento de su decisión se hace referencia a que la misma tiene como finalidad específica de evitar la sustracción de la persona imputada a la acción de la justicia y asegurar la ejecución en su caso de la entrega que pueda acordarse, razón por las que debe ser acordada esta resolución.

El Instructor hace referencia a las circunstancias concurrentes, la naturaleza del hecho que motiva la reclamación, tráfico de sustancias estupefacientes, la gravedad del delito por el que las autoridades judiciales de Luxemburgo le reclaman, teniendo causas pendientes en este país e incluso en Francia, estimando un riesgo concreto de fuga por carecer de suficiente arraigo en España dado que, si bien en su declaración manifiesta tenerlo, existen dudas de su arraigo profesional al no corresponderse con los datos obtenidos a través del Punto Neutro Judicial. Alude además a la propia actitud del reclamado poniéndose fuera del alcance de la justicia del Estado de Luxemburgo y motivando la tramitación de un expediente de OEDE con el dictado específico de una Orden de prisión por dicho país, y por ello concluye que el mantenimiento de la medida cautelar se considera absolutamente necesario para garantizar el fin por el cual se adoptó, sin que las alegaciones de arraigo en territorio nacional sean suficientes para enervar el riesgo de que el reclamado se sustraiga a la acción de la justicia, máxime si tenemos en cuenta que la causa de suspensión de la entrega al Estado reclamante es para el enjuiciamiento de una causa en España en escaso mes y medio son motivos fundamentales, en este momento procesal, para estimar acreditado el riesgo de fuga.

TERCERO.- El recurrente alega como causas de oposición a la prisión acordada:

Primero.- Considera que la suspensión de la decisión de entrega al amparo del art. 56 de la Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de las resoluciones penales de la Unión Europea - en adelante: LRM - implicaba una modificación sustancial de las circunstancias procesales concurrentes hasta el punto de hacer conjurable el hipotético riesgo de fuga concurrente por medio de medidas cautelares alternativas a la privación cautelar de libertad. Con cita de lo resuelto en el Auto número 575/2021, de 08 de octubre de 2021, dictado por la Ilma. Secc. 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional , concluye que el hipotético riesgo de fuga decae al no ser ya susceptible de ser ejecutada la decisión adoptada. O al menos decae de forma suficiente como para ser susceptible de ser garantizada la presencia del reclamado ante la Autoridad Judicial por medio de medidas cautelares alternativas tales como una fianza.

Segundo.- Igualmente decae el argumento relativo a que el reclamado se puso fuera del alcance de la justicia del Estado de Luxemburgo. Ya en su declaración señaló e hizo constar no tener conocimiento alguno de la existencia de un procedimiento penal seguido contra su persona en el país reclamante.

Tercero.- En cuanto al aludido riesgo de fuga alega que fue el propio reclamado el que acudió a la citación policial realizada facilitando su detención.

Cuarto.- Circunstancias personales. Hace referencia al arraigo social, laboral y familiar del reclamado. Incide en que lo que motiva la presente solicitud no es otra cosa que la suspensión de la ejecución de la decisión de entrega, al menos, hasta febrero del año 2024. Consecuentemente y ante este cambio de circunstancias considera que el hipotético riesgo de fuga decae al no ser ya susceptible de ser ejecutada la decisión adoptada. O al menos decae de forma suficiente como para ser susceptible de ser garantizada su presencia ante la Autoridad Judicial por medio de medidas cautelares alternativas tales como una fianza.

Las circunstancias personales de Don Florentino señalar que tiene un hijo menor de edad llamado Don Cosme, fruto de su anterior relación y del que se ocupa de conformidad con el convenio regulador que se acompaña como DOCUMENTO N.º 01. Asimismo, con su actual pareja Doña Visitacion también tiene un hijo nacido en NUM000 del año 2022. Tiene por tanto apenas 1 año de edad, lo que se acredita por medio del libro de familia que se acompaña como DOCUMENTO N.º 02. En lo que se refiere a la tenencia de un domicilio conocido el mismo ya consta en Autos, sito en CALLE000 NUM001, dúplex NUM002, de DIRECCION000 (Almería). En el reside de forma habitual junto con su pareja y su hijo menor de edad. Se acredita dicha circunstancia por medio del informe de convivencia que se acompaña como DOCUMENTO N.º 03. Asimismo debe hacerse constar que el reclamado tiene cargas familiares y, más concretamente, tanto su pareja como su hijo son dependientes de él para subsistir y realizar las tareas domésticas, el cuidado y atención del menor. Especialmente considerando el estado de salud mental de la madre del menor y que como consecuencia de la privación cautelar de libertad de Don Florentino padece un fuerte episodio depresivo que ha hecho necesario que reciba asistencia psicológica. Se acredita dicha circunstancia por medio del informe y documentación que se acompaña como DOCUMENTO N.º 04. También resulta relevante que la madre de su pareja ha sido recientemente operada, de modo que la ayuda y asistencia que podía prestarle se ha visto notablemente reducida como consecuencia de sus circunstancias médicas. Se acompaña como DOCUMENTO N.º 05 informes médicos e historia clínica que dan cuenta de la mencionada circunstancia.

En lo que respecta a sus circunstancias laborales y la tenencia de arraigo debemos señalar que el reclamado es transportista profesional, socio de la entidad cooperativa TRANSIBERSU S COOP. De tal modo, realiza labores de conducción, mantenimiento y reparación del vehículo ....-JGN, inscrito a nombre de la cooperativa. A efectos acreditativos nos remitimos al Acontecimiento 60 donde figura su alta en el RETA y al Acontecimiento 61 que da cuenta de su condición de socio de la mencionada cooperativa. Presenta, por tanto, un indubitado arraigo familiar, personal y laboral, así como cargas familiares - dos menores a su cargo y una pareja que presenta un delicado estado de salud mental - que impiden que el condenado pudiese evadir la acción de la Justicia española o de cualquier otro lugar. En prueba de ello alega que el Ilustre Juzgado competente para tomar decisiones acerca de su situación personal por el proceso penal pendiente de ser enjuiciado en España no acordó la privación cautelar de libertad del Señor Florentino.

Quinto.- Por último alega que la posibilidad de aguardar en libertad provisional la celebración del Juicio Oral señalado para febrero del año 2024 permitiría al reclamado gozar de un derecho de defensa más efectivo al eliminar las dificultades inherentes a su permanencia en un Centro Penitenciario

CUARTO.- Es lo cierto sin embargo que, aun cuando la prisión provisional tiene carácter de excepcionalidad, en el caso que nos ocupa estuvo justificada la privación de libertad del apelante en orden a asegurar la posibilidad de entrega requerida por las autoridades judiciales de Luxemburgo para la continuación del procedimiento respecto del reclamado.

Las alegaciones del recurrente no desvirtúan el relato recogido en la orden cuyo cumplimiento se pretende a través del indicado procedimiento, hechos que han sido puestos en conocimiento del hoy apelante y su defensa.

Debe tenerse, por ello, en consideración la naturaleza del procedimiento en el que la prisión ha sido acordada, que supone la falta de disponibilidad del reclamado a los requerimientos del país que solicita su entrega, como es el caso que nos ocupa, en el que efectivamente el reclamado no se encuentra en el territorio del país reclamante, la existencia de un procedimiento por delito de tráfico de sustancias estupefacientes, que según explica la orden lleva aparejada una pena de hasta 20 años de privación de libertad, y al hecho de que el reclamado no consintió la entrega interesada por las autoridades de Luxemburgo, lo que aseguraba una mayor prontitud en la entrega, que se vería frustrada en el caso de abandona el reclamado el territorio nacional.

En el presente caso, la circunstancia diferencial y que sustenta la solicitud de libertad, además de la alusión a las personales circunstancias del apelante, es la decisión de la instructora de suspender la entrega acordada hasta tanto haya tenido lugar el juicio previsto ante el Juzgado de lo Penal de Lorca, previsto para el próximo día13 de febrero.

En este sentido, el artículo 56 de la Ley 23/2014 dispone que:

"Decisión de entrega suspendida.

Cuando la persona reclamada tenga algún proceso penal pendiente ante la jurisdicción española por un hecho distinto del que motive la orden europea de detención y entrega, la autoridad judicial española, aunque haya resuelto dar cumplimiento a la orden, podrá suspender la entrega hasta la celebración de juicio o hasta el cumplimiento de la pena impuesta.

En este caso la autoridad judicial española acordará, si así lo solicitara la autoridad judicial de emisión, la entrega temporal de la persona reclamada en las condiciones que formalice por escrito con dicha autoridad judicial y que tendrán carácter vinculante para todas las autoridades del Estado miembro emisor".

Y el artículo 58 del mismo texto legal señala que: "Entrega de la persona reclamada.

(...) 4. En caso de que hubiere de ser suspendida o aplazada la entrega de la persona reclamada por tener algún proceso penal pendiente en España y estuviese privado de libertad, deberá garantizarse que la autoridad judicial española que conoce del procedimiento de la orden europea de detención y entrega recibe la información sobre la futura puesta en libertad del reclamado para que adopte inmediatamente la decisión que corresponda sobre su situación personal a efectos de su entrega a la autoridad de ejecución.

Si la persona reclamada estuviera cumpliendo condena, el centro penitenciario deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial española que conozca del procedimiento de la orden europea de detención y entrega la fecha efectiva de cumplimiento con, al menos, quince días de antelación, para que éste pueda adoptar la decisión que corresponda sobre su situación personal.

En el caso de que la persona reclamada se encuentre en prisión provisional en una causa abierta en España, el Tribunal que conozca de ese procedimiento deberá poner inmediatamente al reclamado a disposición de la autoridad judicial española que conozca del procedimiento de orden europea de detención y entrega, comunicando con antelación suficiente su decisión de acordar la libertad en su procedimiento, para que se adopte en el plazo de setenta y dos horas la decisión sobre su situación personal para garantizar la ejecución de la entrega."..

En el presente caso, se produce la situación contraria a la prevista en la norma, que es la situación de libertad provisional del recurrente en la causa que se enjuicia en España, en la que, según se informa al Juzgado Central de Instrucción por providencia de diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, del Juzgado de lo Penal nº 2 de Lorca, en el seno del Procedimiento Abreviado nº 86/22, el reclamado, Florentino, ostenta la condición de acusado por un presunto delito contra la salud pública en la modalidad de sustancia que no causa grave daño a la salud y por un delito de pertenencia a grupo criminal, solicitando el Ministerio Público la pena de prisión de cuatro años y tres meses.

Ello no es óbice para que proceda que el Juez Central de Instrucción, en el seno del presente procedimiento, y con la finalidad de asegurar la entrega, que ya ha sido acordada, pueda mantener la situación de prisión provisional acordada en la presente causa, ante la eventualidad, debidamente razonada en la resolución impugnada, según se ha expuesto, de que la puesta en libertad del recurrente pudiera hacer inviable tal entrega, por darse a la fuga el mismo.

Es un hecho cierto que el reclamado ha impedido mediante su huida la continuación de la investigación de los hechos objeto del presente procedimiento, y que sabe pendiente, siendo lo cierto que, ha tenido que ser librada la orden en el seno de la cual se ha dictado la resolución impugnada para su puesta a disposición de las autoridades competentes de Portugal.

QUINTO.- Las alegaciones del recurrente relativas a la innecesaridad de la privación de libertad, que más arriba hemos puesto de manifiesto, tal y como las relata en su recurso, no van a ser estimadas.

En cuanto a la situación de libertad provisional que venía disfrutando en la causa seguida en España no hace prueba de la inexistencia de riesgo de fuga en el procedimiento que hoy nos ocupa, ni tampoco el hecho de su presentación voluntaria.

En cuanto al arraigo familiar que alega no supone obstáculo para que pudiera el recurrente abandonar el territorio nacional, desoyendo los llamamientos que se le hicieran para materializar la entrega, y ello tomando en consideración la gravedad de los delitos de los que se le acusa y la grave penalidad asignada a los mismos en la legislación del Estado reclamante. El hecho de que se reclame su entrega por el Estado ya implica que el reclamado no ha estado a disposición de la autoridad de Luxemburgo que le reclama, y que se encuentra en España, por lo que ya al menos en esa ocasión, ha intentado eludir la acción de la justicia.

Las circunstancias relativas a su arraigo que relata en su recurso, como lo ha hecho en los anteriores recursos resueltos por la Sala no constituyen obstáculo insalvable para la huida, aún cuando cuente con familia de la que se dice único responsable.

En cuanto a las posibles dificultades de su situación carcelaria en orden a la preparación de su juicio en España, las mismas son inexistentes, por ser posible en cualquier caso la comunicación con el letrado que le asista en aquel procedimiento.

Las medidas alternativas que se postulan por el recurrente, de menor intensidad, no se consideran suficientes en orden a conjurar el evidente riesgo de fuga, y ello aún cuando permaneciera en libertad provisional por la causa pendiente de enjuiciamiento en España, cuestión esta ajena a la que hoy nos ocupa en los términos que ya hemos explicado.

Se entiende en consecuencia que la prisión acordada es proporcional a las circunstancias del proceso y del recurrente, no existiendo por ello motivos para la estimación del recurso.

SEXTO.- Desestimado el recurso, no se aprecian motivos para una especial imposición de costas al recurrente.

VISTOS los artículos mencionados, y demás aplicables

Fallo